Por César Gómez (Maya Pocomam, personal de CS)
En octubre de 2021, miembros de la comunidad Indígena Q'eqchi’ en el municipio de El Estor, Izabal, se manifestaron pacíficamente por más de 20 días en la entrada al Estor para evitar las actividades en curso de la mina de níquel Fénix. Los afectados demandaban el cumplimeinto de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (697-2020) debido a que el Ministerio de Energía y Minas, había autorizado la explotación minera sin haber desarrollado el proceso de la consulta previa e informada a las comunidades afectadas por la extracción minera Fénix en los municipios de San Antonio Senahú, Santa María Cahabón, Panzós de Alta Verapaz y El Estor en Izabal, además de la no suspensión de los trabajos de la empresa minera como lo señala la Corte de Constitucionalidad.
Bajo este contexto, el Ministerio de Energía y Minas está violando varios derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales están establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución Política de la República de Guatemala.
En respuesta a las demandas lideradas por autoridades tradicionales Q’eqchi’ del Consejo Ancestral, antimotines de la Policía Nacional civil reprimieron a la comunidad el 22 de octubre de 2021. Dos días después el presidente de la república Alejandro Giammattei, impuso Estado de Sitio por 30 días, suspendiendo los derechos civiles, incluyendo la libertad de expresión y acción, la libertad de movimiento, el derecho de reunión y manifestación y el porte de armas. Esto permitió la detención legal sin orden judicial y los interrogatorios de detenidos y presos.
Cuatro años atrás, en el 2018, las comunidades de El Estor presentaron una acción constitucional de amparo ante la Corte Suprema de Justicia reclamando el otorgamiento de licencia Extracción Minera Fénix, en vulneración al derecho de la consulta hacia los Pueblos Indígenas de los municipios de Senahú, Cahabón, Panzós y el Estor. La Corte Suprema resolvió en el 2019 a favor de las comunidades, enfatizando que la mina debía parar operaciones hasta consultar con las comunidades indígenas. Al no quedar clara la resolución no se pudo desarrollar una consulta previa e informada, por lo que las comunidades solicitaron a la Corte de Constitucionalidad una ampliación y el procedimiento adecuado para dicha consulta.
Ese mismo año, la Corte de Constitucionalidad ratificó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (expediente 697-2019), ordenando que se suspendiera la licencia minera y que también se desarrollará la consulta a los Pueblos Indígenas Q’eqchi’ en los siguientes municipios: Senahú, Cahabón y Panzós del departamento de Alta Verapaz y el Municipio de El Estor, departamento de Izabal, como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) asignando al MInisterio de Energía y Minas la responsabilidad de cumplir con lo resuelto, enumerando a la vez las organizaciones, pueblos e instituciones del Estado que participaran en el proceso, dándole un plazo de 18 meses para que desarrolle la pre-consulta y consulta. En el documento, resalta, que los miembros de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural no pueden ser reconocidos como legítimos representantes de los Pueblos Indígenas en procesos de consulta, porque forman parte de la organización del Estado y no se trata de una institución propia de los Pueblos Indígenas. A pesar de este fallo la mina continúa operando hasta la fecha.
La mina propiedad de la empresa suiza Solway Group es operada por la filial guatemalteca Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN)
De acuerdo a páginas oficiales del Ministerio de Energía y Minas se indica que se han iniciado procesos informativos para la consulta con comunidades afectadas desde junio de 2021. Cuando las las autoridades ancestrales se dieron cuenta que el proceso estaba avanzando y que ellas no están siendo incluídas, se organizaron para dar un mensaje al gobierno guatemalteco solicitando que se respete la autodeterminación de los Pueblos Q'eqchi' para elegir sus propias autoridades legítimas nombradas en asamblea general para representar en proceso de pre consultas y consultas.
El Ministerio de Energía y Minas contraviniendo lo dictaminado por la Corte y no escuchando el comunicado del Consejo Ancestral de los Pueblos Q’eqchi’ continuó con el plan unilateral de “consulta” manipulada con simpatizantes de la minería, excluyendo a los representantes legítimos y autoridades ancestrales de las comunidades afectadas.
