Sergio Rivera Hernández Indígena Nahua de Puebla, México, fue desaparecido de manera forzada el 23 de agosto cuando se dirigía a su comunidad.
Sergio es originario de la comunidad Coyolapa del municipio de San Pablo Zoquitlán, ubicada en la Sierra Negra del estado. Es integrante del Movimiento Indígena Zapatista y activo participante en la resistencia que varias comunidades tienen en contra de la instalación del proyecto hidroeléctrico Coyopala-Atzala de la empresa minera mexicana Autlán, el cual se quiere imponer en la región y que ha desencadenado una serie de conflictos en las comunidades.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Energía (Sener), todas instituciones gubernamentales federales han licitado, concesionado y autorizado fraudulentos manifiestos de impacto ambiental y evaluaciones de impacto social, cediendo el agua de ríos de la Sierra Negra a la Minera Autlán para que desarrolle sus proyectos hidroeléctricos y mineros en el mismo lugar donde en los años 50 les negaron a los pueblos la instalación de su proyecto generar electricidad de manera autónoma y para el beneficio popular, argumentando daños ambientales.
Anteriormente Sergio había sufrido otras agresiones, amenazas vía mensajes, un intento de asesinato y golpes, que fueron comunicados a la Secretaría de Gobernación la cual no tomó acciones al respecto, ni contra las autoridades municipales que amedrentan al movimiento en resistencia, como en el caso de la radio comunitaria Tleyole que fue agredida a disparos dejando lesionado a un locutor por ser uno de los principales medios de información divulgando en contra el proyecto minero.
Sergio tiene 31 años y 5 hijos pequeños, es un líder comunitario contra la minera y defensor del derecho de su comunidad a decir no a la mina, como lo hicieron el 24 de julio de 2017 durante una asamblea. Según la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, avalado por el Estado Mexicano en 2009, el Estado está obligado a realizar el proceso de consentimiento libre, previo e informado a una comunidad Indígena ante cualquier proyecto de desarrollo que les afecte.
Cultural Survival se suma a la exigencia a las autoridades por continuar con la investigación sobre el caso, con el proceso penal de las tres personas detenidas el pasado 18 de septiembre y la aparición con vida de Sergio Rivera Hernández.
Estos hechos forman parte de una ola de criminalización y violencia en contra de los defensores de los derechos Indígenas, los defensores de los derechos humanos y los defensores del medio ambiente. De acuerdo a datos recabados por Frontline Defenders, en 2017, 312 defensores en 27 países fueron asesinados por su trabajo pacífico. Más de dos terceras partes de ellos, 67% del total de activistas asesinados defendían el territorio, el ambiente y los derechos indígenas, relacionados siempre a contextos de megaproyectos, industria extractiva y grandes negocios.
