En memoria a los defensores de derechos Indígenas asesinados en 2020 en América Latina

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Aviso sobre el contenido: El contenido que sigue incluye información sobre violencia contra defensores Indígenas de derechos humanos y del medio ambiente. Nos hemos esforzado por proveer información sobre cada persona, en celebración de sus vidas y trabajo, sin detalles innecesarios sobre sus muertes. Por favor, nota que las fuentes enlazadas pueden contener más detalles e imágenes. 

 

En 2020, Cultural Survival documentó 56 asesinatos, 11 desaparecidos y 23 ataques violentos sobre defensores Indígenas de derechos humanos y la tierra en los países en América Latina donde trabajamos. En este espacio, honramos algunas de las vidas perdidas, celebramos sus legados y reclamamos justicia. 

 

Cultural Survival recuerda, honra las vidas, y lamenta los asesinatos violentos de los siguientes defensores y defensoras de derechos humanos Indígenas acontecidos en 2020 en los países en América Latina donde trabajamos. Los invitamos a leer sobre estos individuos, aprender sobre su trabajo y actuar en favor de los temas a los que dedicaron sus vidas, y unirse a nosotros para terminar con la impunidad en estos casos.

Los ataques contra defensores Indígenas han aumentado de manera alarmante durante los últimos años. El anterior Relator Especial sobre temas Indígenas, Vicky Tauli-Corpuz, ha llamado a este patrón “una crisis global.” Alrededor del mundo, por lo menos 331 defensores de derechos humanos fueron asesinados durante 2020, según la organización Frontline Defenders.  Aunque representan sólo 6 por ciento de la población global, los Pueblos Indígenas constituyen casi un tercio del total de los muertos. Más de tres cuartos de los asesinatos tuvieron lugar en América Latina, haciéndolo la región más peligrosa en el mundo para proteger la tierra y el territorio, así como los derechos humanos.

En Colombia, por ejemplo, a pesar de los Acuerdos de Paz de 2016, ha habido una ola masiva de violencia sistemática contra los Pueblos Indígenas, particularmente contra los Pueblos Nasa en Cauca, lo cual fue calificado por el Consejo Regional Indígena del Cauca como genocidio. En Brasil, la violencia contra los defensores a menudo se correlaciona con la explotación ilegal de tierras Indígenas por parte de grupos mafiosos, corporaciones multinacionales y el gobierno, frecuentemente financiado por Estados Unidos y otras instituciones financieras internacionales.

El Programa de Defensa de Cultural Survival monitorea la violencia contra los defensores Indígenas de derechos humanos y la tierra, dentro del marco del Objetivo de Desarollo Social de las Naciones Unidas 16.3, lo cual busca promover un estado de derecho y asegurar acceso equitativo a justicia para todos y todas. En este compendio, buscamos demostrar que estos eventos no son ni instancias aisladas ni coincidencia. Son la evidencia de un problema profundamente sistémico que prioriza el poder de los gobiernos y la riqueza de las industrias en lugar de los derechos de los Pueblos Indígenas a la soberanía, a sus tierras, idioma,cultura, y a la justicia.

Esta lista no es completa, y reconocemos que hay muchos más casos que no pudimos reseñar aquí. Nuestra base de datos recopila casos a medida que los conocemos a través de nuestros contactos directos con la comunidad, así como a través de nuestros socios en comunidades, organizaciones asociadas, y los medios de comunicación. No es posible para nosotros documentar todos los casos de violencia debido a una variedad de factores: limitaciones de la publicidad dada a estos eventos, barreras de idioma, y limitaciones de nuestra propia capacidad. Nos esforzamos por ofrecer una idea del alcance del problema y llamar la atención no solo sobre los actos que terminaron con la vida de estos defensores, sino, lo que es más importante, sobre el poderoso trabajo que ellos y sus comunidades realizaron mientras vivían. Siempre que fue posible, elaboramos las vidas, las relaciones y el trabajo de las personas descritas en cada perfil.

Algunos de estos asesinatos han sido muy publicitados en los medios de comunicación nacionales e internacionales, mientras que otros solo fueron objeto de breves noticias o publicaciones en las redes sociales en el momento del asesinato, con poco o ningún seguimiento. Otros casos los aprendimos a través de conversaciones directas con nuestros socios en el terreno en diferentes comunidades. Esta marginación por parte de los medios de comunicación es una prueba más de la necesidad de prestar atención mundial a estos asesinatos y a los activistas cuyas vidas y trabajos irremplazables se ven truncados. Sin esta atención, es más fácil que los asesinos y los gobiernos, corporaciones y organizaciones criminales que los patrocinan queden impunes.

