El 25 de enero de 2023, los Estados miembros de la ONU revisaron el historial de derechos humanos de Guatemala durante la 42a sesión del Examen Periódico Universal (EPU), un proceso llevado a cabo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este fue el cuarto ciclo de examen de Guatemala desde 2008. El resultado final de la 42a sesión del EPU será aprobado por el pleno del Consejo de Derechos Humanos en su 53a sesión ordinaria en junio de 2023.
Cultural Survival viajó a Ginebra con Adriana Sunun (Maya Kaqchikel), de la Asociación de Abogados Mayas, y Rosendo Pablo Ramírez (Maya Mam), fundador de Radio Xob'il Yol Qman Txun, para defender los derechos de los Pueblos Indígenas a la libertad de expresión y a sus propios medios de comunicación comunitarios en la sesión del EPU de Guatemala.
El Examen Periódico Universal consiste en una evaluación de la situación de los derechos humanos de los Estados miembros de la ONU por parte de otros Estados. Se considera un mecanismo internacional de revisión por pares basado en tres informes: una autoevaluación por parte del país de su propio historial de derechos humanos; un informe de la Oficina del Alto Comisionado u otros expertos de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entidades o cuerpos de tratados de la ONU; y un informe de las partes interesadas basado en la información enviada por la sociedad civil (para lo cual Cultural Survival presentó un informe conjuntamente con Sobrevivencia Cultural).
Tras examinar los tres informes, el Consejo de Derechos Humanos se reúne para evaluar al Estado. La reunión dura tres horas y media, y cada Estado tiene la oportunidad de hablar durante un minuto y hacer recomendaciones al Estado examinado. Las organizaciones de la sociedad civil no tienen derecho a intervenir en esta sesión. Unos meses más tarde, el informe final con el resultado de las recomendaciones, que el Estado puede aceptar o tomar nota (rechazar), se aprobará en la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos.
En Guatemala, las estaciones de radio comunitarias Indígenas siguen sin legalizarse más de 26 años después de que se garantizara este derecho en los Acuerdos de Paz de Guatemala de 1996 y más de un año y medio después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el tribunal autónomo de la Organización de Estados Americanos, fallara a favor de las comunidades mayas en octubre de 2021 en el caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros contra Guatemala.
Joshua Cooper, Adriana Sunun (Maya Kaqchikel), Cultural Survival Defensora asociada Natalia Jones y Rosendo Pablo Ramírez (Maya Mam) en el Examen Periódico Universal de Guatemala en Ginebra, Suiza.
La sentencia del tribunal declaró a la República de Guatemala "internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión, a la igualdad ante la ley y a la participación en la vida cultural", y estableció que Guatemala debía crear un procedimiento sencillo y gratuito para obtener licencias de radio para las comunidades Indígenas y reservar parte del espectro radioeléctrico para las radios comunitarias Indígenas. Sin embargo, el Estado de Guatemala se ha negado a cumplir o implementar cualquiera de estas obligaciones -incluso las más simples, como publicar la decisión del tribunal en un periódico oficial tanto en español como en los idiomas de las víctimas- y continúa criminalizando a los operadores de radio Indígenas.
Ramírez es originario de Todos Santos Cuchumatan, en Guatemala, y fundó Radio Xob'il Yol Qman Txun en 2000. Dice que esto sólo fue posible gracias al apoyo de la gente de su comunidad, que "son los verdaderos dueños de la emisora y los que mantienen la radio en funcionamiento escuchándola en sus casas." Viajó a la sede de la ONU en Ginebra para defender el derecho de su comunidad a tener sus propios medios de comunicación. "Un pueblo sin sus propios medios de comunicación no existe; estamos en el siglo XXI, y todos los pueblos deberían tener sus propios medios de comunicación, sobre todo cuando están interesados en tenerlos", afirma.
En Guatemala se hablan 24 lenguas Indígenas, y muchas comunidades lingüísticas desean tener su propia emisora de radio, ya que es el único medio por el que pueden expresarse en su lengua materna públicamente. Ramírez afirma que el aprendizaje de su lengua materna, viene de sus padres y abuelos, es la forma más familiar de comunicarse para ellos. "Hablar nuestra propia lengua nos hace sentir más seguros", afirma, ya que los Pueblos Indígenas no pueden expresarse plena y libremente en la lengua del colonizador.
