Por Radio Yapti Tasba Bila Baikra
Desplazamiento forzado: la forma de sobrevivir ante el despojo de tierras indígenas
El día transcurre con aparente normalidad. Un grupo de mujeres se reúne en el centro de la comunidad y preparan alimentos para una actividad comunitaria. A unos cuantos metros está la escuela donde algunas niñas y niños acuden para estudiar. Es temporada de sacar la cosecha de arroz, los comunitarios secan, limpian y pelan el grano. Sin embargo, sus rostros no pueden ocultar la incertidumbre que les agobia. En la comunidad de Wiwinak, ubicada en la ribera del río Coco hay miedo, a pocos kilómetros están los “terceros”, colonos invasores de tierras que amenazan con despojarlos de sus parcelas.
En la comunidad miskita de Sagnilaya, Río Wawa, ubicada a unos 60 kilómetros de Puerto Cabezas la realidad es la misma. La comunidad indígena teme también desaparecer, porque los colonos no cesan sus planes de invasión y amenazas. En Sagnilaya, Félix Lavonte Centeno, siente nostalgia de la vida que tenían antes de la llegada de los colonos. Ahora el bosque, animales silvestres y muchos peces, poco a poco, están desapareciendo.
En Sangnilaya, los comunitarios cosechan al otro lado del Río Wawa, por lo que deben cruzar con frecuencia. Sin embargo, esto no ha sido posible desde hace tiempo, porque colonos armados merodean la zona y han carrilado (abrir una trocha) desde la ribera del río. “Ellos han bajado carriles en el Río Wawa y han dicho que ningún miskito puede pasar al otro lado del río a trabajar, ni a chapear arroz, frijoles ni yuca, ni nada porque todo es de ellos…ellos ya tienen tiempo de haber entrado a estas tierras y si usted se mete a esa montaña verá que han hecho un caserío”, señala una comunitaria.
Apolinar Teylor es originario de esta comunidad y se resiste a dejar la tierra por la que ha trabajado. Ha sido víctima de las agresiones de colonos; en 2020 le quemaron su rancho y el de otros cuatro comunitarios, pese a esta situación continúa en la lucha por lograr que se cumpla la etapa de saneamiento de las tierras que cultivan.
Río Wawa en la comunidad de Sagnilaya- Río Coco uno de los medios de vida de la población miskitu y mayagnas.
La resistencia de las comunidades indígenas es un desafío constante, la noticia de comunidades violentadas recorren la zona. En 2020, la comunidad de Alal fue incendiada por hombres armados, y seis guardabosques fueron asesinados en esa ocasión. Un año después, el 23 de agosto de 2021, otra noticia conmovió al país, colonos invasores masacraron a nueve indígenas miskitos y mayangnas que realizaban trabajo de minería artesanal en el cerro Kiwakumbaih, ubicado a unos 10 kilómetros de la comunidad Musawás, en el territorio indígena Mayangna Sauni As.
En ambos hechos las comunitarias y los comunitarios identificaron como responsable a una banda liderada por Isabel Meneses Padilla, a quien apodan “Chabelo”. Sin embargo, la justicia orteguista condenó injustamente a cadena perpetua a cuatro mayangnas por los asesinatos de Kiwakumbaih. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, otorgó medidas provisionales a las personas privadas de libertad, y solicitó al Estado de Nicaragua que “de forma inmediata proceda a la liberación y adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente sus vidas, integridad personal, salud y libertad”.
Una nueva masacre llegó el 11 de marzo de 2022, esta vez en la comunidad de Wilú, del territorio Indígena Mayangna Sauni As. Un grupo de colonos armados irrumpió violentamente, asesinando a cinco comunitarios, hiriendo a dos, incendiando 16 viviendas y una iglesia.
“Estamos ante un etnocidio de las comunidades que es físico, cultural y geográfico”, señala un líder miskito.
El bote o cayuco es el medio de transporte de las comunidades indígenas asentadas en la ribera del río Coco - Mujeres de la comunidad de Klisnak lavan ropa en el río Waspuk.
El desplazamiento forzado y la pérdida continua de sus tierras
Ante el ataque a la comunidad de Wilú, la población (unas 70 familias) se vio forzada a desplazarse hacia Musawás y comunidades cercanas para resguardar sus vidas. Cuando la migración no es forzada, es una actividad cotidiana en la vida de las comunidades, pero cuando el desplazamiento es forzado producto de la violencia altera la dinámica de vida de las comunidades. “La principal causa es el miedo, la necesidad de resguardar la vida, y la búsqueda de la alimentación, sino se desplazan o los matan o se mueren de hambre”, advierte el líder comunitario.
