Jerhy Rivera Rivera (Brörán), un líder Indígena costarricense, fue asesinado en la noche del 24 de febrero de 2020, en la comunidad de Mano de Tigre, San Antonio, en el territorio Indígena de Térraba, Puntarenas. Esta fue la segunda muerte de un defensor Indígena en Costa Rica en menos de un año. Su muerte ocurrió dos semanas después de que el líder Bribri Mainor Ortiz Delgado sobrevivió a un disparo en el muslo derecho en la comunidad de Río Azul de Térraba.
Según los informes preliminares, los agresores esperaron el anochecer para atacar a los miembros de la comunidad Indígena que han estado recuperando pacíficamente tierras ancestrales que fueron legalmente tituladas a ellos hace más de cuatro décadas pero que permanecen en manos de usurpadores, a pesar de las leyes de Costa Rica.
En respuesta, el presidente de Costa Rica emitió una declaración comunicando que ha proporcionado una mayor presencia policial en la región después del reciente ataque a Mainor Ortiz, pero los miembros de la comunidad en Térraba confirman que no ha habido presencia policial suficiente en sus comunidades. Documentación en vídeo muestra el momento en que la policía está presente en la escena del conflicto, pero los testigos afirman que no hicieron nada para reducir la violencia o para proteger el cuerpo de Rivera que estaba siendo atacado aún después de ser asesinado. Se nos informa que el sospechoso del asesinato se presentó ante las autoridades, pero los cargos siguen pendientes.
Desde 2010, las comunidades Indígenas en Costa Rica han estado re-ocupado tierras dentro de 24 territorios que les pertenecen en virtud de la Ley Indígena de 1977. El líder Bribri, Sergio Rojas, lideró los esfuerzos para recuperar las tierras en el territorio Indígena de Salitre, hasta que fue asesinado el pasado 18 de marzo de 2019. Su muerte permanece en la impunidad a pesar de numerosas peticiones de investigación de organizaciones locales de derechos Indígenas y de derechos humanos, El Defensor del Pueblo de Derechos Humanos de Costa Rica, las Naciones Unidas y organizaciones internacionales como Cultural Survival.
El ataque reciente contra Jerhy Rivera no ocurrió sin aviso. FRENAPI, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, informó que dos noches antes del ataque a Rivera, enviaron una comunicación de alerta a las autoridades gubernamentales y a la Relatora Especial para los Pueblos Indígenas, sobre una movilización de personas no Indígenas que entraron a territorio Indígena de Térraba, Crun D'bonn y Cabagra en Palmira. “Las alertas sobre las crecientes tensiones en Térraba se encontraron una vez más con una respuesta ineficaz por parte del Estado,” Vanessa Jiménez, del Programa de Forest Peoples, le dijo a la prensa Guardian. “El gobierno no puede o no quiere proteger a los Bribri y los Brörán de la violencia.”
Jehry Rivera fue objeto de un intento de asesinato anteriormente, pero su agresor nunca fue sancionado. Rivera fue brutalmente asaltado en septiembre de 2013 mientras buscaba una señal celular para informar a las autoridades de que las personas no Indígenas estaban llevando a cabo tala ilegal en territorio Indígena.
Sergio Rojas y Mainor Ortiz habían sido víctimas de ataques o intentos de homicidio anteriormente. Por esta razón, desde 2015, los Bribri y los Brörán estaban sujetos a medidas cautelares de protección preventiva ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta distinción significa que el Estado de Costa Rica es responsable de garantizar la seguridad física de la comunidad Indígena.
En un comunicado de prensa, el Consejo Ditsó Iriria Ajkonuk Wakpa declaró, “Denunciamos al Estado en su complicidad con el asesinato, al no acatar las medidas cautelares interpuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Medidas a las que son sujetos los pueblos Broran de Térraba y Bribri de Salitre. Denunciamos también al Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, quien pretende que se detengan los procesos de recuperación de tierras-territorios. A la vez que tampoco lleva a cabo los desalojos necesarios para el saneamiento territorial y la paz dentro de los Territorios Indígenas. La tierra es nuestro derecho y NO nos detendremos en su defensa.”
El presidente costarricense Carlos Alvarado Quesada publicó un video condenando el asesinato de Rivera. "Lamento profundamente los actos de violencia que ocurrieron hoy en esa comunidad,” dijo. Sin embargo, en lugar de pedir a los colonos que salgan de tierras Indígenas, el presidente pidió a las comunidades Indígenas que se abstuvieran de los esfuerzos para recuperar sus tierras ancestrales con título. Afirmó que el Estado ha proporcionado una amplia seguridad a las comunidades Indígenas de conformidad con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, las comunidades Indígenas rechazaron lo dicho: “El Presidente debería haber mencionado que, hasta la fecha, el Estado de Costa Rica no ha encarcelado ni uno solo de nuestros atacantes … La inacción del Estado posibilita y legitima esta violencia,” respondieron en un comunicado de prensa.
También negaron la afirmación del presidente de que el Estado ha llevado a cabo 6 desalojos en Salitre. “Esto es categóricamente falso. Durante más de 5 años, los Bribri han pedido al Gobierno que haga esto. En junio de 2019, el Gobierno únicamente otorgó la posesión formal a la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de dos fincas que ya habían sido recuperadas previamente por personas indígenas –es decir, no desalojaron físicamente a nadie. Las otras órdenes de desalojo siguen sin ser ejecutadas, los usurpadores siguen instigando violencia contra los Bribri, y hasta la fecha, el Estado nunca ha desalojado a nadie de Salitre. En Térraba, ningún desalojo ha sido ejecutado y actualmente su territorio está habitado en un 80% por ocupantes ilegales.”
Cultural Survival une a los Bribri y los Brörán en exigir al gobierno costarricense a cumplir su obligación de proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en Costa Rica. Reiteramos nuestros llamados a Costa Rica para investigar y llevar ante la justicia a todos los actos de violencia contra los defensores de derechos humanos, de conformidad con el derecho nacional e internacional, y tomar medida inmediatas para alejar a los usurpadores no Indígenas de la tierra de los Pueblos Indígenas costarricenses.