La consulta falsa se realiza únicamente con el Consejo de Comunidades Indígenas Maya Q’eqchi de reciente conformación que no representan a los pueblos Q’eqchi’ y están a favor de los intereses de la compañía minera. Esta nueva organización presentó un escrito de Amicus Curiae a favor del proyecto minero Fénix. Recientemente, en respuesta a una queja que realizan las autoridades en representación del Pueblo Q’eqchi’, la Corte Constitucional de Guatemala ratificó su fallo anterior (expediente 887-2022) acerca de que la mina de níquel Fénix está operando ilegalmente.
Criminalización de defensores comunitarios
Según el medio guatemalteco de noticias Prensa Libre, desde el Estado de Sitio, los periodistas, activistas y organizaciones locales han sido hostigados y sus casas han sido allanadas por militares. Muchos de los atacados hablan abiertamente en contra de la mina Fénix, incluyendo a los periodistas independientes que han cubierto la oposición a la mina.
La Defensoría Q'eqchi’ se ha sumado en una demanda contra la mina ante los tribunales internacionales. La estación de radio comunitaria Radio Xyaab' Tzultaq’a, socia de subvención de Cultural Survival que ha brindado cobertura mediática detallada de las protestas pacíficas, fue allanada con anterioridad durante un Estado de Sitio similar promulgado hace dos años. El director de dicha radio mencionó: “Tememos que el hostigamiento continúe por nuestro trabajo de incidencia con las comunidades que luchan por la protección de sus territorios y por las demandas que han hecho para cerrar definitivamente la empresa minera”.
El 14 de enero de 2022 el Juez Aníbal Arteaga López del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Izabal ordenó la inmediata aprehensión de 12 personas entre las cuales se encuentran Cristóbal Pop y Julio Anselmo Toc, presidente y vicepresidente de la Asociación de Pescadores del Estor, Raúl Tacaj Cofundador y presidente de la Asociación Estoreña para el Desarrollo AEPDI y Ernesto Choc, periodista de Prensa Comunitaria.
De acuerdo a información facilitada por personas del lugar y quienes pidieron el anonimato, la empresa minera está detrás de estas órdenes de captura y pagó a la policía y al ejército de Guatemala para que denunciarán ante el Ministerio Público de Morales, Izabal a varios líderes de las comunidades, con la supuesta excusa de que estaban cometiendo el delito de instigación para que se ordenaran sus capturas. Pop afirma:
“Es bastante difícil la situación en que nosotros nos encontramos-estamos viendo (...) El gobernador ha acaparado todas las instituciones que trabajan por la justicia. Nuevamente la resistencia de octubre 2021 aparece con orden de captura (...) hay órdenes de captura en contra de mi persona y otros miembros de la Junta Directiva solo por enfrentar y decirle la verdad al señor gobernador departamental que la minera está trabajando ilegalmente. Esta persecución ha perjudicado mucho mi vida económica, familiar y la salud. Uno no tiene libertad de trabajar y acuérdese que nosotros somos padres de familia, tenemos hijos, tienen que estudiar, tengo cuatro hijos, me siento responsable…tres de ellos ya no estudiaron porque no tengo libertad de trabajar y también me siento culpable, desde que me junte con mi esposa, ella nunca se dedicó a trabajar, hoy lo está haciendo por la misma necesidad, además del temor de ser capturado o asesinado.”
Pop agrega que las autoridades de justicia del Estado de Guatemala protegen los intereses de los los dueños de la compañía en lugar de defender a la población que necesita ser protegida: “No hay garantías, no hay confiabilidad; en 2017 se presentó una denuncia ante la fiscalía de medio ambiente sobre la contaminación y lo que estaba realizando la empresa, la cual no procedió”. Asimismo, indicó: “Cuando intentaron secuestrarme en el 2018 se puso la denuncia en el Ministerio Público y no se hizo nada”.
