Por Ana Belén Gil
El acceso pleno de los Pueblos Indígenas a la justicia penal es un asunto pendiente de resolver por parte del Estado mexicano. El problema se ve agravado debido a la marginalidad económica, política y social que día con día aqueja a los pueblos originarios.
Los principales obstáculos procesales a los cuales nos enfrentamos como personas Indígenas radican principalmente, en el desconocimiento por parte de los operadores de justicia de las instituciones, así como los medios que como pueblos originarios disponemos para la resolución de conflictos. Además de ello -y más grave aún- se encuentra el desconocimiento que los Pueblos Indígenas tienen de estos derechos, ya reconocidos por las múltiples exigencias sociales para la consolidación de espacios de justicia Indígena. Una de estas luchas, es lo acontecido en 1994 con el Movimiento de Liberación Nacional en el Estado de Chiapas y formado, mayoritariamente, por Indígenas tseltales, tsotsiles, choles, tojolabales y mames, lo cual visibilizaría en México y en el mundo la discriminación, pobreza y desvalorización que sufrían las comunidades Indígenas en este país.
Así mismo existe una falta de peritos especializados en materia Indígena que, mediante un peritaje antropológico, puedan aportar vías de entendimiento requeridas por la existencia de identidades culturales distintas. Esto evidencia la dificultad a la cual nos enfrentamos al momento de querer acceder a la Justicia por parte de los Tribunales del Estado. La autoridad jurisdiccional debe de acudir a un peritaje de índole antropológico, cuando se advierte la posibilidad de que los usos y costumbres de una comunidad Indígena pueden ser interpretados de manera errónea por la autoridad judicial que no posee una identidad Indígena. Aunado a esto, se puede mencionar la ausencia e insuficiencia de intérpretes y traductores estables de lenguas Indígenas para su intervención en las etapas del proceso judicial, y que además sean verdaderos conocedores del lenguaje jurídico y de las prácticas culturales del pueblo originario.
En tal sentido la persona perteneciente a un pueblo originario tiene todo el derecho de expresarse en su lengua Indígena ante los Tribunales y la obligación del Estado Mexicano es concederle un traductor y un intérprete, aun cuando la persona indígena hable español, debido a que es posible que no entiendan los conceptos y palabras empleadas en las diligencias judiciales, los que los situaría en una evidente desventaja a la hora de defender sus derechos. Este derecho implica que la persona Indígena tenga la posibilidad de comprender la naturaleza de la acusación que hay en su contra y el hecho que se le atribuye y que conozca cuáles son las posibles consecuencias que podría desencadenar el procedimiento legal, teniendo una comunicación clara con su defensa, con los testigos, con la parte acusadora y con el juzgador.
Existe también una escasez de abogados que se especializan en derechos Indígenas y de abogados Indígenas que puedan garantizar una defensa adecuada, además de una complejidad en los conflictos judiciales planteados y dificultades en el cumplimiento efectivo de las sentencias. También se presenta una extensa duración y formalidad de los procesos judiciales en todas las instancias, lo que puede significar un desgaste económico considerable para una persona Indígena cuya capacidad de ahorro es generalmente limitada. Además, es importante señalar la inexistencia de auténticos tribunales especializados en materia Indígena, que cuenten con jueces que conozcan la cosmovisión de los pueblos, que hablen y conozcan la lengua Indígena y la normativa interna del pueblo originario; es decir, que se encuentren estrechamente vinculados a las lógicas culturales Indígenas.
Sin duda alguna, a pesar de los avances en el reconocimiento constitucional de los derechos de los Pueblos Indígenas en México, los pueblos originarios seguimos permaneciendo excluidos de las cuestiones institucionales. Esta situación empeora porque como Pueblos Indígenas no estamos familiarizados con las leyes del Estado, ni con los procedimientos legales para el ejercicio efectivo de nuestros derechos. La mayoría de las personas Indígenas no cuentan con un nivel educativo formal y una situación económica favorable, lo que limita el ejercicio efectivo de su derecho al acceso a la justicia. Sumado a ello, existe un vacío en la adecuación del sistema legal a nuestras características culturales y lingüísticas y una tensión entre las formas propias de los Pueblos Indígenas para la resolución de conflictos y la generalidad del régimen jurídico nacional. En muchas ocasiones, el Estado mexicano busca crear nuevas instituciones Indígenas, en vez de reconocer las que ya existen, lo que origina una ruptura del tejido comunitario, pues descontinúan el derecho de los miembros de los pueblos originarios a nombrar sus propias autoridades, a vigilarlas y a pedirles que rindan cuentas.
Es necesario crear nuevos espacios abiertos por el gobierno mexicano en los que converjan ambos órdenes jurídicos, respetando siempre el reconocimiento al derecho que como Pueblos Indígenas poseemos para aplicar nuestros propios sistemas normativos en la regulación y solución de los conflictos internos. En México, aún queda mucho que avanzar para la consolidación de una Justicia basada en el respeto a la diversidad, solidaridad y equidad. Históricamente, los pueblos originarios hemos tenido que enfrentar dificultades y obstáculos en materia de acceso a la Justicia penal. La impunidad, la discriminación y la falta de defensa legal como Indígenas, al momento de intentar hacer valer nuestros derechos de identidades culturales distintas a la llamada “sociedad nacional”, ha sido evidente en innumerables ocasiones. Por ende es sumamente importante sensibilizar a la población no Indígena de los problemas que nos aquejan y en especial capacitar, desde la cosmovisión Indígena, a las y los funcionarios del Estado, sobre todo al personal que se desempeña en el ámbito de impartición de justicia, con la finalidad de que se puedan resolver los procesos judiciales en los cuales se ven inmiscuidas personas Indígenas, sin violentar sus derechos humanos y las garantías constitucionales para su protección, definiendo un plan estratégico para la atención de esta población. No se trata únicamente de aplicar leyes sino de construir nuevos paradigmas para una justicia multicultural que sólo puede ser posible reconociendo, fomentando la inclusión y la participación activa de los pueblos originarios.
--Ana Belén Gil Natarén es Indígena Tsotsil nacida en el municipio de Jiquipilas, Chiapas, México. En 2019 cursó estudios en la Universidad de Almería, España. Actualmente se encuentra cursando el 9no semestre de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
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