Bajo la mirada pública, México se ha mostrado como un ferviente defensor de los derechos Indígenas tanto a nivel internacional como nacional. Por una parte, en 2007 votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUPDI) y es signatario del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Además, su Constitución enumera una serie de artículos para la protección de derechos de los Pueblos Indígenas. No obstante, la violencia contra los Pueblos Indígenas prevalece en el país.
Ante el contexto actual de México en el que existe una alta peligrosidad para las personas defensoras Indígenas, por la violencia e intimidación por parte de empresas, cárteles de la droga y funcionarios públicos, así como la falta de cumplimiento de estándares internacionales sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), Cultural Survival y nuestra organización socia Tsilinkalli: Ediciones de la Casa Sonora emitimos una serie de observaciones sobre el estado de los derechos Indígenas en México para la Sesión 45 del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tendrá lugar en enero de 2024. El proceso del Examen Periódico Universal evalúa la situación de los derechos humanos de los Estados miembros de la ONU por Estados homólogos y también toma en cuenta la información reunida en los informes de la sociedad civil.
México cuenta con aproximadamente 126.014.024 habitantes, de los cuales 23.2 millones se autoidentifican como Indígenas, representando el 19,4% de la población total. Se hablan 68 lenguas Indígenas y 364 variantes dialectales. Los grupos lingüísticos más hablados son el náhuatl, el maya, el zapoteco, el mixteco, el otomí, el totonaco, el tzotzil y el tzeltal. Este sector de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad, al presentar una serie de violaciones a sus derechos, particularmente los defensores del territorio por los ataques hacia ellos, y en general, por la violencia del narcotráfico, las detenciones arbitrarias y la tortura y las desapariciones. En ocasiones, las fuerzas de seguridad del estado suelen ser cómplices de dichos actos al propiciar la impunidad y ser perpetradores de actos violentos.
Como respuesta, se han promulgado reformas para la protección de los Pueblos Indígenas, pero hoy día persiste la injusticia social y la desigualdad en el acceso a la justicia. Anteriormente, en el 3er ciclo del EPU, México aceptó varias recomendaciones en materia de Pueblos Indígenas, sin embargo, ninguna ha sido aplicada de manera integral.
Las violaciones de derechos que se recalcan en el informe ejemplifican casos diversos, algunos de los que CS ha seguido de cerca. En primer lugar, se denuncia la violación a los derechos de personas Indígenas defensoras de derechos por las cifras alarmantes de asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Según datos no exhaustivos recabados por Cultural Survival, en lo que va del año 2023 han sido asesinados ocho defensores Indígenas en México y uno desaparecido. La mayoría de ellos eran defensores del medio ambiente, opositores a la minería o proyectos extractivos o de infraestructura. Uno de los casos más indignantes fue el de Samir Flores, un activista nahua que impulsó la lucha contra el Proyecto Integral Morelos a través de la radio comunitaria Amiltizinko, y que fue asesinado en 2019 después de cuestionar el proyecto, denunciar los abusos de poder y organizar y participar en actividades de defensa del territorio.
Otra de las violaciones de derechos que se denuncian, tiene que ver con la violación de los derechos territoriales y del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), ya que la incorporación de este derecho en México se ha dado de manera progresiva, pero se encuentra muy lejos de haberse completado con satisfacción bajo los estándares internacionales y de buenas prácticas. A pesar de no estar incluido en la Constitución, el derecho al CPLI tiene el mismo peso que un derecho constitucional ya que México ha ratificado tratados internacionales que lo estipulan. Sin embargo, dicho reconocimiento no ha venido acompañado de un marco legal específico que facilite un protocolo de acción y que logre el pleno desarrollo de este derecho beneficiando al máximo a los Pueblos Indígenas. En Xoxocotla, Morelos, desde el año 2018 se vulneran los derechos político-electorales de la población Indígena y su derecho a la representación política. Las medidas emitidas para respetar este derecho no se respetaron en el proceso electoral local 2020-2021 y un año después se realizó una consulta sin la participación de la población Indígena y sin cumplir con los requisitos del CLPI.
Otro caso relevante de incumplimiento de CLPI es el de San José del Progreso, Oaxaca, donde las autoridades no han tomado en cuenta las denuncias hacia la Compañía Minera Cuzcatlán S.A de C.V filial de la canadiense Fortuna Silver Mines por los impactos ambientales y a la salud negativos, ni se ha llevado a cabo una consulta con los Pueblos Indígenas de la zona afectada en la que estos pudieran dar o negar su consentimiento.
