Aviso sobre el contenido: El siguiente contenido incluye información sobre violencia contra personas Indígenas. Nos hemos esforzado en proveer información sobre cada individuo en celebración de sus vidas y trabajo, sin incluir detalles innecesarios sobre sus muertes. Si bien hemos trabajado para evitar incluir vínculos a fuentes que contengan imágenes muy gráficas, tengan en cuenta que las fuentes vinculadas pueden incluir más detalles e incluso cambiar las imágenes después de que las hayamos revisado.
Diariamente, las comunidades Indígenas viven en cercana relación y protegen a la Madre Tierra. Con demasiada frecuencia, este arduo trabajo es traducido en tener que defender sus tierras, territorios y comunidades contra los constantes ataques de corporaciones y gobiernos que buscan desarrollar proyectos extractivos que contaminan sus lagos, ríos y ecosistemas enteros, y que contribuyen al cambio climático. Las comunidades Indígenas son los verdaderos defensores de la Tierra, y la defienden para todos los pueblos. Sin embargo, sus derechos, tanto individuales como colectivos, son regularmente violentados a través del robo de sus tierras, desplazamientos forzados, represión cultural, contaminación, ataques físicos a sus personas y asesinatos.
La violencia contra los defensores Indígenas del medio ambiente y de los derechos humanos está fuera de control a nivel mundial. Como parte de nuestro Programa de Defensa, en Cultural Survival rastreamos la violencia en contra de los defensores Indígenas en un esfuerzo por establecer conexiones entre los casos y demostrar que no se trata solamente de casos aislados de agresiones contra individuos, sino más bien se trata de una crisis sistémica en contra de las personas Indígenas. Ejemplifica una cultura dominante en la cual se ignoran los derechos de las personas Indígenas, en la cual los gobiernos no toman en serio los crímenes cometidos en contra de los Pueblos Indígenas y en la cual los perpetradores de dicha violencia quedan impunes. En algunos casos, la participación de los gobiernos supera la mera negligencia e indiferencia y sugiere una complicidad activa en dichos crímenes. El Director Ejecutivo de Frontline Defenders, Andrew Anderson, explicó que “Una de las razones por las que los ataques y asesinatos de los defensores de los derechos Indígenas son tan frecuentes es que los perpetradores disfrutan de una impunidad casi total”.
El Programa de Defensa de Cultural Survival está dirigido a diversos objetivos: trabajamos con miembros de las comunidades en distintas categorías a través del apoyo al desarrollo de capacidades; la concesión de donaciones; y a través de la defensa, política y legal, de los derechos de las personas Indígenas a nivel nacional e internacional. En relación con los defensores de derechos humanos, nuestro enfoque se ha dirigido a atraer atención al tema, revelar los patrones existentes y denunciar la violencia ante los mecanismos internacionales de derechos humanos. Hacemos este trabajo con el fin de generar conciencia sobre los crímenes a nivel mundial; para alentar a los inversores de proyectos de desarrollo a cuestionar sus acciones dentro de los territorios de comunidades Indígenas; y para apoyar a los llamados de las comunidades Indígenas para que los asesinatos no queden impunes, sino que sean reconocidos para que los perpetradores puedan ser llevados ante la justicia.
Como resultado de la violencia estructural que sufren los Pueblos Indígenas, muchos de los crímenes contra ellos no son altamente publicitados. En Cultural Survival rastreamos todos los casos de violencia contra los defensores Indígenas de los que tengamos conocimiento en los idiomas que hablan los miembros de nuestro equipo. La mayoría de estos tienden a suceder en Abya Yala (Centroamérica y Sudamérica).
La ex- Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli- Corpuz dijo: “Hemos observado y concluido que el tema de la criminalización de las personas Indígenas es una crisis global”.
Frontline Defenders informó que al menos 331 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el 2020 y el 69 por ciento de estos defendía específicamente los derechos Indígenas, territoriales o medioambientales, mientras que el 26 por ciento de estos se centraba en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas en particular. Del total de 331 defensores que Frontline Defenders rastreó, 247 de ellos, es decir, el 75 por ciento, fueron asesinados en Centro y Sudamérica. En los tres años previos a octubre de 2020, más del 25 por ciento de los defensores de derechos que fueron asesinados eran Indígenas, una cifra desproporcionadamente mayor que la proporción de personas Indígenas en la población mundial, que son solo alrededor de un seis por ciento. Global Witness informó que entre el 2015 y 2019, más de un tercio de los defensores asesinados eran Indígenas.
En algunos casos, se han publicado y puesto a disposición diversos artículos en línea sobre algún defensor Indígena en particular que fue asesinado y los llamados de las comunidades a que se haga justicia han contado con un apoyo institucional sustancial. En otros, puede haber solo uno o dos artículos publicados en línea por fuentes locales, o incluso solamente un comunicado en la prensa que se nos hizo llegar por algún colega. Finalmente, también hay casos de los cuales nos enteramos a través de publicaciones en redes sociales, o de boca en boca, con la más mínima información sobre el ataque o la vida de la persona que fue asesinada. Las víctimas de los casos poco publicitados son tan importantes para nosotros como los más conocidos y estamos igualmente comprometidos a dar a conocer sus nombres y sus legados. Todos y cada uno de los individuos eran personas queridas, eran parte tanto de una familia como de una comunidad y eran alguien a quien le lloran, no solo por el trabajo que realizaron sino también por las personas que eran.
En los perfiles que presentamos a continuación recordamos con mucho dolor a las 33 personas Indígenas que fueron asesinadas durante el 2021. También reconocemos y condenamos las agresiones a 7 defensores Indígenas, las amenazas en contra de uno, la desaparición de otro y la criminalización de 4 defensores más. Reconocemos que nuestro alcance es limitado y que la violencia en contra de las personas Indígenas, y en particular contra los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, supera enormemente los datos que tenemos la capacidad de recopilar. Honrarnos a todas las personas y comunidades que se han visto afectadas. Nos comprometemos a continuar trabajando por la justicia para los defensores de los derechos y la tierra junto con las comunidades afectadas en la medida de nuestras posibilidades.
Los defensores están enlistados por país (en orden alfabético) y luego cronológicamente con base a la fecha del incidente.
Colombia
A pesar de que el gobierno colombiano y las FARC firmaron los Acuerdos de Paz en el 2016, los asesinatos de defensores de derechos humanos han aumentado. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia ha contado 1238 asesinatos de defensores y líderes sociales en Colombia desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, incluyendo el asesinato de 48 defensores Indígenas de derechos humanos tan solo en el 2021. A continuación, presentamos solo una pequeña fracción de estos casos. Para obtener más información sobre las causas fundamentales detrás de la violencia, así como de perfiles de casos adicionales, por favor consulte el StoryMap de 2019 de Cultural Survival sobre los defensores Indígenas en Colombia.