Cultural Survival utiliza los datos que hemos recopilado aquí para denunciar la violencia contra los defensores de los derechos humanos Indígenas en los informes de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los órganos de Tratados de la ONU y otros mecanismos internacionales de derechos humanos. A través de estos procesos, trabajamos en dirigir la presión internacional para hacer justicia para estas personas y poner fin a la impunidad de quienes cometen estos crímenes y de los autores intelectuales detrás de cada caso.

Los casos se organizan por país de manera alfabética, luego por la fecha del incidente en orden cronológico.

Brasil

Colombia

Costa Rica

Chile

Guatemala

Honduras

México

Perú

Brasil

Celino Fernandes y Wanderson de Jesus Rodrigues Fernandes (Quilombola)

Celino Fernandes y Wanderson de Jesus Rodrigues Fernandes, padre e hijo, fueron baleados el 5 de enero de 2020. Ambos eran líderes de la Asociación Cedro Quilombola. El asesinato ocurrió en la Comunidade do Cedro, en el municipio de Arari, a 170 kilómetros de la capital de Maranhao, São Luís. Celino y Wanderson fueron parte de un movimiento para reclamar tierras públicas rodeadas de grilheiros, o invasores de tierras / colonos.

Según una nota de la Comisión Pastoral de Tierras, una organización de defensa sin fines de lucro que evalúa el estado de la tierra y los conflictos y aboga por los pequeños agricultores y las personas sin tierra, Celino y Wanderson habían denunciado el conflicto agrario entre la comunidad y los grilheiros, que rodean las tierras públicas en la región y el uso de cercas eléctricas para criar búfalos. Según un documento de la Comisión, las familias se ganan la vida en la zona, ubicada en los denominados campos naturales inundables de la Baixada Maranhense, a través de la pesca y la ganadería. El documento afirma que son “tierras públicas de uso común del pueblo” y constituyen un Área de Protección Ambiental en el Estado de Maranhão.

Poco después de los asesinatos, un sitio web de noticias local informó que se estaba llevando a cabo una investigación policial, aunque no hemos podido localizar más actualizaciones. Treinta y nueve organizaciones de la sociedad civil firmaron una carta denunciando el asesinato y expresando su solidaridad con la familia Fernandes y la comunidad Quilombola.

Joab Marins da Cruz, Marcos Marins da Cruz y Francisco Marins da Cruz (Miranha)

Joab, Marcos y Francisco Marins da Cruz del Pueblo Indígena Miranha de la Tierra Indígena Cajuhiri Atravessado en el municipio de Coari, Estado de Amazonas, fueron asesinados durante la noche del 6 de enero de 2020. Según la policía, el maestro Miranha Joab estaba en su casa cuando fue asesinado durante una disputa por un arma. Su padre y su sobrino, Marcos y Francisco, murieron mientras perseguían al autor de los disparos. Para el 13 de enero de 2020, los sospechosos estaban bajo custodia policial.

El presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas de Coari, Francisco Alves da Silva, dijo que familiares de los fallecidos habían denunciado hechos violentos previos a la comisaría de Coari e informaron a la Fundación Nacional Indígena (FUNAI), alertando que podría ocurrir una tragedia; sin embargo, no se tomó ninguna medida para prevenir su muerte. Alves da Silva atribuye los asesinatos al conflicto entre pueblos Indígenas y no Indígenas locales relacionados con la producción extractiva relacionada con la castaña. Los no Indígenas habían establecido plantaciones de árboles de nueces sin límites claros y sin suficiente información proporcionada a los pueblos Indígenas de la zona. Es común que los Pueblos Indígenas locales busquen nueces en sus propias tierras, y en este caso, Joab, Marcos y Francisco habían ingresado sin saberlo a las plantaciones, un error por el cual pagaron con sus vidas. La FUNAI envió un representante especial de la Procuraduría Federal Especializada para mediar en el conflicto.

 

Zezico Guajajara (Guajajara) 

Zezico Guajajara fue asesinado el 31 de marzo de 2020. Zezico se dedicó a la preservación de la reserva natural de su aldea, organizando un equipo de combate para detener los incendios forestales. También estaba solicitando ser concejal de la ciudad para acelerar las políticas a favor de los Pueblos Indígenas. La región donde fue asesinado es conocida por grilhagem (deforestación ilegal). Las actividades de tala ilegal y otras explotaciones de los recursos naturales son posibles gracias a la falsificación de títulos de propiedad sancionada por el Estado para tomar posesión ilegal de tierras baldías o tierras Indígenas. Zezico participó en una campaña para reconciliar a las comunidades Indígenas vulnerables que, debido a vivir en condiciones de pobreza y enfrentar amenazas de violencia, han sido coaccionadas para trabajar para empresas madereras delictivas. Su compañero líder Indígena, Olimpio Guajajara, describió a Zezico como “otro compañero guerrero, un hombre que defendía la vida”.