Por su parte, Raúl Tacaj, Maya Q'eqchi', cofundador y presidente de la Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral AEPDI, manifestó: “Estaba trabajando y andaba aquí en el pueblo sin pensar que había una orden de captura en contra de mí… cuando me enteré, ya había mucha vigilancia de la oficina y dónde está mi casa. Hablé con un abogado, quien me informó que supuestos policías habían sido violentados durante los desalojos de octubre de 2012, y que me acusaban del delito de instigación a delinquir.
En una entrevista para Cultural Survival, Tacaj aclaró que él no estaba en el Estor cuando sucedieron los hechos y decidió presentarse ante el juzgado el 6 de abril del 2022 para demostrar su inocencia. El Juez Edgar Arteaga de Puerto Barrios dejó sin efecto la orden y otorgó medidas sustitutivas, con la obligación de presentarse mensualmente al Juzgado a firmar el libro de asistencia en los siguientes cuatro meses. Dichas medidas sustitutivas tienen de igual manera un impacto en la vida de Tacaj. Sus compañeros señalan que él ha sido afectado psicológica y físicamente por la criminalización.
“Me ha afectado los nervios, como yo ya tengo derrame parcial del rostro eso me ha afectado y siento que tiembla mi labio y como también me dió Covid-19, también me ha debilitado bastante” confirmó Raul Tacaj.
Más de 70 años de violencia e impactos por la minera
La mina Fénix es la única mina de metal activa de Guatemala que extrae 120.000 toneladas de níquel por mes, lo que la convierte en la más grande de Centroamérica. Está ubicadaa orillas del lago Izabal, el lago más grande de Guatemala y es un recurso de agua dulce crucial para las comunidades Maya Q’eqchi’, quienes son la población mayoritaria de este municipio. Desde 1960, la mina ha estado sumida en un conflicto violento desde su instalación sin el consentimiento de la población. De 2005 a 2011, la mina fue operada por la empresa canadiense Hudbay Minerals/Skye Resources y en el 2014 fue vendida al Grupo Solway. Durante este tiempo, los miembros de la comunidad Q'eqchi’ fueron desalojados violentamente de sus hogares.
En los últimos años la demanda mundial de níquel se ha disparado junto con el crecimiento exponencial del sector de vehículos eléctricos a medida que los gobiernos se apresuran a cumplir los objetivos de emisiones 0 para el año 2030. El níquel es un material clave en la producción de baterías que se utilizan para alimentar vehículos eléctricos e híbridos.
Cristóbal Pop Cuc, líder Q’eqch’i de la Gremial de Pescadores del Estor, fue detenido luego de que miembros de las comunidades del Estor y Panzós desarrollaran una conferencia de prensa el 13 de junio de 2022 en la ciudad de Guatemala, en la que denunciaron la contaminación provocada por la Minería, la violación de sus derechos colectivos y la demanda en contra del Estado de Guatemala que recién presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.El hecho ocurrió ayer a eso de las 13 horas en el kilómetro 6.5 de la carretera alatlántico, cuando los líderes comunitarios se disponían a regresar a sus municipios.
El abogado Rafael Maldonado opina, que la detención de Pop, “es un mero proceso de criminalización,” por su condición de defensor de los derechos humanos. “Llama la atención que la orden fue girada por el Juez Anibal Aretega” del municipio de puerto barrios Izabal, “quien en los documentos filtrados publicados por prensa comunitaria y otros medios a nivel internacional se menciona que el juez ha recibido regalos en forma reiterada de la empresa minera CGN que opera en el Estor.”
Pop ha sido objeto de amenazas y medidas de control a tal punto que su casa ha sido vigilada con drones, asimismo en su residencia pasan vehículos y motocicletas sin placas, señala Abelino Chub. Según información facilitada por la abogada Wendy López, del bufete de Pueblos Indígenas, Pop Coc, se encuentra en la carceleta de la torre de tribunales. López ha sidonotificada que Pop será trasladado al preventivo de la Zona 18, de la ciudad de Guatemala. “Ante la detención de Cristóbal Pop, La gremial de pescadores ha manifestado su preocupación por el estado de su salud que seguramente agudizará al momento de estar detenido,” afirmó Olga Ché Ponce.