María Bernarda Juajibioy y su nieta Jazzlín Camila Luna Figueroa (Kamentsá)
Foto: Maria Bernarda con su nieta. Via Jorge Rojas Rodríguez en Twitter.
El día 17 de marzo del 2021 en Orito, Putumayo, un grupo de hombres armados y vestidos de militares dispararon a la lideresa Indígena y alcaldesa del Cabildo Kamentzá Biyá, María Bernarda Juajibioy mientras se movilizaba en motocicleta. Junto a ella falleció su nieta Jazzlín Camila Luna Figueroa de un año y medio. También resultaron heridas con un disparo Paola Patricia Pujimuy de 22 años, hija de la lideresa, junto a su hija mayor de nueve años. Estos crímenes dejaron de luto a los 15 Pueblos Indígenas de la región de Putumayo.
Se sospecha que los asesinos forman parte del grupo armado ilegal Comandos de Frontera, un grupo de disidentes que permaneció armado a pesar de la desmovilización formal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Días después del doble asesinato, empezaron a patrullar e intimidar con su presencia a las comunidades Indígenas de la región y a los defensores de los derechos humanos. Diferentes grupos armados ilegales se pelean por el control territorial de la región, lo que resulta en una situación violenta particularmente para las comunidades Indígenas, afrodescendientes, y campesinas.
La policía estaba investigando los hechos y tres meses después de la matanza arrestó a un sospechoso, Luis Enrique Peteche, sicario de 26 años y disidente de las FARC.
Rafael Domicó Carupia (Embera Eyábida)
Foto via ONIC.
Rafael Domicó Carupia, del Pueblo Emberá Eyábida, reportó haber recibido varias amenazas de muerte previo a su asesinato a manos de individuos desconocidos. Dichos individuos, que traían cuchillos y armas de fuego, emboscaron a Rafael a las 4 de la madrugada del 6 de abril de 2021. Lo asesinaron en frente de su casa en Amparradó Popalito, Colombia, dentro de la municipalidad de Dabeiba en el departamento de Antioquia. Rafael tenía 63 años. Como señaló Cultural Survival en el reporte en memoria de defensores asesinados en el 2019, el territorio de Emberá es una zona altamente disputada por el Clan del Golfo, una importante organización narco-criminal que opera ahí.
Rafael era un líder, músico y persona mayor altamente respetado por la Nación Emberá. Fungió también como gestor cultural y Jaibaná, rol espiritual en su comunidad similar a las funciones de un chamán. Tocaba la flauta. Rafael era conocido en su comunidad como “Cultura” debido a que, según Wilfer Sánchez (portavoz de la Organización Indígena de Antioquia), era “uno de los más grandes compositores que ha tenido el Departamento de Antioquia”. La organización también señaló que el asesinato de Rafael “deja a los pueblos indígenas de Antioquia, sin su mejor flautista tradicional”. La Organización Indígena de Antioquia, junto a otras organizaciones, exigen que se lleve a cabo una investigación a fondo al asesinato de Rafael. Este hecho ha dejado a su familia y a su comunidad devastados, incluyendo a su esposa e hijos.
Sandra Liliana Peña (Nasa)
Foto via Facebook.
Sandra Liliana Peña, miembro del Pueblo Nasa del departamento del Cauca en Colombia, tenía planes de encontrarse con oficiales colombianos cuando fue secuestrada y asesinada el 20 de abril del 2021 por cuatro individuos no identificados con armas de fuego. El chofer del vehículo en el que iba también fue asesinado. Sandra tenía 34 años de edad.
Gobernadora del Resguardo Indígena La Laguna Siberia, Sandra fue una respetada lideresa desde que era joven. También fungió como la coordinadora de políticas del Programa de Educación de la reserva. De igual manera, como gobernadora de la reserva trabajó para poder remover cultivos ilegales que habían en el territorio de la reserva, lo cual la hizo especialmente vulnerable a constantes amenazas contra su vida. Sandra es recordada como un modelo a seguir que luchó por la justicia para las mujeres Indígenas en Cauca. De acuerdo con La Prensa, Sandra deja atrás a su padre, Climaco Peña, y a su hermana, Olga Peña Chocue. La hermana de Sandra la describe como una mujer “muy fuerte, muy de frente. No le tenía miedo a nada”.
Cultural Survival, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros han hecho un llamado para que se haga un profunda y adecuada investigación a su asesinato. El 23 de agosto del 2021, varios meses después del asesinato de Sandra, las autoridades juzgaron y condernaron a tres hombres con conexiones al tráfico ilicito de drogas: Pedro Nel Correa Murcia, Farid Arley Chamorro y Fredy Hoyos Muñoz, alias el “Moño Moño”. Todos han sido sentenciados a prisión, con 60 años reportados a los dos primeros.
Argenis Yatacué y Marcelino Yatacué Ipia (Nasa)
Foto via Desinformemonos.org
Argenis Yatacué y Marcelino Yatacué Ipia fueron asesinados en la madrugada del 9 de junio de 2021. Argenis era profesora y Sa’t We’sx (autoridad ancestral) de su Pueblo Nasa en la Reserva Indígena Paez. Marcelino era su pareja y ambos eran miembros de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Un grupo de hombres armados los asesinaron en la calle de Media Naranjaen el pueblo donde vivían en la región del Cauca. Diversos líderes políticos, junto con varias organizaciones de derechos humanos, han utilizado sus plataformas para expresar su indignación por los ataques, incluyendo Heidy Sánchez Barreto, la concejala de Bogotá, y Feliciano Valencia, senador colombiano.
Diversas acusaciones señalan al ELN (Ejército de Liberación Nacional) como posible autor del crímen. El ELN es un grupo guerrillero izquierdista que opera en Colombia y se reporta que, a un lado del cuerpo de Argenia, se dejó una cartel que decía: “Por la muerte de Cortico ELN”. Sin embargo, el ELN ha rechazado dichas acusaciones y ha denunciado el asesinato.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca publicó una declaración lamentando las muertes de Argenis, Marcelino y varios otros miembros de la comunidad que habían sido asesinados recientemente, incluyendo a unos por los cuales se había realizado una ceremonia apenas unas horas antes de que se llevara a cabo el doble asesinato. Estos asesinatos comprenden un ataque organizado y continuo contra los Pueblos Indígenas de Colombia, particularmente contra mujeres líderes Indígenas. La declaración lamenta, “La muerte y la zozobra buscan deshacer nuestro tejido y apagar nuestra resistencia… Aunque en estos momentos las palabras duelen como nunca, mantenemos la cabeza en alto y gritamos ¡BASTA! De ninguna manera permitiremos que nos silencien. El proyecto de muerte también fracasará, la vida y la dignidad están sembradas en los territorios y su raíz es imposible de arrancar. Nos abrazamos en estos tiempos de dolor y rabia para mañana volver a caminar la palabra”. Otra publicación exhibida en su sitio web muestra una pintura hecha en memoria de Argenis. En ella se demanda que “¡Paren la guerra contra el Pueblo!” Un video presenta una canción que los miembros de la comunidad cantaron, bailaron y tocaron para rendir homenaje a la vida de Argenis.