Según los líderes locales, Zezico y muchos otros miembros del Pueblo Guajajara habían sido perseguidos por una mafia maderera con vínculos con la política, los negocios y el poder judicial local. La misma organización está acusada de asesinarlo a él y a otros Guajajaras en el pasado. La región de Arariboia es la tierra más amenazada en el estado de Maranhao, donde los Pueblos Indígenas son acosados y asesinados regularmente por su trabajo de defensa de sus tierras contra la explotación ilegal y sancionada por el Estado, de la que las corporaciones internacionales y las instituciones financieras son cómplices. Las solicitudes de protección especial del Estado y la FUNAI han sido denegadas constantemente. Demostrando aún más la falta de responsabilidad del Estado por la violencia contra los pueblos Indígenas, de los 300 asesinatos en la Amazonía brasileña rastreados desde 2009 por la Comisión Pastoral de Tierras, solo 14, o el 4 por ciento, fueron juzgados en los tribunales. En 2019, cuatro indígenas brasileños fueron asesinados en dos meses, incluido Paulo Paulino Guajajara, un pariente de Zezico de la misma comunidad. Según la Asociación Brasileña de Pueblos Indígenas, en los últimos 20 años han sido asesinadas 48 Guajararas, la mayoría de ellos líderes prominentes de la comunidad local y grandes defensores de los derechos indígenas. Meses antes de su muerte, Zezico envió una carta a FUNAI denunciando las amenazas contra su vida, pidiendo ayuda y protección. No se hizo nada.

Hasta agosto de 2020, dos sospechosos han sido arrestados, aunque la investigación está en curso y es posible que haya habido otros perpetradores. La ONG Survival International ha publicado una petición en busca de justicia por los asesinatos de Zezico y otros defensores, así como una demanda más amplia de protección para los Guardianes del Amazonas. Firma la petición aquí.

 

Ari Uru-Eu-Wau-Wau (Uru-Eu-Wau-Wau)

El profesor y activista ambiental Ari Uru-Eu-Wau-Wau, de 33 años, del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau, fue asesinado el 18 de abril de 2020 en su tierra en el estado de Rondônia. Amnistía Internacional emitió un comunicado exigiendo “que las autoridades brasileñas tomen todas las medidas necesarias para investigar la muerte de Ari Uru-Eu-Wau-Wau y garantizar el derecho de su familia y su pueblo a la verdad y la justicia”, y agregó que “existe una necesidad urgente de aclarar si su muerte está relacionada con la serie de invasiones que ha venido sufriendo su tierra ”.

La Policía Federal sugirió que la muerte pudo haber sido un accidente, pero la comunidad de Ari está familiarizada con la violencia que acompaña a la defensa de la tierra en su territorio. La tierra de los pueblos Uru-Eu-Wau-Wau ha estado sujeta a invasión, robo, deforestación y apropiación de tierras mediante la falsificación de documentos de títulos de propiedad durante años, con un marcado aumento en 2016 acompañado del apoyo del gobierno. Las amenazas a los defensores de la tierra tampoco son nuevas. Bitate Uru-Eu-Wau-Wau, sobrino de Ari y coordinador de la Asociación Indígena Jupaú, dijo: “Ari era parte de mi equipo de vigilancia de tierras indígenas. Fue maestro en su comunidad y siempre estuvo a la vanguardia de las acciones de vigilancia. No estamos a salvo, y mientras protejamos el territorio, viviremos con ese miedo ”. Ari dejó una esposa y dos hijos.

Original Yanomami y Marcos Arokona (Yanomami)

El 12 de junio de 2020, dos hombres Yanomami - Original Yanomami, 24, y Marcos Arokona, 20 - de Brasil fueron asesinados por mineros de oro ilegales que habían invadido sus tierras en la región Amazónica. Hasta 20,000 mineros ilegales excavan en busca de oro en las tierras Yanomami. Esta invasión a territorios ancestrales de los Yanomami infringe sus derechos a la autonomía y a las tierras, y los pone en peligro físico. Los mineros también han llevado COVID-19 a algunos de los pueblos más aislados de Brasil, incluyendo a los Yanomami. Según Survival International, organización de derechos Indígenas basada en el Reino Unido, los mineros de oro acosan a los pueblos Indígenas en sus propios territorios y los amenazan con ataques y violencia. Los dos jóvenes fueron asesinados por tales invasores. Como afirma Junior Hekurari, presidente del consejo de salud local, “Es triste morir en tu propia tierra”.

