América Latina es una de las regiones más peligrosas para ser una persona defensora de los derechos Indígenas y medioambientales: tres de cada cuatro asesinatos de defensorxs del medio ambiente se producen en América Latina. Las personas defensoras Indígenas enfrentan una doble amenaza: defender derechos y ser Indígenas. En 2021, aproximadamente el 40% de las personas defensoras del medio ambiente asesinadas eran Indígenas, una cifra desproporcionadamente más alta que la proporción de los Pueblos Indígenas en la población mundial, que es de aproximadamente el 6%.

Como parte de nuestro Programa de Defensa, en Cultural Survival, rastreamos las violencias en contra de personas defensoras Indígenas, procurando establecer conexiones entre los casos y demostrar que no se trata solamente de casos aislados de agresiones contra individuos, sino más bien de una crisis sistémica en contra de las personas defensoras Indígenas en el mundo.

Hacemos este trabajo para concientizar sobre esta persecución sistemática, pero también en nombre de la memoria. Las personas defensoras Indígenas asesinadas a lo largo de 2022 nunca serán olvidadas por sus familias y comunidades. El vacío que dejaron en sus comunidades y culturas será irremplazable pero no hay que ignorar que este vacío sigue siendo igual de importante fuera de sus comunidades: estas personas defensoras son quienes defienden nuestro planeta del colapso medioambiental, y quienes mantienen vivos los conocimientos sumamente valiosos sobre cómo proteger nuestros ecosistemas y cómo relacionarnos entre nosotrxs.

En ocasiones las noticias de asesinatos o ataques a personas Indígenas resuenan en sus comunidades y en sus territorios, donde el dolor y la pérdida se sienten demasiado grandes, pero no se hace eco en los medios de comunicación mayoritarios. La recopilación de los casos para este proyecto no es exhaustiva por razones de capacidad y proviene tanto de medios como de comunidades y organizaciones socias. Sin embargo, el alcance no es total y con certeza hay casos que no llegan a nuestros oídos. A pesar de que esas personas no sean nombradas específicamente en este In Memoriam, de ninguna manera el asesinato de estas personas defensoras Indígenas implica menos gravedad. Este trabajo no deja de rendir homenaje también a todas aquellas personas que, por una variedad de motivos, no pudimos mencionar y cuyas luchas resuenan aún en sus comunidades, sus territorios y sus familias, y seguirán resonando.

La forma en que recibimos información sobre estos casos varía sustancialmente. En algunos abundan los artículos de prensa y los llamamientos a la justicia. En otros, la información es extremadamente escasa o incluso sólo un breve mensaje o comunicado de prensa que nos envía una comunidad u organización socia. Nuestro objetivo es que se conozcan todos los nombres y legados, sin importar cuánta atención recibió, especialmente apoyando aquellos casos que tuvieron menos cobertura mediática. Cuando recibimos casos por parte de socios que no habían sido publicados todavía, nos aseguramos de que fuera seguro publicarlos, siempre con consentimiento de la comunidad. Todos y cada uno de los individuos eran personas queridas, eran parte tanto de una familia como de una comunidad y eran alguien a quien le lloran, no solo por el trabajo que realizaron sino también por las personas que eran.

En la mayoría de los casos, unos meses después del asesinato reina la impunidad. En algunos países latinoamericanos la tasa de impunidad general es del 90% o más, lo que significa que 10 crímenes-o menos-de cada 100 son debidamente investigados y resueltos por el sistema judicial. Estas cifras son optimistas en comparación con los crímenes contra defensores Indígenas. Las autoridades tienden a no esforzarse mucho en realizar investigaciones exhaustivas relacionadas con lxs defensorxs indígenas por varias razones: los incidentes suceden en lugares remotos con menos acceso, connivencia de las autoridades con actores armados ilegales o empresas multinacionales implicadas en el ataque y un desinterés generalizado acerca de los problemas relativos a los Pueblos Indígenas intrínseco a la discriminación estatal hacia ellos. Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, afirmó que la impunidad de los homicidios seguía siendo un factor clave para que se produjeran más asesinatos.

En los perfiles que presentamos a continuación recordamos con mucho dolor a las 52 personas Indígenas que fueron asesinadas durante el 2022. También reconocemos y condenamos otras agresiones, desapariciones, criminalización y otras formas de violencia contra personas defensoras Indígenas alrededor del mundo. Reconocemos que nuestro alcance es limitado y que la violencia en contra de las personas Indígenas, y en particular contra defensorxs del medio ambiente y de derechos, supera enormemente los datos que tenemos la capacidad de recopilar. Honramos a todas las personas y comunidades que se han visto afectadas. Nos comprometemos a continuar trabajando por la justicia para las personas defensoras de los derechos y la tierra junto con las comunidades afectadas en la medida de nuestras posibilidades. 

Las personas defensoras están enlistadas por país (en orden alfabético) y luego cronológicamente en base a la fecha del incidente.

Brasil

Después de cuatro años del catastrófico gobierno de Bolsonaro, considerado uno de los peores para los Pueblos Indígenas en la historia del país, acumulando una enorme lista de violaciones de derechos, y desastres ambientales, el país tiene el potencial de cambiar radicalmente el curso de los derechos Indígenas con el nuevo gobierno.

Sônia Guajajara, activista renombrada por los derechos de los Pueblos Indígenas, fue elegida como diputada federal del congreso para el estado de São Paulo y en diciembre de 2022 fue nombrada como Ministra de Pueblos Indígenas bajo el gobierno del presidente Lula da Silva. A su lado, Joenia Wapichana, ex congresista Indígena y activista, manejará FUNAI, la agencia estatal de Pueblos Indígenas, y todas las secretarías, agencias y entidades públicas responsables de políticas públicas para Pueblos Indígenas, incluyendo salud, educación y justicia. La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) ha descrito su elección como una “conquista histórica” que brinda esperanza tanto para su pueblo (Guajajara) como para todos los Pueblos Indígenas de Brasil. A pesar de tener una gran esperanza de que el cambio llegue, debemos honrar y recordar a todas las personas que han sido asesinadas luchando por su tierra y sus derechos. 
 

Alex Lopes

El movimiento por la retomada* del tekoha (territorio) Guapo’y, en el estado de Mato Grosso do Sul, comenzó a finales de mayo y el día 21 de Mayo Alex Lopes (Guaraní Kaiowá), de tan solo 18 años fue asesinado. Su comunidad estaba retomando una hacienda en el municipio de Coronel Sapucaia, en la frontera con Paraguay. En este contexto Alex salió de la reserva donde vivía con dos amigos para buscar leña. Su cuerpo fue encontrado al otro lado de la frontera paraguaya con heridas de armas de fuego. El pueblo Guaraní Kaiowá exigió que el asesinato fuera investigado por autoridades federales ya que no tienen confianza en las estatales, quienes a menudo están del lado de fazendeiros** y atacan a personas Indígenas en este tipo de acciones como las retomadas. 

Un líder de la comunidad expresó, “Mataron a un chico de 18 años, es triste. La familia ha decidido retomar el territorio donde mataron al niño. Necesitamos el apoyo de los órganos competentes. Aquí en el pueblo de Taquaperi nunca se dan retomadas, es la primera vez que pasa. Ya hemos perdido a muchos familiares en el camino, atropellados. Esta vez, tomamos la decisión [de retomar]. Basta de perder a nuestros familiares, es un dolor para nosotros”. Dos días después del asesinato de Alex, su familia y comunidad decidieron retomar el territorio tekoha Guapo’y, de donde fueron expulsados por acciones policiales y de fazendeiros. Sin embargo, retornaron el 24 de Junio dispuestos a hacer justicia por el asesinato de Alex y a quedarse en este territorio.

*Retomada: significa la recuperación de los territorios tradicionales Indígenas y de su cultura por parte de las generaciones Indígenas más jóvenes. Ellos buscan recoger el conocimiento de sus mayores para volver a conectarse con su historia y cultura, reafirmando su identidad y evitando así la desaparición. **Fazendeiros: dueños o trabajadores de grandes propiedades rurales. 