Argenis es recordada con una alabanza desbordante por sus compañeros y miembros de su comunidad. Un video memorial publicado por la Asociación muestra imágenes de Argenis en diversos sitios dentro de su comunidad, rodeada de niños y de vida comunitaria, frente a los micrófonos, tejiendo en un círculo y también en diversas celebraciones. Una persona la recuerda como una “mujer valiente, autoridad empoderada, madre digna, dinamizadora incansable, compañera de corazón firme y de luchas incansables, te has sido quedándote en el corazón de la comunidad, el territorio y la organización que hoy te llora, recuerda, te agradece”. Otra le dice a Argenis, “Hacemos nuestro tu ejemplo. Tus huellas indelegables de resistencia que permanecen en cada uno de quienes tuvimos la fortuna de escucharte, saberte, encontrarte, y caminar juntos en tu camino de educadora, comunera, lideresa, autoridad, y luchadora inquebrantable”.
Cientos de integrantes de la comunidad se reunieron el 11 de junio, debajo de un arcoiris, para participar en una “simbólica siembra” para despedirse de Argenis y Marcelino y devolverles a la Tierra.
Efrén Antonio Bailarín Carupia (Emberá)
Foto via Akubadaura.org.
Efrén Antonio Bailarín Carupia, también conocido como Efraín Domicó, fue asesinado la mañana del 16 de septiembre del 2021 en Acandí, Chocó, Colombia. Salió a pescar al Resguardo Chidima Tolo, dentro de la Reserva del Pueblo Emberá Eyabida, cuando individuos miembros de un grupo armado de Chocó le dispararon con un arma de fuego. Efrén fue gobernador de Chidima Tolo y era miembro de las Guardias Indígenas al momento de su muerte. Es recordado como líder de su pueblo y como ejemplo de resistencia en la defensa de su territorio y del Río Tolo.
De acuerdo con un comunicado emitido por Akubadaura, “La comunidad Embera del resguardo de Chidima Tolo siempre se ha opuesto al despojo de su territorio, se niega a sembrar cultivos ilícitos en sus tierras, se resiste a que sus jóvenes sean reclutados forzadamente por cualquiera de los grupos armados”. Diversos grupos paramilitares ilegales operan con impunidad en Colombia y compiten por el control del mercado de drogas ilícitas. Efrén se oponía al Ejército Nacional de Liberación y a Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un grupo paramilitar y narcotraficante. Algunos señalan a este ultimo como el autor del asesinato de Efrén e incluso argumentan que, previo a su asesinato, el grupo paramilitar ya había amenazado a las comunidades.
Honduras
Juan Carlos Cerros Escalante (Lenca)
Foto: COPINH.
Juan Carlos Cerros, de 41 años, fue un líder Lenca y activista medioambiental hondureño. El 21 de marzo del 2021 fue asesinado de varios disparos por individuos no identificados en la comunidad de Nueva Granada, en frente de sus hijos. Juan Carlos era presidente de la organización Comunidades Unidas y fue miembro del Colectivo de Defensores de la Madre Tierra, así como del Movimiento Ambientalista Santabarbarense. Desde el golpe de Estado del 2009 en Honduras, Juan Carlos se había mantenido activo, tanto a nivel local como a nivel regional, en la lucha para la protección del agua, el medio ambiente y de sus tierras ancestrales. Era un renombrado líder en la lucha contra la construcción de la presa hidroeléctrica “El Tornillito”, ubicada en el Río Ulúa. De la mano con diversos activistas Indígenas, Juan Carlos se opuso activamente a la construcción de dicha presa, la cual amenazaba con desaparecer al municipio de China y resultaría en el desplazamiento forzado de familias Indígenas de al menos 10 comunidades en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara. La presa está siendo construida por Hidrovolcan, constructora hondureña que se promueve a sí misma como una empresa de energías renovables que se enfoca en la responsabilidad social. Forma parte del grupo de inversiones hondureñas “Inversiones y Representaciones Electromecánicas” (Iresa) y está siendo financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Juan Carlos sufrió un atentado contra su vida en 2019 y esto lo obligó a dejar su comunidad. Como respuesta a ello se le asignaron medidas de protección a través de un programa del gobierno de Honduras para los defensores de derechos humanos llamado “Mecanismo de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”. Sin embargo, Juan Carlos le había comentado recientemente a sus colegas que dicho mecanismo no estaba haciendo nada para protegerlos, de acuerdo con Rel UITA. En la revisión del respeto a los derechos humanos de Honduras del 2021, contenida dentro del marco del proceso EPU de las Naciones Unidas, al menos nueves países distintos recomendaron mejoras a este mecanismo, el cual se inició por medio de una ley en 2015 y fue inicialmente financiado por los Estados Unidos. Desde su creación y hasta el 2020, de acuerdo con datos obtenidos de Pasos de Animal Grande, el Mecanismo registró 547 solicitudes para protección pero solo 183 casos permanecen activos. Dicho mecanismo ha sido fuertemente criticado por su fallo en investigar y atacar las causas subyacentes de las amenazas que hay hacia los Defensores, así como por la falta de capacitación en temas de derechos humanos brindada a los policías, y por la ineficiencia del programa en áreas rurales en las cuales se localizan un 40% de los casos.
Diversas organizaciones de derechos humanos, locales e internacionales, han exigido al gobierno llevar a cabo una adecuada investigación para que se haga justicia. Entre ellas se incluye el COPINH, organización previamente liderada por Berta Cáceres quien fue también una Indígena Lenca asesinada en el 2016 debido a su activismo en contra de la construcción de una presa en un río de su comunidad. El COPINH denunció el asesinato de Juan Carlos y compartión en Twitter, “Se repiten los patrones de violencia contra las y los defensores del agua tal como nuestra compañera Berta Cáceres”.
