Por Jess Cherofsky
En la frontera sureste de Guatemala con Honduras se encuentra la comunidad Maya Ch’orti’ de La Cumbre, localizada en el municipio de Olopa, departamento de Chiquimula. En este lugar, radicaba el comunero Medardo Alonzo Lucero, quien era defensor de derechos Indígenas y de las tierras y luchaba con los miembros de su comunidad y los de otras comunidades en una resistencia activa contra el proyecto minero Cantera Los Manantiales, para el que no hubo consulta con la comunidad antes del inicio de operaciones. El 15 de junio de 2020, Medardo fue asesinado en las inmediaciones del caserío Los Vásquez en La Cumbre. Fue encontrado al amanecer con signos de tortura y violencia. Según la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala: “La autoridad Indígena de la comunidad informó que la muerte está vinculada con la defensa del territorio y la lucha en contra de la minería”. A pesar de la denuncia de su asesinato por muchas organizaciones de derechos humanos, y pese a intimidaciones constantes y ataques contra miembros de su comunidad, nuestra investigación no ha revelado ninguna investigación policial oficial o gubernamental.
En 2015, el gobierno de Guatemala concedió a la corporación minera InCamin, S.A., una licencia para su proyecto Cantera Los Manantiales para la extracción de antimonio, sin considerar el derecho de las comunidades Indígenas locales al Consentimiento Libre, Previo e Informado, al que los Pueblos Indígenas alrededor del mundo tienen derecho según la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, según el Convenio 169 de la Organización internacional del trabajo (OIT) y otros tratados internacionales. La extracción resultante ha provocado un daño ecológico devastador, incluyendo daño a la salud humana de comunidades Indígenas locales cuyos territorios devora la mina.
¿Qué es lo que nosotros peleamos? La defensa de la vida, porque el agua es vida. - Carmelita Pérez
El Pueblo Ch’orti’ de La Cumbre vive en una relación ancestral con la tierra, incluyendo el río Jupilingo, el cual consideran un milagro en el árido departamento de Chiquimula. Miembros del Pueblo Ch’orti’ han descrito su tierra como “de donde proviene nuestro origen, donde vivimos todos, donde crecemos, donde comemos, nos sentamos y descansamos… Es de nosotros, sigue siendo de nosotros. Es nuestro patrimonio, desde nuestros ancestros. Nos lo dejaron nuestros abuelos”. Según el artículo de Cultural Survival de 2018 sobre la lucha por los derechos a la tierra del Pueblo Ch’orti’: “Como la mayoría de las comunidades Mayas, los Ch’orti’ han sido víctimas de robo de sus tierras, represión política, pérdida cultural y, recientemente, han sido víctimas de desinformación por parte de los medios de comunicación, arrestos y asesinatos de sus líderes, quienes han dedicado sus vidas a defender sus tierras. Están comprometidos en una lucha amplia para recuperar acceso a la tierra y títulos”.
El antimonio es un metal pesado usado en la producción de pintura, esmalte, fuegos artificiales, celulares y chips de computadoras. Cuando se ingesta, “puede provocar daños irreversibles”; púrpura trombocitopénica - un desorden sanguíneo - y Síndrome de Guillain-Barré -en el cual el sistema inmune ataca los nervios, estas son algunas de las nuevas enfermedades que aparecen entre la población. Los habitantes de La Cumbre y las comunidades cercanas han actuado firmemente para resistirse a la mina en tanto el río, las plantas, los animales y humanos han enfrentado una arremetida de enfermedades. Los árboles frutales han perdido sus hojas y los árboles jóvenes han muerto; los animales están enfermos y la reproducción ha fracasado. El Pueblo Ch’orti’ está sufriendo de infecciones a la piel, irritaciones oculares, afecciones a los órganos y sistemas inmunes abrumados. Además, en tanto la comunidad ha luchado para sobrevivir en medio de una sequía, el agua de río contaminada exacerba aún más una crisis de seguridad alimentaria. “Nosotros somos campesinos Indígenas. Nosotros sólo vivimos de los frijoles - maíz y frijoles. Y ellos han venido a llevar todo lo que hay dentro de tierra”, dijo Isabel Ramírez, miembro de la comunidad El Carrizal. Guillermo Ramírez, también miembro de la comunidad, dijo: “Tumbaron los palos, y usted sabe que los bosques son los pulmones de nosotros. El día en que los bosques se tumban, nos morimos de sed porque ya no llueve, no hay agua, se secan las fuentes de agua”.
En febrero de 2019, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales informó al Ministerio de Energía y Minas que la empresa “no cumplía con los requisitos mínimos ambientales". En agosto, las autoridades Indígenas de Olopa, apoyados por la Asociación de Abogados y Notarios Mayas Nim Ajpu, apeló a la Corte Suprema de Justicia para “exigir su derecho a una consulta libre, previa e informada”, y en noviembre de 2019, la corte ordenó una suspensión temporal a la mina. Sin embargo, el Consejo Indígena Ch’orti’ de Olopa informó en abril de 2020 que continuaba en operaciones, violando tanto la orden de suspensión de la corte y las medidas guatemaltecas de contención del COVID-19.