Como resultado de estos asesinatos, miembros del pueblo Yanomami decidieron movilizarse y realizar actos públicos para ganar más autonomía sobre sus tierras, por lo cual crearon una petición para hacer un llamamiento a miembros del gobierno brasileño. Titulada “Mineros fuera, COVID fuera”, la petición busca justicia para los Yanomami, así como protegerlos del genocidio. Tras el asesinato, una corte ordenó la reapertura de una estación de monitoreo y el traslado de mineros para prevenir una futura propagación de de COVID-19.

Firma la petición para "Sacar a los mineros ahora ... y evitar la aniquilación de nuestra gente".

Colombia

Jaiber Alexander Quitumbo Ascue (Nasa)

Jaiber Alexander Quitumbo Ascue era comunero Indígena Nasa de 30 años. El 14 de enero de 2020, fue asesinado a disparos en su parcela, en la vereda Vichiquí del resguardo de Toribío, al norte de Cauca. Ante el hecho, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) declaró: “Preocupa el nivel de asesinatos en territorios indígenas del norte del Cauca que comparados con lo registrado en enero del año 2019, hay un incremento de 7 casos, lo que sin duda es un nivel de alarma para las comunidades”. Jaiber no tenía alta visibilidad como líder en su comunidad, y los motivos y responsables no han sido esclarecidos según el senador Indígena Feliciano Valencia. La zona ha sido escenario de una violencia recrudecida consecuencia de ataques a las comunidades Indígenas por parte de grupos armados ilegales con el objetivo de controlar sus territorios. Disidentes del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales se disputan territorios del Cauca para dedicarlos a cultivos ilícitos de coca y narcotráfico. En respuesta, el Ejército de Colombia ha militarizado la zona y existe alto nivel de violencia a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016.

Omar Guasiruma, Ernesto y José Edgar Guasiruma (Emberá Chami)

Ernesto Guasiruma, Omar Guasiruma y José Edgar Guasiruma fueron asesinados el 23 de marzo de 2020 en el municipio de Bolívar, departamento de Valle del Cauca. Los hermanos Guasiruma acataban la cuarentena nacional, establecida por la pandemia, en su domicilio en los momentos del crimen. Víctor Guasiruma Nacabera, familiar presente en el lugar de los crímenes, también fue herido en el ataque. Ernesto y Omar, de 33 y 27 años respectivamente, eran líderes de la comunidad Emberá Chamí del Cañón de Las Garrapata en el Valle del Cauca y miembros de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC). Ernesto trabajaba en defensa de los derechos de su comunidad, la cual ha sido muy afectada por el desplazamiento forzado. El trabajo de Omar, por su parte, se orientaba garantizar la soberanía alimentaria de su comunidad, así como a defender su territorio frente a multinacionales y actores del conflicto armado. En septiembre de 2020, fue capturado y puesto en prisión preventiva Stiven Martínez, presunto autor de estos asesinatos.

El 24 de marzo de 2020, Amnistía Internacional emitió una serie de recomendaciones a los Estados de las Américas para asegurar que los efectos de la pandemia no signifiquen el silenciamiento de los defensores de derechos humanos tras los asesinatos de los hermanos Guasiruma. Solo unos días antes, el 20 de marzo, más de 100 grupos Indígenas y organizaciones rurales pidieron un alto el fuego de dos semanas en las regiones más conflictivas, incluido el Cauca. Luis Fernando Árias, consejero sénior de la ONIC, anunció restricciones para la entrada o salida de la reserva junto con la vigilancia del área por parte de una fuerza de seguridad indígena. El 29 de marzo de 2020, el Ejército de Liberación Nacional anunció un alto el fuego en el mes de abril para reiniciar las negociaciones de paz con el gobierno colombiano.

