Cultural Survival expresa su profunda preocupación e indignación frente a la continua criminalización y violaciones de los derechos de las personas Indígenas defensoras en Bolivia. La comunidad quechua Totoral Chico en Bolivia rechazó una consulta falsa de parte de una empresa minera la Salvada Sociedad Colectiva que ya se encuentra operando en su territorio. Ahora, los líderes están siendo amenazados y criminalizados. ¡Todas las miradas fijas en Bolivia!
En octubre, la comunidad fue informada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que se realizaría una consulta como parte del proceso para otorgar un contrato minero a la Empresa Minera Salvada Sociedad Colectiva, la cual ya lleva décadas operando de manera ilegal. Sin embargo, esta “consulta” era una farsa: no cumplió con ninguno de los requisitos del proceso para solicitar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades Indígenas afectadas. Este derecho de los Pueblos Indígenas está estipulado en varios marcos de derecho internacional, incluyendo la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como también en la propia constitución de Bolivia. Bolivia también es un estado parte del Acuerdo de Escazú, un tratado vinculante, que compromete al estado a proteger a las personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente.
Vista de la comunidad
La comunidad Totoral Chico rechazó la consulta. Ahora, el estado insiste en llevar a cabo dos “consultas” más, un proceso puramente administrativo que resultará en la concesión del contrato minero sin respetar ningún derecho de las comunidades afectadas.
La comunidad lleva tiempo siendo amenazada y criminalizada por la defensa de su territorio y de sus derechos. En abril de 2024, los comuneros de Totoral Chico llevaban a cabo una protesta pacífica, cuando trabajadores del Sindicato Avicaya los atacaron. Once mujeres y dos niños tuvieron que huir a La Paz y Oruro. Desde entonces, seis mujeres no han podido regresar a su comunidad y han tenido que permanecer en otro lugar después de la violencia que sufrieron y debido al peligro que enfrentan si vuelven.
En octubre, se reactivó un proceso penal contra dos miembros de las autoridades tradicionales del Ayllu Acre Antequera, la Mama Bertha Ayala y el Tata Hernan Roque. La Lideresa Beatriz Bautista, quien apoya a la comunidad desde el colectivo Qhana Pukara Kurmi, organización socia de Cultural Survival, habló recientemente con la prensa sobre estos hechos, y desde entonces ha empezado a recibir llamadas anónimas amenazándola con que tan pronto regrese al territorio se tomarán acciones contra ella. Creemos que estas amenazas y la reactivación de los procesos criminales contra las autoridades son el resultado directo de su franca y valiente defensa de las comunidades Indígenas, su territorio y sus derechos. Estamos con la Mama Bertha, el Tata Hernán, Beatriz y todas las personas, adultos y niños, de la comunidad, y tenemos la mirada puesta en el Estado.
El Estado boliviano se ha comprometido a que su sector minero lleve a cabo operaciones con transparencia, compromiso social y respeto al medio ambiente. Además, invoca el valor del Vivir Bien (también conocido como el Buen Vivir), un concepto con origen Indígena que implica la armonía, el equilibrio y las relaciones respetuosas y recíprocas entre los seres humanos y a su vez con el medio ambiente, todos los cuales está violando de manera violenta.
Hacemos un llamado al Estado boliviano a:
Poner fin a la judicialización de los defensores de derechos y del medio ambiente
Esclarecer el hecho que no se permiten las amenazas ni la violencia en contra de las personas defensoras y
Respetar el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas
Fotos cortesía de Qhana Pukara Kurmi / Ayllu Acre Antequera.