Viviendo bajo la sombra de la intimidación
El asesinato de Medardo es sólo uno de los más recientes de muchos ataques y acosos en contra de defensores de la tierra y derechos Indígenas desde que el proyecto minero Cantera Los Manantiales empezó en 2016, y los casos resaltados aquí son sólo unos pocos dentro de los numerosos esfuerzos por intimidar, difamar y acabar con las vidas de los miembros de la comunidad que luchan en nombre de sus ríos, bosques y el Pueblo Ch’orti'. En 2016, veintidós líderes involucrados en protestas no violentas fueron criminalizados. En marzo de 2019, Odilio Guzmán Salazar, el dueño de la mina, reunió a un grupo de hombres armados para asaltar e intimidar a miembros de la resistencia Ch’orti’s pacíficos que participaban en un bloqueo rotativo 24/7 conocido como “punto de resistencia”. En julio de 2019, representantes de la empresa dispararon a protestantes pacíficos, y el “presunto dueño de la empresa” manejó un vehículo en medio de la muchedumbre e hirió a la lideresa comunitaria Irma Méndez. El esposo de Irma, Elizandro Pérez, de 36 años, “la más importante autoridad Indígena en su comunidad, murió en circunstancias misteriosas [en noviembre de 2018] que aún no han sido investigadas por el Ministerio Público”. El cuerpo de Elizandro había sido encontrado en su casa y “Si bien los hechos alrededor de su muerte no se han esclarecido aún, cabe resaltar que Elizandro, en los meses anteriores a su fallecimiento, había sido blanco de intimidaciones y amenazas de muerte reiteradas por su participación en la defensa del territorio”. El líder comunal Francisco Ramírez recibió notas con amenazas de muerte, pero el Ministerio Público no investigó sus quejas. En agosto de 2020, unos ladrones entraron en la casa del defensor Ch’orti’, Ubaldino García Canan y robaron documentos, lo cual sugiere que no fue un robo motivado solo económicamente, sino también político. Este fue solo uno de los muchos casos de intimidación al que Ubaldino ha sido sometido, incluyendo otros asaltos y amenazas.
El hermano de Medardo, Ovidio Alonzo Lucero, ha recibido amenazas de muerte por parte de las personas que presuntamente mataron a su hermano. Ovidio es un líder comunitario y actual vicepresidente del Consejo Indígena de La Cumbre. Según un informe por la Federación Internacional por los Derechos Humanos, el día siguiente al asesinato de Medardo, los hombres que presuntamente lo mataron se presentaron a una reunión entre Ovidio y oficiales del Ministerio Público sobre el asesinato. Esto fue seguido por amenazas según las cuales Ovidio sería asesinado si seguía buscando justicia para su hermano, y un vehículo desconocido fue visto vigilando su casa.
Estos casos devastadores de violencia en contra de personas que resisten pacíficamente a las empresas extractivas encajan dentro de una panorama más grande de violencia en contra de defensores de derechos humanos Indígenas y defensores de la tierra en Guatemala y alrededor del mundo. Sólo en los primeros cinco meses de 2020, la Unidad para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala registró 405 ataques en contra de defensores de derechos humanos. El mapa de COVID-19 de Cultural Survival está siguiendo tanto los casos de COVID-19 en comunidades Indígenas y violaciones de derechos Indígenas en relación con la pandemia. El liderazgo del proyecto Cantera Los Manantiales parece estar explotando la falta de supervisión por la pandemia para aumentar los ataques en contra de la comunidad y seguir operando pese a una orden judicial para suspender actividades. Esto es consistente con un patrón de violencia en todo Guatemala y globalmente.
Prensa Comunitaria describió a Medardo como un “defensor del territorio y de los recursos naturales, quien, según las autoridades de esta comunidad, era parte de la lucha organizada y pacífica por un territorio libre de actividad minera e hidroeléctrica”. Cultural Survival lamenta el inadmisible asesinato de Medardo y hace un llamado a que Guatemala tome en serio la plaga de violencia en contra de defensores Indígenas de derechos humanos y de la tierra, y hacer responsables a los asesinos de Medardo y a los autores de intimidaciones e interferencias con la vida y salud de los miembros de la comunidad Ch’orti’ y sus tierras y territorios. Guatemala también debe asegurar que se cumpla la orden que suspende las actividades mineras de Cantera Los Manantiales y se respete el derecho de las comunidades Ch’orti’ al consentimiento libre, previo e informado respecto a actividades en sus tierras.
Image courtesy of pbicanada.org.
Esta investigación se realizó en colaboración con el Human Rights Investigations Lab del RCA de la Universidad de California, Santa Cruz. Agradecemos también y expresamos nuestra solidaridad con los miembros de las comunidades de cada individuo, quienes han ayudado a sacar a la luz estos casos y perseverar en la búsqueda de justicia.
