El camino para lograr la autonomía política en los gobiernos locales ha sido muy complicado para los Pueblos Indígenas en México. Se han puesto muchas barreras al ejercicio de sus derechos. La violencia política y social, los largos procesos para quienes buscan el reconocimiento del Estado y la invisibilidad de quienes ya ejercen la autonomía bajo la sombra del poder estatal, son solo algunos de los problemas que enfrentan. El reconocimiento nacional de los históricos llamados “sistemas normativos Indígenas” y otros que están surgiendo en varios estados, aún está por concretarse.
Muchas comunidades Indígenas han mantenido sus formas de organización comunitaria arraigadas en la resistencia frente a las presiones del Estado. Esto casi siempre incluye una forma de gobierno colectiva y rotativa, así como la administración y propiedad colectiva de la tierra. En estas comunidades, los representantes de la familia conforman la asamblea comunitaria, el órgano de poder más importante de la comunidad. En las asambleas se toman decisiones clave para la comunidad, como la elección de representantes de gobierno, la aprobación del uso del presupuesto comunitario, la realización de obras comunitarias y la designación de autoridades. Los puestos se consideran de servicio y tienen una duración relativamente corta, generalmente entre uno y tres años.
Muchas comunidades indígenas han mantenido sus formas de organización comunitaria arraigadas en la resistencia frente a las presiones del Estado. Esto incluye casi siempre una forma de gobierno colectiva y rotativa, así como la administración y propiedad colectiva de la tierra. En estas comunidades, los representantes de la familia conforman la asamblea comunitaria, el órgano de poder más importante de la comunidad. En las asambleas se toman decisiones clave para la comunidad, como la elección de representantes de gobierno, la aprobación del uso del presupuesto comunitario, la realización de obras comunitarias y la designación de autoridades. Los puestos se consideran de servicio y tienen una duración relativamente corta, generalmente entre uno y tres años.
Si bien varias comunidades en México han logrado mantener esta forma colectiva de gobierno, muchas veces viven en la sombra; a nivel local mantienen sus formas colectivas de gobierno, pero también deben participar en el sistema de partidos políticos, lo que implica aceptar la instalación de colegios electorales y propaganda política en sus comunidades y votar en las elecciones municipales, estatales y federales. La participación en un sistema de partidos políticos ha mantenido a las comunidades en constante crisis política y social debido a las disputas de poder entre dichos partidos. En muchos casos se han establecido cacicazgos y monopolios políticos en las comunidades.
Las comunidades zapatistas en México han mantenido sus formas ancestrales de gobierno y viven en resistencia frente a las presiones del Estado mexicano desde 1994.
Según la activista Yasnaya Aguilar (Ayuujk), “los Estados modernos en general han mostrado una gran resistencia a reconocer la autonomía y el derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas. El Estado mexicano en particular ha preferido encerrar a los Pueblos Indígenas en categorías culturales y no en categorías políticas. A pesar de que la Constitución mexicana les otorga autonomía, recién en 1995 la legislatura local —únicamente en el estado de Oaxaca— reconoció estas prácticas (de gobernabilidad)”. Este logro constitucional fue en parte resultado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, movimiento integrado por los pueblos Maya Tsotsil, Tseltal, Tojolabal, Zoque y Ch’ol. Este movimiento fue un parteaguas en el derecho a la autoorganización y la lucha por la autodeterminación de los Pueblos Indígenas en México. En 1994, en un ejercicio de autonomía, la organización de 29 comunidades decidió mantenerse independientes del Estado en lugar de convertirse en una entidad política reconocida.
En otros casos más recientes, ha habido múltiples amenazas a comunidades Indígenas, como concesiones otorgadas en sus territorios para megaproyectos extractivos sin la debida consulta. Apoyadas en el sistema democrático dominante y en clara violación del derecho a la autodeterminación de los Pueblos Indígenas, varias comunidades se han visto impulsadas a analizar su organización política y han decidido descolonizar sus formas de gobierno, pasando así de un sistema de partidos políticos a uno sistema colectivo de poder y gobierno.
“Estás en territorio zapatista en rebelión, aquí manda el pueblo y el gobierno obedece”. Firmar en una carretera en la zona de Altos de Chiapas. Foto por gaelx.
En el sur de México en 2015, los Pueblos Tseltales de los municipios de Chilón y Sitalá en Chiapas iniciaron su proceso de autonomía con el objetivo principal de construir lo que denominan lekil cuxlejal (armonía comunitaria), que incluye trabajo con la tierra, resolución de conflictos y comunicación comunitaria, además de la designación de cargos. Sin embargo, la transición al autogobierno Indígena ha sido difícil. En 2018, las comunidades denunciaron intimidaciones, hostigamientos, amenazas y ataques contra sus miembros y las comunidades que forman su base social. En 2020, dos compañeros fueron detenidos y encarcelados, “pero con nuestras formas de gobierno logramos sacarlos, aunque todavía están en un proceso (legal)”, dijo uno de los regidores a la revista Avispa Midia.
