Belice forma parte del territorio ancestral maya y surgió como un estado nacional moderno en el crisol colonial en el que las fuerzas imperiales británicas y españolas se centraron en los mayas para su expropiación y eliminación. Comunidades y geografías enteras del Caribe se reconfiguraron mediante la imposición de mapas y fronteras coloniales y la animadversión racial, lo que fracturó a las comunidades Indígenas. En la actualidad, Belice es una sociedad multiétnica y alberga una gran diversidad de pueblos, incluidos tres grupos lingüísticos mayas: los Qʼeqchiʼ, los Mopanes y los Yucatecos. Los Qʼeqchi' y Mopan viven principalmente en el distrito de Toledo, que es distrito más sureño de Belice y donde residen 41 comunidades mayas.
Desde el contacto, los mayas se han embarcado en una lucha prolongada para defender sus territorios, sus relaciones y la autodeterminación de su futuro. Tradicionalmente, los mayas han tenido tierras en común y han obtenido derechos de uso individuales de la comunidad a través de un proceso colectivo. Un elemento central de este sistema complejo y comunal de tenencia de la tierra son los alcaldes, un elemento fundamental de la gobernanza consuetudinaria maya que existía antes del contacto y que se ha reconfigurado a lo largo de los siglos. Los alcaldes del distrito de Toledo, que son internos en las aldeas rurales Qʼeqchi' y Mopan del sur de Belice, gestionan los procesos de uso de la tierra y de armonización de los límites, y facilitan la democracia, la resolución de conflictos y la cohesión de la comunidad.
Una economía de reciprocidad se encuentra en el centro de las relaciones sociales mayas, la práctica de la gobernanza participativa y las conexiones con el territorio. A pesar de ser el objetivo del imperio y de la autoridad estatal, los mayas han sido capaces de mantener un cierto grado de autonomía relativa y de conservar sus enfoques comunales para la tenencia y la administración de la tierra, lo que es categóricamente diferente a la reivindicación de la propiedad privada. En medio de esta resistencia y lucha contra las secuelas del colonialismo, los alcaldes y sus tierras comunales siguen enfrentándose a constantes amenazas, principalmente en forma de proyectos de desarrollo o de supuesta conservación del medio ambiente, patrocinados por el Estado.
Cosechando maíz en la milpa en Laguna.
La última reiteración de la lucha maya comenzó a mediados de la década de 1990, como respuesta a las concesiones de extracción de madera en casi medio millón de acres; el Estado beliceño los otorgó sin consentimiento a terceras empresas. Aunque el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) se afirmó como parte de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y obliga a los Estados y a otras terceras partes a consultar de buena fe y sin coacción a los Pueblos Indígenas para obtener su consentimiento antes de adoptar cualquier medida, o iniciar cualquier proyecto de desarrollo que pueda afectar a sus comunidades, los agricultores mayas sólo se enteraron de las concesiones cuando se encontraron con madereros y maquinaria pesada en sus patios.
En los últimos 20 años, los aldeanos mayas y los líderes del movimiento se han visto obligados a acudir a los tribunales a todos los niveles. El polémico conflicto entre el Estado y los mayas culminó con una resolución decisiva emitida por el Tribunal de Justicia del Caribe en 2015, en la que se afirmaba que los pueblos mayas eran titulares de sus tierras tradicionales. El fallo de la Corte, el primero en el Caribe sobre el reconocimiento de los derechos de los Indígenas a la tierra por parte de un tribunal internacional, declara que las nociones tradicionales mayas de la propiedad comunal de la tierra son equivalentes a los conceptos occidentales de propiedad privada y propiedad de la tierra que se encuentran en la constitución de Belice.
Casi al mismo tiempo que el Tribunal dictaba su sentencia a favor de las comunidades mayas, en junio de 2015, fui detenida junto con otros 12 defensores de la tierra maya del pueblo de Santa Cruz. Los residentes mayas estaban protegiendo un sitio patrimonial, impidiendo el asentamiento no autorizado en terrenos sagrados y resolviendo la situación a través de la gobernanza consuetudinaria. Los alcaldes, reconocidos oficialmente como magistrados de los tribunales inferiores, intervinieron sólo después de solicitar la ayuda del Estado y de que ésta les fuera denegada. El gobierno utilizó el incidente como pretexto para pintar a los mayas como una "turba violenta", avivar las relaciones entre negros e Indígenas y detener a los residentes de Santa Cruz en la tranquilidad de la noche.
