Mientras los grupos de poder y maquinaria burocrática señalan de terrorista a todo quien proteste en contra del gobierno cívico militar de transición, los Pueblos Indígenas y campesinos sólo responden a viva voz ¡Kachkaykuraqmi! (¡Seguimos existiendo!) La coyuntura actual del Perú, describe, no una escena esporádica de alborotamiento emocional como muchos creen y atribuyen, sino más bien, la abertura y sangrado de una herida histórica nunca sanada que divide al Perú en dos mundos: los de arriba y los de abajo, los visibles y los invisibles, los ciudadanos y los otros, indios, campesinos, negros, y demás.
La lectura e interpretación legal queda corta a todos los fenómenos sociales que se presentan en esta casi guerra civil que está viviendo el Perú. Los grupos excluidos que por mucho fueron cuestionados de si tienen voz o no, hoy demuestran que sí la tienen, pero que no son escuchados por el establishment estatal, quienes solo atinan a golpearse el pecho y rasgar sus vestiduras hablando de democracia e igualdad, al mismo tiempo que ignoran o silencian a quienes les dieron ese poder.
La convulsión social del Perú, se agudizó a partir del suicidio político de Pedro Castillo, quien en un acto casi incomprendido para su masa popular que lo respaldaba, disolvió el Congreso de la República, sin cumplir previamente las causales constitucionales que prevé el artículo 134° de la constitución política peruana. Dicho acto fue rápidamente contestado por el Congreso de la República, quienes accionando el artículo 117° sobre causales de acusación presidencial, destituyeron inmediatamente a Castillo, inobservando el debido proceso que al menos en teoría, debería garantizar un Estado constitucional de derecho.
El Congreso de la República peruana, liderado por partidos conservadores y de extrema derecha como Fuerza Popular (de Keiko Fujimori), Renovación Popular (Rafael López Aliaga), Avanza País (Hernando Soto Polar) y algunos otros, celebraron burlescamente, fotografiándose con la bandera nacional y encarando a sus detractores la pintoresca hazaña de vacancia presidencial. El pueblo, que en un desconocimiento legal y constitucional celebró por un momento la disolución del congreso, se horrorizaba después por la acción triunfalista de la vacancia, lo cual significó entonces tácitamente, la victoria de aquellos que nunca dejaron gobernar, respecto un presidente que venía de una clases excluidas, de educación pública, rural y con identidad campesina Indígena.
Acto sucesivo de la vacancia ocurrió la sucesión presidencial. Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú por invocación constitucional. Los grupos de poder incluyendo sectores de izquierda (mestiza urbana), se arrimaban a este lado del poderío, lo cual, desde luego fue calificado como traición por el pueblo, quienes recordaban y esperaban efectivarse las palabras iniciales de la ahora presidente, quien en el asedio político previo a su asunción, señaló irse conjuntamente con su presidente Castillo en caso éste fuera vacado. La primera presidente del Perú olvidó esas palabras y fue rápidamente cooptada por los partidos de poder, a quienes ahora veneraba pleitesía.
El clima aparente en la capital era de paz, pero “el Perú no es Lima y Lima no es el Perú”, como dice la frase, la población provinciana del interior del Perú se comenzó a organizar y autoconvocar como respuesta a la arrogancia del congreso. No por nada la misma ciudad de nacimiento de Dina Boluarte, Chalhuanca en Apurimac la consideró usurpadora y persona no grata, iniciando con ello, la protesta en la región centro del Perú.
Mujeres andinas marchando en contra de la criminalización y terruqueo de las protestas pacíficas en el Sur Andino.
Inmediatamente junto a la protesta comenzaron los primeros costos sociales, campesinos con armas artesanales -huaracas- contra la Policía Nacional y Ejército. La desproporción de fuerzas era evidente y al mismo tiempo los perdigones y bombas lacrimógenas mostrados en videos caseros, comunicaban a las demás regiones que su lucha era la lucha de todos. En esta primera protesta las víctimas fueron un total de 28, 10 en Ayacucho, 6 en Apurímac, 3 en Junín, 3 en Arequipa, 3 en la Libertad y 3 en Cusco. Claramente, la asunción al poder de la nueva presidente ya estaba manchada con la sangre del pueblo.
Una pequeña tregua se instaló después de las pérdidas humanas en el centro del Perú. Las festividades natalinas y de nacimiento del hijo de dios, daban un aire de paz a todo lo acontecido, pero una nueva protesta ahora en el sur andino se rumoreaba. Las vidas perdidas de sus hermanos no podían quedar así y su inconformidad para con la persona que asumió la presidencia era notoria. El llamado comunitario para la protesta pacífica en la región de Puno era impostergable, Puno conjuntamente con las comunidades ayamaras y organizaciones sociales de base y Juliaca con comunidades quechuas y rondas campesinas, viajaban en caravanas autofinanciadas a estas ciudades centrales de la región sur.
