Foto: Pobladores juntan afuera de la Comisaria de Policia en Totonicapan, Guatemala. (credito: FGER)
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El 12 de Noviembre 2018, dos mujeres comunicadoras Mayas K’iche’s fueron arrestadas en Totonicapán, un departamento con mayoría de población Maya (90%).
Guatemala es un país que cuenta con el 60% de la población Indígena, donde la gran mayoría es Maya y vive en el occidente y noroccidente del país. Las comunidades Indígenas son abiertamente violentadas en sus derechos humanos, entre ellas el derecho a la libertad de expresión y acceso a sus propios Medios de Comunicación, como se establece en Art. 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En 1996, el Gobierno se comprometió durante la firma de los Acuerdos de Paz (Inciso H) a promover en el congreso de la república, las reformas a la Ley en materia de radiodifusión, para facilitar frecuencias radioeléctricas a los Pueblos Indígenas y asegurar la observancia del principio de no discriminación en el uso de los medios de comunicación, compromisos que no han sido cumplidos hasta la fecha.
En el allanamiento a emisoras Indígenas operando sin licencia, participó un fuerte contingente de elementos de la policía quienes trataron a las comunicadoras como si fueran criminales peligrosos. “Más de 30 autopatrullas se movilizaron en diferentes puntos del lugar con la finalidad de capturar y desmantelar las emisoras comunitarias. Con lujo de fuerza derribaron las puertas, tumbaron mesas y arrancaron equipos de transmisión en un operativo que duró aproximadamente 15 minutos”, destacan un informe de la organización CPO, Consejo del Pueblo Maya del Occidente. Antonia Silvina López Chaj y Ana Juliana Gonzáles Pastor fueron detenidas, señaladas del “delito de hurto.” Luego en la audiencia de primera instancia, el juez resolvió solicitando una caución de Q.15 mil cada uno (equivalente a $1,950 dólares estadounidenses) para que guarden prisión domiciliaria mientras la investigación continúa. La próxima audiencia fue convocada para el 5 de febrero de 2019.
A pesar de esta acción legal, según el código penal en Guatemala, el delito de hurto no se puede aplicar al uso ilegal de las frecuencias radioeléctricas, esto se ha demostrado al Ministerio Público ante los tribunales de Justicia durante casos llevados en 2007 y 2017.
Estándares internacionales de derechos humanos y de la libre expresión también coinciden:
La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han llamado “sumamente gravosa” la práctica de penalización por operación de una radio sin licencia, y que sanciones penales contra comunicadores les parece “desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática.”
Los allanamientos a las estaciones forman parte de una serie de ataques contra el derecho a la libertad de expresión de los Pueblos Indígenas en Guatemala. Violenta los Acuerdos de Paz firmado en 1996 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que enfatizan en el derecho que tienen los Pueblos Indígenas a acceder a sus propios medios de comunicación.
Sumado a ello, la Corte de Constitucionalidad emitió en 2011 un Exhorto al Congreso de la República para que revise la actual legislación y facilite frecuencias radioeléctricas a los Pueblos Indigenas.
De la misma manera, el Movimiento de Radios Comunitarias conjuntamente con Cultural Survival han denunciado al Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación a la Libertad de Expresión y la discriminación en cuanto al acceso a frecuencias radioeléctricas, la cual ha sido admitido en dicha comisión como un caso pendiente.
Siendo Cultural Survival una organización que promueve los derechos de los Pueblos Indígenas EXIGIMOS al Estado de Guatemala que revise su legislación y facilite frecuencias radioeléctricas a los Pueblos Indígenas; para que ya no sigan operando en la a-legalidad, deje de criminalizar a las y los comunicadores comunitarias porque atenta contra la libertad de expresión. Asimismo, que el Estado Guatemalteco cumpla con sus obligaciones según los tratados y declaraciones internacionales de derechos humanos y de los Pueblos Indígenas. Así como las recomendaciones de las Relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y OEA, la Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas, y las recomendaciones hechas en el Examen Periódico Universal en cuanto a adecuar su normativa a los estándares internacionales de Libertad de Expresión y Equidad ante la ley para Pueblos Indígenas.