En cuanto a la violación de los derechos de las mujeres en México, se tienen registros del gran problema de violencia persistente en el país. No obstante, la falta de datos específicos sobre mujeres Indígenas hace que su situación no sea representada adecuadamente. Algunas de las formas de violencia más recurrentes son la discriminación y estigmatización de parteras y médicas tradicionales, criminalización del ejercicio de esta labor, y la imposición, a las mujeres gestantes, de atenderse en servicios de salud del Estado, coartando su deseo de ser atendidas por parteras tradicionales.
Otro caso alarmante es la violación de derechos de personas presas políticas Indígenas. Kenia Inés Hernández Montalvan, mujer afroindígena amuzga de Xochistlahuaca, Guerrero, y defensora de derechos humanos, fue detenida de manera arbitraria en 2020 y condenada a más de 20 años de prisión injustificadamente. Al día de hoy todavía se encuentra presa sin recibir un proceso justo y su estado de salud ha empeorado debido a las condiciones del penal, donde ha llegado a sufrir amenazas a su vida.
En 2014, en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, el Estado criminalizó a 40 familias activas en la Asamblea Comunitaria y sus integrantes fueron perseguidos con órdenes de aprehensión. A la fecha, todavía varios de ellos continúan en prisión (Jaime Betanzos Fuentes, Herminio Monfil Avendaño, Alfredo Bolaños Pacheco, Fernando Gavito Marjnez, Omar Hugo Morales Álvarez, Francisco Durán Orjzy, Marcelino Miramón y Paúl Reyes Rosete) y quince más en desplazamiento, algunos de ellos con sus familias. En mayo de 2023 también tuvieron lugar dos detenciones arbitrarias en contra de campesinos mazatecos, lo cual indica que la criminalización de personas defensoras de Eloxochitlán de Flores Magón ha cesado.
En mayo de 2023, Xóchitl Ramírez Velasco, mujer Indígena Zapoteca, fue detenida por elementos de la Policía Antisecuestro en Cuernavaca, Morelos. Al momento de su detención, la policía mencionó su labor de defensora de derechos humanos y ha enfrentado varias violaciones al debido proceso. A pesar de que se demostró que no podía estar presente en el lugar donde sucedió, fue acusada del delito de secuestro agravado sin derecho a fianza, y todavía se encuentra en prisión, donde no tiene condiciones dignas.
En este contexto, Cultural Survival y Tsilinkalli: Ediciones de la Casa Sonora instan a los Estados Miembros de la ONU a realizar las siguientes recomendaciones al Estado mexicano:
- Garantizar el debido proceso de todas las personas presas políticas Indígenas y asegurar su derecho a un juicio independiente y con perspectiva cultural y de defensa de los derechos humanos.
- Dar seguimiento adecuado a todo caso de violencia contra personas defensoras y, en particular en la investigación del asesinato de Samir Flores, tomar como punto de partida su labor como defensor de derechos humanos y comunicador comunitario para llegar a los culpables materiales e intelectuales y obtener justicia.
- Respetar y garantizar los derechos y la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y Pueblos Indígenas, para procurar la no repetición de las violaciones cometidas y poner fin al hostigamiento, judicialización y violencia sufridos por estos.
- Reconocer en la normativa nacional la modalidad de territorio tradicional como derecho fundamental para la protección de los territorios e identidades de los Pueblos Indígenas.
- Garantizar en la legislación federal el derecho a una consulta con el fin de que los Pueblos Indígenas puedan dar o no su Consentimiento Libre, Previo e Informado, para cualquier proyecto de desarrollo patrocinado por el Estado o particulares en los territorios que habitan los Pueblos Indígenas y los de acceso tradicional.
- Garantizar la representación política de las personas Indígenas y respetar el derecho de los Pueblos Indígenas a determinar bajo qué sistema participar en el proceso electoral, ya sea el sistema representativo o de partidos o el sistema de usos y costumbres.
- Reconocer mediante la reforma de la Ley General de Salud la partería tradicional como una práctica milenaria que es patrimonio cultural y social de los Pueblos Indígenas.
- Mejorar las condiciones penitenciarias de los penales de mujeres en México,garantizando los derechos a la salud, el trabajo, atención psicoemocional, acceso a la visita de familiares y amigos, acceso a la información y comunicación de las presas, teniendo en cuenta los derechos establecidos de las mujeres Indígenas.
En la medida en que el Estado acepte e implemente las recomendaciones presentadas de manera integral y continua, se garantizará la protección y respeto hacia la autodeterminación de los Pueblos Indígenas de México y así se reducirán las violaciones a sus derechos.