"Agradecemos a las organizaciones internacionales que nos han acompañado en esta lucha que comenzó hace 12 años llevando nuestro caso a la CIDH, que falló a favor de nuestro derecho a los medios comunitarios Indígenas", dijo Ramírez. Sin embargo, señala que el Estado guatemalteco no ha acatado el fallo y no ha informado a la comunidad sobre cómo lo implementará. "El Estado de Guatemala debe respetar las recomendaciones hechas por otros países, y ese es nuestro objetivo aquí", dijo Ramírez.
Una de las principales preocupaciones a lo largo del proceso de revisión fue la falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial. Muchos países recomendaron a Guatemala que pusiera fin al acoso y la criminalización de los funcionarios judiciales que investigan delitos relacionados con la corrupción contra funcionarios del gobierno o ataques contra defensores de los derechos humanos y periodistas. Otra preocupación recurrente, señalada por más de 20 países en sus recomendaciones, es investigar a fondo todas las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas, tomando medidas o adoptando políticas públicas que apunten a su protección y cesen su criminalización.
Además de estas preocupaciones acuciantes, muchos Estados hicieron recomendaciones relativas a los derechos de los Pueblos Indígenas, como impartir una educación bilingüe e intercultural (Perú); intensificar los esfuerzos para proteger a los Pueblos Indígenas de los desalojos forzosos de sus territorios (Sudáfrica e Irán); y respetar y aplicar mecanismos de consentimiento libre, previo e informado para las decisiones que afecten a los Pueblos Indígenas (Venezuela, Canadá, Dinamarca, El Salvador, Finlandia y Malasia).
Colombia hizo una recomendación específica sobre el caso de las radios comunitarias, instando al Estado de Guatemala a considerar la implementación y aplicación de la decisión de la CIDH que ordena a Guatemala reconocer a las radios comunitarias Indígenas como medios de comunicación distinguidos y adoptar las medidas necesarias para establecer un procedimiento sencillo y gratuito para la obtención de licencias, así como reservar parte del espectro radioeléctrico para las radios comunitarias Indígenas y cesar la criminalización de los operadores de radio Indígenas.
Noruega también recomendó tomar medidas concretas para garantizar el derecho de los Pueblos Indígenas a la consulta previa de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, y cumplir con las medidas de reparación ordenadas por la CIDH en el caso de las radios comunitarias.
Adriana Sunun es abogada de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, una organización que apoya a las radios comunitarias Indígenas en su lucha por el derecho a tener sus propios medios de comunicación. Sunun declaró: "Nos alegramos de que Colombia y Noruega hayan hecho esta recomendación tan específica sobre la libertad de expresión de los Pueblos Indígenas... sin embargo, también hay otros problemas relacionados con los Pueblos Indígenas que nos hubiera gustado escuchar como recomendaciones específicas. El resto de los Estados hicieron recomendaciones muy generales sobre los Pueblos Indígenas. El tema de los desalojos, de los Pueblos Indígenas de sus tierras, fue mencionado por un Estado, pero nos hubiera gustado escuchar más al respecto".
Sunun también dijo que le hubiera gustado escuchar más sobre la criminalización específica de líderes y comunicadores Indígenas -no sólo defensores de derechos humanos y periodistas en general- y recomendaciones sobre las mujeres Indígenas. "El Estado trató de mencionar avances en materia de derechos humanos, pero muchos de ellos han sido resultado del trabajo de organizaciones de la sociedad civil... y muchos otros están sólo en el papel, pero no se han implementado realmente", dijo.
Es urgente que el Estado de Guatemala aplique la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2021 y comience a tomar medidas efectivas para reservar parte del espectro radioeléctrico a las radios comunitarias Indígenas y para cumplir todas las demás obligaciones internacionales que tiene con los Pueblos Indígenas. La sociedad civil puede utilizar ahora las recomendaciones específicas formuladas por los Estados miembros de la ONU para presionar al gobierno de Guatemala para que cumpla sus obligaciones en materia de derechos durante la fase de aplicación del examen.