Vitor Fernandes

El 24 de junio de 2022 Vitor Fernandes (Guaraní Kaiowá) fue asesinado en medio de un despojo ilegal que llevó a cabo la Policía Militar del estado de Mato Grosso do Sul en la Reserva Indígena de Amambai, territorio contiguo a Guapo’y, donde otras nueve personas también resultaron heridas. El pueblo Guaraní Kaiowá reivindica el territorio de la Reserva Indígena de Amambai ya que fue atribuido a su pueblo en 1920.

La Policía actuó de manera desproporcionada utilizando armamento letal e incluso helicópteros como plataforma de tiro contra las familias Indígenas que se encontraban en el lugar. Además, según el medio Amazônia Real varias personas Indígenas fueron detenidas en el lugar y más tarde fueron intimidadas y criminalizadas en la comisaría.

Unos días más tarde, una caravana de personas viajó hasta la municipalidad de Amambai para acompañar el entierro de Vitor y mostrar su solidaridad con el pueblo Guaraní Kaiowá.
 

Janildo Guajajara

Copyright: Redes sociales

Janildo Guajajara, miembro de los Guardianes del Bosque (Guardiões Da Floresta), grupo que patrulla la selva con el propósito de expulsar a madereros ilegales, fue asesinado el 3 de septiembre del 2022 en una emboscada cerca del Territorio Indígena Arariboia, en el estado de Maranhão. Su sobrino de 14 años quien le acompañaba en esos momentos también recibió disparos y tuvo que ser ingresado en el hospital, recibiendo el alta unos días más tarde. 

La creación del grupo Guardianes del Bosque en 2012, fue motivada porque entre 2006 y 2022, 26 guardianes han sido asesinados, pero según Olimpio Guajajara, otro guardián, nadie ha sido juzgado por estas muertes, las cuales continúan en la impunidad. Janildo Oliveira fue asesinado a las semanas de haberse unido a la Asamblea del Amazonas, la cual era organizada por el especialista en Pueblos Indígenas Bruno Pereira, quien también fue asesinado.

En un comunicado, sus compañeros expresaron “El guardián Janildo Oliveira Guajajara está con nosotros desde 2018 y trabajó en la Región de Barreiro – Tierra Indígena Arariboia, en un pueblo cerca de una carretera abierta por madereros y que fue cerrada por los guardianes. Desde entonces, él y otros guardianes en la región han estado bajo constante amenaza, y las amenazas se intensifican cada vez más.”

La posición de los guardianes es clara: “Seguiremos fortalecidos en nuestra lucha por la colectividad, por nuestro territorio, por nuestro Pueblo Tenetehar y por el Pueblo Awá Guajá.”
 

Jael Carlos Miranda Guajajara

Jael Carlos Miranda Guajajara fue atropellado por un vehículo la madrugada del 3 de septiembre del 2022, la misma noche que Janildo Oliveira Guajajara fue asesinado. Varios líderes de su comunidad indican que no fue un atropello accidental sino parte de los ataques sistemáticos que enfrenta el Pueblo Guajajara. 

El Conselho Missionário Indigenista do Maranhão (Cimi) también denunció que las muertes de Guajajaras se enmarcan en un contexto de violencia continuada contra este pueblo ya que, entre 2006 y 2022, 26 personas Indígenas han sido asesinadas en el Territorio Indígena Arariboia.

Gustavo Silva da Conceição

La madrugada del 4 de septiembre de 2022, Gustavo Silva da Conceição, un adolescente Pataxó de 14 años fue asesinado por un grupo de pistoleros en Comexatibá, municipio de Prado, al sur de Bahia. Otro adolescente de 16 años también fue herido en el mismo ataque y tuvo que ser hospitalizado. Familiares y parientes de la comunidad Pataxó bloquearon la carretera hacia la ciudad de Corumbau a modo de protesta por lo acontecido. 

Desgraciadamente el asesinato de Gustavo no es un episodio aislado. El pueblo Pataxó enfrenta una lucha de décadas por la demarcación de su territorio, la cual fue publicada en 2015 pero todavía no ha visto los trámites de delimitación avanzados. Sus tierras siguen siendo ocupadas por monocultivos–destacando el eucalipto–y por actividades agropecuarias y milicias Bolsonaristas continúan atacando a los Pataxó y promoviendo una campaña de difamación contra ellos. Además, muchos de los ataques parecen darse en colusión con las fuerzas de seguridad brasileñas ya que se ha demostrado el uso de armas de uso exclusivo de estos grupos. Desde junio de 2022, los Pataxó habían comenzado a retomar varias zonas de sus tierras ocupadas por cultivo de eucalipto y desde ese momento ha habido varias represalias en contra de miembros del pueblo Pataxó por esta retomada, entre ellas este ataque que terminó con la vida de Gustavo. 

Antônio Cafeteiro Silva Guajajara

Antônio Cafeteiro Silva Guajajara fue asesinado a tiros, también víctima de una emboscada en el municipio de Arame, estado de Maranhão. Este fue el tercer asesinato de miembros del pueblo Guajajara en cuestión de 10 días. 
 

Nhandesy Estela Vera

Nhandesy Estela Vera (Guaraní Kaiowá), 67 años, era una lideresa espiritual y curandera en su comunidad de Yvy Katu, estado de Mato Grosso do Sul, donde tanto ella como Leila, otra lideresa, habían recibido amenazas de muerte por denunciar a fazendeiros, quienes ocupan ilegalmente el territorio de Yvy Katu. El 15 de Noviembre fue asesinada. Este asesinato se enmarca además en un contexto de ataques sistemáticos a lugares espirituales y sagrados de Pueblos Indígenas, en el cual varias casas de rezo han sido ya incendiadas, atentando contra su libertad espiritual. El Pueblo Guaraní Kaiowá de Mato Grosso, un estado de agronegocio, está entre los que más violencia sufre en el país.

ANMIGA (Articulación Nacional de las Mujeres Guerreras de la Ancestralidad) dijo: “Estela ascendió luchando por la demarcación del Tekoha (territorio) de su pueblo. De luto y en lucha, clamamos auxilio para los cuerpos-territorio de mujeres Indígenas que siguen siendo vulnerados a diario”.

Sin Nombre**

El sábado 17 de diciembre un joven de 21 años cuyo nombre no se conoce de manera pública fue asesinado por garimpeiros* en la comunidad Indígena Yanomami Tirei, en la región de Xitei. El joven, hijo del líder de la comunidad, se encontraba en uno de los pozos ilegales explotados por garimpeiros cuando fue asesinado. Se desconocen las circunstancias exactas. 

Según el Ministerio de Pueblos Indígenas, 570 niños y niñas Yanomami y decenas de adultos han muerto por contaminación por mercurio, hambre y violencia en sus territorios en los últimos años. 

*Garimpeiros: buscadores ilegales de minerales 

**De acuerdo con la cosmovisión Yanomami está prohibido mencionar el nombre de la persona muerta 

Colombia

Guardia Nacional Indígena

La Guardia Nacional Indígena se originó en el Cauca, Colombia, alrededor de la década del 2000. El grupo está compuesto por adultos (hombres y mujeres), jóvenes y niños, y deben conocer sus derechos como personas Indígenas y el territorio que van a defender. Su objetivo es defender y proteger a sus pueblos en situaciones que amenazan su supervivencia y salvaguardar sus derechos. Algunas de las labores que realizan incluyen la vigilancia del territorio, alertar a la comunidad en momentos de riesgo, la búsqueda de personas desaparecidas y la difusión de su cultura. Los guardias no reciben ninguna remuneración por formar parte del colectivo, lo cual es totalmente voluntario. El CRIC menciona que "salvaguardar, cuidar, defender, preservar, sobrevivir, soñar tus propios sueños, escuchar tus propias voces, reír tu propia risa, cantar tus propias canciones, llorar tus propias lágrimas" es la razón de ser de la Guardia. 

