Desde el 4 de septiembre, 22 municipios en el nororiente de Guatemala han sido militarizados por el presidente de derecha Jimmy Morales después de declarar Estado de Sitio en la región mayoritariamente Indígena del país por un período de 30 días. Un Estado de Sitio suspende los derechos civiles, incluida la libertad de acción, la libertad de movimiento, el derecho de reunión y manifestación, portar armas, y apoya las detenciones legales y los interrogatorios de detenidos y presos, poniendo en riesgo la libertad, la seguridad, la vida y la paz del habitantes de las zonas afectadas. Se aplican restricciones a todos los que viven en Izabal y en los municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, La Tinta, Tucurú, Cahabón, Panzós, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz; Río Hondo, Teculután, Gualán y Usumatlán, Zacapa; San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, Purulhá, Baja Verapaz y San Luis, Petén.
El estado de Sitio fue declarado después de que tres miembros militares fueron emboscados y asesinados durante rondas para monitorear actividades de tráfico de drogas en el área el 3 de septiembre. Sin embargo, una gran parte de los municipios incluidos en el Estado de Sitio son territorios ancestrales y actuales de los pueblos Maya Q'eqchí, Poqomchi 'y Garífuna, que se han estado organizando y resistiendo en defensa de sus territorios y recursos naturales contra la explotación. Los líderes de la comunidad creen que el poder Ejecutivo ha utilizado el incidente para criminalizar y controlar la organización de la comunidad Indígena y la libertad de expresión.
En El Estor, la persecución de la población civil se ha intensificado recientemente en respuesta a los miembros de la comunidad que se oponen a la extracción minera y las plantaciones de palma africana sin su Consentimiento Libre, Previo e Informado. Los líderes comunitarios y los periodistas de medios comunitarios están bajo amenaza y están siendo criminalizados como resultado de su trabajo para organizar e informar a sus audiencias sobre los riesgos y las violaciones de los derechos humanos relacionados con estas actividades de desarrollo.
En una conferencia de prensa compartida por video en redes sociales, los miembros de la estación de radio comunitaria Radio Comunitaria Nakoj, junto con otros miembros del movimiento de radio comunitaria en Guatemala, anunciaron: “Rechazamos que desde el 24 de julio, personas no identificadas del Ministerio Público han llegado para fotografiar y hacer preguntas sobre el personal de la radio Nakoj, reuniendo la información necesaria para justificar una redada en nuestra estación. Esta es una amenaza con el propósito de intimidarnos y es una violación de nuestro derecho a la Libertad de Expresión, garantizado por la constitución, los tratados y convenciones internacionales y los Acuerdos de Paz de Guatemala ”. Desde el asedio estatal, dos estaciones de radio comunitarias en el el área ha cerrado operaciones por temor a represalias.
Los medios independientes Prensa Comunitaria informaron que sus periodistas Baudilio Choc Mac y Rony Morales Tot no podían entrevistar a líderes de la comunidad sin estar acompañados por el ejército.
Además de los tres miembros del ejército guatemalteco que fueron asesinados, otras víctimas incluyen dos campesinos, un anciano y una mujer, que sufrieron heridas mientras estaban atrapados en el fuego cruzado durante la emboscada y fueron llevados a un hospital cercano, así como a Agustín Chub Chub, víctima de un aparente suicidio después de ser acusado en las redes sociales de estar involucrado en la muerte de los soldados. El acusador, Ricardo Méndez Ruiz, es un columnista de derecha que previamente ha sido censurado por el Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala por su discurso de odio contra los defensores de los derechos humanos.
Cultural Survival apoya a las organizaciones indígenas y sociales que expresan su rechazo al estado de sitio y la militarización en su región. También denunciamos la suspensión de los derechos humanos, lo que puede conducir a una mayor criminalización de los líderes, detenciones, cargos penales falsos y desalojos de comunidades. La militarización afecta desproporcionadamente a las comunidades Indígenas, la sociedad civil, las organizaciones sociales, los líderes de la comunidad, los medios comunitarios y los periodistas en lugar de los criminales que se pretenden disuadir. Para los sobrevivientes de la guerra civil guatemalteca, la militarización invoca el trauma de experiencias pasadas de brutales masacres, violaciones y terror infligidos en las comunidades por el ejército guatemalteco.
La radio comunitaria y los medios alternativos son los únicos espacios que las comunidades tienen para informar al público en general sobre lo que está sucediendo, dado el sesgo a favor de las empresas corporativas y el gobierno del monopolio de los medios corporativos. La falta de reconocimiento legal para la comunicación comunitaria pone en peligro el derecho a la Libertad de Expresión de las comunidades Indígenas al limitar sus derechos establecidos en el artículo 35 de la Constitución de Guatemala.
Cultural Survival reitera su compromiso de defender los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, la integridad y seguridad de las mujeres y los niños en las comunidades sitiadas, y se solidariza con las familias afectadas por esta violencia.
Instamos al gobierno de Guatemala a hacer lo siguiente:
- Derogación del estado de sitio impuesto en 22 municipios del nororiente del país en el decreto gubernamental número 1-2019;
- Llevar a cabo investigaciones rigurosas para encontrar el paradero de los responsables de los asesinatos y castigar a los autores;
- Defender el derecho a la libertad de expresión de los Pueblos Indígenas, garantizando el uso de la radio comunitaria, la televisión y otras plataformas;
- Cumplir su compromiso con los pueblos indígenas con los Acuerdos de paz firmados en 1996; y,
- Que el Procurador de Derechos Humanos esté atento a cualquier violación de los derechos humanos y los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas durante este tiempo, entre otras garantías de ciudadanía;
- Que el Ministerio Público se abstenga de realizar redadas contra estaciones de radio comunitarias porque violenta el derecho a la Libertad de Expresión.
Fotos de Semuy II por Victor Maquin.
