“Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados establecerán e implementarán programas de asistencia para los Pueblos Indígenas". -Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 29.1.
En todo el mundo, aproximadamente del 40 al 50 por ciento de las áreas protegidas se han establecido en tierras tradicionalmente ocupadas o utilizadas por los Pueblos Indígenas. Durante décadas, estos Pueblos han estado arrojando luz sobre los impactos negativos del movimiento principal de conservación que, en gran medida, ha adoptado el enfoque de "mantenerse fuera". Ha ignorado las contribuciones que los Pueblos Indígenas han hecho a la protección de la biodiversidad del mundo. No es una coincidencia que el 80 por ciento de la biodiversidad de la Tierra se encuentre en tierras Indígenas: se debe a la administración y la relación de los Pueblos Indígenas con el medio ambiente. La revista Nature Sustainability estima que estos pueblos, que representan aproximadamente el 5 por ciento de la población mundial, usan o tienen derechos de gestión en más de una cuarta parte de la superficie de la Tierra, lo que equivale aproximadamente a 14.7 millones de millas cuadradas de tierra en 87 regiones políticas. Sin embargo, alrededor del 70 por ciento de la población mundial no posee un título registrado de su tierra.
En 2016, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, publicó un análisis temático para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las medidas de conservación y, su impacto en los derechos de los Pueblos Indígenas. El informe resumió la principal preocupación: “Las áreas protegidas tienen el potencial de salvaguardar la biodiversidad en beneficio de toda la humanidad; sin embargo, también se han asociado con violaciones de derechos humanos contra los Pueblos Indígenas en muchas partes del mundo”. Según el informe, solo el cinco por ciento de todas las áreas protegidas practican la gobernanza compartida de los pueblos aborígenes con las comunidades locales. Un análisis realizado en 2015 por la Iniciativa de Derechos y Recursos de las ONG de 21 países -donde los conflictos afectan a los Pueblos Indígenas en áreas protegidas- concluyó que una legislación inadecuada, inconsistente y mal implementada es un obstáculo clave para promover la conservación basada en los derechos. El análisis determinó que "solo 8 de los 21 países promulgaron o reformaron la legislación de sus áreas protegidas relacionadas con los derechos comunitarios sobre la tierra y los recursos durante este período".
Un factor subyacente de esta clara inequidad es la falta de reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas a la tierra y, los títulos no garantizados de propiedad de la tierra. Un estudio realizado en 2016 por la Rainforest Foundation sobre 34 áreas protegidas, en 5 países de la Cuenca del Congo (Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón y República del Congo) encontró que las comunidades Indígenas, prácticamente, no tienen seguridad de tenencia sobre sus tierras tradicionales. La creación de al menos 26 de las áreas protegidas dio lugar a una reubicación o desplazamiento parcial o completo de las comunidades Indígenas y agrícolas locales presentes en el área, antes del establecimiento del parque. No hubo reparación por los desplazamientos. De las 34 áreas protegidas estudiadas, 25 estuvieron relacionadas con concesiones de tala, 19 con concesiones mineras y 9 con concesiones petroleras, lo que ilustra otra amenaza para la conservación y los derechos Indígenas: la industria extractiva. El informe hizo varias recomendaciones a los Estados, incluyendo la adopción de medidas políticas, legales y administrativas necesarias para el pleno reconocimiento de los derechos de estos pueblos sobre sus tierras, territorios y recursos, tal como están consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos; cumplir con el deber de consultar y obtener su Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) antes del desarrollo de iniciativas de conservación que puedan afectar sus derechos; apoyar las alianzas entre las autoridades gubernamentales y los aborígenes para alentar el compromiso intercultural a fin de generar confianza y colaboración a favor de objetivos compartidos de conservación sostenible; y el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y reparación por las violaciones a sus derechos en el contexto de la conservación y para reparar los errores históricos y contemporáneos.
Tauli-Corpuz instó a los grupos conservacionistas a respetar y apoyar los derechos de los Pueblos Aborígenes reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos y mejorar su capacidad para participar en la conservación, al abogar por el reconocimiento de sus derechos colectivos; desarrollar mecanismos para asociaciones sólidas para un compromiso regular y continuo con los mismos, lo que incluye garantizar su participación plena y efectiva en el diseño, implementación y monitoreo de iniciativas de conservación; apoyarlos con sus propias iniciativas de conservación; y garantizar mecanismos de denuncia culturalmente apropiados. Además, escribió: “los donantes deberían exigir y monitorear a las organizaciones de conservación para adoptar y practicar políticas de derechos humanos y apoyar las propias iniciativas de conservación de estos Pueblos, y las agencias de las Naciones Unidas, como la UNESCO, deberían reformar las Directrices de Operación, abordar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptar procedimientos para el CLPI y mejorar el monitoreo de sus prácticas de conservación. Los grupos de conservación también deben usar su influencia para defender los derechos Indígenas y promover un enfoque basado en los derechos.
Cultural Survival habló recientemente con Tauli-Corpuz.
CS: ¿Cuáles son los problemas actuales que enfrentan los Pueblos Indígenas con los esfuerzos de conservación?