A pesar de que en 2019 se inició el proceso legal en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para la transición a un régimen normativo interno, ningún funcionario de la IEPC ha podido acudir a territorio Indígena, señala Pascuala Vázquez, vocera del gobierno comunitario, al señalar que el Covid-19 ha sido utilizado como pretexto: la pandemia no detuvo las campañas electorales, pero ha paralizado por completo el proceso judicial. Aún así, las comunidades perseveraron, y en mayo de 2021 se reunió la asamblea de las comunidades para elegir a los Consejeros de Gobierno Comunal en pleno ejercicio de su autonomía.
La descolonización de la estructura de poder está sucediendo en otra parte de México. El estado de Guerrero ha sido plagado de violencia constante durante décadas. Como afirma Pablo Ferri en su artículo en El País, "muchos residentes recuerdan fácilmente a El Charco Masacre, una operación de contrainsurgencia del ejército que mató a 11 personas en 1998; o la violación y la tortura cometidas por los militares contra una vecina, Inés Fernández, en 2002; o el hostigamiento por parte del gobierno estatal contra los primeros grupos de defensa personal en 2013 y 2014, lo que llevó a algunos de sus miembros a la cárcel durante años".
En 2018, miles de Na Savi, Me'Phaa, mestizos, y afro-mexicanos decidieron en la asamblea ejercer su derecho a la autonomía y rechazar el sistema de partidos políticos estableciendo un sistema normativo electoral Indígena. De las 265 personas elegidas para representar a sus comunidades, la mitad eran mujeres y la mitad hombres. El esfuerzo para que las comunidades acepten cambiar la forma en que se habían gobernado tomó meses, incluso años. "Este ejercicio de la democracia Indígena fue legítimamente empujado por las personas que dan la bienvenida a la búsqueda y el desarrollo de formas de gobierno que llaman a la inclusión", escribió el periodista Sergio Ferrer en La Jornada Guerrero.
En el estado de Michoacán, las mujeres P'urhépecha de la Municipalidad Cherán K'eri pidieron a la población a defender su territorio, mantneer el acceso cerrado a la comunidad y establecer campamentos permanentes donde se reunieron para ejercer su autonomía política. En una forma colectiva y organizada, establecieron un gobierno autónomo respaldado por el Tribunal Electoral de la Poder Federal Judicial, con la que logró expulsar el crimen organizado que habían sido explotando ilegalmente sus bosques durante varios años, creando un clima de inseguridad y violencia en la zona.
El camino de la resistencia de 10 años de Cherán ha sido complejo, pero ha servido como ejemplo para otras comunidades en la misma región y en otras partes del país. En 2021, varias comunidades decidieron ir más allá y no participar en el sistema político en niveles más altos, resistiendo con éxito la instalación de 92 lugares de sondeo de las elecciones anteriores para los diputados locales y el gobernador del estado. Esto fue realizado por 23 comunidades P'urhépecha, más 10 comunidades de Mazahua y Otomi de la Región Oriental de Michoacán.
Otras comunidades han tomado medidas hacia la autonomía colectiva en el mismo marco del sistema de partidos políticos. Ahuehuetitla es uno de los municipios más empobrecidos de la región de Mixteca en Puebla y tiene una tasa de alta migración. En las últimas elecciones, unos 372 votantes de más de 2.000 ciudadanos decidieron no elegir a ninguna de las siete opciones de candidatos ofrecidas por los partidos políticos. En cambio, eligieron a Adán Seth Calixto Guerra, quien ganó por mayoría incluso después de 70 votos anulados. Calixto Guerra no se registró como candidato para ningún partido político o como candidato independiente, lo que significa que no tenía un presupuesto asignado para una campaña electoral. Ahora se enfrenta a una batalla legal para reconocer su victoria.
Todas las autonomías políticas, ya sean históricamente reconocidas (como en el estado de Oaxaca), recién reconocidas (como Cherán y Ayutla de los Libres), o aquellas que han elegido renunciar al reconocimiento del Estado en total (como las Comunidades Autónomas Zapatistas), han enfrentado ataques por parte del estado en su lucha y respeto a la autodeterminación. En su perseverancia, están allanando el camino para otras comunidades, que, con pasos lentos pero seguros, están reclamando las formas colectivas de gobierno como una forma de defender sus territorios y vidas Indígenas.
Foto superior: Las estaciones de radio Zapatista se establecieron en 2009 como parte de un proceso de autonomía más grande para denunciar a las injusticias sociales en sus comunidades. Foto cortesía de las radios zapatistas.
