Por Lorena Medina Patzán
Diversas organizaciones de mujeres indígenas de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca, aglutinadas en el Movimiento Tzununijá, han desarrollado un proceso de consulta y construcción colectiva de varios años, que incluye encuentros, reuniones y talleres, para producir el Segundo Informe Sombra Específico referente a Mujeres Indígenas de Guatemala sobre el cumplimiento de la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER –CEDAW-Guatemala, 2017”
La CEDAW, por sus siglas en inglés, fue adoptada por Naciones Unidas en 1979 y ratificada por el Estado de Guatemala el 12 de agosto de 1982. A pesar de ello, a casi 35 años de haberse comprometido el Estado ante Naciones Unidas para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, la situación de las mujeres indígenas en el país sigue estando marcada por diversas formas de discriminación, racismo y violencias.
El Estado de Guatemala ha presentado diversos informes en torno al cumplimiento de este importante instrumento. Ante ello, en el año 2003 el Comité manifestó diversas recomendaciones a partir de la presentación del sexto informe del Estado. Entre las más relevantes se encuentran las recomendaciones No. 34 y 35, las cuales expresan la preocupación del Comité en cuanto a la situación de las mujeres indígenas en el país:
“Numeral 34: Observando que la mayoría de los habitantes de Guatemala son indígenas, el Comité expresa su preocupación por la situación de las mujeres indígenas, quienes no disfrutan de sus derechos humanos y son vulnerables a múltiples formas de discriminación. Le preocupa también la falta de información estadística sobre la situación de las mujeres indígenas.”
“Numeral 35: El Comité alienta al Estado Parte a que adopte medidas concretas específicas para acelerar el mejoramiento de las condiciones de las mujeres indígenas en todas las esferas de la vida.”
A partir de estas claras recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW, el Movimiento Tzununijá promovió un proceso de participación amplia desde las mujeres indígenas, quienes históricamente han sido relagadas e invisibilizadas en todos los ámbitos, especialmente en los informes preparados por el Estado Guatemalteco, así como a nivel de otros informes desde el movimiento de mujeres y feminista que poco han retomado en su agenda las voces, situaciones y demandas de las mujeres indígenas. Lo que se busca con la elaboración y presentación de informes específicos, es evidenciar que los contextos sociopolíticos y culturales en lo que se desarrollan las mujeres indígenas, presentan rasgos particulares por las condiciones de marginación, inequidad, pobreza, racismo, etc que tienen impactos diferenciados, que necesitan ser atendidos por el Estado con mayor prioridad de la que le ha dado hasta ahora, para garantizar el respeto y cumplimiento de los Derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas.
En algunos casos, se considera que se han visto relegadas tras el concepto de Mujeres Rurales, que también tiene un sesgo, ya que las mujeres indígenas están en todos los campos, hay procesos migratorios, muchas mujeres son actualmente profesionales, viven en las ciudades, ocupan cargos de decisión y en algunos casos de representación, lo que se desdibuja al analizar la situación de las mujeres indígenas solo como mujeres rurales.
Cabe mencionar que el informe preparado en 2009 por el Movimiento de Mujeres Tzununijá ante el Comité CEDAW fue el primero en su clase, presentado específicamente por mujeres indígenas, a nivel global. La riqueza tanto del primer informe, como del que se está elaborando en la actualidad estriba en que han sido producto de Encuentros Regionales y procesos surgidos desde las comunidades, que han dado voz y espacios de expresión a las mujeres indígenas lo local a lo nacional. Se considera que este informe alternativo es un espacio para mostrar claramente la realidad de las múltiples opresiones y discriminaciones que viven las mujeres indígenas, por razones de género y étnicas, las que se acentúan también por la pobreza y extrema pobreza de las zonas predominantemente indígenas. Esta situación se agudiza debido a la falta de inversión del Estado en el desarrollo humano de los Pueblos Indígenas y en la deficitaria aplicación y cobertura de políticas que se correspondan a los compromisos adquiridos por el Estado en materia de Derechos Humanos.
Por su parte las mujeres garífunas y xincas se han involucrado plenamente a respaldar este proceso, con protagonismo y mucha esperanza, pues consideran que hay muchos vacíos en los informes presentados por el Estado, que prácticamente carecen de datos fidedignos y suficientes.
En un encuentro realizado recientemente para socializar, fortalecer y validar el informe que se presentará este año, diversas mujeres participantes expresaron que la realidad de las mujeres de sus comunidades en la vida cotidiana se caracteriza por falta de acceso a la educación, escases de recursos para darle cobertura a las comunidades indígenas más lejanas; falta de pertinencia cultural de los programas implementados, mala atención en los servicios de salud, poco o nulo acceso a la justicia en casos de violencia, etc.
Un elemento importante es que en las regiones de mayor concentración de población indígena es donde se presentan índices elevados de mortalidad materno-infantil, por diversas causas. Asimismo la desnutrición infantil crónica también está más acentuada en departamentos de mayoría indígena.
“Las mujeres indígenas sufrimos muy fuertemente discriminación y exclusión en el acceso a la educación, en el acceso y trato en los servicios de salud, en la desvalorización de nuestro trabajo, en los niveles de pobreza en que viven nuestras familias. Asimismo hay criminalización hacia nuestros líderes y lideresas. Las comadronas siguen sin ser valorizadas, sufren discriminación y no se comprende su misión de parte del sistema de salud oficial. Es preocupante que los embarazos en niñas y adolescentes entre 10 a 17 años llegaran a ser en 2014 un total de 39,501 y que se focalicen en departamentos con mayoría indígena”. Estas son algunas de las conclusiones del taller de revisión y validación del informe 2017, que contó con más de 40 mujeres de diversos pueblos, delegadas para dar sus puntos de vista y elevar sus voces en este espacio de consulta amplia promovido por el Movimiento Tzununijá.
El informe que se espera presentar al Comité recoge varios aspectos que preocupan y afectan el ejercicio de derechos de las Mujeres Indígenas, especialmente en los siguientes temas:
- Participación política
- Educación
- Salud
- Violencia contra las mujeres y acceso a la justicia
- Criminalización
- Empleo
En cuanto a la participación política, según lo manifestado por las mujeres, existe discriminación, falta de acceso a los espacios de toma de decisión, polarización y se señala que los partidos políticos no reflejan la diversidad cultural del país.
Durante el taller también se denunció que hay un aumento de la criminalización de las defensoras de derechos, indicando que esto se traduce en persecución penal, hostigamiento, desalojos de sus territorios ancestrales, amenazas y en algunos casos femicidios. La defensa de la tierra, es un elemento primordial para las mujeres indígenas y sus comunidades, pues existe una relación intrínseca entre la tierra, la subsistencia y resistencia cultural, la soberanía alimentaria y la supervivencia de los Pueblos. Sin embargo, las liderezas enfrentan hechos represivos por el hecho de alzar su voz en defensa de la tierra y del territorio, ante la represión del Estado y grupos armados ligados a los proyectos empresariales, que se imponen inconsultamente a las comunidades para despojarles de sus territorios y explotar sus recursos.
Se prevé que este segundo informe sea presentado al Comité CEDAW en corto plazo, para que sea tomada en cuenta las voces y visiones de las Mujeres Indígenas, quienes valoran altamente este espacio, por el potencial que tiene en cuanto a ejercer su derecho a denuncia a nivel nacional y global, para dar a conocer sus recomendaciones al Estado de Guatemala, para avanzar en el respeto y garantía a sus derechos humanos, tanto individuales como colectivos.
