Por Jonathan González Quiel
Uno de los casos más emblemáticos en Panamá, en las últimas décadas por la defensa del territorio y la autonomía es el caso de las comunidades indígenas Ngäbe del corregimiento de Bagama, que se oponen al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco.
Desde 1980 el gobierno de Panamá, ha tenido interés en los territorios indígenas Ngäbe, para desarrollar proyectos extractivos (mineros e hidroeléctricos) lo que generó reacciones inmediatas para la defensa del territorio, hasta la fecha.
Durante décadas se trato de construir una hidroeléctrica en el río Tabasará, sitio sagrado para pueblo Ngäbe, pero en base a la resistencia de las comunidades se logro detener cada intento del gobierno. No fue hasta el 2007 que el gobierno reactivó el proyecto e inmediatamente el río es concesionado a una empresa hondureña llamada GENISA.
A pesar de los antecedentes y la resistencia de las comunidades la empresa y el gobierno volvieron a cometer ilegalidades con tal de poner en marcha dicho proyecto. Las comunidades adoptaron diferentes formas y frentes de lucha entre ellos mediaciones a través del PNUD para Panamá, movilizaciones, debates, campamentos y acciones legales.
De todas las acciones emprendidas por las comunidades la que mayor impacto tuvo fue la Mesa de Diálogo de Alto Nivel, instalada en febrero del 2015, donde participó el gobierno (7 ministros del Consejo de Gabinete y el Presidente), la Comisión indígena (movimientos, autoridades locales, diputados y representantes), la comisión técnica Indígena (científicos, abogados y técnicos) y la empresa GENISA. Dicho dialogo contó con la facilitación del comisionado Martín Santiago del PNUD Panamá.
El establecimiento de esa Mesa de Diálogo, fue posible ante la presión permanente de las comunidades y una serie de acumulaciones que le dejo muy claro al gobierno que el principal problema de Panamá, a resolver era conflicto con la hidroeléctrica sobre el río Tabasará.
El diálogo se extendió por más de 4 meses y generó sinsabores por la falta de compromiso del gobierno panameño, lo que provocó una ruptura del diálogo y finalmente se dieron hechos lamentables el 25 de julio de 2015, donde más de una docena de persona fueron detenidas por la policía, estando presente personal de las Naciones Unidas.
En agosto del 2015 el gobierno instala una mesa de negociación sin la presencia de las comunidades afectadas ni mucho menos con los movimientos que representaban a los afectados. Este nuevo proceso también fue acompañado por el PUND, a pesar de que las comunidades estaban en desacuerdo con una negociación.
Un año más tarde en agosto del 2016, se firma el acuerdo entre el presidente de la república de Panamá y los dirigentes indígenas desvinculados de las comunidades afectadas, lo que generó una fuerte reacción desatando fuertes enfrentamientos entre los afectados y las fuerzas policiales.
A pesar de que el proyecto estaba terminado al punto de iniciar la generación eléctrica y todos los fallos de la corte ya resueltos a favor de la empresa GENISA, la comunidad jamás desistió en búsqueda de la justicia. Emprendieron dos caminos difíciles, pero no imposibles entre ellos presentaron una acción legal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el 2017 y paralelo presentaron una queja ante la oficina del mecanismo de Cumplimientos Ambientales y Sociales de las Naciones Unidas (SECU).
La última acción solo se puede activar o presentar en los casos donde el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), este ejecutando proyectos que hayan cometido indicios de violaciones a normas ambientales y sociales o en el procedimiento de diagnóstico planteados por actores afectados.
El PNUD de Panamá en el marco del conflicto del Proyecto Hidroeléctrico de Barro Blanco, ejecutó proyectos con fondos del Gobierno de Panamá, por lo que estaba obligado a cumplir con ciertos mecanismos establecidos por el PNUD, con tal de salvaguardar los derechos humanos de los pueblos indígenas involucradas en el conflicto.
Durante la participación de la PNUD en la mesa de diálogo 2015 y 2016 la comunidades indígenas no quedaron satisfechas con los procesos de mediación y facilitación de las Naciones Unidas y el PNUD, por lo que decidieron activar el mecanismo SECU, argumentando que el representante de la PNUD Martín Santiago, no había sido imparcial durante el proceso de dialogo y que durante 2016 el PNUD continuaban participando de una negociación a puertas cerradas donde las comunidades no estaban siendo representadas.
El mecanismo SECU, admitió el proceso en septiembre de 2017 y abrió una investigación para determinar si la sede del PNUD Panamá, había violado los derechos humanos de las comunidades. El proceso demoró un año y la mayoría de los actores fueron consultados mediante entrevistas presenciales In Loco y también con intercambios a través de la vía electrónica.
Lo más interesante del caso Barro Blanco, es que es uno de los primeros en América Latina, en ser revisado a través de este mecanismo y es importante tener en cuenta que la oficina de seguimientos SECU, entró en vigor el primero de enero del 2015.
En el mes de septiembre se publica el informe final de la tercera fase del seguimiento y dentro de los principales hallazgos resulto que el PNUD no cumplió con los requerimientos del PNUD de diagnosticar proyectos y programas, incluido el requerimiento para aplicar el Procedimiento de Diagnóstico Ambiental y a proyectos aprobados en 2014, y el requerimiento para aplicar el Procedimiento de Diagnóstico Social y Ambiental a proyectos y programas aprobados en 2015.
Este tipo de examen de cumplimiento, (SECU) debe de identificar las fallas para luego recomendar medidas específicas que pueda ayudar a corregir el incumplimiento y mitigar los daños a los afectados. Pero en las recomendaciones del informe final no sugiere que hacer para reparar los daños de las comunidades en el río Tabasará y básicamente se enfocan en recomendar para futuros proyectos que ejecute en la PNUD.
También es importante entender que este mecanismo no necesariamente es vinculante para acceder a la justicia inmediata, pero si puede asegurar que las personas o pueblos indígenas afectados por los proyectos, puedan tener acceso a procedimientos adecuados de reparación de agravios, con el fin de atender y solucionar los reclamos y disputas relacionados con los proyectos.
Hasta la fecha las comunidades perdieron sus principales medios de vida (sitios ceremoniales, cultivos, terrenos, vías de acceso y un ambiente sano) y aún no han sido reparado sus daños bajo ningún concepto. A pesar de las adversidades las comunidades insisten en encontrar la justicia y que la hidroeléctrica sea cancelada para poder recuperar la integridad de su territorio y sus cosmovisiones.
--Jonathan González Quiel es Licenciado en Geografía e Historia. Jonathan González Quiel participó activamente en la mesa de diálogo de Barro Blanco el 2015, como miembro de la Comisión Técnica Indígena en representación y acompañamiento de los afectados.