México
Vicente Guzmán Reyes, Ambrosio Guzmán Reyes, y José Luis Chávez Mondragón (Purépecha)
El municipio de Zitácuaro, dentro del Estado de Michoacán, es hogar de muchas comunidades de origen Purépecha. La creciente presencia del crimen organizado y narcotraficantes, junto con la total indiferencia e inacción del gobierno en poner un alto a esta crisis, ha llevado a que diversas comunidades Indígenas Purépecha de la región establezcan cuerpos policiales Indígenas independientes al Estado para poder patrullar y defender sus territorios. Dichos cuerpos policiales, compuestos por voluntarios de las mismas comunidades, vigilan el territorio con el fin de mantener al crimen organizado fuera de sus comunidades. Debido a la riqueza en recursos naturales que existe dentro de los territorios Purépecha, las comunidades han sido objeto de una creciente violencia por parte del crimen organizado, quienes buscan poder explotar sus bosques, sus aguas y otros recursos. Estos bosques vírgenes son también el hogar de las mariposas Monarca, quienes migran anualmente desde Estados Unidos y Canadá y son una importante fuente de ingreso para las comunidades Indígenas.
Vicente Guzmán, Ambrosio Guzmán y José Luis Chávez eran voluntarios del cuerpo policial Indígena que trabajaban para mantener a sus comunidades seguras. El 17 de enero del 2021 los tres fueron asesinados mientras realizaban sus rondas comunitarias. No se ha encontrado mayor información con respecto a los autores del crimen dado a que las autoridades del Estado de Michoacán no fueron enviadas para investigar el caso ni tampoco han emitido certificados de defunción de las víctimas.
Fidel Heras Cruz (Chatino)
Foto via: COPUDEVER
Fidel fue baleado a muerte a bordo de su camioneta el 23 de enero del 2021 en su comunidad de Paso de la Reyna, Oaxaca. Era el presidente del Comisariado Ejidal y, durante más de una década, formó parte del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, organización formada por diversas comunidades Indígenas y afromexicanas. Esta organización ha luchado exitosamente, por más de una década, en contra de la construcción de megarepresas en el Río Verde, la primera habiendo sido propuesta por la Comisión Federal Estatal en el 2007 y la más reciente por la compañía privada Enersi en el 2019.
Paso de la Reyna es una comunidad Indígena ubicada en el Estado de Oaxaca con un aproximado de 500 Indígenas Chatinos y en años recientes se ha visto un alarmante incremento en la violencia hacia la comunidad y sus activistas. Fidel había recibido varias amenazas anónimas desde el 2020, relacionadas a sus actividades en la lucha contra la extracción ilegal de material de petróleo del Río Verde. Dos días antes de su muerte, Fidel había recibido otra amenaza presentada en una nota que fue dejada en una bolsa en la sede del Comisariado ejidal donde él trabajaba. Sin embargo, decidió no hacer público dicha amenaza. Autoridades locales también habían reportado la presencia de un vehículo misterioso en la zona previo al asesinato de Fidel.
De acuerdo con Excelsior.com, cinco días antes de su muerte, Fidel presentó un reporte a la asamblea de líderes locales sobre la extracción ilegal de material de petróleo de Rió Verde, operación que estaba siendo realizada por una familia de rancheros locales que habían obtenido el permiso de la presidenta municipal Celia Rivas Marquez. “Durante esa reunión se reveló que el adeudo por la explotación irregular, sin permiso de impacto ambiental, ascendía a 500 mil pesos, por lo que en calidad de autoridad comunal habría de cobrarlo por las afectaciones al río”, informó la fuente. Se realizó un reporte a la Fiscalía General del Estado con el fin de colectar los adeudos y abrir una investigación. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al igual que otras organizaciones locales y nacionales, condenaron el asesinato de Fidel e hicieron un llamado a las autoridades mexicanas a investigar el caso para que los culpables no queden impunes.
Fidel era conocido por ser un hombre amable, que siempre apoyaba a su comunidad, apasionado y muy trabajador. Es recordado por su comunidad como un ferviente activista y un excelente padre, esposo e hijo. Disfrutaba cantar, jugar baloncesto, contar historias y recitar versos. Le complacía mucho atender a su milpa y cultivar su maíz, y también le apasionaba defender su territorio ancestral. Siempre defendió el bienestar de su comunidad y de su territorio, y hablaba públicamente sobre la amenaza que la industria extractiva significaba para él Río Verde. Era muy amigable y calmado, y su amigo Marcos Leyva lo recuerda como un hombre que “Tenía una sonrisa siempre”.
Raymundo Robles Riaño (Chatino)
Foto Via: Educa Oaxaca
Raymundo era parte de la comunidad Indígena chatina en Paso de la Reyna. El 14 de marzo de 2012, fue asesinado por unos atacantes desconocidos. Tal y como en el caso de Fidel Heras, quién era de la misma comunidad, las autoridades no han realizado investigaciones para buscar a los culpables. Estos asesinatos siguen un hilo común de violencia contra la pequeña comunidad de Paso de la Reyna que busca defender su territorio contra el extractivismo y los megaproyectos que dañan su forma de vida. La comunidad señala una falta de interés de parte de las autoridades estatales y federales relacionada a estos asesinatos e insiste que esta negligencia permite que la violencia contra los activistas chatinos siga quedando impune en Paso de la Reyna.
A Raymundo lo mataron un día después de un día de celebración dedicado a dar gracias y honrar el Río Verde. Era agente de la policía en Paso de la Reyna y miembro del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde. Después del asesinato de Fidel Heras Cruz en enero de 2021, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó que la Fiscalía General de Justicia del Estado implementara medidas cautelares para los comuneros afectados. A pesar de esta solicitud, otros cuatro comuneros, incluyendo Raymundo, fueron asesinados en los siguientes dos meses y las medidas cautelares aun no se habían implementado.
La comunidad de Paso de Reyna recuerda a Raymundo como un miembro de la comunidad responsable y de confianza que estaba siempre dispuesto a ayudar con las tareas que se le asignaban, incluyendo su participación en los comités de la escuela y la clínica de salud. Tenía cuatro hijos y también era abuelo de cuatro niñas. Le gustaba pescar en el Río Verde y había dedicado toda su vida a su tierra, a la cultivación de maíz y a la protección de las semillas de la comunidad. Le gustaba jugar basquetbol e incluso era uno de los mejores jugadores del equipo de Paso de la Reyna. Es recordado por su comunidad como un hombre muy alegre que siempre bailaba con entusiasmo en las fiestas comunitarias.
