Desde la pionera codificación de los Derechos de la Naturaleza en la Constitución en 2008, los tribunales ecuatorianos han revisado y dictaminado sobre varias demandas presentadas por comunidades Indígenas y campesinos en sus esfuerzos por proteger sus tierras y biodiversidad del extractivismo. Cuando se introdujeron por primera vez los artículos sobre los derechos de la naturaleza, se consideraron una herramienta importante para corregir décadas de degradación ambiental, en parte al ser definidos junto con los derechos de las comunidades. Desde entonces, las comunidades Indígenas y los campesinos han tenido la oportunidad legal de llevar a la escena judicial sus movimientos de resistencia contra las empresas extractivas.
Las victorias legales Indígenas más históricas en relación con los Derechos de la Naturaleza implican los casos A'i Kofán de Sinangoe de 2018 y Waorani de 2019, ambos sentando precedentes legales significativos para los derechos y territorios Indígenas en Ecuador y en el extranjero. Después de que la Corte Constitucional revisara ambos casos en 2022, dictaminó que el Estado de Ecuador está obligado a garantizar que las comunidades Indígenas sean consultadas sobre proyectos extractivos en sus territorios o cerca de ellos y deben dar su consentimiento antes de la planificación de proyectos extractivos. Con esta sentencia, el máximo tribunal ecuatoriano subraya el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ampliando lo que antes eran procesos de consulta deficientes para incluir el consentimiento de las comunidades Indígenas.
El 29 de marzo de 2023, las comunidades campesinas del Valle de Intag obtuvieron una victoria jurídica contra las empresas mineras Codelco y ENAM. La Corte Provincial de Imbabura falló a favor de los Derechos de la Naturaleza relacionados con el Proyecto Minero de Cobre Llurimagua, revocando las licencias mineras de las empresas para el proyecto, preservando la integridad natural de los Andes Tropicales y reforzando el derecho constitucional de las comunidades locales a la consulta. Esta victoria significa además que los tribunales ecuatorianos están dispuestos a defender los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades rurales a pesar del aumento de la demanda de minerales de transición, incluyendo el cobre, en la transición hacia una "economía verde".
Hugo Ramírez, activista y residente de la comunidad de Chalabuayaco Alto, en el valle de Intag, expuso lo mucho que está en juego en este juicio, describiendo el impacto perjudicial que el proyecto minero habría tenido en las comunidades del valle si no se hubieran revocado las concesiones: "Como es una mina ubicada en las partes altas de nuestras comunidades, habría un cambio total del entorno actual. Como hay mucha agua que sale de las partes más altas, los bosques primarios, todas nuestras montañas tendrían que ser demolidas si se construyera la mina. Al mismo tiempo, se contaminarían nuestros ríos, causando un cambio total en el medio ambiente". La región de Íntag está considerada como un punto caliente de biodiversidad por ser una de las regiones más biodiversas de nuestro planeta.
Como consecuencia social del proyecto minero previsto, el estudio de impacto ambiental realizado como parte del proceso de planificación exigía "la reubicación de cuatro comunidades, más o menos unas 100 familias", afirma Ramírez. Durante el reciente Foro Permanente de la ONU para los Pueblos Indígenas, Galina Agarova (buryat), directora ejecutiva de Cultural Survival, expuso las consecuencias sociales y medioambientales interconectadas de los proyectos mineros para las comunidades Indígenas y rurales, incluso para aquellos proyectos que se ponen en marcha en relación con la transición a la "economía verde". "Lo sabemos como activistas: Un proyecto minero no viene solo, no llega solo a las tierras de los Pueblos Indígenas. Llega con infraestructuras asociadas. Viene con carreteras, viene con instalaciones de procesamiento, viene con puertos para enviar los minerales a otras partes del mundo...en realidad no viene solo. Afecta a muchas personas y a la biodiversidad en su camino hacia el consumidor. Así que el consumidor debe saber lo que está ocurriendo en las tierras de los Pueblos Indígenas", explicó Angarova durante una mesa redonda retransmitida en directo, con el tema: "Garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas en la transición a una economía verde", durante la 22a sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU.
Ramírez ha desempeñado un papel importante en el movimiento de resistencia de 30 años de duración para proteger el valle de Intag contra numerosas empresas mineras, una lucha que en ocasiones se ha vuelto violenta, ya que las empresas mineras han utilizado a los paramilitares y la fuerza para acabar con la resistencia de la comunidad. El hermano de Ramírez, el activista Javier Ramírez, fue encarcelado ilegalmente por resistirse y el propio Ramírez tuvo que vivir de manera clandestina durante 5 años para evitar ser detenido. La lucha de una década contra varias empresas mineras y la amenaza de destrucción medioambiental, violencia y detenciones por la fuerza, ha afectado negativamente a la unidad de las comunidades del valle de Intag. "Hemos vivido aquí juntos durante años, nacimos aquí, así que hemos tenido una amistad con toda la gente como si fuéramos familia". Ramírez profundiza, describiendo la brecha que ha crecido entre los miembros de la comunidad: "Ha habido una división de [nuestras familias] con algunos que apoyan el proyecto minero por conveniencia económica y los que han venido a comprar la moral de nuestras comunidades".
Para Ramírez, las consecuencias de esta desunión aún pesan sobre las comunidades, a pesar de la reciente y monumental victoria y revocación de las concesiones para el yacimiento de Llurimagua. "Ya no tenemos la misma confianza de antes...hemos visto que hay jóvenes que han sido convencidos para apoyar los proyectos", dice Ramírez. A pesar de ello, él afirma que "muchos jóvenes están en contra del proyecto minero porque se dan cuenta de que los jóvenes son los más afectados. Ellos sufrirán la contaminación directa de la contaminación minera...nuestros jóvenes, nuestros niños, ellos serán los más afectados en nuestras comunidades".
Aunque esta sentencia sentó un precedente jurídico sobre el derecho constitucional a la consulta, ampliando la jurisprudencia sobre los derechos de la naturaleza en relación con proyectos extractivos y de desarrollo, lo que puede repercutir positivamente en futuras demandas iniciadas por comunidades Indígenas, la lucha para proteger el valle de Íntag aún no ha terminado. De hecho, esta es la sexta vez que una empresa minera se ve obligada a abandonar sus planes y salir de la zona de Intag. Para Ramírez, los defensores de Íntag deben seguir "firmes en la lucha, pensando en el futuro para nuestros hijos y cuidando la naturaleza, que es lo principal en nuestras montañas; tener agua limpia continua y aire puro en nuestras comunidades. Creo que cuando llegue el momento de dejar la lucha, debemos animar a nuestros hijos a seguir defendiendo los bosques, el agua, la tierra, porque esa es la fuente de la vida." Esta victoria, junto con las anteriormente mencionadas, es un paso monumental para garantizar los derechos de las comunidades Indígenas y rurales y de la Naturaleza.
Foto: Dawn Paley