La concentración y marcha era pacífica, pero había un silencio absoluto de la prensa capitalina, que no daba mayor cobertura ni visibilidad a estas protestas, y más bien centraba su interés y atención en una presidente de la república que ignoraba y desoía la realidad, celebrando una fantasmagórica reunión de concertación nacional transmitida a ni nacional. Esto convirtió lo que era una movilización pacífica en un estruendoso caos que enfrentaba a la sociedad civil por un lado contra las fuerzas policiales y armadas por el otro. El panorama se tornó incontrolable. Helicópteros tiraban bombas lacrimógenas y también disparaban contra la población a diestra y siniestra -fueran estos o no protestantes-. El saldo fue de 19 personas muertas y las únicas declaraciones hechas por el organismo ejecutivo, fue decir sin mayor remordimiento que era necesario para poner orden y control en el país.
Han pasado algunos días y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un pronunciamiento que especifica la desproporción e ilegalidad de la fuerza usada contra los manifestantes. Así mismo, instaron a crear una mesa de concertación que incluya el elemento intercultural y el respeto de las poblaciones étnicamente diferenciables, para ayudar en la reparación y reconciliación del país. Por otro lado, las protestas siguen a nivel nacional, de hecho se ha colocado un objetivo el cual es llegar a la capital bajo la denominación “la toma de Lima".
Las caravanas de personas autoconvocadas para desplazarse y movilizarse hacia la capital no han cesado, la activación de una institución milenaria llamada Ayni para recaudar fondos y todo lo necesario para viajar ha comenzado en toda la región andina, incluso extendiéndose a la misma capital lo cual refleja la vigencia de la tradición andina. Centros educativos de nivel superior como la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingenierías (UNI) han prestado sus instalaciones como albergue de los manifestantes provenientes del interior del Perú y junto a ello ya se preparan para las manifestaciones pacíficas de los próximos días.
La mañana del día 21 de enero, personal policial usando tanquetas de guerra derribaron la puerta 3 de la Universidad Nacional de San Marcos, violando todo tipo de autonomía que estas instituciones podrían tener según marco legal interno. Entre los fundamentos de dicha arbitrariedad se encuentra la actuación de oficio de la policía junto un requerimiento rectoral por una aparente “toma violenta de la universidad y robo por parte de los manifestantes”, argumento que después fue desmentido y por el que incluso autoridades universitarias comenzaron a renunciar ante bajezas que su autoridad máxima permitió y silenció. El saldo de dicha intervención fue 200 personas detenidas arbitrariamente, entre las cuales se encontraba una madre con su menor hija y residentes estudiantiles de la propia universidad, lo cual desencadenó el malestar y total rechazo a estas medidas que son vistas como estrategias de persecución, timación y represión a las protestas constitucionalmente legales.
Algunos días después del incidente universitario, durante las marchas en el centro de la ciudad, cerca a las instalaciones de los palacios de poder, se instaló una nuevo enfrentamiento el cual dejó la primera muerte en la capital. Se trataba de Victor Santisteban Yacsavilca de 55 años, quien durante la manifestación fue asesinado por un proyectil de arma que ingresó por detrás de su oreja, lo cual generó un traumatismo encéfalo craneano severo con exposición de masa, información que quiso ser manipulada a través de la argumentación de que solo se trataba de un golpe contundente y que pudo haber sido un golpe causado por otro manifestante, falacias que fueron desmentidos por un video transmitido en vivo por canal N, donde se vio en directo la muerte Victor.
Por su parte el ejecutivo no ha dado su brazo a torcer: por un lado, la presidente ha salido a pedir forzosamente disculpas al mismo tiempo de estratégicamente posicionarse como víctima de todos los acontecimientos, mientras que por otro, las declaraciones del premier (primer ministro) Alberto Otárola, usando un lenguaje confrontativo, señala que la presidenta no renunciará, y que las poblaciones manifestantes son terroristas financiadas por el narcotráfico y la minería ilegal, aseverando también, la falsa intromisión del estado plurinacional de Bolivia y los ponchos rojos (una organización comunal aymara boliviana), lo cual ha encendido más el sentimiento popular, quienes invocan sin temor el llamado a la muerte bajo la locución “mamá, papá, hermanos, salí a defender mi patria, si no regreso es que me fui con ella”.
Despedida entre familiares que viajaron a la capital en la manifestación denominada “la Toma de Lima”.
Por otro lado, el Congreso de la República, ha aprovechado la coyuntura para aprobar algunos proyectos de ley en tiempo récord y adormecer otros que son de interés popular y de necesidad pública, además de demostrar su aferración al poder y pretensión de quedarse hasta el 2026. Esto no hace más que provocar a la masa popular, al mismo tiempo de confirmar su desconexión e ilegitimidad existente entre el constituyente y el constituido.
Entre las cuestionables legislaturas se encuentran la ley de reforma constitucional presentada por la congresista Patricia Juárez de la bancada Fujimorista, la cual restablece la bicameralidad en el Congreso de la República, cuyo paquete, además de dicho retorno de diputados y senadores, propone modificar 50 artículos y adicionar 2 nuevos. Este acto, confirma la condición y calidad de Congreso constituyente tan negada a la población nacional en su petición de asamblea constituyente.
