Photo: Human rights defenders from the Santa Eulalia & Santa Cruz Barillias areas of Huehuetenango, Guatemala gather together while celebrating the acquittal of Baltazar and 5 other rights defenders on July 31st, 2018. Each person in the photo had been previously charged for crimes that of which they were later found innocent. By Lisa Maya Knauer.
Alfredo Baltazar, un líder de la comunidad Q'anjob'al Maya de Santa Eulalia, Huehuetenango, ha sido absuelto de todos los cargos legales en su contra, luego de ser enfrentado a una serie de cargos criminales, lanzados por el estado de Guatemala en su contra. Esta decisión se produce en medio de la continua criminalización de los defensores de los derechos indígenas, los defensores de los derechos humanos y los defensores del medio ambiente.
Alfredo Baltazar, miembro de la organización de base conocida como Movimiento Social de Santa Eulalia, ha abogado por su comunidad en todo el mundo, llamando la atención sobre la violencia, el daño ambiental y el desplazamiento causado por proyectos de energía y extracción que tienen lugar en el territorio indígena guatemalteco.
En el Foro de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas en mayo del 2013, presentó él un reporte sobre la represión de la protesta pacífica en Huehuetenango. Alfredo Baltazar, en el 2014, se reunió con miembros de la sociedad civil y responsables políticos, pidiendo "una estrategia de desarrollo local más en sintonía con las necesidades de las comunidades locales en Guatemala y el mundo natural". También en el 2014, Baltazar fue uno de los líderes comunitarios que se reunió con el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, para discutir los proyectos de extracción y energía que se llevaban a cabo en el territorio indígena.
Alfredo Baltazar expresa la profunda conexión de su comunidad con la tierra en el documental 'Territorio Q'anjob'al, vientre acosado':
"Nos han enseñado que la Madre Tierra es nuestra madre, y que tiene venas, que tiene un útero ... tal como nosotros nos sentimos, ella también se siente. Cuando la destruyen, es como si estuvieran destruyendo a nuestra propia madre biológica ".
Según la antropóloga Lisa Maya Knauer, otros cinco defensores de derechos humanos fueron juzgados junto con Baltazar, acusados falsamente de crímenes relacionados, principalmente, con la resistencia a los proyectos hidroeléctricos en Barillas. A ello se unen los arrestos injustificados de líderes comunitarios del Pueblo Ixquisis (pronunciado Eesh-ke-ve) en el municipio de San Mateo Ixtatan…”Su juicio fue pospuesto durante meses. Finalmente, las audiencias se llevaron a cabo el 31 de julio. En cada una de ellas, “el fiscal pidió al juez que anulara las órdenes de arresto, ya que dicha representación no encontró pruebas suficientes como para acreditar la mayoría de los presuntos actos”.
Las denuncias contra Alfredo Baltazar fueron examinadas por Amnistía Internacional, y acusó que las mismas estuvieran “basadas en testimonios que solo confirman la presencia de estos defensores en derechos humanos en protestas, y en condición de líderes comunitarios, “y por lo tanto”, la evidencia se consideró insuficiente para fundamentar los cargos en su contra. Los jueces del caso expresaron su preocupación de que los cargos estuviesen fundamentados “en información incorrecta o en conductas que no constituyen un delito, y reiteraron, además, la vigencia de “todos los derechos de los individuos a manifestarse pacíficamente, reunirse y asociarse". La sentencia también proporcionó la pauta para entender que “los cargos no pueden dirigirse en contra de individuos, basándose únicamente en su participación en una manifestación o a su pertenencia a una organización ".
Este caso destaca la crisis de criminalización que enfrentan los defensores de los derechos humanos en Guatemala. La Unidad para la Protección Para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, conocida por sus siglas en español como UDEFEGUA, informó que en el 2017, se reportaron 166 casos de criminalización en contra de defensores de derechos humanos, y que desde del 1 de enero al 8 de junio de 2018, ocurrieron 76 casos similares.
Estos casos son especialmente frecuentes en el estado de Huehuetenango, fronterizo con México, con 105 de los 493 actos de agresión contra defensores de los derechos humanos que se dieron en 2017 en dicho lugar, destacándose la vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas. En todo el año 2014, Global Witness documentó ocho veces más el número de defensores de derechos humanos y ambientales indígenas asesinados por su trabajo en comparación a sus pares defensores no indígenas.
El asesinato, en 2013, del buen amigo Alfredo Baltazar y del compañero activista de Q'anjobal, Daniel Pedro Mateo, demuestra la amenaza inmediata que estos proyectos de desarrollo tienen para las Comunidades Indígenas. Pedro Mateo fundó una estación de radio comunitaria y fue "un líder en la resistencia de la comunidad a la minería y las actividades hidroeléctricas en Huehuetenango". Trabajó él para oponerse a los proyectos hidroeléctricos, mineros y madereros en el área y muchos en la comunidad creen que fue blanco en razón de su activismo ambiental.
Los cargos contra Alfredo Baltazar y el asesinato de Pedro Mateo son parte de una ola de violencia y criminalización, derivada de los intereses de las compañías hidroeléctricas en la región, incluyendo Hidro Santa Cruz e Hidro San Luis.
El gobierno de Guatemala a menudo prioriza los intereses de estas empresas sobre los de la comunidad local, lo que lleva a la criminalización de su gente y a la protección de las propiedades empresariales. A medida que se criminaliza el activismo de base, los grupos indígenas han tenido éxito trabajando para terminar el financiamiento internacional de estos proyectos a través de llamamientos a la comunidad internacional.
En Huehuetenango, han habido algunos éxitos, buenos para el activismo de base, en contra de la criminalización. En 2016, siete líderes comunitarios indígenas fueron liberados de prisión, cinco de los cuales fueron absueltos de todos los cargos. Dos de estos líderes, Rigoberto Juárez y Alfredo Baltazar, fueron arrestados sin orden judicial o sin cargos, mientras trataban de interponer denuncias de violaciones a los derechos humanos ante el Ministerio Público y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Si bien la liberación de ambos proporciona algo de justicia, el daño infligido por dos años de encarcelamiento, separación de sus familias, y la incapacidad para proveerles de sustento y el extrañamiento de ellos de sus comunidades, en un momento crucial de organización social, no se abordó en el fallo. Ciertamente, y en justicia, estos líderes merecen, tanto como sus comunidades, ser resarcidos por lo sufrido.
Si bien la absolución de Alfredo Baltazar es una victoria, el sistema de justicia penal guatemalteco y el gobierno deben reconocer y abordar el daño económico, social y emocional que causaron estas falsas acusaciones en contra de él y de otros miembros de su comunidad Indígena.