Guillermo Chicana

Guillermo Chicana, miembro de la Guardia Indígena Nasa de la reserva Las Delicias en Buenos Aires, Cauca, Colombia, fue asesinado el 14 de enero de 2022. El evento sucedió mientras trabajaba con la Guardia Indígena en la vigilancia del territorio. Un grupo de hombres armados se les acercó, disparó y atacó. Guillermo era el guardaespaldas de Fabián Camacho, un gobernador Indígena, quien resultó herido en este mismo suceso.

Se cree que los agresores son disidentes de las FARC. En el Cauca se encuentran activos la Columna Móvil Jaime Martínez del Comando de Coordinación Occidental y el Frente Diomer Cortes de la Segunda Marquetalia, lo que la convierte en una zona donde los activistas Indígenas son más vulnerables. Se reporta que en la zona hay intereses de presuntos actores ilegales para la minería ilegal, particularmente de oro. La Guardia Indígena trabaja como una forma de resistencia y unidad como colectivo social, sin embargo, debido a su trabajo han sido el blanco de grupos armados ilegales particularmente. Él fue el primer líder social asesinado en 2022 y el número 1,287 desde la firma de los acuerdos de paz. Guillermo será recordado como líder y defensor de los derechos humanos.

Breiner David Cucuñame López

El 14 de enero de 2022, en el mismo incidente en el que Guillermo fue asesinado, Breiner David Cucuñame López, de 14 años, también perdió la vida en Las Delicias. Los informes varían sobre lo que estaba haciendo en el momento de su muerte. Algunos afirman que volvía de trabajar con su padre Samuel Cucuñame en una obra de construcción. Mientras tanto, otros mencionan que estaba realizando tareas de vigilancia desarmado con la Guardia. Una mujer que estaba allí cuando los hombres armados atacaron observó que disparaban sin tener en cuenta quién se cruzaba en su camino, sin darse cuenta de que había un niño de 14 años en la carretera. Se cree que los hombres armados son disidentes de las FARC pertenecientes al grupo Jaime Martínez. Estos incidentes siguen ocurriendo en el Cauca.

Esta noticia conmocionó a muchos en el país, y el presidente de Colombia, Iván Duque, tuiteó sus condolencias. Breiner formaba parte de Kiwe Thegna Luucx, la Guardia Estudiantil, y aspiraba a formar parte de la Guardia Indígena. Brainer acababa de elegir el camino para trabajar en el ámbito de la protección del medio ambiente. Era conocido por ser un defensor -un protector del medio ambiente- en su comunidad. Su padre, Samuel, lo describe como "una persona alegre y franca que no tenía miedo, sino que escuchaba y se dejaba aconsejar". Era el mayor de cuatro hermanos y cursaba séptimo grado. El CRIC conmemora a Breiner como "protector de la Madre Tierra, guardián del territorio, Kiwe Thegna de la Reserva Las Delicias, Nasa de acciones colectivas y grandes sueños". Fue devuelto muy pronto a la Madre Tierra, pero será recordado como un joven ecologista que buscó proteger su tierra. 

José Albeiro Camayo Güetio

El 24 de enero de 2022, José Albeiro Camayo Güetio, fundador de la Guardia Nacional Indígena, fue asesinado en Las Delicias, Cauca. Un grupo de hombres armados que se cree son disidentes de las FARC, específicamente del grupo Jaime Martínez, entraron a la reserva Las Delicias en Cauca y obligaron a la gente a participar en una reunión. La Guardia Indígena y las autoridades intentaron que se marcharan, pero los hombres amenazaron a la gente con sus armas. A José Albeiro lo sacaron de su casa y los hombres le dispararon. Esto ocurrió delante de sus vecinos y de sus seres queridos. Camayo es el décimo líder social y activista asesinado este año en Colombia, y el tercero en 10 días en Las Delicias. Su hijo de 13 años, Arlin Camayo, y su sobrino fueron secuestrados el mismo día, pero afortunadamente fueron liberados pocas horas después. La Asociación de Cabildos Indígenas atribuye los asesinatos de José Albeiro Camayo, Breiner Cucuñame y Guillermo Chicana a alias 'El Paisa', líder de la Columna Móvil Teófilo Forero de la disidencia de las FARC, de quien algunos dicen que está muerto desde diciembre de 2021 aunque su paradero sigue siendo incierto. Antes de esto, José Albeiro ya había sido amenazado y torturado en varias ocasiones por hombres armados debido a su posición de poder dentro de la Guardia Indígena. 

Cuando José Albeiro era niño, empezó a formar parte de la Guardia Indígena. Cuando creció, también trabajó en una emisora de radio local, difundiendo los mensajes que eran importantes para él. Entre 2005 y 2013, Camayo fue coordinador local de la Guardia. De 2013 a 2016 fue ascendido a coordinador de la zona denominada Cxhab Wala Kiwe. Y en 2018 José se convirtió en el coordinador de toda la Guardia Indígena del norte del Cauca. Fue reconocido como Kiwe, que es la palabra nasa para líder. El consejero indígena Jorge Ulcué lo describió como "la voz del pueblo, la voz de la Guardia" y que "entregó su vida a defender la tierra y a la gente." José Albeiro será recordado como el Kiwe valiente y de principios que fue. Tenía 42 años.

Julio César Bravo

Foto: via Indepaz en Twitter

Julio César Bravo fue asesinado el 1 de febrero del 2022. Estaba en su casa en el departamento de Nariño, Colombia, cuando un grupo de hombres entraron en su casa y le dispararon. Aunque algunos miembros de su familia también estaban en la casa, no les dispararon ni fueron heridos. La policía colombiana no ha podido encontrar a los responsables. El gobierno ofreció treinta millones de pesos para quien pudiera proveer información respecto a los autores del asesinato. La información sigue siendo restringida y no hay mucha información pública disponible sobre este acontecimiento. Hasta la fecha el crimen sigue impune.

Julio César Bravo formaba parte del Consejo Indígena de Males y era presidente del Consejo en Córdoba. En los meses antes de su asesinato estaba trabajando en varios proyectos, incluyendo uno dedicado a la mejora de la condición de una carretera y a la construcción de una planta de tratamiento del acueducto. Julio César también era miembro del Partido Aico el cual busca promover la participación Indígena en el gobierno y asegurar el respeto de la diversidad cultural, entre otras metas. El alcalde dijo que “No hay palabras para describir la pérdida de un gran líder comunitario, lo único que consuela el alma es conservar en nuestra memoria el modelo de sus luchas y buenas acciones que se compartieron y admiraron. La administración municipal de Córdoba lamenta el fallecimiento” 

Ovidio Alemeza Yantén

El 3 de febrero de 2022, Samir Rosero de 24 años, y José Manuel Rosero de 17, de la comunidad de Alto Rey en El Tambo, departamento de Cauca al suroeste de Colombia, regresaban a casa de un partido de fútbol cuando una persona armada no identificada les disparó y los mató. La noche siguiente, la comunidad se reunió en vigilia por las jóvenes víctimas. Ovidio Alemeza Yantén, un jóven de la Guardia Indígena Kokonuko de la reserva de Alto Rey, se dirigía a acompañar a su comunidad en el duelo por las víctimas cuando recibió varios disparos y murió en una calle cercana a la casa donde estaba reunida la comunidad. El atacante huyó rápidamente en un camión.

Los guardias Indígenas de Colombia, como Ovidio Yantén, son elegidos por sus comunidades para proteger sus territorios de la usurpación ilegal y defender a la Madre Tierra. El acuerdo de paz no puso fin a la violencia armada en la región del Cauca, ya que los grupos armados siguen operando y han aparecido nuevos grupos, incentivados por la minería ilegal y el cultivo y procesamiento de coca y marihuana. Estos grupos armados de la región del Cauca atacan a guardias Indígenas con el objetivo de hacerse con el control de sus territorios.