La importancia de las detenciones fue destacada por la entonces Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien, en una declaración internacional, señaló que el comportamiento del Estado mostraba una "indiferencia preocupante" por los derechos de los mayas. Continuó subrayando que, "no se puede permitir que persista la actual situación de conflicto y desconfianza". Después de aproximadamente un año de apariciones legales, tasas judiciales y mentiras por parte del gobierno, los cargos contra los activistas mayas fueron retirados en su totalidad. La criminalización, la deshonra y los intentos de calumniar o hacer desaparecer a los activistas Indígenas y a los defensores del medio ambiente siguen siendo los métodos preferidos de represión de numerosos gobiernos poscoloniales en toda América Latina y el Caribe.
La sentencia de 2015 también dio lugar a la creación de la Comisión de Derechos de la Tierra Maya de Toledo. La Comisión es una entidad gubernamental legalmente obligada a cumplir la orden judicial hasta su finalización mediante el trabajo de buena fe con las comunidades mayas, así como con la Alianza de Líderes Mayas y la Asociación de Alcaldes de Toledo, ambas demandantes en el caso judicial de 2015. La Asociación de Alcaldes de Toledo es un grupo de 78 líderes seleccionados que representan a las 39 comunidades mayas del Distrito de Toledo. El papel de la Comisión de Derechos de la Tierra de los Mayas de Toledo es contribuir a la aplicación de la orden. Sin embargo, ha mantenido una visión despectiva, por no decir antagónica, a las comunidades mayas y, en particular hacia la Asociación de Alcaldes de Toledo, un elemento fundamental de la gobernanza consuetudinaria maya y principal órgano de representación del pueblo maya en la región.
Desde que los mayas ganaron los derechos a su tierra en el 2015, el Estado continúa violando los protocolos del CLPI; invadiendo tierras mayas; denigrando a los activistas mayas y a los defensores de la tierra; incumpliendo su deber de consultar de buena fe; y quebrantando a los alcaldes. La negación combativa y duradera de los derechos territoriales mayas, la gobernanza consuetudinaria y las violaciones del CLPI por parte del gobierno de Belice plantean dos preguntas apremiantes sobre el compromiso del Estado con los derechos humanos y los Pueblos Indígenas: en primer lugar, ¿qué impide al gobierno reconocer de forma significativa los derechos territoriales mayas y actuar de buena fe con respecto al CLPI? Y en segundo lugar, ¿qué motiva la decisión del Estado de ignorar habitualmente los derechos, el sistema de gobierno, los alcaldes e incluso la humanidad de las comunidades mayas y los defensores de la tierra?
Desde el comienzo de la lucha más reciente por los derechos sobre la tierra, en la década de 1990, la continuidad y la presencia histórica de los mayas en sus tierras ha sido ignorada o refutada por los funcionarios del gobierno. Cuando las comunidades mayas han comparecido ante los tribunales para hacer valer sus derechos sobre la tierra, el Estado ha puesto en duda la legitimidad y la perspicacia de los mayas, además de intentar argumentar de forma insultante que los mayas del distrito de Toledo no son Indígenas de Belice.
A pesar de la sentencia de 2015 y del hecho más evidente de que las comunidades mayas comprenden perfectamente los profundos vínculos que tienen con sus territorios ancestrales, siguen teniendo que defenderse de los acaparamientos de tierras sancionados por el Estado y de los persistentes ataques a su sistema de gobernanza consuetudinario. Los funcionarios del Estado movilizan habitualmente un discurso nacionalista para convertir a los mayas en chivos expiatorios, como actores "irracionales", "anti-desarrollo" y "codiciosos". Acusaciones burlonas como éstas son una estrategia común desplegada por los estados autoritarios contra los Pueblos Indígenas en todo el mundo.
En el centro de la lucha maya está la ambición de transformar Belice en un país que acepte y respete más los modos de organización y las relaciones con el territorio de los Indígenas. Su lucha no es diferente a la de los zapatistas del sur de México, predominantemente mayas, que han expresado su deseo de construir "un mundo en el que quepan muchos mundos". Del mismo modo, para las comunidades Qʼeqchi' y Mopan del distrito de Toledo, los mayas no buscan la abolición ni la desaparición de Belice, sino que quieren que se reconozcan sus formas de ser para que los pueblos mayas puedan vivir en paz en un lugar donde sus derechos y relaciones territoriales, su sistema de gobierno consuetudinario y su autodeterminación se respeten por igual y puedan practicarse libremente sin temor a la represión sancionada, las represalias o las venganzas del Estado. Todavía está por verse si ese futuro inclusivo y justo para Belice se hará realidad.
— Cristina Coc /maya Q’eqchi’) es directora ejecutiva de la Julian Cho Society.
Foto superior: Ceremonia Mayejak en Santa Cruz. Todas las fotos por Tony Rath.
