Del 19 al 21 de abril de 2023 tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, la segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú, es el primer tratado medioambiental regional que es vinculante. Según datos oficiales, en el evento participaron 350 personas de la sociedad civil y 23 delegaciones de países, sumadas a representantes electos del público, la mesa directiva del Acuerdo, y otros.
Esta Conferencia de las Partes (COP2) tuvo varios objetivos, entre ellos la elección de las siete personas que harán parte del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento y el seguimiento de la decisión I/6 (tomada durante la COP1) sobre defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. En cuanto al primer objetivo, las personas elegidas para el Comité vienen de Argentina, Chile, Uruguay, Granada, Costa Rica, Jamaica y Panamá y son personas expertas independientes que apoyarán en la implementación de las provisiones del acuerdo.
En cuanto al segundo objetivo, se dio seguimiento al primer Foro Anual sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe que tuvo lugar en Quito, Ecuador, en noviembre de 2022.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado vinculante que incluye disposiciones sobre personas defensoras del medio ambiente. Estas protecciones se basan en la implementación del artículo 9 del acuerdo. Las tres principales obligaciones que establece este artículo son: 1) garantizar un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales, 2) tomar medidas para reconocer, proteger y promover los derechos de las personas defensoras y 3) prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones en contra de personas defensoras ambientales. En cuanto a esta última obligación, algunas voces de la sociedad civil se quejaron durante las sesiones de la COP2 de la no inclusión de asesinatos en esta provisión, dada la frecuencia con la que estos suceden en contra de personas defensoras ambientales en la región.
Durante el foro de Quito continuó con su trabajo el grupo de trabajo ad hoc de composición abierta que lideran Chile, St Kitts y Nevis y Ecuador y que fue establecido durante la primera COP con el objetivo de desarrollar un Plan de Acción sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe. Durante 10 meses de trabajo (presenciales y virtuales), participaron 140 personas. Hubo diez mesas de trabajo: tres destinadas a un entorno seguro y propicio, tres destinadas a mecanismos de protección, tres destinadas a mecanismos de respuesta y acceso a la justicia y una destinada al seguimiento y cooperación. Esto dio lugar a más de 200 recomendaciones que fueron incluidas en el Informe del Foro.
Durante la sesión de la COP2 del viernes 21 se presentó el borrador de índice del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, resultado de este proceso. Este borrador estará abierto a consulta pública hasta el 21 de junio de 2023. Si bien la decisión 1.6 de la COP1 establecía que el grupo de trabajo sobre personas defensoras ambientales debe tener participación de Pueblos Indígenas y comunidades locales, muchas organizaciones de la sociedad civil se quejaron de que este plazo para consulta del borrador es extremadamente corto para realizar consultas con Pueblos Indígenas en todos los países parte del acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que en muchas comunidades el acceso a internet es limitado y la consulta se presenta sólo en línea.
El próximo Foro Anual sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe tendrá lugar en septiembre de 2023 en Panamá, donde se seguirá trabajando sobre la temática y se acordará la versión final del Plan de Acción para ser presentada para aprobación en la COP3, la cual tendrá lugar en Chile en abril de 2024.
Representantes Indígenas y de la sociedad civil durante un evento paralelo de la COP2
Algunas de las demandas más presentes de los Pueblos Indígenas durante esta COP2 fueron:
- Que el Grupo de Trabajo sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales sea intercultural y haya representación Indígena.
- Que las consultas sobre el borrador del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales no se den sólo de manera virtual ya que muchas comunidades no tienen buen acceso a internet.
- Ampliar el margen de dos meses para realizar la consulta sobre el borrador si fuera necesario para poder realizar consultas de manera presencial con Pueblos Indígenas.
- Garantizar la traducción a lenguas Indígenas de la consulta pública acerca del borrador del Plan de Acción sobre defensores y defensoras.
- Que se incluyan los mecanismos de autoprotección de los Pueblos Indígenas (guardias Indígenas, etc) en el Plan de Acción sobre personas defensoras con el objetivo de protegerlos, reconocerlos y apoyarlos.
- Instar a estados a que incluyan a personas Indígenas en sus delegaciones para las conferencias de las partes y los foros anuales sobre personas defensoras ambientales.
Además de estas demandas, los Pueblos Indígenas presentes trataron temas de gran relevancia. No siempre es posible aunar una sola demanda Indígena ya que las legislaciones y contextos nacionales varían significativamente. Un ejemplo de ello serían estas audiencias públicas, espacios de socialización de proyectos de desarrollo y donde se presentan los Estudios de Impacto Ambiental. Dependiendo del país, los Pueblos Indígenas tenían diferentes perspectivas y entendimiento acerca de las audiencias públicas, basadas en sus contextos locales y sus experiencias en estos espacios. Sin embargo, aunque los contextos sean distintos, la demanda general insta a que se respeten tanto las disposiciones de Escazú como el Consentimiento Previo, Libre e Informado al cual tienen derecho los Pueblos Indígenas según la normativa internacional.
Los Pueblos Indígenas se encuentran en la primera línea de defensa del territorio y medio ambiente pero a menudo son relegados a la hora de participar en las decisiones. Uno de los llamados del primer foro anual de Quito fue el fortalecimiento de la participación de Pueblos Indígenas y afrodescendientes en los mecanismos del Acuerdo de Escazú. Es imperativo que esta demanda se implemente en cada evento del Acuerdo, sea Conferencia de las Partes o Foro Anual sobre personas defensoras ambientales y que se asegure la participación efectiva de representantes Indígenas en cada esfera.
Durante esta Conferencia de las Partes, también han existido preocupaciones en torno a la participación de la sociedad civil ya que muchas personas representantes de la ciudadanía y de organizaciones no gubernamentales no fueron admitidas para participar en las sesiones oficiales de la COP2. En las futuras COP Escazú se debe permitir y priorizar la presencia de estos colectivos ya que la participación pública representa la espina dorsal del acuerdo.
Más allá de las decisiones tomadas en esta Conferencia de las Partes, todos los países de la región deben comprometerse a colaborar con el Fondo de Contribuciones Voluntarias (establecido en el artículo 14 del Acuerdo) para poder financiar el trabajo del Comité de Apoyo a la Aplicación, del Grupo de Trabajo sobre defensores y defensoras ambientales y alcanzar otros objetivos del acuerdo.
Como bien se mencionó varias veces durante la Conferencia de las Partes, el Acuerdo de Escazú no es un techo, es el piso sobre el cual seguir construyendo en materia de derechos humanos y protección de personas defensoras ambientales.
Foto de arriba: Mijael Kaufman, representante electo del público, dando su discurso durante la inauguración de la COP2 Escazú.
