Por Allen Perez
Cada cuatro años, Las Naciones Unidas examina el comportamiento de sus Estados miembros en asuntos de derechos humanos a través del Examen Periódico Universal. Cultural Survival (CS) colabora con dicho ente en materia de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas.
A Cultural Survival, una organización sin fines de lucro que defiende y promueve los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en todo el mundo, se le asignó el caso de las obligaciones del Estado de Costa Rica en esta materia, ello dentro del Examen Periódico Universal que promueve la ONU.
El informe se materializó en octubre de 2018, cuyo informe fue enviado a la filial de la ONU en Ginebra, donde estará tomado en cuenta durante el Examen del país el 13 de Mayo, 2019. La idea es registrar avances, hallazgos, retrocesos del Estado reportado en sus compromisos frente a las realidades siempre desafiantes de los Pueblos Indígenas. La sede de CS se encuentra en Cambridge, Massachusetts.
Cuando se habla sobre reportar sobre el Estado de Costa Rica, el informe abarca a las responsabilidades que incumben no solamente al Poder Ejecutivo, sino también a los otros Poderes supremos: la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones, como de otras instancias derivadas como la Fiscalía General o la Defensoría de los Habitantes. Especialmente, se considera como el Estado de Costa Rica ha implementado o no los estándares de los derechos humanos establecidos por tratados y acuerdos internacionales, como por ejemplo, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual fue avalado por Costa Rica en 2007.
Por el lado positivo, el Estado costarricense concretó una iniciativa que la comunidad internacional celebra, en particular la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, al generarse un Mecanismo General de Consulta a los Pueblos Indígenas.
Esto último significó preguntarle a dichos Pueblos cómo debían ser consultados y elaborar junto a ellos un reglamento de cómo consultarlos; es decir, el proceso fue una consulta sobre la consulta. El producto de dicho esfuerzo fue un decreto del gobierno obligatorio para todas las instituciones que conforman el Poder Ejecutivo.
Cumplió así Costa Rica con una de las recomendaciones que la Relatoría Especial sobre los Pueblos Indígenas le hiciera al país en el 2012. El asunto se tradujo en etapas claras, sencillas y debidamente normadas. Fue un trabajo de dos años en la que participaron un poco más de 5.000 Indígenas de todas las comunidades étnicas junto a las autoridades del gobierno central.
Otro paso muy reciente, casi lo único positivo que ha hecho la Asamblea Legislativa costarricense en esta materia, a través de su Comisión de Derechos Humanos, decidió mandar a consultar a los Pueblos Indígenas, un proyecto de ley para reconocer al Pueblo Nagbe-Buglé como costarricense, ya que este último es todavía un pueblo apátrida en el territorio de dicha nación centroamericana.
Por otro lado, han pasado 25 años sin que la demanda fundamental de autonomía de los Pueblos Indígenas haya sido atendida por la Asamblea Legislativa. Que el Congreso no haya votado el proyecto Ley de Autonomía Indígena, expediente 14.352, constituye la más grave violación a los derechos humanos hecha a los Pueblos Indígenas.
Las preguntas surgen del porqué la Asamblea Legislativa no ha cumplido con un derecho humano fundamental de una parte de su población. Hay derecho a preguntarse razonablemente sobre el estado de una cultura racista que todavía persiste en la sociedad costarricense de manera no manifiesta, no explícitamente racista o apologista de ella, sino una que de manera velada se ha transmitido, producto del hábito y la costumbre, en las formas de pensamiento y en el actuar de la sociedad costarricense, prejuicio que claramente involucra a las diputadas y a los diputados.
Porque una de las manifestaciones “incoloras” de racismo, sobre todo en sociedades abiertas y democráticas como la costarricense, radica en la subestimación del problema Indígena pues con diferentes actitudes el mismo se ve como un asunto menor o no urgente.
Cabe destacar lo paradójico del problema en el Estado. El gobierno pasado del expresidente Luis Guillermo Solís Rivera, como el del hoy sucesor, Carlos Alvarado Quesada, son constructivos en sus políticas y visiones del problema Indígena y son personas muy comprometidas con los derechos humanos. Sin embargo, en una democracia solamente tienen una parte del poder. La gran falla que todavía existe en Costa Rica proviene de su Asamblea Legislativa, de su histórica ausencia de compromiso para tramitar lo debido, en un tiempo razonable. Ello denota una ausencia de voluntad política. Sin duda no es ocioso subrayar la actitud inoperante e ineficiente, ya habitual, de las Asambleas Legislativas, que por décadas no han sabido priorizar en sus agendas un tema de derechos humanos fundamental para la salud social de Costa Rica.