María Nelly Cuetia y Pedro Ángel Troches (Nasa)

María Nelly Cuetia y Pedro Ángel Tróchez, dos médicos tradicionales Indígenas del Pueblo Nasa de la comunidad de Los Andes, municipio de Corinto, Cauca, fueron asesinados el 28 de mayo de 2020. María Nelly y Pedro, pareja de kiwe thë’j, o sabios ancestrales, se encontraban realizando un ritual de armonización cuando sujetos armados irrumpieron y los obligaron a subir a un auto. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que sus cuerpos sin vida fueron encontrados al día siguiente y que el resguardo Indígena Páez inició las investigaciones respectivas. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) se pronunció en un boletín: “Este es un hecho de la más rotunda barbarie y desprecio por la vida y la pervivencia de nuestro pueblo Nasa. El asesinato de mayores es un acto de destrucción de la memoria y el conocimiento propios, es la consumación del proyecto de exterminio que pretende arrasar el territorio”.

Según el senador Feliciano Valencia, también del Pueblo Nasa, los dos ancianos, María Nelly de 55 años y Pedro de 58, eran respetados como “sabios indígenas que cuidan a la comunidad”. Sus casos fueron incluidos en un informe de la Oficina de Washington para América Latina: Defensa de los Derechos Humanos en las Américas, que se utilizó para atraer firmas para una carta de “Estimados Colegas” dirigida al exsecretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, para abogar por la protección de líderes sociales.

Joel Villamizar (U’Wa)

Joel Villamizar, líder Indígena U’wa, fue asesinado por miembros del Ejército de Colombia el 31 de mayo de 2020 en la vereda Río Colorado, Municipio de Chitagá, cerca al resguardo Indígena Unido, en el departamento de Norte de Santander. Joel era directivo de la Asociación U’wa y coordinador de educación de su comunidad. La Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’was (ASOU’WA) denunció que el asesinato se dio en un operativo militar del ejército que vulneró los derechos de la población civil y la puso en peligro. El operativo, llevado a cabo por integrantes de la Trigésima Brigada de la Segunda División del Ejército, consistía en la captura de alias Marcial, líder guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según ASOU’WA, Joel fue falsamente inculpado por el ejército como miembro de ese grupo insurgente. ASOU’WA hizo un llamado a los organismos defensores nacionales e internacionales para que investiguen los hechos y a los responsables del Estado y ejército colombianos en esta muerte, pues se trataría de una ejecución extrajudicial. Este crimen también está ligado con el fenómeno de los “falsos positivos”, término que se refiere en Colombia al delito de asesinato de civiles por militares para presentarlos como bajas en combate y aumentar así la imagen de éxito en la guerra contra las drogas, financiada por los Estados Unidos. Dieciseis organismos internacionales y nacionales en Colombia denunciaron el asesinato de Joel, incluyendo Earthrights International, el cual ha prometido llevar el caso ante la Comision Inter-Americana de Derechos Humanos y el Relator Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas. No hemos logrado encontrar más información sobre medidas para hacer justicia en este caso.

Jesús Antonio Rivera (Nasa)

El 13 de junio de 2020 fue asesinado el comunero Indígena Nasa Jesús Antonio Rivera, de 32 años, en la vereda Huellas del resguardo de Huellas, municipio de Caloto, Cauca. El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) informó que los responsables, siete hombres armados, fueron capturados y juzgados por la guardia Indígena, organismo tradicional de defensa del territorio, antes de ser entregados a la Policía Nacional. Este asesinato había sido ordenado por el líder disidente de la guerrilla las FARCFernando Israel Méndez, denominado “El Indio”, con el supuesto objetivo de demostrar su control en el territorio durante el contexto de Covid-19, por lo cual se había ordenado toque de queda en el área rural. Méndez era el buscado cabecilla de un grupo armado residual y responsable de varios crímenes contra líderes sociales e Indígenas, incluso una masacre en Cauca en 2019 que mató a la gobernadora Indigena Nasa, Cristina Bautista, junto con cuatro personas más.

Para septiembre de 2020, los siete sospechosos han sido condenados y sentenciados. 

Rodrigo Salazar (Awá-Kwaiker)

El 9 de julio de 2020 fue asesinado Rodrigo Salazar, líder del Pueblo Awá y gobernador suplente del resguardo Piguambi Palangala, corregimiento en Llorente, municipio de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), "Rodrigo fue un reconocido líder y defensor de los derechos humanos [y] del territorio, además de consejero de la guardia Indígena de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA)". El liderazgo de Rodrigo destacó en la promoción de la sustitución de cultivos ilícitos establecida por los Acuerdos de Paz.

