En todo el mundo, los Pueblos Indígenas se enfrentan a una criminalización creciente y generalizada en el ejercicio de sus derechos, incluso cuando protestan contra las propias violaciones de sus derechos. Según Global Witness, en 2022 fueron asesinadas 177 personas por defender los derechos humanos, sus tierras y nuestro medio ambiente. Más de un tercio, el 36 por ciento de los defensores asesinados eran Indígenas, a pesar de que los Indígenas representan sólo el 6,2 por ciento de la población mundial. América Latina es una de las regiones más peligrosas para los defensores de los derechos Indígenas y del medio ambiente. Tres de cada cuatro asesinatos de defensores del medio ambiente se producen en América Latina. En 2023, Cultural Survival registró 77 asesinatos de defensores Indígenas en América Latina, 52 en 2022 y 33 en 2021.
"Los Pueblos Indígenas son los protectores de la naturaleza, la biodiversidad, las tierras y el patrimonio cultural. Sin embargo, incluso mientras defienden estos territorios, vemos que la criminalización de los Pueblos Indígenas se está intensificando", dijo Cristina Coc (Maya Q'eqchi), coordinadora de defensa en Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) en un panel organizado por IPRI en la Zona de Medios Indígenas en la 23ª Sesión del Foro Permanente de la ONU sobre Temas Indígenas en abril de 2024. Con sede en Filipinas y establecida en 2019 para dirigir y coordinar la Iniciativa Global para Abordar y Prevenir la Criminalización, la Violencia y la Impunidad contra los Pueblos Indígenas, IPRI trabaja para proteger los derechos de los Pueblos Indígenas y para unir y amplificar el llamado a la justicia para las víctimas de la criminalización y la impunidad. Victoria Tauli-Corpuz (Kankanaey Igorot) de Filipinas, directora de Tebbteba, Cofundadora del IPRI y ex Ponente Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Fergus McKay, Asesor Jurídico Superior del IPRI intervinieron en el panel.
En febrero de 2024, el Foro Permanente para Temas Indígenas de la ONU presentó su informe más reciente, “Criminalización de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas”, que se centra en la tipología y los ejemplos de criminalización, los instrumentos internacionales pertinentes, la jurisprudencia y el acceso a la justicia, y las conclusiones y recomendaciones. Proporciona recomendaciones para que las autoridades de la ONU, los gobiernos y otros actores aborden mejor esta creciente amenaza. A continuación presentamos extractos de los comentarios de los panelistas sobre el informe y la cuestión de la criminalización.
Victoria Tauli-Corpuz (Kankanaey Igorot)
"He estado recibiendo constantes quejas de Indígenas de todo el mundo sobre el hecho de que se les está criminalizando. Se presentan falsas acusaciones contra ellos, y varios de ellos han sido detenidos en los tribunales. Es una preocupación muy seria porque los Indígenas han estado resistiendo el desplazamiento de sus tierras y territorios y también protegiendo sus recursos. Ellos son los que más comúnmente se enfrentan a cargos de criminalización. Se les acusa de (ser) anti-desarrollo. Incluso cuando era Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, me incluyeron en una lista de 300 supuestos terroristas en Filipinas.
Este informe ha sido el precursor de mi propuesta de crear los Derechos Internacionales de los Pueblos Indígenas, porque creo que hay que centrarse en la cuestión de la criminalización. Esto es lo que infunde miedo a las comunidades Indígenas, y también es lo que limita su capacidad de hacer valer su derecho a la autodeterminación y de ser críticos con los Estados y las empresas que violan sus derechos. También son las comunidades las que son criminalizadas y encarceladas. Mi visita oficial a Australia demostró que, aunque los aborígenes australianos son el 5% de la población, ocupan el 50% de las cárceles de Australia. Esto habla del racismo y la discriminación existentes, que son la base para presentar todos estos casos de criminalización contra ellos.
Lo importante es la capacitación de los propios Pueblos Indígenas, tanto de los individuos como de las comunidades. Si se les capacita para conocer mejor sus derechos y para hacerlos valer y reclamarlos, aumentan las posibilidades de que se les retiren los cargos. En segundo lugar, creo que hay que poner a su disposición recursos para que puedan recurrir a los servicios de abogados pro-bono. Muchos líderes Indígenas llevan mucho tiempo en la cárcel porque no hay abogados que se hagan cargo de sus casos. Es realmente necesario poner a su disposición los servicios de abogados y los recursos necesarios en los tribunales nacionales, pero también hacer uso de los procedimientos especiales para presentar un informe al relator. También es importante el papel que pueden desempeñar los titulares de mandatos. (Por ejemplo), el Banco Mundial sigue financiando un proyecto en Tanzania para ampliar las zonas protegidas, lo que ha provocado el desplazamiento de los Maasai. Como se presentó una queja al Banco Mundial, el grupo de inspección está estudiándolo. Documentar y ayudar a la gente a documentarse es el primer paso. Estos informes que hablan de criminalización van a ser cruciales también para exponer el asunto y conseguir que diversos organismos multilaterales y países se pronuncien en contra de lo que está ocurriendo."