Otras modificaciones preocupantes son la elección directa del Contralor de la República por el Congreso, omitiendo la participación del ejecutivo; también se hace la modificación legislativa que posibilita la remoción de miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) por el Congreso de la República. Así mismo se aprobó la eliminación del voto de confianza luego de la presentación de un nuevo gabinete ministerial, con el que se estaría imposibilitando accionar el mecanismo constitucional atribuido al ejecutivo para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión tal cual manda el artículo 130° de la Constitución.
Otra propuesta legislativa es la planteada por el congresista Jorge Montoya Manrique de Renovación Popular, que ha presentado el proyecto de ley que modifica el decreto legislativo N° 1186 que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, con el cual naturaliza la desproporcionalidad de la fuerza a un mediano y largo plazo, pero que para efectos de la coyuntura, se usa para el amedrentamiento de las protestas; además de mencionar otras tentativas de ley, que pretenden blindar a los efectivos policiales que participaron en los asesinatos, a través de una amnistía bosquejada por el partido Avanza País.
Otro retroceso legislativo es la pretensión de desmantelamiento de la educación pública superior, a través de la desactivación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y el retorno de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), contrarreforma congresal que significa la lapidación de la calidad universitaria, la operación de mercantilización de la educación y la supremacía de la educación chicha (educación informal de baja calidad).
Carteles de protesta exigiendo justicia por los 19 asesinatos ocurrido en la manifestación del 9 de enero en Juliaca-Perú.
Respecto los Pueblos Originarios, surgen nuevas propuesta y proyectos de este gobierno, este es el caso de la ley 3518/2022-CR que pretende modificar la “Ley PIACI”, la cual protege a los Pueblos Indígenas u Originarios en situación de aislamiento y contacto inicial en Perú, pero que, bajo una aparente descentralización y delegación de funciones, que contrariamente a la naturaleza legislativa inicial, permitiría que los gobiernos regionales tengan injerencia en el reconocimiento de su existencia, categorización y extinción de estos pueblos, a través de la evaluación multisectorial “mínima” de nueve miembros conformados solo por representantes regionales, bajo la dictaminación de ordenanzas, y no más por decretos supremos, como se hace desde su evaluación nacional conjuntamente con el Ministerio de Cultura.
Junta al proyecto anterior, de misma forma se intenta modificar la ley forestal y fauna silvestre 29763, en cuya tentativa de adicionar disposiciones transitorias, se pretende modificar las reglas de zonificación forestal, la entrega de títulos habilitantes en bosques y los requisitos para cambio de uso de suelos sin mayor juicio, lo cual claramente hace notar el interés superior de dar carta libre y continuar con el otorgamiento de permisos para la deforestación, extracción y explotación ilegal de la Amazonia peruana.
Finalmente, así como estas, otras iniciativa legislativas no menos preocupantes como las que pretendieron paramilitarizar legítimamente las comunidades campesinas a través del reconocimiento de comités de autodefensa (no se olvide la naturaleza de estas y por quien fue creado) en detrimento y deslegitimación de los sistemas de justicia comunal interna, y otras que no son documentadas pero si adjetivas en contra de los pueblos, son los causantes de esta crisis y su imposible solución hasta la fecha. El Estado peruano debe respaldar y promover la autodeterminación de los Pueblos Indígenas, e impedir naturalizar las violencia en contra de los mismos, dando cobertura a su agenda que ellos han denominado como la agenda Indigena y lucha por la representación política. La lucha actual busca la creación del registro de los pueblos en el sistema nacional de registros públicos, la titulación de propiedad de los pueblos sin cláusula de cesión de uso, la inclusión de una cuota del 30 % de representatividad de Pueblos Indígenas y afroperuanos, la descriminalización y persecución de Indígenas, comuneros, ronderos, y la asamblea constituyente.
Entendamos que las leyes en contra de los intereses de las mayorías históricamente minorizadas no ayudará a la cohesión ni a la paz social que el Perú tanto necesita. Se debe apelar al diálogo y reconciliación de los pueblos y el Estado nacional, para lo cual el primer paso es ver en la diversidad una posibilidad más que un retroceso.
-- Cliver Ccahuanihancco Arque (quechua) es Asistente del Programa Guardianes de la Tierra. Es quechua, nacido en la región Andina del Perú. Estudió Derecho y Antropología en su mismo país de origen, es especialista en Derechos Humanos y maestro en Estudios Latinoamericanos, actualmente se encuentra finalizando el doctorado en Antropología Social en la Universidad de Rio Grande del Norte-Brasil.
Foto superior: Concentración pacifica de manifestantes en la plaza mayor de Puno en rechazo a Dina Boluarte y Primer ministro Alberto Otárola.
Todas las fotos por Ronald Callacondo Mollo.