Rodrigo estaba bajo amenazas de grupos armados ilegales por su labor como guardia Indígena. Para los grupos armados ilegales, la ubicación del corregimiento de Llorente lo hace un corredor estratégico para la producción y el transporte de cocaína hacia Ecuador. El 18 de agosto de 2020, la Fiscalía de la Nación hizo público el resultado de las investigaciones, según las cuales el grupo armado residual Los Contadores sería el responsable del asesinato de Rodrigo. El cabecilla de esta agrupación, alias Camilo 40, había ordenado el homicidio de Rodrigo ante su negativa de aceptar el retiro de un portón que instaló la comunidad para restringir el ingreso y proteger a su corregimiento del COVID-19. Este portón impedía la libre movilización del mencionado grupo ilegal.

José Abelardo Liz Cuetia y Johan Rivera (Nasa)

La directiva del resguardo Indígena Páez de Corinto, Cauca, Colombia, denunció la represión y violencia a manos del Ejército colombiano que provocó los asesinatos de José Abelardo Liz Cuetia, periodista radial Indígena Nasa, y de Johan Rivera, comunero, el 13 de agosto de 2020. Otros dos miembros de la comunidad resultaron heridos en el ataque.

José Abelardo era miembro de Radio Payumat, el cual es parte del colectivo de comunicaciones We'jxia Kaa´senxi o “la voz del viento”, del resguardo Indígena de Corinto. José Abelardo estaba informando sobre los desalojos forzados de los comuneros Nasa por el escuadrón militar antidisturbios ESMAD, involucrados con frecuencia en la represión violenta de protestas civiles pacíficas. Según la Asociación de Cabildos Indígenas del norte de Cauca, y confirmado por grabaciones del evento, los militares dispararon varias veces con fusiles de asalto a los comuneros. La Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el crimen e hizo un llamamiento a investigaciones y justicia.

Durante muchas semanas han habido enfrentamientos contra las comunidades Indígenas en el área y al mismo tiempo han tenido lugar movimientos políticos comunitarios llamados “Liberación de la madre Tierra”. Estos movimientos, organizados por comunidades Indígenas en Cauca por medio del Consejo Regional Indígena del Cauca, se caracterizan por su compromiso para crear un mundo fuera del sistema capitalista que aboga por los derechos humanos por encima de las ganancias.

En este enlace se encuentra la historia completa del activismo de José y su asesinato, realizada por Cultural Survival.

Miguel Tapí (Emberá Dóbida)

Miguel Tapí, reconocido líder Indígena Emberá Dobida de la zona del río Valle en Bahía Solano, fue asesinado el 3 de diciembre de 2020. Miguel, de 60 años, fue gobernador de las comunidades Indígenas El Brazo y Bacuru Purru. Además, era reconocido como uno de los voceros más importantes de la zona. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente de que unos hombres encapuchados que se identificaron como miembros de la organización ilícita Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocida como el Clan del Golfo, irrumpieron en su domicilio y lo llevaron al río. Tras el asesinato y ante la amenaza latente, 906 personas correspondientes a 195 familias Indígenas Emberá de El Brazo, Posamanza, Boro Boro y Bacurú Purrú se desplazaron de sus territorios. El 13 de enero de 2021, la Organización Nacional Indígena de Colombia denunció públicamente el asesinato y pidió a la Fiscalía General de la República de Colombia que priorizara la investigación de los responsables. El retorno de estas poblaciones se realizó con la coordinación de las autoridades estatales el 20 de enero de 2021.

Masacre del Pueblo Awá 

Según informaciones iniciales, el 26 de septiembre de 2020, cinco comuneros Indígenas del pueblo Awá fueron asesinados a manos de grupos armados ilegales. Las identidades de estas cinco personas no han sido reveladas. A raíz de este incidente, se informó inicialmente que fueron secuestrados 40 pobladores del resguardo, entre ellos “dos o tres menores de edad, jóvenes, mujeres y adultos.” Sin embargo, en otro informe del ONIC, se hace referencia a cuatro, en lugar de cinco muertos, entre ellos un Indígena Awá de Inda Sabaleta y un Indígena menor de edad de Awá de la Brava. El mismo comunicado menciona tres personas desaparecidas, un lugar de 40, entre las cuales una pertenece al Resguardo de Inda Sabaleta. No se ha encontrado informes posteriores que clarifiquen la cantidad de muertos en referencia a las primeras informaciones, aunque el gobernador de Inda Sabaleta, Neider Sevillano confirmó que no hubieron secuestros, tras una verificación de la población. La falta de información en este caso demuestra la falta de prioridad dada a la investigación y clarificación pública de hechos de graves violaciones a derechos humanos de Pueblos Indígenas.

