Fotos por Vera Narvaez-Lanuza
Escrito por Madeline McGill
Mucha gente se acuerda de la controversia del Canal de Panamá, un canal de 77.1 kilómetros que ataja el istmo de Panamá. El proyecto fue manchado por décadas de debate, las muertes de miles de trabajadores, un golpe de estado respaldado por los EEUU, y años de revueltas violentas de los panameños antes de que se terminara de construir. Ahora, un proyecto similar está a punto de realizarse que excedería el alcance del Canal de Panamá, en ambos su tamaño y su profundidad. En junio del 2013, oficiales nicaragüenses aprobaron un acuerdo de $50 mil millones con una empresa de Hong Kong para supervisar la construcción de un canal de 278 kilómetros. El proyecto de la Empresa de Inversiones para el Desarrollo del Gran Canal de Nicaragua de Hong Kong (HKND) pretendería enlazar el Pacífico al Caribeño, lo que permitiría el paso de grandes barcos cargueros que son demasiado grandes para pasar a través del Canal de Panamá.
La construcción del canal promete abusos ambientales y violaciones de derechos humanos, como la ruta propuesta ataja varios territorios Indígenas en las costas e interior de Nicaragua. Se espera que miles de personas se vean afectadas, muchas siendo despojadas a la fuerza, incluso los pueblos Kriol y los Indígenas Rama, en una violación clara de las leyes de autonomía Indígena nicaragüenses y documentos internacionales de derechos humanos. El área en cuestión no es nada pequeña; el 52% de la ruta propuesta pasa por tierras tradicionales de los Indígenas Rama y las comunidades cercanas Kriol. Las tierras a lo largo de la ruta del canal son profundamente importantes a los sustentos de Pueblos Indígenas en la región, incluso los bosques, la biodiversidad, y los sistemas del agua. Muchos temen de que la construcción del canal de HKND severamente afecte las formas de vida de las comunidades.
El gobierno de Nicaragua no ha consultado correctamente a las comunidades Indígenas sobre la construcción del canal. Oficiales Rama y Kriol han demandado que se respete su derecho al consentimiento libre, previo, e informado, pero el gobierno ha negado a involucrar a líderes Indígenas en cada etapa del proceso. Muchos miembros de las comunidades Indígenas temen que sus opciones sean limitadas. “Estamos luchando contra un gran monstruo,” dijo Carlos Wilson Bills, el presidente del Bangkukuk, en un documental producido por el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI). “Siento que ese gran monstruo no puede simplemente venir y sacarnos de aquí. Nosotros tenemos la última palabras sobre esta cuestión del canal, porque si decimos que lo queremos, pueden venir. Pero si decimos que no lo queremos, no puede venir, porque la tierra pertenece al pueblo indio. Y nosotros tenemos la última palabra.”
La Constitución de Nicaragua de 1987 reconoce las culturas Indígenas que viven en la tierra y su derecho a mantener sus idiomas y culturas. Dos leyes adicionales, 28 y 445, conceden autonomía y “uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y sus recursos naturales” a Pueblos Indígenas. Además, en 2008, Nicaragua firmó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en 2010 ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, el que es un documento jurídicamente vinculante que garantiza consulta previa antes de proyectos como el canal. Al no consultar a la población Indígena, el gobierno ha omitido respetar sus derechos a la autonomía y el consentimiento libre, previo, e informado. En junio del 2013, la Ley 840 se aprobó, promoviendo los intereses del gobierno por acomodar la construcción del canal y dando la empresa el derecho de expropiar tierra y recursos naturales. “Los que de repente se encuentran sin tierra serán reembolsados por sus tierras ancestrales, según la evaluación del valor de la tierra para el propósito de los impuestos, a partir de junio del 2013,” dijo Axel Meyer, el presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua, en una entrevista con National Geographic. “Estos individuos pueden registrar una denuncia sobre la cantidad de compensación que se les ofrece, pero no pueden registrar denuncias sobre la tierra que se les expropia.”
Para muchos Pueblos Indígenas, esta ley puede que fuera una sentencia de muerte para sus culturas, idiomas, y tierras tradicionales. En un discurso dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya base está en Washington, DC, lideresa y abogada Rama Becky McCray expresó el daño que el canal le causaría a las culturas indígenas de la región, cuyos sustentos y formas de vida están profundamente entrelazadas con sus tierras: “De implementarse el proyecto, existe la fuerte posibilidad que la lengua Rama en la comunidad de Bankukuk Taik se extigue al ser desplazados de manera forzada los últimos hablantes de este idioma.” Sólo quedan unas docenas de personas que hablan el idioma Rama, y muchos temen de que el proyecto de miles de millones de dólares, acompañado del desalojo de estos pocos hablantes, lo conduzca a la extinción esta frágil lengua.