Las comunidades más afectadas por el desplazamiento forzado son Francia Sirpi, Santa Clara, La Esperanza, Río Wawa y Wisconsi, todas ubicadas en el territorio Wangki Twi Tasba Raya. Desde el 2015 se ha desplegado un proceso de invasión continuo y violencia generada por personas no indígenas, que buscan los recursos para la minería ilegal o para la ganadería.
Otra de las zonas afectadas por el desplazamiento forzado es el Territorio Mayagna Sauni As, principalmente las comunidades de Musawás, Wilú, Alal y Betlehem. También están algunas comunidades del Territorio Indígena Tuahka, en los municipios de Rosita y Bonanza, donde hay mucha actividad minera. La comunidad mayangna de Wasakin, es una de las más afectadas por el desplazamiento.
La dinámica del desplazamiento forzado se vive de distintas maneras. En algunos casos son familias enteras las que se desplazan hacia otras comunidades cercanas, que no tienen tantos conflictos, en la comunidad que los refugia las autoridades comunitarias les dan posada y un espacio de tierra para que trabajen.
Otros se han ido a las ciudades cabeceras (Waspam y Puerto Cabezas), y a veces solo se desplaza el jefe de familia, que va a buscar trabajo y envía dinero o provisiones para mantener a su familia en la comunidad, pero sin poder acceder a su tierra que es su medio de vida. También hay quienes llegan a las cabeceras municipales con toda su familia.
Según el líder comunitario, en algunas ocasiones, a las personas que llegan a comunidades vecinas, les dan un espacio reducido para trabajar y siembran por temporada. Para quienes llegan a la ciudad de Bilwi la situación se vuelve difícil. “Los hombres a veces no tienen otra alternativa que ir al mar y trabajar como buzos, es la única fuente de trabajo que encuentran y quedan lisiados, porque no tienen la experticia, pero lo hacen por necesidad”.
En el caso de las mujeres y jóvenes, buscan trabajo como domésticas. Otras se dedican a vender limones, naranjas, pijibay y enchiladas en algunos puntos estratégicos de la ciudad como gasolineras, bancos y parques, etc. “Hubo un caso en donde a una de las niñas que iba ayudar a su mamá con el trabajo doméstico, el hijo de los jefes la quiso abusar, cuando la madre reclamó las corrieron a las dos, sin pago alguno”, cuenta el líder comunitario.
El activista comunitario agrega que las poblaciones indígenas no tienen ese concepto de ciudad ni un oficio permanente que les ayude a subsistir. “Lastimosamente algunas mujeres se han visto obligadas a ejercer la prostitución, lo que ha generado abuso sexual y embarazo precoz, al no tener un hogar, viven en chozas en las afuera de las ciudades, con todas las penurias y necesidades que se puedan imaginar”, afirma.
“Cuando me quitaron la tierra lloré”
Han pasado nueve años desde que el “El Pastor” llegó a Puerto Cabezas. Antes vivía en La Esperanza Río Wawa, una comunidad que recuerda verde, con unas 60 casas y unas 700 personas, pero que ahora se ha visto afectada por la migración a causa de la violencia generada por la invasión. “Es que algunos están en el Puerto (Cabezas) se corrieron como nosotros, por el miedo. Yo era de las últimas personas que tenían bastante tierra, me fui a mi finca y no podía entrar, estaba un colono, platiqué con él y me dijo que quiénes le vendieron le dieron firma y todo. Ellos vinieron de allá, del lado del Pacífico, dice que el gobierno les apoya, les da Aka”, relata.
Sus once hijos e hijas y sus quince nietos viven ahora en un barrio de esta ciudad costeña, pero añoran la vida que les arrebataron. “Cuando vivía en La Esperanza sembraba banano, yuca, quequisque, arroz, frijoles, sacaba bastante, mi casa estaba llena de maduros de toda clase, de ahí tenía para comer, pero nos dejaron sin nada”.
El Pastor narra que cuando llegaron a la ciudad un señor les dio posada y una muchacha les ofreció un pedazo de tierra para sembrar yuca. “No estamos bien, aquí la tierra no es buena y por eso no podemos trabajar, antes sembrábamos yuca en ese pedacito de tierra, pero ahora no se puede porque cuando llueve se inunda el lugar”.
La mayor dificultad para esta familia es encontrar un empleo. “Cuando llego a buscar trabajo me dicen -usted es viejo, ya no puede trabajar- pero si llegó a La Esperanza ahí sí puedo trabajar porque tengo mi tierra”, expresa.
“A veces sufro por no tomar wabul”, expresa “El Pastor”, durante la plática, pero afirma que no pierde las esperanzas de regresar a su finca.
Violencia estructural y un modelo de desarrollo impuesto
En Nicaragua no se ha cumplido con la etapa de Saneamiento de los territorios indígenas que establece la Ley No. 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco e Indio y Maíz. Tampoco se respeta el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, Ley No.28, vigente desde 1987.