Tras la muerte de Ovidio y de los dos jóvenes asesinados el día anterior, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) condenó los continuos y sistemáticos asesinatos de defensores de derechos humanos y guardias Indígenas. El CRIC también condenó al gobierno nacional y a varias agencias gubernamentales por ignorar las peticiones de la comunidad para que se les reconozca y se les ayude a fortalecer su capacidad para defender su comunidad y su territorio de extraños. Afirmaron que el CRIC, las 39 Autoridades Tradicionales de la zona y los 11 Pueblos Indígenas del Cauca seguirán defendiendo sus territorios por la vida, la paz y la supervivencia como pueblo. Ovidio Alemeza Yantén deja una comunidad que no está dispuesta a retroceder en la lucha por la defensa de sus pueblos y territorios frente a la usurpación ilegal y la violencia que cada vez más conlleva

Luis Chamapuro Quiro

Luis Chamapuro era un líder Wounaan del municipio de Medio San Juan en el Departamento de Chocó, Colombia. El viernes 3 de febrero del 2022, Luis intentó cruzar el Río San Juan a las 6:30pm, pero el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien patrulla el río y no permite el tránsito después de las 6pm le demandó un pago de extorsión de 500,000 pesos. Según testigos locales, el ELN le secuestró por no haber pagado. El siguiente martes, las autoridades y miembros de la comunidad Indígena advirtieron que no había evidencia de que él hubiera sobrevivido, a lo cual el ELN respondió que estaba siendo investigado por supuestamente pertenecer a una red de informantes del gobierno. La comunidad hizo un llamado público para que se tomara acción inmediata para salvaguardar la vida de Luis. El 9 de febrero, se encontró sin vida el cuerpo de Luis.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Luis fue el activista social número 21 asesinado en Colombia en 2022, y el 1307 desde que se haya firmado el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en 2016. En 2021, la Defensoría del Pueblo de Colombia, la agencia gubernamental responsable de monitorear la protección de los derechos civiles y humanos, emitió una alerta para los municipios de Itsmina y Medio San Juan declarando que habría “una muy alta probabilidad de desplazamientos forzados masivos, confinamiento de comunidades, homicidios selectivos, masacres, amenazas e intimidaciones contra la población que habita este sector, en especial miembros de las comunidades Indígenas y afrodescendientes”.

En camino hacia el velorio de su líder Luis Quiro, un jóven Wounaan perdió su pie cuando explotó una mina antipersona. Respondiendo a esta serie de tragedias, el senador y anterior consejero del Consejo Regional Indígena de la Cauca (CRIC) Feliciano Valencia comentó, “Así es la trágica historia de violencia que padecemos cada día en nuestros territorios”. Luis siempre será extrañado por su comunidad.
 

Luis Tombé

Agentes de policía uniformados presuntamente dispararon y mataron a Luis Antonio Tombé en Miranda, municipio del norte del Cauca, el 1 de mayo de 2022. Antes de su muerte, el padre de seis hijos llevaba una vida dedicada al servicio y al activismo. En 2004, fue elegido alguacil del concejo de su pueblo, era miembro de la Kiwe Thegnas o Guardia Indígena, y fue elegido presidente de la junta del pueblo de La Unión en 2008. Según Indepaz, se había producido una protesta medioambiental por la liberación de la Madre Tierra y la policía detuvo arbitrariamente a dos personas. Otros miembros de la comunidad se acercaron a la comisaría para pedir su liberación, momento en que la policía abrió fuego contra ellos, matando a Luis Tombé e hiriendo a otras personas. 

El caso y su posterior investigación han sido remitidos a la Fiscalía del Cauca y al Cuerpo Técnico de Investigación Criminal. Dos uniformados fueron suspendidos temporalmente a los pocos días del tiroteo, como es habitual en estos casos. El resultado de la investigación aún está pendiente. Tombé era miembro del grupo Indígena Paéz en el Valle del Cauca donde viven más de doscientos mil Paéz. El activismo de Tombé sigue vivo a través de sus hijos: su hijo Élmer es ahora el presidente de La Unión; su hija Rosalía fue la coordinadora de los Kiwe Thegnas de la zona de Miranda hasta hace un año; su hijo mayor, Arley, es ahora el alguacil de la alcaldía; todos sus hijos son miembros de los Kiwe Thegnas.
 

Jesús Antonio Montaño

Foto: Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas 

Jesús Antonio Montaño era un Indígena misak del resguardo Indígena Guambia de Silvia. Nació el 8 de julio de 1968. Se vió obligado a abandonar su comunidad y trasladarse a La Rejoya, capital del Cauca, en el suroeste de Colombia, debido a la presión de los grupos armados, incluyendo el asesinato de su hijo en 2011, presuntamente a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En La Rejoya, Jesús abogaba por las víctimas de las FARC y contra el reclutamiento forzoso y los cultivos ilícitos.

Jesús se involucró en la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC en 2014, año en que también se fundó. El último proyecto en el que participó fue la ruta de prevención del reclutamiento de niños y adolescentes en grupos armados en el norte del Cauca. Días antes de desaparecer denunció amenazas de supuestos miembros disidentes de las FARC acerca de presiones a la gente para que votara por uno u otro candidato en las elecciones generales colombianas. 

Entre 2021 y 2022, Jesús presentó dos denuncias ante un fiscal por amenazas, además de solicitar una reevaluación de riesgo ante la Unidad Nacional de Protección (UNP). La UNP informó que el líder Indígena tenía un esquema de seguridad desde hace tres años, pero supuestamente ningún elemento de seguridad lo cuidaba en el momento de su secuestro. El amigo de Jesús, José Antonio Vitonás, informó de que Jesús sólo llevaba consigo un botón de pánico y un teléfono móvil cuando fue secuestrado.

Juan Orlando Moreano, John Nastacuás y Carlos García

Juan Orlando Moreno era gobernador suplente del resguardo de Inda Sabaleta, vicegobernador de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) y asesor de la Guardia Indígena. Tenía 35 años en el momento de su asesinato. Varias fuentes han señalado a Los Contadores, un grupo armado de narcotraficantes que opera en el municipio de Tumaco, en Nariño (la mayor región productora de coca de Colombia) como los asaltantes armados que lo mataron a tiros a él y a sus guardaespaldas e hirieron a varios más. Desde su creación, Los Contadores han sido la principal causa de violencia y desplazamiento del pueblo indígena Awá.

John Faver Nastacuás, de 26 años, y Carlos Jose García, de 29, eran miembros de la Guardia Indígena y guardaespaldas personales de Juan. Murieron el 3 de julio intentando proteger a Juan de los asaltantes armados. Carlos era sobrino de Juan. Según un artículo de la Agencia Prensa Rural, Juan pudo haber sido atacado por su fuerte liderazgo y su resistencia al reclutamiento forzoso por parte de grupos armados.

Juan, con John y Carlos a su lado, habló sobre la Guardia Indígena, describiendo su papel como "constructores de vida, de armonía, de felicidad", y para "proteger el territorio". También afirmó, "en este contexto de lucha armada, ser Guardia Indígena puede ser bastante duro, porque es un conflicto de más de 50 años, un conflicto que en nuestro territorio ha causado desplazamientos, masacres, desapariciones, amenazas, en fin una cantidad innumerable de situaciones de derechos humanos." Orlando Moreno era responsable de la coordinación de 1.600 miembros de la Guardia Indígena.

Wilmer Valencia y Camilo Puni Bomba

El 4 de julio tres hombres armados obligaron a varias personas a salir de un establecimiento público y asesinaron a Wilmer Valencia y Camilo Puni Bomba en Santander de Quilichao. El primero era miembro del resguardo Canoas y el segundo del resguardo Munchique los Tigres. Puni Bomba fue líder social en Guaitalá y también docente por más de diez años en la Escuela Agrícola La Aurora de Santander de Quilichao. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el riesgo en esta región y ha denunciado que las amenazas y atentados contra líderes Indígenas tienen la intención de silenciar las demandas colectivas que estos líderes representan. En la zona hay presencia de miembros de la columna Dagoberto Ramos y del grupo Jaime Martínez, ambos grupos provenientes de las disidencias de las FARC y que luchan por estos territorios.