Los hechos se produjeron en el Resguardo Indígena Inda Sabaleta, municipio de Tumaco, departamento de Nariño, cuando los grupos armados Los Contadores y el frente Oliver Sinisterra se enfrentaron, buscando tomar el territorio Inda Sabaleta. Además, los Indígenas de Inda Sabaleta se desplazaron por miedo a nuevos enfrentamientos. Estos hechos ocurren en el contexto de desplazamientos masivos de la población en 2007. Por temor a repetir esta historia, la comunidad solicitó acciones urgentes para proteger sus derechos fundamentales a la vida y al territorio.

El gobernador de Inda Sabaleta, Neider Sevillano pidió ayuda para mayores capacitaciones y reforzamiento de la guardia Indígena, en lugar de refuerzo militar. El Pueblo Indígena Awá de los departamentos de Putumayo y Nariño se encuentra bajo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2011 debido a los múltiples asesinatos y amenazas que los afectan constantemente. Sin embargo, desde ese entonces, solo se han implementado tres de las 19 rutas de protección colectiva. Tumaco es una de las zonas de mayor producción de coca en Colombia y su ubicación es estratégica para la exportación de cocaína. Por ello, este municipio concentra uno de los mayores porcentajes de desplazamientos poblacionales.

Masacres en Cauca 

El 5 de diciembre de 2020, al menos seis personas Indígenas fueron asesinadas en tres crímenes ocurridos en la región del Cauca. En Santander de Quilichao al norte de Cauca, se dio un enfrentamiento entre dos sicarios y la comunidad en donde murieron Emerli Basto, los hermanos Fernando y David Tróchez, y Carlos Escué. Este último era coordinador local de juventudes del resguardo Munchique Los Tigres, promotor del control territorial en Quitaperaza y La Esperanza y, además, vocalista del grupo musical Intentos de Amor. Fernando, por su parte, fue reincorporado (excombatiente) firmante del acuerdo de paz con el grupo guerrillero las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (las FARC). No obstante, no se encontraron mayores informaciones sobre Emerli Basto y David Tróchez.

Horas antes de estos crímenes, había sido asesinado Eduardo Pino Julicue (foto), de 31 años, en Caloto. Eduardo era hijo de la exconsejera de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN), Luz Eida Julicue.

Además, ese mismo día también fue asesinado en el resguardo Indígena de Tálaga Juan Carlos Petins, quien era un reconocido comunero Indígena Nasa del resguardo Nega Cxhab-Belalcázar, municipio de Páez. Dos días antes, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, había visitado este municipio siguiendo los compromisos con el Comité Regional Indígena del Cauca (CRIC) y para implementar el Plan Social del Cauca como iniciativa del gobierno sobre cuestiones de convivencia, paz y legalidad en la región. Juan Carlos trabajaba dando servicios de soporte para el uso de redes de comunicaciones e Internet y, además, colaboraba en los procesos comunitarios de la minga del Pueblo Nasa del municipio de Páez.

Ante estas alarmantes masacres, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) criticó el actuar del presidente Iván Duque e hizo un llamado a las entidades defensoras de los derechos humanos para que exijan al gobierno colombiano garantías de vida y cumplimiento de los acuerdos de paz. Una actualización de la ONU de diciembre de 2020 incluyó la masacre en su revisión de los asesinatos de 2020 en Colombia. El artículo menciona al Pueblo Nasa como un objetivo particular e informa que otros 24 líderes Nasa recibieron amenazas de muerte el 5 de diciembre, fecha de los asesinatos.

Costa Rica

Jerhy Rivera Rivera (Brörán) 

El líder Indígena Jerhy Rivera Rivera (Brörán) fue disparado por una multitud armada la noche del 24 de febrero de 2020 en la comunidad Mano de Tigre, San Antonio, en el territorio Indígena de Térraba, provincia de Puntarenas. Esta es la segunda muerte de un líder Indígena defensor de la tierra en Costa Rica en menos de un año. El asesinato ocurridó dos semanas después de que el líder Bribri Mainor Ortiz Delgado sobrevivió a un disparto en la pierna derecha en la comunidad Río Azul de Térraba. Desde 2010, a pesar de la inacción gubernamental, comunidades Indígenas en Costa Rica han ido reocupando tierras dentro de los 24 territorios que les pertenecen según la ley Indígena de 1977. El líder Bribri Sergio Rojas ha trabajado para recuperar tierras en sus territorios Indígenas de Salitre hasta que fue asesinado el 18 de marzo de 2019, crimen cuyo autor sigue sin ser identificado pese a los numerosos llamamientos a investigaciones.

