Por Mariana Kiimi Ortiz (Ñuu Saavi, Equipo de CS)
A pesar de contar con la reputación de ser un país que cuenta con políticas efectivas para garantizar los derechos humanos, Costa Rica continúa violando estos y los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. El 18 de marzo de 2019, Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri de Salitre, fue asesinado por 15 balazos después de haber recibido amenazas y sufrido atentados por su lucha en la recuperación de territorios Indígenas luego del acaparamiento por parte de personas no Indígenas. Sin embargo, el sistema judicial costarricense fue incapaz de garantizar la justicia en este caso, ya que el 8 de enero de 2024, el Juzgado Penal del 1 Circuito Judicial de la Zona Sur en Buenos Aires de Puntaneras dictó el sobreseimiento de la causa por el asesinato de Sergio, alegando que las pruebas obtenidas de la investigación realizada no son suficientes para juzgar a los imputados.
La lucha de los familiares y la comunidad por el caso del líder Bribri tiene más de cinco años, lapso de tiempo en el que han estado lidiando con un estira y afloja con las autoridades del país para hacer responsables a los responsables de este crimen. En 2020, después de haber hecho un llamado a organizaciones Indígenas locales, a organizaciones y organismos internacionales, y expertos de la ONU en derechos humanos, se promovió una campaña para que la investigación continuara, a pesar de amenazas para su finalización. Como resultado, en enero de 2021, un tribunal penal rechazó el cierre de la investigación y ordenó seguir adelante con el caso. Sin embargo, el 7 de diciembre del 2023 se llevó a cabo una audiencia oral y privada en la que la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada pidió el sobreseimiento definitivo del caso (Expediente 19-000178-0990-PE), lo cual fue inevitable que sucediera a principios de 2024 a pesar de la campaña promovida por varias organizaciones Indígenas.
La decisión de la Corte deja impunes a dos hombres, presuntos autores materiales del homicidio, y a otros dos sujetos (uno de ellos ya fallecido) que fueron los autores intelectuales, identificados por la Unidad Regional del Organismo de Investigación Judicial de Buenos Aires de Puntarenas en septiembre de 2019, a quienes se les señaló como responsables del homicidio, gracias a informes de testimonios y análisis de comunicaciones telefónicas. Ante este dictamen, el abogado de la familia de Sergio, Óscar Retana, señaló al sistema penal de ser “bastante garantista" y aunque esta medida podría volver a ser revisada, no buscarán apelarla. Por el contrario, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para seguir buscando justicia.
El legado de Sergio ha trascendido principalmente por haber iniciado el proceso de recuperación de tierras en Salitre en 2010, pues desde entonces realizó varias visitas a los territorios para reunirse con los miembros de las comunidades y crear consciencia sobre los derechos Indígenas en virtud de la legislación nacional e internacional y ayudando a cada comunidad a crear sus propias organizaciones dedicadas al proceso de recuperación de tierras. Desde hace más de 12 años, los Pueblos Indígenas de Costa Rica han luchado contra los poderes corruptos del Estado y ganaderos no Indígenas por recuperar y mantener sus territorios. Según testimonio de Sergio Rojas en vida, uno de los grandes problemas que acechan a los Pueblos Originarios es la tenencia ilegal de fincas por personas no Indígenas en los territorios, y la falta de acción del gobierno nacional y sus instituciones. Sin embargo, este proceso ha traído consigo un incremento exponencial de violencia y discriminación hacia Pueblos Indígenas como el Pueblo Bribri de Salitre.
La violencia ha escalado a tal nivel que, a la fecha, han existido dos asesinatos de líderes Indígenas. Menos de un año después del asesinato de Sergio Rojas, Jerhy Riveras Rivera, líder Bröran fue asesinado en febrero de 2020. Ante este contexto de inseguridad para defensores Indígenas, en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la Medida Cautelar 321-12, declarando que “el Estado debe adoptar medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los miembros de los Pueblos Indígenas Teribe y Bribri en la provincia de Punta Arenas”, e hizo un llamado al Estado costarricense a “reforzar las medidas de protección integral adoptadas a favor de líderes Indígenas y defensores de derechos humanos en los territorios de Salitre y Térraba, así como a investigar estos hechos pronta y diligentemente”.
Desafortunadamente, el sobreseimiento del caso por el homicidio de Sergio es una prueba más del grado de impunidad que se vive en Costa Rica y su deuda histórica con los Pueblos Indígenas al no garantizar la protección de sus derechos fundamentales. El hecho de que el país se haya posicionado a nivel internacional como un país defensor de los derechos, y que sean pocas las veces que los medios de comunicación y redes sociales reportan violaciones a los derechos en este país, hace aún más importante que en estos momentos se llame la atención a las violaciones en contra de los derechos y las vidas de los Pueblos y las personas Indígenas.
¿Cuántas vidas más de Personas Indígenas tienen que ser cobradas para que el gobierno costarricense voltee a ver los problemas que los aquejan? Costa Rica ha ratificado tratados internacionales como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los Pueblos Indígenas para comprometerse a "resguardar las garantías especiales de los Pueblos Indígenas y de quienes defienden sus derechos", pero estos pueden proteger los derechos Indígenas solo si son puestos en práctica.
Costa Rica también incumple las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en su visita de 2019 y las recomendaciones del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su visita de 2021. El Relator Especial Francisco Calí Tzay escribió: "También es fundamental avanzar en la investigación, el juicio y sanción de los autores materiales e intelectuales de las amenazas contra líderes Indígenas, así como de los asesinatos de los líderes Indígenas mencionados. La impunidad fomenta un clima de violencia e inseguridad para los Pueblos Indígenas" y destacó la "necesidad urgente de que el Estado adopte un mecanismo de protección de los defensores de derechos humanos."
Cultural Survival condena el sobreseimiento de este caso e insta al Poder Judicial de Costa Rica a aprovechar su poder para cumplir las obligaciones y compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
