Este artículo fue escrito por miembros de una coalición que trabaja para proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en la transición hacia la economía verde, First Peoples Worldwide, Batani Fund, Aborigen Forum, Earthworks, y Society for Threatened Peoples.
Las comunidades Indígenas están asumiendo un papel de liderazgo en las economías emergentes de energía verde al hacer que las empresas se responsabilicen de los compromisos de derechos humanos a través de la cadena de suministro. El 28 de octubre de 2021, en vísperas de las negociaciones sobre el clima en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, Cultural Survival y otras 140 organizaciones emitieron una declaración conjunta en la que pedían a los negociadores sobre el clima que se comprometieran a abastecerse de minerales de transición de forma responsable y a centrar los derechos humanos de las comunidades Indígenas y de primera línea y de los trabajadores en los proyectos de minería, reciclaje, recuperación, fabricación y energías renovables. Los minerales de transición, como el níquel, el litio, el cobalto y el cobre, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de una economía verde y baja en carbono. Las tecnologías de energía limpia, desde los vehículos eléctricos y el almacenamiento en baterías hasta las turbinas eólicas y los paneles solares, requieren una amplia gama de minerales y metales, y la demanda se está disparando. Un informe de la Agencia Internacional de la Energía prevé que las necesidades de minerales para las tecnologías de energías limpias se cuadruplicarán de aquí al 2040, y que los vehículos eléctricos y el almacenamiento de baterías crearán la mayor demanda del sector. Se calcula que la demanda de litio, crucial para la producción de baterías de vehículos eléctricos, se multiplicará por 10 en la próxima década, y que cada año deberá entrar en funcionamiento al menos una nueva mina.
El rápido aumento de la minería aumenta el peligro de un mayor desplazamiento y despojo de los Pueblos Indígenas. Los territorios Indígenas contienen concentraciones significativas de reservas de metales pesados sin explotar en todo el mundo. En los Estados Unidos, el 97 por ciento del níquel, el 89 por ciento del cobre, el 79 por ciento del litio y el 68 por ciento de las reservas y recursos de cobalto se encuentran dentro de las 35 millas de las reservas de nativos americanos. A nivel mundial, sabemos que la minería influye potencialmente en 50 millones de kilómetros cuadrados de la superficie de la tierra, con el 8 % coincidiendo con áreas protegidas, el 7 % con áreas clave para la biodiversidad y el 16 % con zonas silvestres restantes.
Las violaciones de los derechos humanos siguen al sector minero. El Centro de Recursos de Empresas y Derechos Humanos informa 304 denuncias de derechos humanos contra las 115 empresas involucradas en la extracción de minerales de transición. El desarrollo ocurre con frecuencia sin el Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas y tiene impactos significativos a largo plazo. A corto plazo, trae una afluencia de trabajadores temporales que puede conducir a una mayor transmisión de COVID-19, un aumento de actividades criminales y una degradación de infraestructura local. Otras violaciones incluyen la migración forzada, el asesinato de defensores de los derechos humanos que protestan por el desarrollo y las amenazas ambientales a la tierra, el agua y los recursos de subsistencia.
La minera de níquel Fénix en el Estor, es la única mina activa de metal y extrae 120,000 toneladas de níquel por mes, haciéndola la más grande de Centroamérica.
Los métodos de minería utilizados en la extracción de minerales de transición, como la extracción intensiva de agua y las minas a cielo abierto, permanecen sin cambios, y el aumento de su demanda ahora amenaza aún más sitios culturales y sagrados, cuencas hidrográficas y paisajes. Durante la extracción, se liberan al aire y al agua materiales tóxicos como arsénico, mercurio, cadmio, cromo y plomo, con efectos devastadores a largo plazo para las personas y los entornos de los que dependen.
Las comunidades Indígenas están luchando contra el aumento de la minería dentro de sus países de origen. En Argentina, las empresas iniciaron la extracción y exploración de litio sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades Indígenas. Ahora, 33 comunidades Kolla y Atacama se han unido para oponerse a cualquier extracción de litio en sus tierras.
La creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos ha llevado a las empresas a expandir la producción de litio en el salar de Atacama, en el norte de Chile. Algunas comunidades de Lickanantay se han opuesto con éxito a la industria minera debido a los impactos en el salar, el nivel freático, la biodiversidad y las comunidades. En 2019, se abandonó un proyecto de minería de litio debido a la oposición Indígena. Sin embargo, los conflictos por otros proyectos de minería de litio continúan y otras comunidades Indígenas en el norte de Chile están siendo amenazadas por proyectos emergentes en algunas de los salares más pequeños del país, como Maricunga.