Se reporta que el gobierno esta anticipando la expropiación de 7,000 casas para dejar espacio para el canal de 278 kilómetros. Sin embargo, un informe independiente del Centro Humboldt afirma que el impacto será mucho mayor. El informe encontró que 282 asentamientos y 24,100 casas se han identificado dentro del área de influencia directa, y se calcula que sean más de 119,000 personas que se vean afectadas por la construcción. La construcción del canal traerá no solamente el desalojo de cientos de miles de personas sino también daños medioambientales irreversibles. La pérdida de comunidades Indígenas será acompañada de la pérdida de algunos de los más ricos y valiosos recursos de Nicaragua: sus tierras y aguas ecológicamente diversas. Van incluidos en la concesión del proyecto los derechos de construir un canal interoceánico, centros industriales, aeropuertos, un sistema de ferrocarriles, y oleoductos. Lo más preocupante es el derecho que se concedió a expropiar tierra y recursos naturales que se encuentren a lo largo de la ruta del canal.
El Lago de Nicaragua, el cual la ruta propuesta cruza, es el embalse de agua más grande en la región. Meyer advierte que el canal podría destruir 4,000 kilómetros cuadrados de selva tropical y pantanos, incluso cientos de miles de acres de bosque, reservas, pantanos, y regiones en las cuales los Pueblos Indígenas de la costa caribeña dependen para su sustento y agricultura. “Los efectos de la construcción, carreteras grandes, un ferrocarril que corre de costa a costa, un oleoducto, zonas vecinas de comercio libre industrial, y dos aeropuertos internacionales transformarán los pantanos en zonas secas…removerán bosques de madera dura, y destruirán los hábitats de animales incluso los de las zonas costeñas, aéreas, terrestres, y de agua dulce”, dijo en su entrevista con National Geographic.
Los medioambientalistas y comunidades locales temen de que aunque pudieran mantener sus tierras tradicionales, los daños medioambientales sean tan severos que no puedan mantener sus sustentos tradicionales. “Nos destruirá,” dijo Edwin McCream, un comunera de Bangkukuk, en una entrevista con Al Jazeera America. “Lo que quiero decir es que no vamos a encontrar tortugas, no vamos a encontrar peces, no vamos a encontrar langostas, no vamos a encontrar camarones, y del bosque no vamos a encontrar venados, no vamos a encontrar gibnut (un roedor), no vamos a tener ningún tipo de animal si viene el canal”.
El gobierno de Nicaragua no ha sido honesto con respecto a los daños ambientales anticipados relacionados al canal. Evaluaciones de impacto ambiental están en progreso, pero la construcción de carreteras de acceso se ha empezado con la anticipación de que se terminen las evaluaciones. Mientras tanto, la evaluación de impacto social, conducido por el gobierno de Nicaragua si es que lo están conduciendo, ha faltado transparencia. Los oficiales son rápidos para jactarse de los impactos económicos del canal, pero han descaradamente ignorado las necesidades y temores de los miembros de las comunidades de costa a costa. Una coalición de 11 grupos, incluso las comunidades Indígenas afectadas y grupos medioambientales y legales, entregó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que critica las violaciones de derechos inherentes en la Ley del Canal. En una audiencia el 16 de marzo del 2015, Becky McCray le declaró a la Comisión, “Las omisiones del estado en materia de consulta a pueblos indigenas y afrodescendientes desconocen la relación de nuestros territorios y estructuras sociales, violando flagrantemente nuestros derechos territoriales, participación, y autodeterminación.”
Desde que se anunció la confirmación del proyecto, ciudadanos de diversos sectores de Nicaragua han estado manifestando y protestando para dar voz a sus preocupaciones sobre los planes para el canal. Mientras tanto, el gobierno ha seguido adelante con un proyecto que espera que traiga crecimiento económico rápido y duradero al país. Después de una larga historia de dictadura, una guerra civil brutal respaldado por los EEUU, y desastres naturales, Nicaragua es actualmente uno de los países más pobres del hemisferio occidental. Al principio del proyecto, el gobierno nicaragüense dijo que esperaba que el proyecto aumente el crecimiento económico en el país de un 4.5 porciento en 2013 a un 14.6 porciento en 2016. Queda por verse cómo este crecimiento económico chorree hasta los más pobres del país, y cómo siquiera pudiera compensarles por la pérdida real de tierras y recursos que han estado tradicionalmente en las manos de los Pueblos Indígenas por generaciones.
