La noche del 15 de junio de 2023 la Convención Constituyente de la provincia de Jujuy, al norte de Argentina, aprobó una reforma a la Constitución jujeña la cual retrocede gravemente avances logrados a nivel nacional en materia de derechos humanos y de derechos de Pueblos Indígenas, criminalizando además la protesta.
La reforma constitucional se llevó a cabo sin Consulta ni Consentimiento Previo, Libre e Informado a los Pueblos Indígenas de la provincia a pesar de que representantes de los siete pueblos de la provincia solicitaron participación en el proceso.
En un contexto de extractivismo desmedido en Jujuy, la reforma modifica el artículo 36 sobre el derecho a la propiedad privada facilitando mecanismos rápidos de desalojo y dejando a las comunidades Indígenas que habitan la región en desventaja frente a otro tipo de titulares de tierras. Estas modificaciones no hacen sino avanzar y proteger los intereses de la minería en detrimento de los derechos de los Pueblos Indígenas de la región, cuyos territorios ya se encuentran amenazados por el avance de la extracción de minerales de transición como el litio.
A partir del 16 de junio comenzaron movilizaciones en varias partes de la provincia en protesta a la reforma ilegítima. El gobierno de Jujuy ha respondido a estas protestas de manera desmedida por medio de represión violenta utilizando balas de goma y gases lacrimógenos en contra de las personas que se manifestaban, dejando a muchas de ellas heridas. Ha habido al menos 40 personas detenidas arbitrariamente, la mayoría de ellas mujeres Indígenas. Algunas han sido liberadas pero otras siguen en detención.
El 20 de junio, se llevó a cabo la jura de la reforma constitucional y los Pueblos Indígenas siguen en pie de protesta para tratar de frenar semejante atropello a sus derechos. Su exigencia, junto con organizaciones de derechos humanos que les apoyan, es que se suspenda la reforma constitucional de manera urgente ya que supone un grave retroceso en materia de derechos humanos y de derechos de Pueblos Indígenas y va en contra de derechos superiores en jerarquía a la propia Constitución de Jujuy como el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado establecido en varios estándares internacionales refrendados por Argentina. Argentina ratificó el Convenio 169 de la OIT en el año 2000 y votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007.
Desde Cultural Survival:
- Rechazamos tajantemente la represión violenta por parte de las fuerzas del estado a las personas y Pueblos que participan de las movilizaciones.
- Exigimos que se respete la libre determinación de los Pueblos Indígenas de Jujuy y se consulte con estos cualquier cambio en legislación que les afecte directamente, y que su derecho a dar o no su Consentimiento Libre, Previo, e Informado sea respetado de acuerdo con el artículo 19 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
- Pedimos que la legislatura de Jujuy respete la demanda de los Pueblos Indígenas de suspender la reforma constitucional.
Foto cortesía de Red Chacha Warmi.