En Guatemala, la mina de níquel Fénix a orillas del lago Izabal, el lago más grande de Guatemala, ha estado envuelta en un conflicto violento desde que se construyó en tierras Indígenas sin consentimiento en 1960 durante la guerra civil del país. En 2007, personal minero desinformado presuntamente violó en grupo por lo menos a 11 mujeres Q'eqchi después de quemar sus casas para desalojarlas de sus tierras ancestrales. En 2009, la seguridad de la mina abrió fuego contra los defensores de la tierra Q'eqchi’ que protestaban por su desalojo, matando al líder comunitario Adolfo Ich. En 2017, Carlos Maaz Coc, un pescador que protestaba pacíficamente por la contaminación del lago por parte de la mina fue asesinado de un tiro. En octubre de 2021, el presidente de Guatemala declaró la ley marcial y suspendieron los derechos civiles en respuesta a un bloqueo pacífico por parte de miembros de la comunidad Q'eqchi.
Los Pueblos Indígenas de otras partes de América del Norte también se están pronunciando. En Nevada, los líderes de la comunidad Indígena con Atsa Koodakuh wyh Nuwu (Pueblo de Red Mountain) están protestando contra la mina de litio Thacker Pass en Nevada, citando el daño que causaría a la tribu Fort McDermitt Paiute-Shoshone, los cementerios ancestrales, los recursos hídricos y fauna local como el urogallo mayor, el antílope berrendo y las águilas reales sagradas.
Encontrando un camino dirigido por Indígenas
Los Pueblos Indígenas son agentes cruciales del cambio tanto para la mitigación como para la adaptación climática. Si bien representan poco más del seis por ciento de la población mundial, las tierras gestionadas por Indígenas albergan alrededor del 80 por ciento de la biodiversidad restante del mundo. Los Pueblos Indígenas administran o tienen la tenencia de más del 25 por ciento de la superficie terrestre del mundo y administran al menos el 24 por ciento del carbono total almacenado sobre el suelo en los bosques tropicales del mundo.
La rápida expansión exponencial de la extracción de minerales de transición no solo seguirá representando una amenaza para los derechos y territorios Indígenas, sino también para las tierras que son de importancia crucial para la biodiversidad y la captación de carbono. Para que la transición baja en carbono sea una transición verdaderamente justa, las poblaciones Indígenas y otras poblaciones marginadas deben estar en el centro de la toma de decisiones, particularmente cuando las políticas y proyectos propuestos puedan afectar sus derechos y medios de vida.
Las organizaciones lideradas por Indígenas están pidiendo a las empresas que lo hagan mejor. Para empezar, los gobiernos y las empresas involucradas en la nueva economía verde deben observar e implementar los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluido el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Pero los gobiernos han tardado en abordar los impactos potenciales de la extracción de minerales de transición en los Pueblos Indígenas. En marzo de 2022, el Parlamento Europeo considerará una nueva ley para garantizar el abastecimiento ético de materiales para baterías al exigir a los fabricantes e importadores de baterías que apliquen las pautas de Diligencia Debida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos diseñadas para respetar los derechos humanos. Aún no se ha confirmado si la nueva ley incluirá demandas Indígenas y de ONGs para incorporar los derechos de los Pueblos Indígenas. Mientras tanto, los cabilderos de la industria están alentando un retraso en la implementación de la nueva ley de hasta 36 meses. En los EE.UU., la administración de Biden aún tiene que iniciar un proceso para garantizar el abastecimiento ético de materiales para baterías.
En ausencia de la acción gubernamental, los líderes Indígenas están involucrando directamente a las empresas en la cadena de suministro para asegurarse de que sean conscientes de los riesgos para los Pueblos Indígenas. En 2020, después de que Elon Musk hizo un llamado en Twitter anunciando la búsqueda de Tesla de más níquel para expandir la producción de autos eléctricos Tesla, las comunidades Indígenas del Ártico ruso se unieron a docenas de otras organizaciones para enviar una carta abierta a Musk instando a Tesla a no comprar a Nornickel hasta que demuestren un compromiso real de consulta con los Pueblos Indígenas afectados. (Nornickel, el mayor proveedor de níquel de Rusia y el contaminador más atroz del Ártico, fue responsable del mayor derrame de petróleo del Ártico cuando 20.000 toneladas de combustible diesel contaminaron los ríos y lagos locales). Tesla ahora aprobó una nueva política de derechos Indígenas que debe ser seguida por sus proveedores.
Los líderes Indígenas de Rusia señalan la importancia de trabajar con empresas en la cadena de suministro cuando su propio gobierno falla en defender los derechos Indígenas. Dmitry Berezhkov, activista de los derechos Indígenas y editor de Indigenous-Russia.com dice: “Consideramos el bienestar ambiental como parte de los derechos de los Pueblos Indígenas. El número de formas de defender los derechos de los Pueblos Indígenas en Rusia se reduce día a día a medida que el Estado, junto con las empresas industriales, intenta imponer un mayor control sobre la vida de las personas. Es por eso que estamos intentando ser ingeniosos y encontrar nuevas formas de defender nuestros derechos”.
