¿Qué es la Ley de Materias Primas Críticas y por qué surgió?
Para que la Unión Europea haga realidad su doble transición digital y ecológica, las Materias Primas Críticas (CRM) son cruciales, y la Unión Europea está trabajando activamente para mejorar su capacidad de extraer, procesar y reciclar materias primas estratégicas, así como para diversificar su importación. fuentes de fuera de la UE. Como legislación habilitante, en marzo de 2023, la Comisión Europea publicó su propuesta para el Acto de Materias Primas Críticas Europeas
¿Cómo afecta esto a los Pueblos Indígenas?
Las operaciones mineras están impactando negativamente a los Pueblos Indígenas en Europa y en otros lugares debido a este aumento de la demanda. Según Nature Sustainability, el 54% de los 5.097 proyectos mineros a nivel mundial que involucran 30 minerales utilizados en tecnologías de energía renovable están ubicados en tierras de Pueblos Indígenas o cerca de ellas.
¡Los Pueblos Indígenas son los títulares clave de derechos en la transición verde Europea!
Históricamente, los pueblos indígenas han sido marginados y sus voces han sido ignoradas, pero una transición verde es imposible sin ellos. A pesar de constituir poco más del 6% de la población mundial, gestionan o controlan más de un cuarto de sus tierras, lo cual alberga cerca del 80% de su biodiversidad restante. Además, las tierras que administran los Pueblos Indígenas almacenan más del 24 por ciento del carbono mundial sobre la superficie.
Demandas de los Pueblos Indígenas para la CRMA europea:
La Coalición para Garantizar los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Economía Verde (SIRGE) insta a la Unión Europea a implementar el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) en sus regulaciones CRM y a cumplir con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. La CRMA no debería depender de instrumentos complementarios como la Directiva de debida diligencia en materia de sostenibilidad corporativa. El CLPI y la DNUDPI deben incorporarse directamente a la CRMA.
Además, la Coalición SIRGE insta a los tomadores de decisiones europeos a reconocer y corregir una serie de fallas en la propuesta CRMA, que incluyen:
i) Los esquemas de certificación voluntaria mencionados en la CRMA no garantizan el respeto a los derechos humanos y la conservación del medio ambiente. La regulación CRM debe garantizar que el abastecimiento se realice respetando los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas.
ii) La aceleración de las operaciones mineras no es una opción aceptable porque aumenta los riesgos existentes para los Pueblos Indígenas. La recomendación de la Coalición SIRGE es garantizar la participación significativa de las partes interesadas y los titulares de derechos, la consulta y el desarrollo de capacidades de las autoridades públicas de permisos. Esto hará que los procesos sean más eficientes, inclusivos y más cortos.
iii) Para reducir las presiones para la nueva minería en tierras y territorios Indígenas, la Ley debería incluir objetivos de reducción material para Europa, además de mejorar una economía circular/regenerativa.
(iv) La estructura propuesta de la junta de gobierno no incluye una participación significativa de las partes interesadas y titulares de derechos, como los Pueblos Indígenas; esto debe abordarse.
Es de vital importancia que los formuladores de políticas coloquen los derechos indígenas, los derechos humanos y la protección ambiental en el centro de cualquier transición verde, justa y sostenible.
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Los Pueblos Indígenas son titulares de derechos clave para el éxito de la transición energética en la UE y más allá
Estimado legislador de la UE,
Como líder mundial en descarbonización, la UE tiene ambiciones ejemplares. Sin embargo, debe respetar el estado de derecho y la legislación asociada debe cumplir con los más altos estándares, incluida la protección de los derechos humanos, los derechos de los Pueblos Indígenas y el medio ambiente dentro y fuera de la Unión Europea.
A pesar del objetivo de descarbonizar el consumo de energía, la minería para extraer recursos minerales está amenazando los derechos, las formas de vida y los territorios de los pueblos indígenas. Aproximadamente el 54% de los 5.097 proyectos mineros que involucran 30 minerales utilizados en tecnologías de energía renovable en el mundo están ubicados en tierras indígenas o cerca de ellas.
Desafortunadamente, la minería ocurre en Europa y en otros lugares con demasiada frecuencia sin el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas, lo que resulta en la profanación de sitios sagrados, el asesinato de activistas de derechos humanos que protestan contra esta explotación y amenazas a las tierras, aguas y medios de vida de aquellos que ya se ven afectados por el calentamiento global.
Los pueblos indígenas son titulares de derechos clave en la transición verde europea. Aunque los Pueblos Inígenas constituyen poco más del 6% de la población mundial, administran o tienen derechos sobre más de una cuarta parte de la tierra del planeta, que alberga alrededor del 80% de la biodiversidad restante. Al menos el 24% del carbono mundial se almacena en la superficie, en las tierras que administran los pueblos indígenas.
En ausencia de las salvaguardias adecuadas, la extracción de minerales de transición seguirá amenazando a los pueblos indígenas y sus territorios, así como a las tierras que son cruciales para la biodiversidad y la captura de carbono, que están en el centro de las directrices políticas del acuerdo verde de la Unión Europea.
Hasta que se respeten los derechos indígenas, esta situación inaceptable persistirá.
Desafortunadamente, la Unión Europea ha introducido recientemente una serie de iniciativas importantes para garantizar el abastecimiento sostenible de materias primas, pero ni la Directiva de diligencia debida sobre sostenibilidad corporativa (CSDDD) ni la Ley de materias primas críticas (CRMA) se alinean explícitamente con los derechos Indígenas.
Espero que sea una prioridad abordar esta brecha y garantizar que la legislación europea refleje una alineación explícita e inequívoca con la legislación y los acuerdos internacionales para salvaguardar los derechos indígenas, incluido el consentimiento libre, previo e informado, como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pueblos Indígenas (DNUDPI) y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
