Por Raquel Juarez Tirzo
Los recursos minerales de México han sido codiciados desde la invasión española. Cuando Hernán Cortes zarpó para llegar al territorio azteca en 1519, su misión era apropiarse del oro de los nativos. Al llegar a Tenochtitlan dijo el rey azteca Moctezuma que los españoles sufrían de una peculiar enfermedad cardíaca que solo el oro podía curar. De alguna manera, eso era cierto: los conquistadores al igual que los nobles y los banqueros que los financiaron estaban enfermos de codicia. No obstante, el oro que obtenían solo parecía impacientar esta enfermedad, llevando a innumerables atrocidades cometidas en contra de la población Indígena.
El robo descarado que comenzó hace quinientos años parece no tener fin o al menos no lo tendrá pronto. La falta de ética en la extracción de minerales aunado a la mala capacidad de los gobiernos mexicanos para frenar empresas transnacionales ha propiciado que, en algunas regiones del país, poblaciones originarias sean despojadas de sus tierras o violentadas en sus derechos para decidir qué hacer con la tierra que los vio nacer; después de todo, la cosmovisión indígena cree fielmente que la tierra es nuestra madre.
Hoy en día, México se sigue posicionando como uno de los mayores productores de minerales a nivel mundial, por tal motivo, en las últimas dos décadas, el mismo gobierno se ha encargado de impulsar el sector minero en el país, tanto así, que se ha creado toda una ley que ampare esta actividad. Lo lamentable de este asunto es que lejos de perseguir el desarrollo para todos, haciendo mención a la utilidad pública, se ha visto una creciente desigualdad, pues se ha permitido a las grandes empresas trasnacionales disponer de más de 30% del territorio nacional. De manera irónica, en los lugares en donde se produce plata, 60% está en pobreza, la tercera parte de la población no cuenta con servicios básicos en la vivienda y la cuarta parte tiene rezago educativo; además, una de cada tres personas no cuenta con ingresos suficientes para acceder a la canasta básica. El extractivismo no es sinónimo de desarrollo.
Foto Rodolfo Sotero González.
Pero eso no es todo, el hambre por los beneficios derivados del extractivismo y el saqueo minero, han propiciado la continua destrucción de grandes extensiones de tierra agrícola y de la biodiversidad, de donde los pueblos originarios obtienen agua y alimentos. Asimismo, han violentado los derechos humanos y derechos Indígenas, considerando que la mayoría de las tierras que se toman son de propietarios en zonas rurales. Esas violaciones se han manifestado en despojo, asesinatos y desapariciones de ambientalistas, activistas sociales, campesinos, indígenas y líderes comunitarios.
No debemos olvidar que la agricultura de subsistencia y la producción de materias primas son las principales actividades económicas de las localidades Indígenas, aquellas que satisfacen las necesidades básicas de la población; a esto se suma la oferta de dinero a las comunidades para la venta de tierras, al incentivar el extractivismo en estas zonas, se interrumpe todo un proceso natural de producción y el estilo de vida de las personas que ahí habitan. Es irónico que mientras la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece en su artículo 10 que, los pueblos originarios no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios, las leyes federales mexicanas imponen en contraste que la minería está por encima de los derechos de la naturaleza, el patrimonio cultural o los derechos comunitarios. Por estas razones, leemos frecuentemente en las noticias acerca de las constantes oposiciones ante los megaproyectos, pues las comunidades afectadas buscan hacer valer sus derechos.
En la sierra norte de Puebla estamos en una lucha viva a raíz de que el gobierno nunca consultó a los habitantes para dar las concesiones para la fractura hidráulica de esta zona, habitada mayormente por grupos Nahuas y Totonacos, Otomíes y Tepehuas, involucrando un total de 35 municipios, donde hasta el 2016 se tenían 233 pozos perforados con la técnica del fracking. Esto manifiesta la vulneración de los derechos de acceso a la información, participación, autodeterminación de los pueblos, consulta y consentimiento libre, previo e informado.
Los derechos ambientales también forman parte en esta ecuación, pues más que nunca la agenda pública de los gobiernos se ha preocupado por la crisis ambiental, incluso la ONU con la agenda 2030 manifiesta su interés por un desarrollo sostenible, pero deforestar 500 hectáreas para ubicar los rieles del tren maya, no es sustentabilidad, ni desarrollo, apoyar megaproyectos de empresas extranjeras no es el paso a las energías limpias, de nada sirve crear leyes que prohíban las bolsas de plástico o el uso de uniceles para sentirnos eco-friendly si por el otro lado damos paso e impulsamos los megaproyectos en territorios de gran biodiversidad.
Estoy segura de que los Pueblos Indígenas en México deben hacer valer sus derechos ante proyectos extractivos y cumplirlos tal cual lo dictan los derechos humanos de los pueblos Indígenas en México, la salvaguarda de sus derechos sobre las tierras, territorios y recursos naturales; sus formas propias de organización; la no discriminación; la búsqueda de su participación y consulta en las decisiones de políticas públicas que los afecten, y el derecho al desarrollo económico y social. Tenemos que buscar nuevas formas de crecer y de impulsar el desarrollo, a través de la promoción de la agricultura y la ganadería; no estamos en contra del mercado, pero existen otras opciones de apoyar a la sociedad en general y para ello se requieren de políticas de Estado efectivas que se preocupen por los Pueblos Indígenas.
El gobierno en turno debe revisar urgentemente la normatividad y los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras y se deben plantear políticas fiscales que beneficien al crecimiento económico del país, pues hasta el momento las minerías ejercen únicamente el 1% del producto interno bruto, por lo que ni siquiera resulta provechoso para la economía nacional, al contrario, ha sido un medio de corrupción que ha beneficiado a particulares y no al bien común. De igual manera, el Estado debe comprometerse a crear políticas ambientales que protejan áreas naturales, que defiendan recursos vitales como el agua, ya que no se le ha dado la importancia real al asunto. Finalmente, pero no menos importante, es tiempo de hacer valer los derechos Indígenas, legitimar sus decisiones respecto a sus territorios y la integración en la toma de decisiones de asuntos públicos, para que los derechos no sean solo teoría. Es un buen momento para darle voz a los pueblos originarios y empezar a usar la ética del discurso como medio para tomar decisiones que tiene trascendencia en la vida de cada uno de estos.
A partir de la insuficiencia económica, social, política y ambiental actual, es momento de tejer nuevos diálogos; de repensar las estrategias para lograr el desarrollo en México y en toda América Latina, sin desestimar la voz de lo que han permanecido olvidados o incluso ignorados y rechazados en la toma de decisiones, el Estado debe asumir el papel central para generar tácticas con visión de largo plazo y atención de equilibrio entre los grupos Indígenas e impacto ambiental para que deje de ser solo el discurso y podamos ver resultados verdaderos.
--Raquel Juarez Tirzo es originaria de Hueytlalpan Puebla y pertenece al pueblo Totonaco. Estudia una licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexico. Entre sus participaciones destacadas encontramos: XXII Concurso de Cuento Mujeres en vida. Homenaje a María Luisa Bombal en el que obtuvo mención honorifica; además de su participación como ponente en 1er Congreso Internacional Virtual de Investigadores Lasirc.
