El Premio Ambiental Goldman, coloquialmente llamado el 'Nobel Verde', es un premio que se otorga anualmente a los defensores ambientales de base de regiones de todo el mundo. El premio no solo implica un reconocimiento internacional y un premio monetario por los logros de los activistas, sino también les brinda acceso a subvenciones a largo plazo, redes y desarrollo profesional, apoyo de seguridad, comunicaciones estratégicas y oportunidades para participar en programas juveniles.
Las socias del Fondo Guardianes de la Tierra (KOEF) de Cultural Survival, Alexandra Narváez (A'i Cofán, de 30 años) y Alex Lucitante (A'i Cofán, 29) ganaron el Premio Ambiental Goldman 2022 por su destacada defensa de base del territorio ancestral de los pueblos A'i Cofán, en la selva amazónica del norte de Ecuador. Su trabajo y el de su comunidad para defender su territorio de las operaciones mineras ilegales condujo con éxito a resoluciones judiciales que defienden los derechos de autodeterminación de los pueblos A'i Cofán y, finalmente, influyó en la Corte Constitucional del país para dictaminar por primera vez que las comunidades Indígenas de Ecuador no solo deben ser consultadas, sino también se debe obtener su Consentimiento Libre, Previo e Informado antes de los proyectos extractivos en sus territorios. Como dijo Narváez "esto no es un reconocimiento a Alex o Alexandra, es un reconocimiento a todo el pueblo A'i Cofan de Sinangoe por su trabajo y esfuerzo".
La comunidad A'i Cofán de Sinangoe se encuentra a orillas del río Augarico, un afluente del Amazonas en la selva ecuatoriana. Sus territorios ancestrales conforman 15,000 millas cuadradas de selva tropical en su mayoría virgen y una de las regiones más densas en carbono de la Amazonía. La cultura y la forma de vida de los pueblos Cofán están profundamente conectadas con el río y el bosque, que son parte integral de su subsistencia como pescadores y cazadores; pero su tradición y soberanía se vieron amenazadas en los últimos años cuando los Pueblos A'i Cofán notaron una invasión cada vez más extractiva en su territorio por parte de mineros ilegales, madereros, cazadores furtivos y pescadores.
En 2017, Alexandra Narváez formó La Guardia, un grupo de patrulla forestal comunitaria, para monitorear e intentar detener la extracción ilegal que tiene lugar en sus tierras y aguas sin su consulta ni ninguna forma de comunicación con la comunidad. Tras la formación de La Guardia, el grupo creó su propia ley que les permite confiscar equipos y denunciar a los intrusos a la policía ambiental de Ecuador. A medida que La Guardia patrullaba, notaba cada vez más campamentos mineros a lo largo de las orillas de los ríos dentro de su territorio.
En enero de 2018 descubrieron maquinaria pesada diseñada para excavar a gran escala. Se enteraron de que el gobierno ecuatoriano había otorgado ilegalmente 20 concesiones mineras a gran escala, con 32 más pendientes, sin la consulta o comunicación necesaria con la comunidad como lo exige la ley ecuatoriana, y sin consentimiento como derecho que se considera bajo el derecho internacional.
Alex Lucitante y Alexandra Navaez entraron en acción y organizaron a la comunidad A'i Cofán en el desarrollo de estrategias para amplificar sus esfuerzos de monitoreo, patrullaje e informes. Liderando a su comunidad en la acción colectiva, Alexandra organizó las patrullas y actuó como portavoz de Sinangoe, mientras que Alex encabezó estrategias legales y de medios, coordinó capacitaciones legales y se conectó con varias entidades y organizaciones, eventualmente trayendo a 60 organizaciones nacionales e internacionales y 14 comunidades locales a su campaña.
Los esfuerzos de patrullaje de A'i Cofán se amplificaron a medida que utilizaban cámaras trampa para documentar incursiones ilegales, herramientas SIG para mapear amenazas a sus tierras y drones para documentar actividades ilegales desde arriba. Con evidencia adecuada, preparación legal y apoyo de socios clave como la organización sin fines de lucro Amazon Frontlines, la comunidad presentó una demanda en julio de 2018 contra el Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la Agencia de Regulación y Control Minero y la Agencia del Agua por violaciones del derecho de los pueblos Indígenas al Consentimiento Previo según lo declarado por el derecho internacional, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua, a la alimentación, a la salud y a la vida, y los derechos de la naturaleza dictados por el derecho constitucional ecuatoriano.
El juez falló a favor de la comunidad A'i Cofán, anulando las 52 concesiones, pero el gobierno apeló. La comunidad continuó trabajando en red, organizándose y obteniendo apoyo para su campaña, y en septiembre de 2018 el Tribunal Provincial de Sucumbíos también falló a favor de los Cofán, deteniendo permanentemente todas las concesiones otorgadas y pendientes y declarando que el gobierno debe consultar con los Cofán antes de que se programe cualquier nuevo proyecto minero en o cerca de su territorio. El fallo confirmó los derechos indígenas preexistentes a la consulta y liberó 79,000 acres de selva amazónica de la amenaza de la minería ilegal de oro.
En 2019, Cultural Survival se asoció con la comunidad de Sinangoe a través de una subvención del Fondo Guardianes de la Tierra, que proporcionó recursos que amplificaron los esfuerzos de La Guardia para patrullar y hacer cumplir su soberanía sobre su territorio. La subvención los apoyó en la obtención de nueva tecnología de drones y la realización de una capacitación de varios días con otras comunidades amazónicas sobre cómo usar la tecnología para identificar y defender sus territorios de las operaciones mineras ilegales. La subvención también les permitió obtener un motor para una canoa, ampliando la patrulla de sus territorios a lo largo del río Aguarico.
La victoria legal de 2018 para la comunidad Sinangoe sentó un precedente para futuros casos en Ecuador relacionados con violaciones de derechos colectivos, daños ambientales causados por industrias extractivas y violaciones de los derechos Indígenas a la consulta. Pero el caso pasó a tener un impacto aún mayor, pues fue elegido por la Corte Constitucional ecuatoriana para desarrollar una jurisprudencia nacional sobre la violación sistemática del derecho de los pueblos Indígenas a la libre determinación.
Llevando el derecho a la consulta aún más allá, en febrero de 2022, la Corte Constitucional dictaminó que las comunidades Indígenas de Ecuador deben tener el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado, sobre proyectos extractivos que afecten sus territorios. Este fallo sin precedentes es consistente con los artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sobre el CLPI y es aplicable a todos los Pueblos Indígenas en Ecuador. El legado del caso de la comunidad Sinangoe sentó un precedente legal que amplificará los derechos de los pueblos Indígenas que luchan por proteger sus territorios en la Amazonía ecuatoriana, que representan alrededor del 70 por ciento de la selva tropical.
Narváez, Lucitante y la comunidad A'i Cofán en general son merecedores del reconocimiento y los recursos que conlleva el Premio Goldman, que ampliará sus capacidades para defender su territorio ancestral de las industrias extractivas que operan ilegalmente en la Amazonía ecuatoriana, y defender sus derechos como pueblos Indígenas bajo el derecho ecuatoriano e internacional. La lucha no ha terminado para los Pueblos A'i Cofán de Sinangoe y otras comunidades Indígenas en Ecuador, ya que el presidente del país, Guillermo Lasso, ha declarado planes para expandir la producción minera y petrolera en los próximos años. Narváez y Lucitante esperan que sus victorias legales alienten a otras comunidades Indígenas a desafiar la legalidad de proyectos extractivos como la minería de oro en sus territorios.
