Durante el mes de Julio de 2019 se publicó en la página web de la Organización de las Naciones Unidas, el informe y el resumen ejecutivo sobre el examen de México ante el Comité para la Eliminación de la discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD). Para la elaboración de dicho informe colaboraron doce organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos, asistencia legal, migraciones, pueblos Indígenas, desarrollo e investigación. Cada una de las co-autoras dio a conocer una serie de estudios de casos en México. Así mismo, las organizaciones realizaron recomendaciones respectivas a cada problemática. Se pretende que con este informe el Comité pueda tener conocimiento de la situación actual de México.
Entre las organizaciones que unieron esfuerzos para la elaboración del informe alternativo para el examen de México, se encuentra la Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas", Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas, Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Cultural Survival, Fundar, Proyecto Sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos". En el informe se busca presentar ante el Comité diferentes situaciones que describan cómo ha cambiado la situación sobre los migrantes, pueblos Indígenas y poblaciones afrodescendientes en México. Este informe es vital ya que la situación en México ha cambiado mucho desde 2017, año en que se realizó el último informe presentado ante el CERD.
La situación de los pueblos Indígenas en México no se puede hacer a un lado ya que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población Indígena representa un 21.5% del total de la población mexicana, concentrándose la mayoría en los territorios de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla, Yucatán, Guerrero, e Hidalgo. Es evidente la ausencia del Estado mexicano como actor garante de los derechos y demandas de los pueblos Indígenas. Esto se nota en las dificultades que tienen las poblaciones Indígenas para el acceso a los servicios básicos como agua, salud y educación.
En el informe se detallan casos que ejemplifican los desplazamientos forzados de las comunidades Indígenas, la violencia contra las mujeres, discriminación a personas Indígenas en el sistema de justicia, y el tema de la libertad de expresión de los pueblos Indígenas. Aunque el gobierno en turno tiene la responsabilidad de crear un marco jurídico para proteger y asistir las necesidades las comunidades que son desplazadas, en México la situación es contraria. Existe una correlación entre la instalación de proyectos de infraestructura, minería, fracking, extracciones de minerales e hidroeléctricas y los efectos precarios en términos de salud, vivienda, trabajo, educación y seguridad para las comunidades Indígenas que son desplazadas.
Por otro lado, el tema de violencia contra las mujeres en México fue reportado por ONU Mujeres, quien indicó que al menos 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguna situación de violencia, específicamente un 41.3% han sido víctimas de violencia sexual, y peor aún, 9 mujeres son asesinadas cada día. Si se toma en cuenta que hay violencia contra las mujeres en general, cuando sea la atención en el tema de las mujeres Indígenas hay que sumarle una serie de factores tales como el hecho de ser Indígena, la pobreza, la discriminación, y vivir en una comunidad rural. La situación que viven las mujeres a diario también tiene tintes de impunidad, ya que aunque hay un alto número de femicidios en las comunidades Indígenas, situación que parece ser ignorada por las autoridades municipales.
En cuanto a la discriminación a personas Indígenas en el sistema de justicia es visible como la población Indígena tiene que acoplarse a un sistema de justicia que se basa en detenciones arbitrarias basadas en estereotipos de discriminación hacia los Indígenas, y sin tomar en cuenta que muchas veces el español es el segundo idioma. Según la organización AsiLegal, existen tres aspectos que están relacionados con violaciones de derechos humanos de personas Indígenas privadas de libertad: el derecho a una adecuada defensa; el derecho a un traductor; y el derecho a que se reconozca y respete su identidad.
Cultural Survival realizó una contribución en el tema de libertad de expresión de pueblos Indígenas. Las radios Indígenas comunitarias se convierten en una herramienta para coadyuvar al cumplimiento del derecho esencial para transmitir y tener acceso a información. La importancia de las radios comunitarias radica en que una gran parte de la audiencia mexicana puede tener acceso a información, aun cuando no han sido alfabetizados o no comprenden el idioma español. El enfoque de la radio comunitaria busca promocionar culturas, idiomas y tradiciones y tiene un rol determinante cuando los territorios han sido amenazados por megaproyectos de minerías como el caso de la Sierra Negra de Puebla o en San José del Progreso.
La situación de los comunicadores Indígenas en México se ha tornado muy desafiante e insegura. Durante el año 2017 México fue considerado como el país (que no está en guerra) más inseguro para periodistas. Muchos de los casos sobre asesinatos a periodistas en México están relacionados directamente con el trabajo de investigación y periodístico, incluyendo el tema de derechos Indígenas. Un ejemplo claro es Cándido Ríos Vásquez quien fue asesinado en 2017, teniendo una exitosa carrera periodística en el ámbito de mujeres Indígenas y migrantes. También el caso de Marcos Hernández Bautista, quién investigaba estaciones de radios Indígenas y murió en Oaxaca. Así como estos, hay muchos casos sobre más muertes de comunicadoras y periodistas que se han quedado sin ser investigados. La criminalización hacia todos ellos es un problema latente.
Si desea conocer el informe completo puede encontrarlo aquí.
Photo: Periodista Marcos Hernández Bautista
