Por Cesar Armando Bol Chocooj
Tal y como muchos lo temían, la organización mundial de la salud caracterizó oficialmente al CORONAVIRUS COVID-19 como una pandemia. Las noticias anunciaron que apareció por primera vez en la provincia de Hubei, en la capital de Wuhan de la República popular de China, en una población aproximada de once millones de personas. En Europa, hay cientos de miles de casos, y los más afectados son España e Italia. El continente americano no es la excepción, los Estados Unidos encabezan la estadística con el mayor número de contagiados, seguidos de Brasil y Perú.
Mientras tanto, en Guatemala a través de diversas conferencias de prensa, el presidente de la República de Guatemala Alejandro Giammattei informa constantemente sobre el avance de los casos positivos del virus COVID-19 en el país. Las acciones como gobierno para aliviar la crisis priorizan la economía del empresariado y ponen en segundo plano la salud de los guatemaltecos. Un préstamo a los organismos internacionales de cuatrocientos cincuenta millones de dólares, fue aprobado de urgencia por el Congreso de la República. Muy poco de ese dinero fue destinado hacia la salud. Además de eso, no hay planes específicos contra la emergencia para beneficiar a los más vulnerables, entre ellos los Pueblos Indígenas.
Recientemente, el presidente de la República no vetó la propuesta de ley 15 -2020 aprobada por el Congreso, la cual tomaba medidas para aplazar el pago de los servicios de agua, luz, teléfono, internet que utiliza la población. Sus argumentos se basaron en que varios de los artículos del decreto presentaban inconstitucionalidades. Según el presidente, una contrapropuesta mejorada trabajada con el consejo de Ministros, mejoraría el decreto, pero ahora el contenido de fondo es el mismo, con una diferencia: se trasladan cuarenta y cinco millones de quetzales a la Empresa Municipal de Agua EMPAGUA de la ciudad de Guatemala.
Hace algunas semanas, el presidente ofreció un bono de Q.1000 y bolsas de alimentos para los más necesitados, pero hasta el momento las comunidades Indígenas no han visto esa ayuda. Desde el inicio de la cuarentena (17 de marzo) a la fecha, ya no hay comida en muchas casas. Varias familias salieron a las calles portando banderas blancas en señal de auxilio porque necesitan comida, medicina y apoyo para suplir otras necesidades básicas. El colmo de esto, es que el mismo presidente, negó la legitimidad de esta solicitud de ayuda, llamando “acarreados” a quienes mostraron la bandera.
Muy distinto es el caso del sector empresarial, que parece ser una de las clases privilegiadas durante esta crisis. Durante un lapso de tres meses, se suspendió el pago de la responsabilidad patronal a los derechos del trabajador, siendo estas: pago del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, Instituto Recreativo del Trabajador IRTRA y del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP. Las acciones de gobierno sobre la prevención de la pandemia ocurrieron así: se declaró Estado de Calamidad en territorio guatemalteco, un toque de queda desde las cuatro de la tarde hasta las cuatro de la mañana (y ahora de las seis de la tarde a las cuatro de la mañana), además de mercados cantonales trabajando parcialmente y suspensión de transporte público.
Frente a estas medidas, los Pueblos Indígenas están siendo gravemente afectados; la mayoría de la producción se quedó en la comunidad por la falta del transporte y lo que se puede trasladar no siempre se logra vender por el tiempo limitado de venta. En algunos casos las autoridades municipales trasladaron los puntos de venta a lugares lejanos y de manera improvisada y por esta razón se tuvo muy poca presencia de compradores. Ahora viene lo peor, porque quienes han realizado préstamos para capital de trabajo han hipotecado sus casas o terrenos, y ahora corren con el riesgo de atrasarse con los pagos al banco.
Dentro del Estado de calamidad el sector industrial empresarial sigue realizando sus operaciones con un permiso especial extendida por el Ministerio de Economía. El formato de solicitud está diseñado para este sector, y no tiene nada que ver para el pequeño empresario, que ha sido afectado grandemente por las medidas. Así mismo, el Congreso de la República -además de aprobar la ampliación del estado de calamidad, el toque de queda y los préstamos- incluyeron un salvoconducto para su movilización, en donde no tendrán restricción para circular con el argumento de realizar trabajo de fiscalización, sin ninguna prohibición.
Estas acciones son aplaudidas y halagadas por una minoría, (algunos de ellos pertenecen al sector que tiene asegurado su salario con el Estado, otros son allegados del Gobierno y otros por supuesto, pertenecen a la oligarquía guatemalteca). Mientras, la gran mayoría de la población que vive a través de la economía informal ha recibido un duro golpe, tienen que trabajar a diario y de alguna forma para poder llevar el alimento a su familia, pagar alquiler, alimentación, y servicios como energía eléctrica, agua, teléfono y otros gastos más. Muchos no pueden trasladarse fácilmente de su vivienda a sus puntos de trabajo. Un gran número de empresarios obligaron a sus trabajadores a no ausentarse en sus labores, otros trabajadores fueron despedidos por no poder llegar a sus sitios de trabajo y a otros, se les dijo que no se les podía pagar más.