Yeimi Chocue

Foto: CRIC

Yeimy Chocué Camayo era del resguardo de Chimborazo, en Morales (Cauca, Colombia). Ocupaba el cargo de tesorera del Cabildo Indígena de Chimborazo y era una figura de autoridad en la comunidad. Tras su muerte deja atrás a dos hijos pequeños. El asesinato de Yeimy Chocué ocurrió el 27 de octubre de 2022. La causa oficial de su muerte sigue sin estar clara. Algunos medios de comunicación locales han informado que murió de asfixia, y otros medios afirman que fue tiroteada en la calle por hombres armados que la siguieron hasta su casa. La falta de claridad en torno al asesinato de Yeimy apunta a la gran incertidumbre que sufren los pueblos Indígenas de la zona debido a la violencia frecuente y continua. Resaltando aún más la presencia de la violencia contra los defensores Indígenas en Chimborazo, el mes siguiente al asesinato de Yeimy, el 30 de noviembre de 2022, miles de hombres armados entraron en Chimborazo, ocupando escuelas, lugares religiosos, la carretera principal y la clínica principal, impidiendo a los residentes salir de la zona. Como autoridad indígena y tesorera del Cabildo Indígena de Chimborazo, Cauca, Yiemy Chocué era una figura importante en su comunidad. El Cabildo Indígena denunció el asesinato de Yeimy y expresó la urgente necesidad de lograr la paz en Colombia y el anhelo de justicia de los seres queridos de Yeimy.
 

Carlos Alberto García Sepúlveda

Carlos Alberto García Sepúlveda era defensor de los derechos Indígenas y dirigente de la Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awá del Pacífico (ORIPAP). Desde su cargo, coordinó la protección del pueblo Pilvicito, ubicado en el resguardo de Inda Sabaleta. Carlos también fue miembro de la Guardia Indígena del Pueblo Awá en su pueblo natal de Tumaco, Nariño en Colombia. Implementó la guardia en su comunidad en 2021 con el fin de mantener la seguridad de esta. Su padre, Carlos García, también actuó como defensor de su comunidad, siendo ex gobernador y líder de derechos Indígenas.

Según un informe publicado por la ORIPAP, el 30 de octubre de 2022, Carlos regresaba a casa en motocicleta con un amigo y fue abordado por tres hombres enmascarados. Los hombres obligaron al otro hombre a marcharse y atacaron a Carlos con un cuchillo, hiriéndolo de muerte. Esto ocurrió a 300 metros de su casa, donde vivía con sus padres y su hijo de dos años. El asesinato de Carlos es el número 156 del año 2022 y uno de los más de mil asesinatos de líderes de derechos humanos en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz del país en 2016. No hay constancia de que se haya abierto una investigación para encontrar a sus asesinos, pero varias organizaciones, entre ellas la ORIPAP, han denunciado el incidente y han exigido que se brinde más protección al pueblo Awá, así como a las comunidades Indígenas de la zona.
 

Juvencio Cerquera

Juvencio Cerquera fue un ecologista Indígena y curandero tradicional kokonuko de la reserva Paletará de Colombia. Cerquera luchó principalmente contra la empresa irlandesa de embalaje Smurfit Kappa, una de las principales empresas de embalaje de papel del mundo. Smurfit Kappa lleva generaciones apropiándose de tierras Indígenas en Colombia para plantar árboles no autóctonos destinados a la producción de papel. En las últimas décadas, la corporación ha destruido el ecosistema de la región del Cauca, una región ocupada por Pueblos Indígenas durante miles de años. Estas tierras forman parte de su identidad cultural y están llenas de lugares sagrados y espiritualmente significativos. Esta destrucción incluye acaparamiento de agua en la cuenca del Cauca y la sequía de un río cercano, quitándole a la comunidad local su fuente de agua. 

El 9 de noviembre de 2022, Cerquera trabajaba como guardia en una protesta pacífica por la recuperación de tierras en Sotará cuando fue alcanzado por un proyectil lanzado por un grupo de encapuchados, presuntamente afiliados a Smurfit Kappa. Se cree que este ataque es un intento de expulsar a la Reserva Indígena Paletará de la Granja La Unión. El Resguardo Indígena Paletará declaró que hubo varios otros casos de amenazas e intimidación por parte de trabajadores de Smurfit Kappa durante semanas antes de la muerte de Cerquera. 

La Defensoría del Pueblo de Colombia declaró que los asesinatos de defensores de los derechos humanos han aumentado hasta alcanzar un máximo histórico, con casi 200 defensores asesinados en los primeros 11 meses de 2022. Cerquero perdió la vida en la búsqueda de justicia para su comunidad y se le rindió un homenaje público en el que su féretro fue llevado a través del pueblo El Márquez hasta el templo católico local para su entierro, donde los transeúntes pudieron mostrar su respeto. "Juvencio, después de cumplir con su familia como hijo y como padre, como guardia y como sabedor espiritual retornó a la madre tierra con la satisfacción del deber cumplido y con el convencimiento que su sangre derramada permitirá que el territorio por el que tanto luchó cuente con la ampliación soñada” dijo el CRIC. 

Armando Hanipe Cabrera

Foto: via Indepaz en Twitter

El miércoles 9 de noviembre de 2022, Armando Hanipe Cabrera fue asesinado en el municipio de Nuquí, en el departamento del Chocó, cuando mediaba en una disputa. El líder Indígena Embera y defensor ambiental de las riberas del río Nuquí murió por heridas mortales tras ser apuñalado. El Instituto De Estudios Para El Desarollo y La Paz (INDEPAZ) reconoció a Hanipe Cabrera por defender los esfuerzos de conservación de la música tradicional Embera de la comunidad Indígena Embera. Debido a la participación de Hanipe Cabrera en el Consejo Social de la Comunidad del Cabildo Mayor Indígena de la Costa Pacífica (CAMIZCOP), Yefer Arley Gamboa Palacios, alcalde de Nuquí, lo inmortalizó en Twitter. "Las comunidades Indígenas del municipio de Nuquí lloran la pérdida de Armando Hanipe Cabrera", lamenta. La comunidad del Chocó recuerda a Hanipe Cabrera por su liderazgo, generosidad y bondad. Hanipe Cabrera se sobrepuso, perseveró y luchó por el reconocimiento de los derechos de la tierra comunitaria Indígena y la música tradicional Embera.

Francisco Sarco Pipicay

Francisco Sarco Pipicay era líder social y miembro de la Guardia Indígena de la comunidad Emberá Playa Bonita, así como de la Asociación de Víctimas Indígenas del Chocó. Francisco también era jornalero en una finca en zona rural de Quibdó. El 11 de noviembre de 2022, tres hombres encapuchados entraron en el lugar de residencia de Francisco y dispararon indiscriminadamente, matándolo a él y a Carlitos Urágama Cano e hiriendo a otro hombre. Otros informes de prensa señalaron que los hombres de la casa estaban separados de las mujeres de la familia en el momento del tiroteo y que cuatro mujeres y cinco menores que presenciaron el incidente fueron amenazados. Con Francisco y Carlitos son 161 y 162 las muertes de activistas sociales en Colombia. 

Los ataques fueron denunciados por Juliette de Riviero, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, así como por la Asociación Orewa, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y otras ONG. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación abrieron una investigación que encontró responsable al grupo armado organizado Clan del Golfo. La policía presentó cargos contra seis miembros del Clan del Golfo por los asesinatos de Francisco y Carlitos, junto con otros cuatro homicidios. Esta tragedia se produce después de que la comunidad de Francisco huyera de su territorio de origen para proteger la vida de los miembros de la comunidad. En 2019, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la alta probabilidad de violencia contra la comunidad.