Por el contrario, el régimen Ortega Murillo ha promovido planes y modelos de desarrollo que atentan contra los medios de vida de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Aunque no han sido los únicos, el líder comunitario asegura que cada gobierno ha tratado de imponer un modelo económico que tiene su lógica no indígena, principalmente en el uso indiscriminado de los recursos naturales, mediante el establecimiento de la minería que alienta la invasión de los bosques y las tierras donde habitan indígenas.
Casa de comunitarios en las comunidades de Klisnak y Wiwinak en la ribera del Río Coco
La explotación indiscriminada de los recursos que se realiza sin el consentimiento de las comunidades ha socavado también sus formas de gobernanza. “Eso se ha evidenciado en muchos conflictos de intereses donde muchos funcionarios gubernamentales tienen negocios en el territorio”, explica el activista.
Detrás de estos conflictos, están quienes tienen poder económico, poder político y poder de tener armas. “Lo que hacen es apoderarse de las áreas productivas de las comunidades para luego convertirlas en potreros, entonces ahí viene el conflicto de asesinatos, secuestros, y por ende obliga a los comunitarios que se quedan sin tierra a desplazarse”, relató el líder indígena. Así mismo, agregó que algunos migran hacia las ciudades de Waspam o Puerto Cabezas, otros cruzan hacia Honduras y también hay quienes optan por irse a Costa Rica y Panamá. Desde el año pasado la migración se ha extendido hasta Estados Unidos.
Otro modelo que se impone en las comunidades indígenas es el agrario, “sembrar en exceso, despalar en exceso y luego tener ranchos ganaderos para después exportar la carne”, a juicio del activista esto alimenta la invasión.
Apolinar Taylor reafirma lo planteado. “Ellos hacen potreros, meten ganado, mula, crían chanchos y gallinas, hacen lo que se les da la gana. Ellos no trabajan pequeños, si usted llegara a ver, hasta un helicóptero puede bajar allí. En el alimento tenemos problemas. Aquí la gente se va en el llano y usted va a mirar cómo está destruido, ya no hay pino porque como no tenemos donde trabajar para comer, entonces la gente se decidió a quemar carbón y eso se vende en el mercado y con eso comemos el granito de arroz”, relata.
A esto se suman los efectos del cambio climático. En noviembre de 2020 la zona del Caribe Norte sufrió el impacto de los huracanes Eta e Iota, de categoría cuatro y cinco respectivamente. Estos huracanes ocasionaron la pérdida de los medios de vida de diversas comunidades principalmente las costeras.
“La comunidad de Haulover casi se destruyó en su totalidad, muchas de las personas ya no regresaron a su comunidad, porque ya no tenían los medios, ni el acceso para sostener la vida comunitaria, y se quedaron en Puerto Cabezas o migraron a Costa Rica, Panamá o Estados Unidos, aquí el fenómeno de migración es distinto, son más los jóvenes los que están saliendo para poder mantener a su familia”, explica el activista.
El líder comunitario refiere que son los comunitarios quienes están tratando de levantar sus casas, que el régimen ha apoyado en entregarles únicamente láminas de zinc. “El estado no ha creado las condiciones necesarias para que las comunidades sean resilientes ante todo el impacto negativo que implica los efectos los efectos de un huracán”, aseveró.
Ante tanto contexto adverso, la resistencia de muchos comunitarios permanece en todas las acciones de defensa de sus derechos, la promoción de sus propias formas de vida y desarrollo sostenible.
Las comunidades indígenas siguen denunciando. Para el líder comunitario “la única opción es que el Estado de Nicaragua tenga voluntad de respetar los derechos de las comunidades indígenas, y haga acciones concretas para detener ese creciente proceso de invasión o de colonización”.
Sin embargo, advierte que “por ahora no se ve esa luz, lo que vemos es mayor oscuridad, porque para la política estatal los invasores son recursos que favorecen sus intereses”. Pese a las circunstancias las comunidades no abandonan las esperanzas de ver el cambio. “Estamos soñando que todo esto algún día va a terminar”, concluye el activista.
En 2022, Radio Yapti Tasba Bila Baikra fue apoyada por el Fondo de Medios Comunitarios Indígenas, el cual brinda oportunidades para que las estaciones de radio Indígenas internacionales fortalezcan su infraestructura y sistemas de transmisión y creando oportunidades de capacitación en periodismo, transmisión, edición de audio, habilidades técnicas y más para periodistas de radio de comunidades Indígenas de todo el mundo. En 2024, el Fondo de Medios Comunitarios Indígenas apoyó a diversas comunidades con 57 subvenciones por un total de $450,000 a medios comunitarios indígenas en 20 países, apoyando a 87 Pueblos Indígenas.