Noé Robles Cruz and Gerardo Mendoza Reyes (Chatino)
Foto via: Educa Oaxaca (Noé and Gerardo)
Noé y Gerardo, ambos chatinos, también eran miembros de la comunidad de Paso de la Reyna. Fueron asesinados por individuos desconocidos el 15 de marzo de 2021, dentro del territorio de la comunidad, sólo un día después del asesinato de Raymundo Robles, también miembro de la comunidad. Los habitantes de Paso de la Reyna están siendo atacados como resultado de su fuerte oposición al desarrollo de megaproyectos en su región, como lo es la presa hidroeléctrica que ha sido aprobada por la Secretaría Méxicana de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Noé amaba mucho a su esposa Cristián y era padre de dos niñas y un hijo de 17 años. Amaba trabajar en su Milpa, donde cultivaba sandías, maíz y calabaza, así como cuidar sus árboles de limón, los cuales regaba todos los días. Frecuentaba ir a pescar al Río Verde con su hijo y cazaba iguanas para hacer tamales. Después de trabajar la tierra desde la madrugada, le gustaba jugar deportes como el basquetbol, voleibol, y fútbol con otros miembros de la comunidad. Cuando se necesitaba ayuda en algo, Noé siempre estaba dispuesto a colaborar. Participaba en la mayoría de las actividades de la comunidad, ayudando en la organización de las festividades locales e incluso trabajando como mecánico local donde se encargaba de arreglar vehículos rotos, parchar llantas, entre otras cosas. Dos de las cosas que más disfrutaba Noé hacer en su tiempo libre era el jaripeo y asistir a las fiestas locales. La comunidad recordará a Noé como un hombre feliz, amable, y siempre colaborador.
Gerardo sólo tenía 19 años al momento de su muerte. Se le recuerda como un joven educado, respetuoso, y trabajador. Tenía un brillante futuro por delante, lleno de planes y sueños. Amaba a sus padres y a sus dos hermanos, y planeaba tener su propia familia algún día. Le gustaba trabajar en su Milpa e incluso dedicaba parte de su tiempo a asistir los campos de otros miembros de la comunidad. También formaba parte de la clínica local. Después de terminar con sus quehaceres diarios, le gustaba jugar fútbol, pasar tiempo con sus amigos y salir al bosque a cazar, siempre con su perro que le era muy leal. Sus amigos están de luto por él, por el joven que supo ganarse la amistad de muchos “con el corazón, corazón tan grande y noble que Dios le dio”.
Jaime Jiménez Ruiz (Chatino)
Foto Via: El País
Jaime se convirtió en el quinto de los activistas chatinos de Paso de la Reyna asesinados dentro de dos meses del 2021 por defender las aguas del Río Verde. Era un integrante activo de la comunidad. Trabajaba como agente policial y, al igual que sus compañeros anteriormente mencionados, participaba en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde. Fue asesinado en la tarde del 28 de marzo de 2021 en la carretera entre Santiago de Jamiltepec y Paso de la Reyna. Las autoridades estatales no han realizado ninguna investigación. Al igual que sus compañeros activistas, Jaime se oponía a la construcción de una represa hidroeléctrica en el Río Verde.
Jaime era padre de dos hijos y es recordado como líder activo en la lucha por la defensa de su territorio ancestral. Representó al Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde cuando viajaban a través de distintos Estados de la República Mexicana con el fin de compartir sus experiencias y luchas por la defensa de sus tierras. De igual manera, estaba atento a las necesidades de su comunidad y de su pueblo y siempre estaba listo para echarle la mano a quién lo necesitara. Era un miembro activo en la asociación local de ganado y amaba cuidar a sus vacas. En 2019, Jaime creó una banda de música de la comunidad, donde participaban tanto adultos como niños y él se encargaba de tocar el saxofón. La banda tocaba en fiestas locales, cumpleaños, entierros y otros eventos. Jaime era un miembro de la comunidad muy querido y es recordado como el hombre que alguna vez declaró que “daría la vida por su pueblo y que lucharía hasta las últimas consecuencias hasta lograr la cancelación del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina”.
Agustín Valdez (Yaqui)
Foto Via: Twitter ONEA México
Agustín “El Roque” Valdez, miembro de la Tribu Yaqui de Loma de Guamúchil en el Estado de Sonora, recibió múltiples disparos de arma de fuego de un grupo de sicarios en una fiesta durante la noche del 1 de mayo del 2021. Agustín tenía 30 años y era hijo del gobernador de Loma de Guamúchil, uno de los ocho Pueblos que comprenden la Nación Yaqui en Sonora. Era el jefe de vigilancia de la Guardia Tradicional que ha mantenido un bloqueo en la Carretera Federal México 15 desde el inicio de la construcción del Acueducto Agua Prieta en 2013. El bloqueo se estableció con el fin de cobrar una tarifa a cualquier vehículo que quisiera cruzar su territorio. Consideran que las tarifas son el pago de la deuda histórica que el gobierno federal le debe a los Pueblos Yaquis tras décadas de explotación de los recursos naturales que yacen dentro de sus territorios. Las empresas extractivistas, así como el gobierno estatal y federal, continúan explotando los recursos naturales dentro del territorio Yaqui, ignorando las necesidades de la población local y empujándolos cada vez más hacia la pobreza.
Agustín había servido como el Representante Étnico de las Comunidades Yaqui ante el gobierno estatal de Sonora desde 2009 al 2012, durante el gobierno de Manolo Barro Borgaro. Trabajaba con el gobierno local para avanzar políticas públicas que ayudarán a aliviar las necesidades de su comunidad. Gracias a su trabajo duro, se logró el establecimiento de un centro de computación donde los jóvenes y los niños podrían tener acceso a internet. Trabajó en interés de mejorar la situación de su gente y su comunidad, e incluso logró convencer al gobierno estatal para que hicieran una donación de medicinas para abastecer a toda la comunidad.
Tomás Rojo Valencia (Yaqui)
Foto Via: Sonora informativo
Tomás Rojo Valencia fue uno de los principales activistas Yaqui en la lucha por promover y proteger los derechos y autonomía de su comunidad. Junto con varios otros miembros de su comunidad, Tomás fue uno de los voceros más activos que lideraron la lucha contra el desarrollo de proyectos extractivista que amenazaban su forma de vida, como lo son el proyecto gasoducto de la empresa Gasoducto de Aguaprieta, el establecimiento de nuevas vías ferroviarias y la construcción del Acueducto Independencia. Este acueducto se construiría para abastecer de agua a Hermosillo y Ciudad Obregón, dos ciudades principales en Sonora. Sin embargo, no existían planes de desarrollar la infraestructura necesaria para hacer llegar el agua a las ocho comunidades yaquis de la región. El proyecto resultó en la sobreexplotación del Río Yaqui, la fuente de agua principal que las comunidades Yaquis han cuidado durante años. Esta situación fue uno de los principales motivos que impulsó al bloqueo de la Carretera Federal México 15 por parte de los Yaquis. Tomás estaba muy involucrado en las actividades de los bloqueos y apoyaba el cobro de tarifas a vehículos como una forma de reparación por el constante atropello de los derechos de la comunidad por parte del gobierno estatal.
