Por Candela Palacios (Equipo de CS)
El día 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos y en el primer aniversario de su asunción como presidente de Argentina, el ultraderechista liberal Javier Milei dio un duro golpe contra los derechos de las comunidades Indígenas de ese país. Mediante un decreto, Milei dejó sin efecto la ley 26160 de Emergencia Territorial Indígena.
La ley establecía la suspensión de las ejecuciones de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objetivo fuera el desalojo de comunidades Indígenas de las tierras que ocupaban. La ley ordenaba también la realización de un relevamiento de comunidades Indígenas en el país y de sus territorios. Para este fin, se había creado el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.), con participación de los representantes del Consejo de Participación Indígena, conformado por dos representantes de cada pueblo Indígena de cada provincia del país. El resultado del relevamiento debía ser una carpeta técnica a entregada a cada comunidad, conteniendo:
- Un Cuestionario Socio Comunitario (CUESCI), con los datos brindados por la comunidad acerca de la situación actual en la que vive;
- En las comunidades Indígenas que acreditaban ocupar tierras de manera actual, tradicional y pública, se entregarían: cartografías de ocupación; cartografías de caracterización catastral y, de acuerdo al caso, diferentes mapas que reflejen las características de ocupación y la superposición con los titulares registrales.
- Un informe histórico antropológico con la historia de cada pueblo y comunidad, y la descripción de su relación con la tierra;
- Un informe jurídico con los antecedentes legales de la comunidad, la información catastral y dominial de la tierra relevada, y sugerencias de posibles estrategias administrativas o judiciales para encaminar su reclamo; y
- Una resolución administrativa que da por realizado el relevamiento y, en caso de corresponder, reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad.
La carpeta técnica era pensada como una herramienta que, con una futura Ley de Propiedad Comunitaria, permitiría regularizar la posesión de las tierras.
La Ley 26160 fue una ley sancionada en el 2006 con carácter de emergencia. Esto implicaba que la ley se consideraba necesaria ante la grave situación de despojo que padecían y padecen las comunidades Indígenas preexistentes al actual estado argentino. Las leyes de emergencia en Argentina disponen medidas que buscan mitigar la propagación de daños ante las comunidades afectadas, así como también buscar medidas de solución del problema que origina la situación de crisis.
Sin embargo, debido a una falta de voluntad política y financiamiento, este relevamiento nunca llegó a completarse. Como las leyes de emergencia en Argentina tienen una vigencia de cuatro años, esta ley debió prorrogarse en cuatro oportunidades. Las primeras tres prórrogas se dieron por ley, y la cuarta y última mediante un decreto presidencial del año 2021. Es esta última prórroga la cual quedó derogada mediante el decreto del 10 de diciembre de 2024, dejando sin efecto la ley. La ansiada Ley de Propiedad Comunitaria de la tierra tampoco ha visto avances durante estos años.
Lamentablemente, este golpe contra los derechos de los Pueblos Indígenas del país no fue sorpresivo. Un proyecto de ley con este mismo objetivo había sido presentado ante el Congreso Nacional en el año 2022 por Victoria Villarruel, actual vicepresidenta y entonces diputada nacional. Esta decisión tampoco resulta inesperada tras un año de desfinanciamiento y desmantelamiento de organismos e instrumentos estatales de defensa de los derechos Indígenas, así como también de persecuciones, represiones y procesamientos judiciales a comunidades a lo largo del país.
En el marco de un proceso de recorte de financiamiento estatal, el primero de octubre pasado, el actual presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) derogó el RE.NA.CI, Registro Nacional de Comunidades Indígenas, mediante la resolución 53/2024. El RE.NA.CI era un instrumento fundado en 1989, mediante la ley 23302, cuyo objetivo era tener un listado actualizado de comunidades Indígenas inscritas y no inscritas del país. Las comunidades inscritas en el registro obtenían la personería jurídica, y desde el año 2000, se encontraban protegidas bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre poblaciones Indígenas y tribales. La derogación del RE.NA.CI implicó la suspensión de todas las solicitudes de registro en trámite, e instó a los registros provinciales a tomar la responsabilidad de registrar a las comunidades dentro de sus jurisdicciones.
A lo largo del último año, las persecuciones, desalojos, represiones y procesos legales ante comunidades Indígenas por presunta ocupación de sus tierras ancestrales han ido en aumento. Es de esperar que la derogación de la ley de emergencia facilite el incremento de este tipo de violaciones del derecho territorial Indígena, violaciones que en muchos casos se vinculan a la búsqueda de un rédito económico ante recursos presentes en los territorios de las comunidades, como es el caso del litio en el norte del país, o el petróleo, en el sur.
A pesar de este sombrío contexto, diversas comunidades y organismos de resistencia indígena han respondido a estos hechos instando a los Pueblos Indígenas del país a no bajar los brazos en la lucha por la defensa de sus derechos. La desaparición de la ley 26160 no implica que los Pueblos Indígenas del actual territorio argentino hayan quedado fuera del amparo de otros instrumentos legales, nacionales e internacionales. Diversos comunicados que circularon en el día de la derogación de la ley entre las redes de activismo Indígena instan a las comunidades a no dejar de hacer valer sus derechos, de realizar denuncias judiciales y de difundir las diversas situaciones de despojo y maltrato ante el público en general.
Tuvieron que pasar décadas de lucha Indígena organizada para la obtención de instrumentos legales que hoy el gobierno y los grandes actores económicos buscan destruir para su propio beneficio. La lucha por la defensa de los derechos, culturas y territorios Indígenas, continúa, como desde hace más de cinco siglos.
Foto por Kris Haamer.