Victoria Tauli-Corpuz: La situación de los Pueblos Indígenas en áreas protegidas y áreas de conservación no es muy buena porque son víctimas de que el gobierno decida que sus territorios tradicionales se conviertan en áreas protegidas. Esto es una injusticia, porque los Indígenas son los que han estado protegiendo estas áreas incluso antes de que los gobiernos entraran en escena y, han demostrado que son capaces de proteger estas áreas. Pero están sujetos a todo tipo de violaciones de derechos humanos. Esto, por supuesto, está muy relacionado con sus derechos sobre territorios y recursos, así como con sus derechos a participar en la toma de decisiones que les afectan. También hay violaciones al Consentimiento Libre, Previo e Informado porque no se les pregunta si desean que esos territorios sean designados como áreas protegidas. En el proceso también hay PP II que han sido reubicados, y no hay compensación para ellos. Ese tipo de injusticia sigue ocurriendo.
CS: ¿Cuál piensa usted que es la razón fundamental de los conflictos derivados de los esfuerzos de conservación?
VTC: Es principalmente un conflicto sobre la manera en que el gobierno considera las tierras de los Pueblos Indígenas, porque cuando se formaron los Estados, hicieron leyes en donde todas las tierras pertenecían al gobierno. Muchos Pueblos Indígenas no están de acuerdo con eso, porque estas tierras son los territorios que han cuidado desde tiempos inmemoriales y de donde han emergido sus culturas e identidades. Cuando los Estados reclaman el bosque por su "protección", lo hacen en violación de ese derecho. Pero también están realizando este tipo de acciones debido a una mentalidad discriminatoria que cree que los Pueblos Indígenas no pueden proteger esas tierras. Se niegan a ver que estos pueblos tienen sus propios sistemas de protección tradicionales y gobiernos donde se aplican las leyes y políticas sobre maneras en que se están configurando y protegiendo sus territorios. A muchos gobiernos no les gusta ver eso porque hay un sentimiento de superioridad: que el gobierno sabe más.
CS: ¿Puede comentar sobre los obstáculos a la propiedad legal de tierras colectivas?
VTC: Los Pueblos Indígenas se enfrentan a muchos desafíos. Número uno, muchos de ellos siguen siendo desalojados y sus casas siguen siendo quemadas en nombre de la conservación. Por ejemplo, en el caso de India, el gobierno amplió los santuarios de tigres y desplazó a Baiga y Gond. Tenemos situaciones en África donde se han creado áreas protegidas y los pigmeos que dependen de estos bosques y viven en ellos también han sido desplazados. Esos son algunos de los informes que he estado recibiendo, así como los Pueblos Indígenas que no pueden ir a áreas protegidas para realizar sus prácticas tradicionales, como la caza y la recolección y la apicultura, o para llegar a los medicamentos tradicionales que utilizan. Se les están negando todas estas actividades porque se consideran áreas protegidas y nadie tiene permitido entrar en ellas.
CS: ¿De qué manera ayudan las leyes internacionales a proteger las tierras Indígenas?
VTC: Estoy sugiriendo a los gobiernos que cumplan con sus obligaciones de derechos humanos como respetar los derechos de los Pueblos Indígenas a sus tierras y territorios y, respetar el derecho a la libre determinación; que estos derechos deben ser incluidos en las decisiones sobre el establecimiento de áreas protegidas y que deben continuar practicando sus medios de vida y culturas y, mantener sus sitios sagrados. En otras palabras, estoy pidiendo a los gobiernos que se adhieran y cumplan con las obligaciones de derechos humanos que han firmado, así como con las convenciones ambientales. El Convenio sobre Biodiversidad, por ejemplo, dice que los gobiernos deben respaldar los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas de los Pueblos Indígenas. Los Indígenas deben ser consultados, pero la otra cosa es ver la forma de reparar este tipo de injusticias que siguen sufriendo, así como ver el tipo de mecanismos de reparación establecidos por los gobiernos y las organizaciones de conservación para que puedan hacerlo. Deben poder regresar a sus territorios tradicionales o reubicarse en tierras que son igualmente valiosas a aquellas de las que fueron desplazados, entre otras. Este tipo de injusticias deben ser abordadas.
El artículo 29 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dice que, los derechos de estos pueblos a continuar sus actividades de conservación deben ser permitidos. En el Convenio 169 de la OIT, hay varios artículos sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado que instituyen que cualquier decisión relacionada con el uso de sus tierras debe obtener su CLPI. También establecen que se debe realizar una consulta con los Pueblos Indígenas antes que se adopte una política o acción administrativa que les afecte.
CS: La conciencia de estas leyes es clave. ¿Qué pueden hacer los Pueblos Indígenas?
VTC: Los Pueblos Indígenas realmente necesitan fortalecer su capacidad para usar los mecanismos existentes y para poder presionar a los gobiernos para que hagan lo correcto en términos de cumplir con sus obligaciones. Pero también deben fortalecer la posibilidad de realizar su propio monitoreo y evaluación de las áreas protegidas existentes y hacer informes que expongan las violaciones de derechos al público en general. Este último puede ejercer más presión sobre el Estado y las organizaciones de conservación que son responsables de este tipo de desarrollo.