El Ministerio de Trabajo ha realizado un trabajo ineficiente, han promovido que se hagan denuncias laborales, pero nunca responden en los números de teléfono brindados. En las comunidades Indígenas, por la falta de oportunidades, muchas personas han migrado del campo a la ciudad, principalmente en la capital; al no tener preparación académica una gran mayoría no tiene acceso al mercado laboral formal, de manera que no se tiene otra alternativa más que trabajar en tortillerías, tiendas, lustrando zapatos, vendiendo comida o artículos pequeños, trabajando en labores domésticas, vendiendo billetes de lotería, o en los peores casos, atendiendo cantinas o involucrándose en la prostitución.
El gobierno abre los espacios de participación únicamente al sector con mayores recursos económicos, halaga los donativos de quienes controlan grandes empresas, y (aunque todo apoyo debe ser valorado), la historia ha sido testigo de que por parte de este sector no existe regalo dado sin esperar algo a cambio. Invisibles y excluidos, los Pueblos Indígenas han sido rechazados a pesar de ser la gran mayoría de población en Guatemala. Ellos no podrán aportar económicamente, pero cuentan con una gran sabiduría y conocen la realidad de sus comunidades. Sus saberes ancestrales (como el manejo de la medicina tradicional, experiencia de los ancianos, conocimiento de las comadronas, técnicas de agricultura de acuerdo a las fases de la luna, y formas propias de organización), podrían jugar un papel determinante en la prevención del Covid-19 dentro de sus territorios. Basados en sus propios valores y comunicándose en sus idiomas originarios, se podría haber contribuido en la prevención de esta pandemia, pero esto no es prioridad del gobierno. Desde allí, desde lo rural, se pudo haber partido para la construcción de propuestas viables.
Los préstamos millonarios para atender la crisis no están destinados a atender a las comunidades Indígenas. Una de las únicas acciones realizadas a favor de los Pueblos Mayas fue ordenar a la Academia de Lenguas Mayas la traducción de algunos materiales informativos sobre el coronavirus en los idiomas Indígenas del país, y difundirlos en algunos medios de comunicación, pero sobre todo en redes sociales. Son muy pocos materiales, a pesar de que existen comunidades con total población Maya hablante. Muchas de estas comunidades no cuentan con internet y televisión, apenas tienen energía eléctrica, y otras carecen de ella. Las personas deben caminar largas caminos por varias horas para llegar al centro de sus pueblos y la única forma de estar informado, es por medio de estaciones comunitarias que se escuchan desde radios que a veces, funcionan sólo con baterías. Irónicamente, siendo la única vía de comunicación, estas radios, han sido perseguidas y criminalizadas por los distintos gobiernos de turno durante muchos años.
La brecha de comunicación, no es el único problema. Muchas comunidades Indígenas han sido despojadas de sus tierras ancestrales, que históricamente les habían pertenecido, y por esa razón no tienen áreas para sembrar sus propios cultivos. Por ello, no cuentan con suficientes alimentos y tienen que salir a vender su fuerza de trabajo como jornaleros en las fincas de mono cultivos. Otros, migran (como se dijo anteriormente a la ciudad) o al exterior, generalmente a Estados Unidos. A pesar de la situación; este país sigue enviando a Guatemala aviones con deportados; un alto porcentaje de ellos pertenece a comunidades del área rural y desafortunadamente, muchos han venido infectados con el virus. Los han instalado en albergues, y el gobierno afirma que se está encargando de trasladarlos a sus comunidades. Los Pueblos Indígenas corren peligro de que la pandemia sea incontrolable en sus comunidades cuando los deportados vuelvan, porque los servicios de salud son tan básicos, o ni siquiera se cuenta con ellos.
Es tan evidente que las acciones del gobierno no son integrales y responden a sus propios intereses y a aquellos que tradicionalmente financian sus campañas políticas. Ojalá que el préstamo millonario sea utilizado como corresponde, sería tan letal escuchar más adelante que desde el Gobierno se cometieron actos de corrupción con esos fondos, y que al final, el pueblo tenga que pagar las irresponsabilidades de estos funcionarios, no sólo con sus impuestos sino con su propia salud, con su propia vida.
--Cesar Armando Bol Chocooj es Maya Q’eqchi’ de Cobán, Alta Verapaz. Estudia Administración Educativa y la carrera de Pedagogía. Sus abuelos y padres fueron una generación de mozos colonos para terratenientes alemanes. Es líder organizador por la defensa de la tierra y ha formado parte del consejo nacional de CONIC y delegado en espacios de participación de la VÍA CAMPESINA.
Foto: Chisec, Alta Verapaz, por Nelson Cetino.