Carlitos Urágama Cano

Carlitos Urágama Cano, líder Indígena y miembro de la Asociación de Víctimas Indígenas del Chocó, trabajaba como jornalero en una finca de Quibdó, Chocó, en Colombia. Urágama Cano fue asesinado en un doble homicidio junto con el líder Indígena Francisco Sarco Pipicay. Sus muertes elevaron a 1.389 el número de personas asesinadas en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

A última hora de la noche del viernes 11 de noviembre de 2022, tres hombres irrumpieron en la finca en la que Urágama Cano trabajaba como jornalero, disparando indiscriminadamente contra los vecinos y dejando a ambos dirigentes muertos y a otro líder social (José Norverto Isarama Morroco) gravemente herido. Al igual que Sarco Pipicay, Urágama Cano también era guardia Indígena de la comunidad Emberá Playa Bonita, situada en Quibdó, capital del departamento del Chocó, al oeste de Colombia. Urágama Cano deseaba representar al pueblo Emberá y trabajar por la defensa de sus derechos. Múltiples fuentes corroboran que el crimen fue cometido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo, una poderosa organización paramilitar que controla gran parte del tráfico de drogas del país. 

Con sólo 23 años, Urágama Cano había sido víctima del desplazamiento forzado de su territorio de origen. La Asociación Orewa ha prestado ayuda humanitaria y socorro a los familiares de ambos defensores, y desde entonces ha pedido al Clan del Golfo que cese sus actos de violencia. Tras la muerte de Urágama Cano, sus seres queridos se han visto obligados a trasladarse una vez más para preservar sus vidas.

Juan Alberto Guejia Peteche y Arcelia Fernandez 

Asaltantes desconocidos secuestraron a Juan Alberto Guejia Peteche, de 67 años, a su esposa, Arcelia Fernández, de 56, a su hijo de 16 años y a su nieta de 7, el 18 de noviembre de 2022. Tras tres días de cautiverio, Juan consiguió liberar a su hijo adolescente segundos antes de que los secuestradores ejecutaran a Juan y a Arcelia. Los secuestradores dispararon e hirieron al hijo de Juan con una bala en el brazo derecho, pero el hijo escapó. Miembros de la Guardia Indígena de Pitayó, Silvia y la Junta de Acción Comunal rescataron al hijo tras su huida. Los cuerpos de Juan y Arcelia fueron encontrados en Alto Méndez; su nieta fue liberada y se informó que estaba bajo custodia de las autoridades.

Juan Alberto era miembro del resguardo Indígena Nasa de Pitayo, en el departamento del Cauca, y un visible líder comunitario. Luchaba por mantener la sabiduría y las costumbres de los antepasados de la comunidad. Miembros del Comando Organizador de Occidente y del ELN patrullan la zona en la que Juan y su esposa fueron secuestrados y asesinados. Se iniciaron múltiples investigaciones a raíz del asesinato. La alcaldesa de Silvia, una ciudad cercana, informó de que se había convocado un consejo especial de seguridad para investigar la situación. Además, la consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Carmen Gembuel, también ha iniciado una investigación sobre los asesinatos. Este hecho se produce en un contexto de increíble violencia contra los líderes sociales en Colombia; el Instituto para el Desarrollo de la Paz, Indepaz, calcula que en el periodo previo a la muerte de Juan, un líder social fue asesinado cada dos días en Colombia.
 

Julian Eduardo Baltazar Medina

Julián Eduardo Baltazar Medina, de 28 años, era miembro del resguardo Indígena Kweth Kina las Mercedes, en el municipio de Caldono en el departamento del Cauca. El 20 de noviembre de 2022, un grupo de asaltantes armados llegó a su casa en Las Mercedes y lo asesinó a tiros. Unos meses antes había desaparecido su hermano. Según El Tiempo, es el tercer líder social asesinado en el Cauca en cinco días.
 

Alberto Quina, Diego Quina y Juan Pablo Guacheta

Alberto Quina, Diego Quina y Juan Pablo Guacheta fueron asesinados después de salir de una pelea de gallos en un establecimiento público en el municipio de Cajibio, Cauca el 20 de noviembre de 2022. Alberto Quina era un reconocido líder social, activista, campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Diana. Juan Pablo Guacheta fue líder comunitario de la vereda El Edén. Alberto Quina y Diego Quina eran hermanos, y Juan Pablo Guacheta era su primo. 

Un grupo armado los asesinó a tiros durante la madrugada. Se desconoce quién perpetró esta masacre, pero en la zona actúan múltiples grupos armados y rutas de narcotráfico atraviesan la región. Entre estos grupos se encuentran el ELN, las FARC, la Columna Móvil Jaime Martínez y la Columna Móvil Carlos Patino.

Ariel Danilo Majin Jimenez

Ariel Danilo Majin Jimenez era el más reciente coordinador de la Guardia de la Comunidad de Sachacoco (Guardia Indígena) en el Cabildo de Tulpas, perteneciente al Resguardo de Río Blanco ubicado en el municipio de Sotará en el departamento de Cauco. Tenía 42 años y residía en el municipio de Río Blanco, Sotará. Ariel desapareció después del mediodía del 24 de noviembre de 2022 y su cuerpo no fue encontrado hasta días después, el 2 de diciembre, en el municipio de Policarpa,
Nariño. Según familiares y allegados, había ido a buscar mejores oportunidades de trabajo en Policarpa.
 

Ecuador

Foto: Facebook Alba Bermeo

Alba Bermeo Puin

Alba Bermeo Puin fue una defensora Indígena del medio ambiente, activista del agua y activista contra la minería. Era miembro de la Parroquia de Molleturo, en Ecuador, y antigua candidata a un puesto de liderazgo en el Consejo Parroquial de Molleturo. En algún momento entre la noche del 21 de octubre de 2022 y la mañana del 22 de octubre de 2022, un agresor desconocido, posiblemente afiliado a una disputa minera, disparó y mató a Alba, que estaba embarazada de cinco meses, en el puesto de control "Tamarindo", a 100 metros de la entrada a la carretera de Chochapamba. Su padre atribuye su muerte a una disputa minera entre dos facciones mineras ilegales. El incidente se produjo después de que Alba y su hermano menor, Pablo, se negaran a remolcar un camión lleno de oro que no había sido verificado por las autoridades, pero los detalles del tiroteo no coinciden en todos los informes.

Otros dos incidentes de violencia contra el pueblo Molleturo ocurrieron dos semanas antes de la muerte de Alba, lo que indica que esta tragedia no fue un incidente aislado. El 1 de octubre de 2022, hombres armados abrieron fuego contra la casa de Mónica Guarango, otra defensora del medio ambiente, disparando contra ella y su hijo. Apenas una semana después, el 8 de octubre de 2022, Dina Chillpi fue atacada y herida de bala en una pierna por hombres enmascarados en el puesto de control de la resistencia de San Pedro de Yumate. Tras estos hechos, la comunidad pidió a la Gobernación del Azuay, a la Policía y a la Fiscalía que garanticen la protección de los defensores ambientales en Molleturo. Este incidente también se produce después de que un caso judicial de alto perfil, llamado Ecuagoldmining contra Ecuador, de 2018 estableciera que todas las operaciones mineras en la región de Cuenca no podían proceder sin consulta a las comunidades. El resultado del caso afectó más notablemente a la operación minera llevada a cabo por la empresa minera china Ecuagoldmining, que tiene una mala relación con las comunidades locales debido a la violencia que ejerce. La Constitución de Ecuador y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas exigen la consulta a las comunidades. 

Un miembro de la comunidad declaró: “Él [Raúl Bermeo] quiere que su hija sea recordada por la gran persona que era y no como un símbolo de enfrentamiento entre comunidades. Dentro del espectro de la defensa del agua hay varios actores que se están postulando a las elecciones y eso está generando un tira y afloja de a qué sector pertenecía la compañera Alba. El papá está indignado por eso”.
 

Guatemala

Tereso Carcamo Flores

Foto: CODECA via Facebook 

Tereso Cárcamo Flores fue un defensor de los derechos humanos y de la tierra que luchó por los derechos Indígenas, laborales y agrícolas. Vivía en el departamento de Jalapa en Guatemala. Flores también luchó por la nacionalización de industrias clave como la electricidad y el agua. Era miembro de la comunidad Indígena Xinca y uno de los primeros miembros de la junta comunitaria de CODECA (Comité de Desarrollo Campesino), organización que representa y lucha por los campesinos y trabajadores. Flores se implicó en asuntos de representación comunitaria y derechos democráticos; participó en el proceso para la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional de Guatemala, y era "uno de los principales impulsores de estos procesos de democracia a lo interno de CODECA".

El Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) es una destacada organización de la sociedad civil que lucha por los derechos de los campesinos. Los datos de la Unidad para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (UDEFEGUA) muestran que CODECA es también una de las organizaciones de derechos humanos más atacadas en Guatemala. En 2019, más de la mitad de los defensores de derechos humanos asesinados por su trabajo en Guatemala eran miembros de CODECA o de su partido político correspondiente, el MLP.

El asesinato de Flores forma parte del ataque sistémico contra los defensores Indígenas de la tierra. Como muchos otros líderes xincas, Flores había "recibido amenazas de muerte durante varios años, desde que se organizó la resistencia campesina en Santa María Xalapán", y según la dirección de CODECA, el asesinato de Flores se produjo de la misma manera que los asesinatos contra otros líderes de CODECA. El hecho de que Flores fuera una fuerza impulsora de un proceso político activo ilustra las formas en que su asesinato tiene un propósito político más amplio: sus atacantes buscaban no sólo interrumpir los esfuerzos de CODECA y de la comunidad xinca por la autodeterminación, sino también enviar un mensaje de intimidación en un intento de disuadir a otros líderes y activistas.

México

Filogonio Martínez Merino

Foto via Educa Oaxaca

Filogonio Martínez Merino fue un activista medioambiental Indígena que se opuso fervientemente a la creación de los proyectos hidroeléctricos Paso de la Reina y Río Verde en México. De 2008 a 2011, fue comisario ejidal de Paso de la Reina. Martínez Merino había sido muy activo en su comunidad, trabajando como agente municipal de Santiago Jamiltepec durante un tiempo y siendo miembro del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, también conocido como Copudever, que ha estado resistiendo activamente a los planes de construir una presa hidroeléctrica en el Río Verde desde 2008. Fue asesinado en la localidad de Piedra Blanca, en el estado de Oaxaca, el 26 de octubre de 2022.

La región de Oaxaca ha estado últimamente en el centro de muchos conflictos medioambientales, ya que el creciente interés por la privatización de sus tierras amenaza con alterar fundamentalmente su paisaje. Algunos de estos cambios son los proyectos hidroeléctricos propuestos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Río Verde. Cinco defensores del medio ambiente, también parte de Copudever, fueron asesinados antes de Martínez Merino a principios de 2021. Se trata de Fidel Heras Cruz, Noé Robles Cruz, Raymundo Robles Riaño, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz. Nadie ha respondido por estos crímenes. El incansable activismo y defensa del medio ambiente de Martínez Merino sirvió para unir a la comunidad de Paso de la Reina durante la última década en su lucha contra estos proyectos dañinos e intrusivos. Cuando el miedo se apoderó de la comunidad en 2021 tras el asesinato de los cinco defensores del medio ambiente, Martínez Merino fue esencial para unirlos, animándolos a estar más decididos que nunca a defender Río Verde. Merino había solicitado medidas cautelares colectivas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2021, que le fueron concedidas en abril de 2022. Estas medidas fueron claramente insuficientes para protegerlos.

Adán Linares, Guillermo Hilario y Moisés Cuapipistenco

El 5 de Noviembre Adán, Guillermo y Moisés, miembros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), fueron asesinados en la comunidad de Xochimilco, municipio de Chilapa de Álvarez en Guerrero, tras ser detenidos por la policía de tránsito y perseguidos posteriormente por una motocicleta. También eran parte del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Según ellos mismos, el Cipog-EZ “nace para acompañar a nuestros pueblos, a nuestras asambleas. Con respeto a la autonomía de las comunidades, las organizaciones y las personas. Nuestro propósito es trabajar y formarnos para servir a nuestros pueblos, para defender nuestras comunidades y construir un futuro digno en nuestros territorios”. Estos asesinatos se enmarcan en una persecución sistemática de esta organización. En lo que lleva de existencia el Cipog-EZ estiman que 43 miembros han sido asesinados y 20 desaparecidos. 

Tan sólo unas semanas antes de estos asesinatos, miembros del Cipog-EZ se habían reunido con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador acerca de sus preocupaciones al respecto de su seguridad expresando: “Si no nos defendemos quién nos va a defender”.

Paraguay

Alcides Romero Morilla y Rodrigo Gómez González

El domingo 23 de octubre de 2022, los líderes Indígenas Guaraní Paĩ Tavyterã Alcides Romero Morilla y Rodrigo Gómez González fueron asesinados en el marco de un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad del Estado paraguayo y el EPP (Ejército del Pueblo de Paraguay), un grupo armado no estatal. Según propias fuentes del gobierno, tras la autopsia se determinó que ambos habían sido torturados antes de su muerte. Otras personas de la comunidad también fueron heridas, entre ellas Leonardo Gómez Riquelme.

La región que habita el pueblo Guaraní Paĩ Tavyterã, incluyendo su territorio sagrado Jasuka Venda, es un área que ha sido militarizada por el Estado paraguayo, proceso que se inició con la creación en el 2013 del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), una unidad armada estatal integrada por miembros de la Policía, de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), que tiene el objetivo de hacer frente al EPP en la zona. En la región también operan grupos narcotraficantes, quienes amenazan territorios Indígenas y capturan a trabajadores Indígenas a través de mentiras para trabajar en plantaciones de marihuana donde muchos han desaparecido o sido asesinados. En este contexto, el derecho del Pueblo Paĩ Tavyterã a la autodeterminación es violado sistemáticamente mediante diversos mecanismos como la obstaculización de la libre circulación para el acceso a sus territorios, prácticas de amedrentamiento y hasta el uso de violencia, llegando a la trágica situación de los recientes asesinatos de líderes Indígenas.

Según la Misión de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Zona Norte, parte de CODEHUPY (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay), que tuvo lugar a inicios del 2021, en ocasiones unidades armadas estatales han intentado utilizar a personas Indígenas como escudo humano para entrar al monte a intentar encontrar a miembros del EPP. 

Perú 

Juan Julio Fernández Hanco

Juan Julio Fernández Hanco, de Madre de Dios, Perú, era un defensor Indígena del medio ambiente de la Reserva Nacional de Tambopata que dedicó su vida a defender la región de la minería ilegal. El 20 de marzo de 2022, Juan fue asesinado de dos tiros en la cabeza en casa de su hermano por dos sicarios al parecer contratados por mafias de mineros ilegales. Según su hermano, Germán Fernández, su familia había sido amenazada por los mineros ilegales desde 2011, y dos semanas antes del asesinato de Juan su hermana fue secuestrada por el mismo grupo mafioso mientras se encontraba en la granja de su familia. Tras la muerte de su hermano, Germán afirmó que "este lugar debería declararse en emergencia. Aquí muere gente todos los días". Su propia vida está amenazada a diario.

Juan Julio Fernández fue el 17º defensor de la tierra Indígena asesinado desde el comienzo de la pandemia y el cuarto asesinado esa misma semana. Tras su asesinato, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos afirmó haber impulsado una investigación del homicidio con las autoridades locales, la Fiscalía y el Ministerio del Interior, pero hasta abril de 2022 no se había hecho justicia en ninguno de los 17 homicidios de defensores de la tierra, incluido el de Juan. Comentando la muerte de Juan, Luisa Ríos, coordinadora regional de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en Madre de Dios declaró que "la impunidad con la que actúan los actores ilegales en Tambopata sigue creando un contexto desafiante y mortal para quienes buscan defender sus tierras y bosques porque son su sustento, por lo que su lucha nunca cesará." En la región se deforestan 100.000 hectáreas de selva amazónica y se extrae ilegalmente oro por valor de 2.000 millones de euros al año. Juan Julio Fernández Hanco será recordado por su comunidad, que seguirá defendiendo la Reserva Nacional de Tambopata de la extracción ilegal y la violencia que conlleva.
 

