James Anaya, el Relator Especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, dedicó su visita oficial a Perú en diciembre al aprender sobre la situación de los Pueblos Indígenas del país, especialmente con respecto al derecho al Consentimiento Libre, Previo, e Informado en relación con proyectos de desarrollo y los efectos de las industrias extractivas en Pueblos Indígenas en aislamiento y en contacto inicial. Se reunió con oficiales del gobierno, líderes Indígenas, y representantes empresariales en Lima, además de en los diversos municipios y comunidades afectados por la extracción de recursos naturales. En su declaración al concluir la visita, Anaya comenta sobre ambos los avances positivos y situaciones de desarrollo destructivo que todavía están en progreso por todo Perú.
Anaya comenta que uno de los avances importantes que han desarrollado desde su visita en 2009 fue el establecimiento de la Ley de Consulta Previa de Perú, la cual es una de las únicas leyes domésticas al nivel mundial que específicamente intentan proteger el derecho de Pueblos Indígenas a una consulta antes de la explotación de sus tierras y recursos. Sin embargo, Anaya llama la atención al hecho de que la ley es bastante controversial; varios grupos Indígenas creen que no es suficiente para proteger sus derechos. Anaya considera que el nuevo desafío es asegurar que las consultas se realizan “de una manera conforme a los estándares internacionales relevantes”. Líderes indígenas reiteraron a lo largo de su visita que “no se oponen al desarrollo, pero que ese desarrollo debe tener consonancia con sus derechos” y que debe ser precedido por procesos de consulta genuinos. Anaya enfatiza que el progreso depende de la creación de confianza entre los Pueblos Indígenas, el Estado, y las empresas extractivistas.
Como ejemplo de la destrucción causada por el desarrollo, Anaya recalca la extensa contaminación petrolera en la región de las cuatro cuencas de los Ríos Pastaza, Marañon, Tigre, y Corrientes en Loreto, donde Cultural Survival hizo una visita investigadora en noviembre. Anaya observa “los serios problemas ambientales” que han resultado la extracción de petróleo a través de los últimos 40 años, primero por parte de Occidental Petroleum, una empresa con base en los EEUU, y, desde el 2000, por la empresa argentina PlusPetrol. Derrames no remediados han contaminado profundamente el territorio Indígena allí, incluso los recursos de agua y alimentación. En 2013, el Ministerio del Ambiente de Perú declaró un Estado de Emergencia en dos de las cuatro cuencas pero, Anaya dice, “es necesario que el Gobierno y la empresa realicen mayores esfuerzos para asegurar la remediación ambiental en el Lote 1-AB sin dilatación por razones de una falta de claridad sobre la responsabilidad empresarial especifica en este contexto”. La contaminación causada por la explotación petrolera “durante las últimas cuatro décadas representa una situación crítica que debe ser atendida con la urgencia que merece”.
Sin embargo, la consulta no sería suficiente en este caso. Las comunidades de las cuatro cuencas han declarado que no participarán en un proceso de consulta previa relacionado a la concesión petrolera que PlusPetrol está buscando para 2015 sin el cumplimiento de cinco precondiciones. Las comunidades demandan remediación ambiental; titulación de sus tierras; mayor presencia estatal en la región; indemnización por la destrucción que ha resultado de los 40 años de explotación; y compensación por el uso de sus tierras. Anaya “[c]oincid[e] en que estas condiciones son justas y conducentes para un proceso de consulta productivo en relación con una posible nueva concesión petrolera en el área”. Comenta que “un paso importante” ha sido el establecimiento de una “mesa de desarrollo” con la participación del gobierno, la empresa, y representantes Indígenas para buscar soluciones.
El Relator dice que ha habido avances en otras partes del país. En el Lote 88 de PlusPetrol en Cusco, la empresa está implementando mejores prácticas, las cuales, según la empresa y el gobierno, no han causado ninguna “degradación de la biodiversidad ni en la contaminación de las aguas o del suelo en el área” durante sus 12 años de actividad allí. No obstante, “otro asunto es el impacto social y humano que pueda tener el proyecto”, especialmente como 75% del Lote 88 queda dentro que una reserva Indígena.
Por lo tanto, Anaya recomiende que el gobierno “el Gobierno haga un estudio exhaustivo, con la participación de todos los interesados y expertos competentes acerca de la presencia y las condiciones de los pueblos o agrupaciones indígenas no contactados en el área del Lote”. Cree que el gobierno debe respetar la obligación de Perú a los requisitos del Convenio 169 de la OIT y otros acuerdos internacionales y realizar un proceso de consulta que toma en cuenta todos los Pueblos Indígenas de la reserva que son afectados y considerar sus situaciones particulares y su vulnerabilidad antes de llegar a una decisión sobre la expansión del proyecto. También llama por la provisión inmediata de servicios básicos de salud, educación, agua, y otros, de los cuales el Estado es el responsable y de los cuales varias comunidades carecen actualmente.
Una visita del Relator Especial implica la disposición de un Estado a participar en un proceso, puesto que el gobierno tiene que invitar al Relator para que la visita se realice. Entonces, la visita de Anaya a Perú es un paso importante. Dio a las diversas comunidades Indígenas de Perú la oportunidad de levantar sus voces al nivel internacional. Estaremos al corriente en cuanto a los siguientes informes y declaraciones de Anaya sobre la situación de los derechos de Pueblos Indígenas en Perú.
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