A Tomás lo reportaron como desaparecido el 27 de mayo de 2021. Según miembros de su familia, salió a dar una vuelta en su pueblo de Vícam y nunca regresó. Unas semanas después, se encontraron restos humanos en una fosa clandestina, y, tras la realización de pruebas de ADN, se comprobó que dichos restos pertenecían al defensor del agua. La oficina de la Fiscalía de Sonora capturó a los supuestos asesinos, cuyos motivos por el crimen podrían haber sido motivados en busca de beneficiarse de las tarifas que los Yaqui cobraban en los bloqueos. Fueron acusados de homicidio doloso, deliberado y premeditado. Tomás tenía 54 años.
Los familiares de Tomás han hablado sobre la pasión que tenía por defender la causa del pueblo Yaqui y por promover los derechos y las identidades Indígenas. Era un fuerte proponente de la lucha social pacífica y sentía un gran amor y una profunda admiración por sus raíces Indígenas. Tomás también actuaba como mediador entre autoridades Indígenas y no Indígenas, y hablaba abiertamente sobre el rol del Estado en la represión y marginación de los Pueblos Indígenas. Sus restos fueron devueltos a su pueblo, donde su comunidad lo despidió con rezos y canciones tradicionales. Para leer el perfil de Cultural Survival sobre Tomás, haga click aquí.
Luis Urbano Domínguez Mendoza (Yaqui)
Foto: Still from the film “Laberinto Yo´eme” via Desinformemonos
Luis Urbano pertenecía al Pueblo Yaqui de Loma de Guamúchil en Sonora, misma comunidad a la que Agustín Valdez pertenecía (perfil arriba). Luis Urbano era un protector del agua y activista que luchaba por proteger el agua y las tierras de su pueblo. El 8 de junio de 2021, mataron a Luis a disparos mientras salía de un banco en el centro de Ciudad Obregón. La Fiscalía General de Justicia de Sonora abrió una investigación, sin embargo no han habido avances en esta ni tampoco se ha investigado a ningún sospechoso hasta la fecha. El asesinato de Luis se une al atormento que los Pueblos Yaquis han sufrido este año, incluyendo el asesinato de los líderes Agustín Valdez y Tomás Rojo.
Los amigos de Luis lo recuerdan como un hombre joven y alegre, con una gran pasión por defender a su pueblo y su identidad Indígena. En 2012, se unió a la lucha por defender el Río Yaqui y se hizo un líder de la causa yaqui. Inclusive participó en una película documental titulado Laberinto Yo’eme, la cual narra la lucha de los Pueblos Yaquis por proteger su territorio contra los intereses extractivistas del gobierno estatal de Sonora; las dificultades que experimentan los Yaquis por mantener su identidad Indígena; y el impacto que el narcotráfico y los carteles han tenido en su forma de vida. En el documental, tanto como en su vida diaria, Luis habló sobre los desafíos en su comunidad. El director de la película describió a Luis como una persona llena de amor por los demás, que siempre traía una sonrisa en la cara y le echaba la mano a quien necesitara ayuda. En 2015, Luis participó en una caravana nacional que tenía como fin unir a todos los Pueblos Indígenas alrededor de México en sus luchas por defender sus tierras, aguas y vidas. En cuanto llegó a la capital mexicana, Luis dio un discurso frente a cientos de personas en el que declaró que a los Pueblos Indígenas en México “nos siguen pisoteando, maltratando; miles estamos a punto de caer en la marginación…”. Luis tenía 35 años.
Simón Pedro Pérez López (Tzotzil)
Foto: De video ‘Simón Pedro’ on Vimeo por Xun Sero
La mañana del 5 de julio del 2021, Simón Pedro Pérez recibió un disparo de arma de fuego mientras estaba de compras con su hijo en un mercado local en el Estado de Chiapas, al sur de México. Los autores del crimen iban a bordo de una motocicleta al momento de cometer el crímen, facilitando así su huida. Un par de días después, un individuo fue detenido por elementos de la Policía Especializada en un municipio cercano y fue identificado como el presunto autor del crímen. Fue transferido a Tuxtla Gutiérrez donde se le vinculó por el delito de homicidio calificado. Noventa días después del asesinato, Las Abejas de Acteal, organización a la cuál Simón pertenecía, publicó una denuncia sobre el fracaso de las autoridades en traer justicia a Simón e hicieron especial referencia a la nula investigación que ha realizado la Fiscalía General del Estado de Chiapas, quienes culparon a la pandemia de COVID-19 por los posibles retrasos en la investigación. Condenaron el argumento por parte de los abogados del acusado que busca plantear que fue una enfermedad, más no los disparos en la cabeza, lo que provocó la muerte a la víctima. Incluso consintieron a la exhumación con el fin de facilitar el proceso de investigación, a pesar de que esto iba en contra de sus tradiciones culturales.
Simón era un reconocido defensor de derechos humanos, así como un catequista que predicaba fervientemente sobre la no violencia. Era miembro del Pueblo Indígena Tzotzil de Chiapas. Tenía tan solo 35 años al momento de su muerte, era un esposo querido y era padre de siete hijos. Era miembro de Las Abejas de Acteal, organización pacifista creada por comunidades locales en Chiapas que buscaban traer justicia tras la Masacre de Acteal de 1997, en la cual 45 Indígenas Tzotziles, incluyendo mujeres y niños, fueron asesinados por grupos paramilitares de derecha. Simón fue presidente de la junta directiva de Las Abejas durante el 2020, papel que describió en un video producido por Las Abejas. Su muerte viene tras menos de un año después de que, por primera vez, el gobierno de México oficialmente se hizo responsable y se disculpó por la masacre. En una entrevista de noviembre de 2020 con Animal Político, medio de investigación mexicano, Simón compartió sus miedos en torno a la liberación de personas sentenciadas por la masacre de 1997, así como del regreso de estas a la región.