Esta situación ha creado una tensión ideológica permanente entre el discurso oficial y popular en favor de los derechos humanos y una realidad que clama ser deficitaria y que se expresa en las más diversas situaciones. Así, por ejemplo, los Pueblos Indígenas siguen inconsultos con respecto al megaproyecto eléctrico Diquís que afectaría gravemente su territorios. Se enfrentan estos Pueblos ante una acción ilegal del Estado costarricense que declaró dicho proyecto “de conveniencia nacional” con subsecuentes prerrogativas violatorias de la soberanía Indígena sobre sus territorios. Lo de la “conveniencia nacional” es un decreto de un anterior gobierno neoliberal para simplificar los trámites del proyecto y obviar la consulta a los Pueblos Indígenas. Afortunadamente, este arbitrario decreto ha sido contestado, señalando el Pueblo Indígena su ilegalidad ante la Corte Suprema de Justicia. El caso sigue pendiente y a la espera de ser resuelto.
Otro caso es la situación del pueblo Nagbe-Buglé al sur fronterizo de Costa Rica. Ciertamente ha vivido desde siempre sin documentos de identidad que acrediten a sus miembros como pertenecientes a la nación costarricense en su diversidad y con plenos derechos para ser protegidos y reconocidos en ello por el Estado. Se está en la situación de un pueblo transfronterizo, con evidente ligazón a Panamá, desde hace tiempo asentado en Costa Rica, que no goza de una cédula de identidad. Esta carencia ha anulado totalmente el hecho de que esta pequeña comunidad sea como mínimo sujeto de ciudadanía para todos los efectos.
Otra deficiencia. La colonización no Indígena de los territorios Indígenas es una carencia grave todavía no subsanada en Costa Rica. Dicha colonización se vuelve aún más condenable cuando se hace de manera violenta. Preocupa que el Estado costarricense no haya tenido la voluntad política para asegurar el cumplimiento de la ley que, en este caso, es para proceder al desalojo legal de los invasores no Indígenas que usurpan tierras sometidas a un tratamiento especial. El respeto a la autonomía territorial Indígena es una obligación contraída por Costa Rica, claramente estipulada en acuerdos internacionales adquiridos y ratificados, y con rango de ley constitucional.
En todo caso, conviene subrayar lo siguiente: que la justicia debe ser siempre pronta y cumplida, una máxima que debe tenerse como la medida para juzgar la eficiencia de un Estado en relación con sus obligaciones internacionales, particularmente aquí con los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. Esta barra de excelencia es la mejor manera de medir, éxitos o no, las políticas públicas que buscan cumplir con dichas obligaciones.
Conviene reiterar nuevamente lo siguiente. Costa Rica es un caso muy interesante por la proclividad de su Estado para firmar y ratificar toda clase de convenios internacionales para la protección de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. Se entiende, por supuesto, que el Estado no es un todo monolítico y que en un régimen democrático se divide en varios Poderes e independientes entre sí.
En consecuencia, a la hora de analizar el rendimiento de un país en materia de derechos humanos, es muy importante señalar cuál Poder en dicho Estado ha sido el más responsable y cuáles no tanto. A la hora de la hora es el Poder Ejecutivo el que en Costa Rica mejor ha respondido a los desafíos que el tema sigue planteando. La mala nota, muy por debajo de lo logrado por el Ejecutivo, se lo lleva la Asamblea Legislativa. En grado intermedio, pero con calificaciones bastante superiores al Parlamento, se encuentran los Poderes Judicial y Electoral del país.
Cabe decir que la mala calificación de la Asamblea Legislativa es lamentable si se toma en cuenta que dicho órgano es el “primer poder de la república” donde la soberanía del pueblo es depositada. El hecho de que el órgano popular y deliberativo por excelencia sea el que tiene más resistencias merece un análisis aparte. Baste, al menos, dejar reiteradas las siguientes dos preguntas: ¿cuánto de la lentitud institucional tiene un componente cultural racista, consciente o inconsciente, capaz de entorpecer el cumplimiento de una legislación dinámica que demanda cumplimiento?, ¿cómo es que el proyecto económico neoliberal global y el racismo anti Indígena se expresa en Costa Rica?