Jesús Antaihua, Nusat Benavides y Gemerson Pizango

En la tarde del 22 de marzo, tres dirigentes ashéninkas regresaban a sus hogares en la provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco, cuando fueron asesinados a tiros. Entre ellos se encontraban Jesús Antaihua y su esposa Nusat Benavides, que esperaban un hijo y eran miembros de la comunidad de Cleyton, y un conocido de la pareja, Gemerson Pizango, de la cercana comunidad de Santa Teresa. Aunque se desconocen los autores exactos, la Asociación Regional de Pueblos Indígenas (ORAU) y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ARPI) informan de que los asesinatos habrían sido perpetrados por mafias asociadas a narcotraficantes o mineros ilegales de la zona, cuya violencia ha provocado que las comunidades cercanas estén en alerta permanente. 

Líderes Índígenas de Perú como Jesús, Nusat y Gemerson están en el punto de mira de estas mafias por su oposición al narcotráfico y a la extracción ilegal en sus territorios, así como por sus reivindicaciones acerca de la titulación de sus tierras. En la región de Huánuco, en particular, los líderes Indígenas han tenido que enfrentarse al problema del acaparamiento de tierras por parte de personas no Indígenas financiadas por iniciativas de desarrollo que, irónicamente, habían recibido ayudas de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Perú y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para la titulación de tierras. Estas iniciativas tuvieron el perverso efecto de aumentar la producción de coca, el narcotráfico y la violencia en la región de Huánuco.

No se ha hecho justicia por los asesinatos de Jesús, Nusat y Gemerson. Según un comunicado de la ORAU y la ARPI tras el asesinato, la corrupción de las autoridades estatales encargadas de administrar justicia garantiza la impunidad de estos criminales. El ARPI y la ORAU afirman que la falta de protección del Estado a los defensores de las tierras indígenas les obliga a defenderse a ellos mismos. Jesús, Nusat y Gemerson dejan atrás comunidades que no están dispuestas a retroceder en la defensa de sus pueblos y territorios frente a la violencia estatal.
 

Vilca Ampichi López

Foto via Servindi

Vilca Ampichi López era un líder comunitario, conocido como Apu, de la comunidad yanseha de San Juan de Pachitea. López fue asesinado por su labor como defensor Indígena del medio ambiente y atacado como los otros más de 30 defensores del medio ambiente asesinados en Perú sólo en los últimos tres años. Se dirigía a su casa en un motocarro la noche del lunes 5 de diciembre de 2022 con su esposa cuando recibió 14 disparos y sus agresores huyeron rápidamente hacia la carretera Fernando Belaunde Terry. López formaba parte de una comunidad Indígena yanseha ubicada en San Juan de Pachitea en Huánuco en el distrito peruano de Yuyapichis en la provincia de Puerto Inca. Los yanseha son considerados los pueblos nativos de la Amazonia peruana, y López deseaba proteger los bosques vírgenes. La Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) ha pedido que se siga investigando esta muerte y otros asesinatos de defensores Indígenas del medio ambiente: "Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y expresamos nuestras condolencias a su familia, comunidad y al pueblo yanesha. Asimismo, exigimos celeridad en las investigaciones y sanciones efectivas para los responsables de este crimen. ¡No más muertes de líderes y lideresas Indígenas!” Su hija expresó ‘’Mi papá, mi todo. Te fuiste dejando un gran vacío en mi corazón, pero sé que donde estés me cuidarás y protegerás. Te admiro. Te amo, papá...’’.
 

Venezuela

Donaldo, Jonatan Silva, Cariban González y Martina González

Donaldo (22), Jonatan (30), Cariban (22) y Martina (45), Indígenas Yanomami, fueron asesinados a manos de militares el 20 de Marzo en Parima B del Alto Orinoco, en el estado Amazonas en un enfrentamiento con miembros de la Fuerza Aérea. El incidente tuvo lugar después de que varias personas Indígenas se acercaran a la base militar con el objetivo de pedir que se restableciera el acceso a internet y varios funcionarios se negaran. 

Varios organismos estatales, incluyendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), viajaron a la zona para llevar a cabo investigaciones sobre lo ocurrido. La comunidad Yanomami no permitió que los mandos militares involucrados en los asesinatos fueran sacados de la zona ya que consideran que “El problema sucedió aquí y aquí se tiene que cerrar el caso”.

Varias organizaciones de derechos humanos han calificado el incidente como uso excesivo de la fuerza e incluso como ejecución extrajudicial, pasando a llamarse “la masacre de Parima B”. Wataniba, organización que trabaja por los derechos de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Venezolana declaró “El hecho ocurrido entre efectivos militares de la base aérea de Parima B y la comunidad yanomami de la zona pone en relieve un problema con raíces profundas. Aunque la señal WiFi haya sido el detonante, no se trata de un hecho aislado. Es el resultado de un cúmulo de tensiones, abusos y violaciones a los derechos fundamentales a los pueblos Indígenas que, desde hace décadas, han sido denunciadas por organizaciones Indígenas, de derechos humanos, activistas y las propias víctimas”.

Virgilio Trujillo Arana

Foto via PROVEA 

El 30 de junio de 2022, un agresor no identificado disparó y mató a Virgilio Trujillo Arana, de 38 años, en la ciudad de Puerto Ayacucho a plena luz del día. Arana era miembro del grupo Indígena Uwottuja y de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (OIPUS). Era conocido por su labor contra las explotaciones mineras ilegales y las milicias ilegales en el estado de Amazonas, donde la minería está prohibida desde 1989, y por haber fundado la Guardia Territorial Indígena de Sipapo. Como parte de sus funciones como Guardia Territorial Indígena, Arana acompañó a las Fuerzas Armadas venezolanas en sus operaciones contra los grupos delictivos de la región. El pasado mes de febrero, los Uwottuja habían declarado su intención de plantar cara a una "invasión silenciosa" de elementos criminales en su territorio. Según la periodista María Ramírez Cabello, que también trabajó en la investigación, Arana también convenció a otros grupos Indígenas para que se levantaran contra los grupos armados irregulares en sus territorios. 

El 5 de julio de 2022, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales (CICPC), anunció que había enviado investigadores para investigar el asesinato de Arana. El 9 de septiembre de 2022, Olnar Ortiz, coordinador de Pueblos Indígenas del Foro Penal, anunció que se había acusado a personas en relación con la muerte de Arana, basándose en una conversación que mantuvo con el Ministerio Público en Caracas. Según los informes, Arana había recibido anteriormente amenazas relacionadas con su labor contra la minería. El gobierno afirmó que probablemente un sicario mató a Arana, y Rico declaró: "Se presume que en el hecho están involucrados narcotraficantes y paramilitares que pretenden apoderarse del territorio nacional".

Según el Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA), 32 líderes Indígenas han sido asesinados en Venezuela entre 2013 y 2021. El grupo alega que sicarios mineros perpetraron 21 de estos asesinatos.

Wilmer Rodriguez Pérez, Divier Rodriguez Péres y Jesus Dadure Gonzalez 

El martes 19 de julio de 2022, Wilmer Rodríguez Pérez, de 33 años de edad; Divier Rodríguez Péres, de 32 años; y Jesús Dadure González, de 43 años, todos Indígenas Jivi, fueron asesinados en la parroquia Guarataro, del municipio Sucre en el estado Bolívar, Venezuela. 

Según la asociación Kape Kape, la cual se dedica a la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas de la zona, “Se presume que los autores fueron los grupos armados que operan en la zona”. Sin embargo, según el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) aún no se han identificado responsables. 

Según los familiares los Indígenas Jivi estaban haciendo mañoco (harina a base yuca) y no estaban involucrados con ninguna actividad minera ni ilegal.

Agradecimientos

Esta pieza representa varios meses de investigación por parte de varios colaboradores. Además de miembros del personal de Cultural Survival, algunos casos fueron investigados en asociación con el Laboratorio de Investigaciones de Derechos Humanos de la Universidad de California, Santa Cruz. También agradecemos y nos solidarizamos con los miembros de las comunidades de cada persona mencionada, quienes han ayudado a sacar a la luz estos casos y perseverado en la búsqueda de justicia.