Fergus McKay, Asesor Jurídico Superior del IPRI
"La mayor parte de la criminalización está profundamente arraigada en los marcos jurídicos nacionales y suele estar relacionada con el reconocimiento inadecuado o el no reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en dichos marcos. La legislación nacional no reconoce que los Pueblos Indígenas tengan derechos sobre la tierra o sólo lo reconoce parcialmente de una forma fragmentada que niega la plena propiedad o jurisdicción sobre esas tierras. Las zonas que no se incluyen quedan a disposición de terceros para áreas protegidas, proyectos de mitigación del cambio climático y otras cosas. Estamos viendo que a los Pueblos Indígenas no sólo se les niega el ejercicio de sus derechos, sino que se les criminaliza por la ocupación y el uso continuados de estas zonas, ocupación y uso a los que tienen derecho en virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos. La raíz del problema es la legislación nacional, que no reconoce debidamente los derechos de los Pueblos Indígenas y utiliza ell derecho penal para reprimir protestas o castigar a personas por defender sus derechos.
Una decisión muy importante de 2021 fue el caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango contra Guatemala https://cs.org/iachr , que implicaba la criminalización de radios comunitarias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que en el caso de los Pueblos Indígenas se habían violado el derecho a la cultura y el derecho a la libertad de expresión en relación con la autodeterminación. También determinó que la criminalización de esas actividades agravaba las violaciones de esos derechos y constituía un nuevo nivel de violaciones. El tribunal exigió que se anularan todas esas condenas y se suprimieran todas las sentencias y penas; que se volviera a como si la criminalización nunca se hubiera producido en primer lugar. Eso es lo que debería ocurrir con la mayoría de estos casos. En un país hay personas que pasan hasta 12 años en la cárcel por matar búfalos en sus ceremonias culturales. En ese país hay literalmente miles de Indígenas encarcelados por consumir búfalo porque la religión dominante no está de acuerdo con ello, mientras que forma parte de la práctica de sus tradiciones culturales, sus prácticas espirituales y otros derechos diversos.
Es necesario profundizar en las leyes nacionales para identificar dónde se criminalizan los derechos y dónde hay que reformar esas leyes. El Comité contra la Tortura de la Convención contra la Tortura tiene el mecanismo ideal para hacerlo. Uno de sus artículos exige la revisión continua de las leyes nacionales para tratar las cuestiones relacionadas con la tortura y los tratos crueles e inhumanos, y ha definido explícitamente el encarcelamiento de los Pueblos Indígenas como una forma de trato cruel e inhumano. La tasa (de encarcelamiento) del 50% en Australia es común en muchos países del mundo. Existen vías muy claras para decir que podemos recurrir a las leyes nacionales y abordar los casos en los que se aplican sanciones penales de forma injustificada al ejercicio de los derechos, o en el contexto de estas prácticas desproporcionadas y racialmente discriminatorias, que deberían ser ilegales tanto constitucionalmente como en virtud de la legislación sobre derechos humanos. Hubo un caso contra México recientemente resuelto por el Comité contra la Tortura en el que se decía explícitamente en sus recomendaciones que México debía cesar la criminalización de la defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero fue una sentencia en un solo caso. Necesitamos más casos como estos. Necesitamos que (estas disposiciones) se integren más, y necesitamos que se adjunte a las condicionalidades de financiación, porque va a empeorar". El 50% de los minerales en transición están en tierras Indígenas. En algunos países, entre el 80% y el 90%. Las zonas protegidas están a punto de duplicarse".
Cristina Coc (Maya Q'eqchi), Coordinadora de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas
“Es muy importante contemplar la criminalización en todo su espectro. Una de las cosas que es realmente importante destacar es que los delitos individuales y las violaciones de los derechos humanos contra individuos Indígenas no son distintos ni están separados de las agresiones y violaciones contra comunidades enteras, porque formamos parte de comunidades colectivas. Cuando se viola el derecho de un individuo, el impacto no es sólo sobre ese individuo, sino que afecta a toda la comunidad. Los defensores de la tierra, como defensores de los derechos humanos, son los que protegen la naturaleza, los que protegen la vida. Son los que están inmensamente amenazados".
Cristina Coc (Maya Q'eqchi), coordinadora de defensa en Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI por sus siglas en inglés) moderando el panel “Criminalización de los derechos de los Pueblos Indígenas” organizado por IPRI en la Zona de Medios Indígenas en el UNPFII en abril de 2024, con Victoria Tauli-Corpuz (Kankanaey Igorot) y Fergus McKay.
