El 24 de octubre de 2021, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, declaró el estado de sitio en El Estor, Izabal, en respuesta a los enfrentamientos entre los defensores de la tierra del pueblo Q'eqchi y la Policía Nacional Civil (PNC). 21 días antes de estas declaraciones, miembros de la comunidad Q’eqchi habían estado protestando para exigir que la mina de níquel Fénix, actualmente propiedad de la empresa suiza Solway Group y operada por su subsidiaria guatemalteca Compañía Guatemalteca de Níquel, detenga el trabajo hasta que se lleve a cabo una consulta. El Estado de Guatemala ha manifestado un uso desproporcionado de la fuerza, ha violado el derecho a la libertad de expresión y ha ignorado órdenes judiciales nacionales e internacionales de respetar la autodeterminación del Pueblo Maya Q'eqchi en El Estor, Izabal. Las restricciones impuestas por el estado de sitio estarán vigentes durante los próximos 30 días.
El 25 de octubre de 2021 se intentó allanar la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, ubicada en el Estor, un proyecto socio de Cultural Survival a través del Fondo de Medios Comunitarios Indígenas. Según informantes locales, los elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército llegaron a las oficinas de la Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral (AEPDI) preguntando la ubicación donde opera la emisora de la comunidad.
Radio Xyaab’ Tzuultaq’a ha estado dando cobertura de los hechos durante las últimas dos semanas, informando a la comunidad local de los acontecimientos en la zona y de las demandas de las autoridades ancestrales. Durante 17 días, defensores Indígenas de la tierra han mantenido un bloqueo en la entrada al municipio solicitando al Gobierno el cumplimiento de la resolución por la Corte de Constitucionalidad (expediente 697-2019 del 18 de junio de 2020) con relación al Consentimiento Libre Previo e Informado de los Pueblos Indígenas respecto al cese de explotación en la mina Fénix, ahora operado por Solway Group y su subsidiario, Compañía Guatemalteca de Níquel. La explotación minera en el Estor, Izabal lleva ya más de 60 años.
Las comunicadoras y comunicadores de la emisora Xyaab’ Tzuultaq’a están indignados porque no es la primera vez que la policía nacional persigue a la radio. Ellos manifiestan su impotencia al saber que las instituciones estatales y los políticos están fuertemente influenciados por la élite económica y política, y que cualquier queja formal difícilmente será atendida.
Un comunicador de la emisora, que no brindó su nombre por razones de seguridad, resalta: “como comunicadores comunitarios corremos el riesgo de ser detenidos por informar lo que acontece en la región”. El 22 de octubre, la policía utilizó gases lacrimógenos durante el desalojo de la resistencia pacífica del pueblo Q’eqchi’, hiriendo a hombres, mujeres, niños Q’eqchi’ y varios periodistas.
El 26 de octubre, fuerzas militares atacaron a dos periodistas de Prensa Comunitaria, un medio de comunicación independiente, que han estado cubriendo el asedio y las actividades en la zona. Juan Bautista Xol, corresponsal de Prensa Comunitaria fue detenido en su domicilio de El Estor, por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. La casa del periodista Carlos Ernesto Choc Chub en El Estor fue allanada a las 7 de la mañana. Anteriormente Choc había sido atacado en abril de 2020.
Frente a estos hechos que atentan contra el ejercicio de la libertad de expresión y ponen en peligro la vida de los comunicadores, Cultural Survival expresa su solidaridad con los voluntarios de Radio Xyaab 'Tzuultaq'a y otros medios alternativos, condenando estos hechos que atentan contra la vida, la paz y la democracia en Guatemala. Durante décadas, los comunicadores Indígenas han estado abogando por la libertad de expresión en el país.
Cultura Survival solicita al Estado de Guatemala:
- Garantizar el derecho a la libertad de expresión que es crucial para el ejercicio de otros derechos, pero también para el pleno desarrollo de la participación ciudadana. La libertad de expresión es la piedra angular de toda sociedad libre, democrática y participativa.
- Respetar el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la cual señala claramente: “1) toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2) No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de (…) frecuencias radioeléctricas (…) encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”
- Respetar el artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas que establece: “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de comunicación en sus propios idiomas ya tener acceso a todas las formas de medios de comunicación no indígenas sin discriminación. 2. Los Estados tomarán medidas efectivas para asegurar que los medios de comunicación estatales reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de garantizar la plena libertad de expresión, deberán alentar a los medios de comunicación privados a reflejar adecuadamente la diversidad cultural indígena.”
- Cumplir con las demandas de la comunidad de respetar el derecho de los pueblos q'eqchi al Consentimiento Libre, Previo e Informado según lo ordenado por la orden de la Corte Constitucionalidad de Guatemala para detener las operaciones en la mina Fénix hasta que se haya obtenido el consentimiento. El derecho de los pueblos Indígenas a la autodeterminación y su capacidad para tomar decisiones sobre sus tierras, territorios y pueblos está reconocido por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos Indígenas. Cada una de las declaraciones anteriores ha sido ratificada por Guatemala.