Los amigos de Simón lo recuerdan como una persona reservada y modesta quien estaba constantemente trabajando para empoderar a las comunidades Indígenas, así como para promover y proteger los derechos de estos mismos. Hablaba constantemente sobre el involucramiento del gobierno mexicano en la Masacre de Acteal y sobre la importancia de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconozca dicha masacre. Previo a su muerte, Simón estaba preparando una denuncia formal con el fin de señalar y frenar las extorsiones y amenazas por parte del crimen organizado. Dichos grupos, los cuales tienden a confabularse con el gobierno local, se han apoderado de la región, forzando a miles de familias Indígenas a huir de sus tierras debido a la creciente violencia. Las Abejas de Acteal recuerdan a Simón con el siguiente tributo: "Simón Pedro Pérez López, del ejido Nueva Israelita en el Municipio de Simojovel, a quien le fue arrebatada la vida por buscar activamente la paz frente al clima de violencia generalizada que vivimos en los Altos de Chiapas. Nuestro hermano Simón Pedro representa la tercera generación de defensores de los derechos humanos en su familia y siempre participó en los movimientos para defender a la Madre tierra en contra de los megaproyectos que amenazan a nuestros pueblos, y que han afectado a otros campesinos e indígenas en nuestro país y de otras partes del mundo."
Nicaragua
11 personas (Mayagna + Miskito) incluyendo entre otros, Victor Manuel Matamoros Morales, Armando Suárez Matamoros, Borlan Gutiérrex Empra, Armando Pérez Medina, Albert Jairo Hernández Palacios, Sixto Gutiérrez Empra, Kedelin Jarguín Gutiérrez, Ody James Waldan Salgado.
Deforestación por actividades acgrícolas dentro de la Reserva Bosawas. Por Alam Ramírez Zelaya on Flickr
El 23 de agosto al menos 11 personas, y hasta 15, fueron asesinadas en una masacre dentro del territorio Mayangna Sauni As, en una zona montañosa conocida como el Cerro Kiwakumbai. Las víctimas eran miembros de las comunidades Indígenas de Mayagna y Miskito. Este territorio está dentro de la Reserva de la Biosfera Bosawas, declarada por la UNESCO en 1997, la cual es considerada como la reserva forestal más grande de Centroamérica y la tercera más grande a nivel mundial. Aunque ha sido conocida como una de las reservas con los bosques tropicales y nubosos más intactos de la región, la invasión por colonos no- Indígenas, madereros y ganaderos ha causado un sinfín de conflictos. Esto se presenta como una grave amenaza para la biodiversidad de la región, así como para la integridad territorial, la soberanía alimentaria y los modos de vida de las comunidades.
Los informes varían en cuanto a los detalles de la masacre del 23 de agosto. Los números oficiales de la Policía Nacional identifican solo a nueve víctimas, mientras que otras fuentes indican que hubieron 11 o más. Los atacantes agredieron sexualmente a dos mujeres durante la masacre.
Según fuentes locales, un año previo al incidente, los Indígenas de la región habían recuperado el Cerro Kiwakumbai, un sitio ancestral para la extracción artesanal de oro, de los colonos que lo habían estado ocupando. Durante ese momento, se les hizo llegar varias amenazas de que los colonos regresarían.
La masacre no es un incidente aislado sino más bien forma parte de un patrón de violencia regular relacionado con la apropiación de tierras dentro de territorios Indígenas en el contexto de una lucha de décadas por la autodeterminación Indígena sobre sus tierras. En enero del 2020 se produjo una masacre similar donde al menos seis Mayangnas fueron asesinados.
En el 2001, el Pueblo Mayangna ganó un caso histórico contra el gobierno de Nicaragua en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que tenían derecho, como Pueblo Indígena, a sus tierras colectivas. Esto se conoció como el Caso Awas-Tingni, llamado así por la comunidad que presentó el caso. En diciembre de 2008, el gobierno completó el proceso de demarcación y titulación de la tierra, asegurando así el título Mayangna a un total de 73,394 hectáreas.
Desde entonces, los líderes de la comunidad han denunciado reiteradamente la violencia a manos de los colonos que ingresan a su territorio buscando explotar y apropiarse de los recursos naturales. En marzo de 2021, seis organizaciones participaron en audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el acaparamiento de tierras y los asesinatos que han afectado a las comunidades de Miskito y Mayangna. En diversas ocasiones las autoridades Indígenas han demandado al gobierno argumentando sobre su integridad territorial, haciendo valer sus derechos y logrando expulsar a los invasores que perturban sus formas de vida. La Ley 445, ley sobre el régimen de propiedad comunal de los pueblos Indígenas y comunidades étnicas, requiere que el gobierno de Nicaragua complete el saneamiento, “curación” de la tierra, lo que significa la expulsión de los colonos e industrias de los territorios de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua no ha cumplido con esta obligación.
De acuerdo con documentos proporcionados al sitio de noticias Confidencial, 12 día antes de la masacre, el Gobierno Territorial Indígena de Sauni As emitió una denuncia ante la policía local de Bonanza, la ciudad más cercana, describiendo la situación de emergencia en la que se encontraban tras haber recibido amenazas de dos individuos. Uno de estos individuos, Armando Medina, fue asesinado el día de la masacre. En una carta dirigida a la policía de Bonanza, el Gobierno Territorial describió las amenazas que habían recibido sobre desplazamientos forzados contra las personas que trabajaban en la minería artesanal del Cerro Kiwakumbai. A pesar de ello, la policía fracasó en proteger a los individuos y prevenir la masacre.
En cambio, la policía llegó 48 horas después de que ocurriera la masacre. El informe oficial de la policía reconoce tan sólo a nueve víctimas e identifica a tres individuos, todos Mayangnas de la misma comunidad que fue atacada, como los autores intelectuales y perpetradores del crimen, el cual dicen haber sido motivado por una pelea por la tierra. Entre el 27 y 28 de agosto, la policía hizo redadas en un aproximado de 40 a 50 viviendas Indígenas en Suniwas, Musawas y Alal como parte de su investigación. De acuerdo con el CALPI, Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, la comunidad local ha identificado como responsable de la masacre a una conocida banda criminal llamada Kukalón, liderada por Isabel Meneses, o “Chabelo”. Este es el mismo grupo que fue identificado como responsable de la masacre de enero del 2020.
