A casi tres años años de haber tenido que huir de su territorio, un grupo de más de 20 familias mixtecas continúa en un albergue de la ciudad de Tlaxiaco en condiciones precarias, sin suficiente espacio para vivir, sin los servicios básicos, sin atención médica y sobre todo, sin justicia ni esperanzas de poder volver. Se trata de las familias desplazadas por la violencia en el municipio de Atatlahuca (región Ñuu Savi o Mixteca, México), que desde el 2021 sufre un fuerte conflicto por su bosque y territorio. En mayo de 2024, hablamos con algunas de las personas desplazadas para conocer su historia en sus propias palabras.
En octubre de 2021 un grupo de personas armadas cerraron los caminos de Ndoyonoyuji, una de las comunidades del municipio de Ataltahuca. Una señora recuerda lo que pasó ese día: "tenían la cara cubierta con pasamontañas, dijeron que saliéramos y quemáramos la casa. ¿Cómo podemos quemar nuestra propia casa? Pasamos la noche en el bosque, escuchando que rompían las puertas y quemaban las casas. Se robaron los animales, los bienes de la casa". El saldo fue 2 personas muertas, 5 desaparecidas y más de 150 casas quemadas, en 3 comunidades distintas: Ndoyonoyuji, Mier y Terán, y Guerrero Grande.
Al principio eran más de 300 personas en el albergue. Luego, la mayoría de los habitantes de Guerrero Grande pudieron volver a su comunidad, mientras que los de Mier y Terán permanecieron unidos, por eso pudieron volver también. La mayoría de los que están actualmente en el albergue son de Ndoyonoyuji. Otras personas tuvieron que emigrar a las ciudades para sostenerse y sentirse más seguros; también hay otro grupo desplazado en la cabecera municipal de Atatlahuca.
Como otros conflictos en la Mixteca, inicialmente hubo una disputa de tierras entre las tres comunidades afectadas y el municipio, con gran participación de los intereses económicos por el bosque: la tala para conseguir madera y la venta de un hongo que se da en este territorio y es muy cotizado fuera del país. Según los entrevistados, actualmente hay al menos 6 aserraderos en el municipio. Por último, Ndoyonoyuji acusa la injerencia de una organización política local que, junto con actores y líderes locales, han dividido a las comunidades.
Las consecuencias de este conflicto han sido muy duras para quienes se mantienen en el albergue, incluyendo niños, jóvenes, adultos y ancianos. Están lejos de la forma de vida que tenían en sus comunidades. Ellos mencionan: "teníamos nuestra parcela, casas, animales. Perdimos todo en este conflicto. Nuestros hijos se habían acostumbrado a ir al monte, no había peligros, porque todo mundo se conoce. Sembrábamos la tierra, teníamos comida, teníamos agua; y de ahí podíamos alimentarnos. Aquí tenemos que comprar todo, incluso la leña y el agua. Aquí no estamos bien".
Lo único que piden ahora es justicia para poder regresar a sus hogares. Necesitan recuperar sus terrenos y reconstruir sus casas, pero les parece prioritaria la justicia por los asesinatos, desapariciones y quema de casas. Comparten que, aunque el gobierno les ha dicho que ya pueden regresar, no les garantizan la seguridad. "No nos sentimos seguros. Para eso necesitamos justicia y reparación de los daños, un diálogo y un acuerdo firmado".
Aunque la comunidad ha tenido diálogos con el gobierno federal, no ha habido avances o soluciones, aunque anteriormente se les había prometido. Según la comunidad, "todas las carpetas de investigación siguen en su fase inicial, como en 2021, y no se sabe nada de los desaparecidos, ninguna casa ha sido reparada, los responsables siguen libres con la protección de los 3 niveles de gobierno. Al principio no reconocían que hubo muertos y desaparecidos, pero en las casas incendiadas, encontraron restos óseos. Pensamos que allí quemaron a nuestros compañeros. Hasta ahora no hay información de los resultados de la investigación". En un principio, recibieron apoyo para mantenerse en el albergue, pero eso se terminó y actualmente tienen muchas necesidades, incluso de alimentos y productos de higiene personal, pues no les es tan fácil tener un trabajo estable en la ciudad. También denuncian que las comunidades Guerrero Grande y Mier y Teran no han recibido los apoyos federales que les corresponden, desde 2020. "A casi tres años seguimos exigiendo justicia y reparación de los daños, así como cárcel a los culpables", concluyen.