En un comunicado de prensa, los guardabosques comunitarios del Territorio Mayangna Sauni, declararon lo siguiente: “Nuestro territorio, que forma parte de la Reserva Bosawas, así como sus recursos naturales, son parte de nuestro patrimonio ancestral. Volvemos a hacer un llamado al gobierno de Nicaragua a investigar y tomar las medidas necesarias para asegurar que los autores del crimen sean castigados con el máximo rigor de la ley por la masacre que cometieron. Hacemos un llamado a que se haga justicia y se escuchen nuestras peticiones sobre el cese a la invasión de nuestro territorio. Como Pueblos Indígenas de la Costa Caribeña, queremos vivir en paz, con justicia, salud, bienestar y equidad de género, como se nos garantiza en la Constitución de Nicaragua, en la Ley 445 sobre el régimen de propiedad comunal de los pueblos Indígenas y en la Ley 28, el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa del Caribe. No más asesinatos, no más invasiones, respeten nuestro territorio, respeten nuestras vidas, respeten la ley.”
Perú
Estela Casanto Mauricio (Ashánika)
Foto: Anthony Quispe de Convoca
El cuerpo de Estela Casanto, curandera respetada de la comunidad de Asháninka de Shankivironi, fue encontrado sin vida bajo circunstancias sospechosas el 13 de marzo del 2021 en el departamento amazónico de Junín. Su cuerpo fue hallado por sus familiares en una cueva a 800 metros de su casa. Tenía heridas en la cara. Los familiares de Estela también reportan haber encontrado huellas de botas en el lodo, así como signos de que un cuerpo había sido arrastrado. Sin embargo, de acuerdo con la autopsia realizada por el gobierno, se señala que su muerte fue causada por un atragantamiento con hojas de coca. Su familia discrepa firmemente con esta interpretación y argumenta que era más bien posible que Estela estuviera masticando hoja de coca al momento del ataque ya que esta práctica es sumamente común en la tradición Ashánika.
Durante años, Estela luchó por proteger el territorio de su comunidad en contra de los intereses extractivistas de las mafias locales, quienes quieren explotar los recursos naturales hallados dentro de las tierras ancestrales de las comunidades Indígenas. Antes de su muerte, Estela y otros miembros de la comunidad habían recibido varias amenazas por parte de colonizadores no Indígenas quienes argumentaban que habían comprado sus tierras. Los vecinos de Estela llevaban varios años acosándola y tratando de obligarla a venderles su tierra. La organización Central de Comunidades Nativas de la Selva Central, junto con otras organizaciones locales, exige a las autoridades que lleven a cabo una investigación adecuada para poder llevar a los culpables ante la justicia.
Estela, una de las fundadoras de la comunidad Shankivironi, había dedicado gran parte de su vida a la defensa de sus tierras ancestrales, las cuales yacen dentro de las selvas de la Amazonia Peruana. La explotación forestal, el narcotráfico y la extracción ilegal de minerales son algunos de los problemas que su comunidad ha tenido que enfrentar. Estela nació en 1964 en su tierra ancestral y fue la cuarta de siete hijos. Fue madre de tres niñas y dos niños, y abuela de muchos más. Era bien conocida en su comunidad por su habilidad para curar con plantas, un arte originado de sus conocimientos ancestrales y el cual fue perfeccionado durante las guerras revolucionarias de Perú de la década de los 80s. De igual manera, fungió como partera y como líder de las mujeres Indígenas dentro de su comunidad. Familiares cercanos a ella recuerdan que, días antes de su muerte, Estela habló sobre su sensación de que su tiempo en esta Tierra estaba llegando a su fin. Los líderes de la comunidad siempre recordarán a Estela como una mujer valiente.
La muerte de Estela sigue bajo investigación por parte del gobierno provincial de Chanchamayo, el cual es presidido por el Señor Daniel Coronado, quien reporta que cualquier retraso en las investigaciones se deben a motivos relacionados con la pandemia de COVID- 19 y que no pueden establecer un fecha para poder concluir el caso. Mientras tanto, de acuerdo con Convoca.pe, la familia de Estela reporta que los vecinos de esta misma se han ido de la comunidad y al momento de los comentarios no se les había visto en más de 6 meses.
Mario Marcos López Huanca (Asháninka)
Foto via: RPP Noticias
Mario Marcos López fue el secretario de EcoSira, una organización Indígena compuesta por 69 comunidades Indígenas, la cual fue establecida con el fin de proteger y preservar El Sira, una reserva natural protegida por el Estado que se encuentra en la región central de Perú. Mario era un líder Asháninka que vivía en la comunidad de Shirarin. En la mañana del 28 de junio de 2021, Mario recibió un disparo de arma de fuego mientras caminaba a lo largo del Río Anacayali en el distrito de Puerto Bermúdez. Horas después fue encontrado por miembros de la comunidad quienes lo llevaron a un hospital donde murió dos días después. Tenía 34 años. Las autoridades estatales se encuentran investigando el crimen, el cual, según miembros de la comunidad, fue perpetrado por mafias locales de narcotráfico. Diversos ministerios gubernamentales, junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, han condenado los hechos del ataque.
La reserva de El Sira está protegida en un esfuerzo por preservar la flora y fauna local en beneficio de las comunidades Indígenas locales, cuyas formas de vida dependen de la conservación de dichos bosques. EcoSira hace énfasis en la importancia del conocimiento ancestral de las comunidades Indígenas para poder administrar sustentablemente a los ecosistemas, y también establece que cualquier intención de explotar o extraer recursos naturales de la reserva tiene que ser previamente consultada y autorizada por las autoridades Indígenas locales. El crimen organizado, el narcotráfico y la tala ilegal se han vuelto problemas cada vez más comunes dentro de las delimitaciones territoriales del área protegida. Mario, quien fue secretario de Ecosira desde el 2016, estaba a cargo de reportar dichos problemas e incluso había recibido diversas amenazas como resultado de ello. Quince días antes de su muerte, Mario le había comentado a un colega suyo de EcoSira sobre un reciente enfrentamiento con invasores que querían establecer plantaciones ilegales de coca. EcoSira, de la mano con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, han brindado apoyo a la familia de Mario desde el momento de su muerte.
Lecturas Adicionales:
- In Memoriam: Indigenous Human Rights Defenders Murdered in 2020 in Latin America
- In Memoriam: 28 Indigenous Rights Defenders Murdered in 2019 in Latin America
- Colombian Indigenous Rights Defenders In Memoriam
Agradecimientos
Esta pieza representa varios meses de investigación por parte de varios colaboradores. Además de miembros del personal de Cultural Survival, este trabajo fue investigado y escrito por pasantes de Cultural Survival, incluyendo Mariana Navarrete y Jessica Aros Castro. Algunos casos fueron investigados en asociación con el Laboratorio de Investigaciones de Derechos Humanos de la RCA en la Universidad de California, Santa Cruz. También agradecemos y nos solidarizamos con los miembros de las comunidades de cada individuo mencionado, quienes han ayudado a sacar a la luz estos casos y perseverado en la búsqueda de justicia.