El ataque contra Jerhy no fue perpetrado sin advertencias. El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) informó que envió, dos noches antes del crimen, un comunicado de alerta temprana a las autoridades gubernamentales y al Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sobre una movilización de personas no Indígenas invadiendo territorios Indígenas recientemente recuperados de Térraba, Crun D'bonn, y Cabagra en Palmira. “Alertas tempranas sobre las tensiones crecientes en Térraba fueron otra vez seguidas de una respuesta ineficaz por parte del Estado”, explicó a The Guardian Vanessa Jiménez de Forest Peoples Programme. Jiménez dijo también: “El gobierno o no puede proteger o no protegerá a los Bribri y Brörán de la violencia”. Jerhy había sido el blanco de un intento de asesinato previamente, pero su atacante nunca fue encarcelado. Jerhy fue brutalmente atacado en septiembre de 2013 mientras buscaba señal telefónica para informar a las autoridades que personas no Indígenas estaban talando ilegalmente en territorios Indígenas.

Desde 2015, las comunidades Bribri y Brörá han sido sometidas a medidas de protección preventivas ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta distinción significa que el gobierno de Costa Rica es responsable de asegurar la protección física de los individuos de estas comunidades. En un comunicado de prensa, el Consejo Ditsó Iriria Ajkonuk Wakpa declaró: “Denunciamos la complicidad del Estado en este asesinato por no acatar las Medidas Preventivas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos garantizadas a la comunidad Brörán de Terraba y el Bribri de Salitre. También denunciamos al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, que pretende retrasar el proceso de recuperación de tierra y territorio, mientras fracasa en llevar a cabo los desalojos necesarios para traer paz e integridad territorial a las tierras Indígenas. No seremos disuadidos de defender los derechos a nuestras tierras”.

José María Villalta, miembro del partido político Frente Amplio, exigió justicia para los asesinos de Jerhy en el primer aniversario de su muerte, calificándolo de "crimen flagrante". También llamó al Estado por no actuar a pesar de que los sospechosos han sido identificados. Al 27 de septiembre de 2020, hubo múltiples noticias sobre la liberación de presuntos sospechosos bajo custodia.

Lee aquí el artículo completo de Cultural Survival sobre Jerhy Rivera.

 

 

Chile

Alejandro Treuquil (Mapuche)

Alejandro Treuquil era un líder Indígena y activista de Chile. El 4 de junio de 2020, en la comunidad de Collipulli, Araucanía (al sur de Chile), forasteros desconocidos atacaron a Alejandro y a otros miembros de la comunidad Mapuche. Alejandro fue asesinado por las heridas de bala. Otros catorce miembros de la comunidad Mapuche resultaron heridos.

Como miembro de la comunidad Mapuche de We Newén, Alejandro abogaba por los derechos territoriales y autonomía de su pueblo en la región de Araucanía al sur de Chile. Los Mapuche conforman el grupo Indígena más populoso de Chile y sus tierras han sido divididas entre territorios argentinos y chilenos. En tanto werkén o líder comunal, Alejandro representaba los objetivos de los Mapuche en el contexto de enfrentamientos con la policía chilena, los carabineros. Chile tiene una historia de animosidad y exclusión hacia los pueblos Indígenas. Es el único país de Sudamérica que excluye a los pueblos Indígenas de su Constitución, razón por la cual los pueblos Indígenas apoyaron el referéndum exitoso de 2020 con miras a establecer una nueva Constitución. Asimismo, Chile continúa usando como arma una ley antiterrorista de la era Pinochet que data de 1984 en contra de comunidades Indígenas y disidentes políticos, la cual facilita arrestar defensores de Derechos Humanos sin el debido proceso.

Históricamente, los carabineros han tenido como blanco al pueblo Mapuche: en 2017, arrestaron a ocho líderes Mapuche a partir de lo que fue calificado posteriormente como evidencia falsa. Seguidamente, en 2017, fuerzas policiales arrojaron gases lacrimógenos en un área cercana a una escuela Mapuche como parte de sus investigaciones criminales. Esta fuerza policial ha ocupado ilegalmente tierras ancestrales Mapuche, por lo cual Alejandro denunciaba activamente su presencia. En un estimado de 2017, “toda la nación Mapuche es dueña de menos de 500 000 hectáreas”, en comparación con los aproximadamente dos millones de hectáreas de sus tierras ancestrales que están actualmente en posesión de corporaciones forestales. Luego de que los carabineros instalaron áreas protegidas por el Estado alrededor de estas tierras ancestrales para mantener fuera al pueblo Mapuche, han crecido las tensiones entre los Mapuche y las fuerzas policiales. El resultado de ello son los ataques a activistas de derechos Indígenas, incluyendo el caso de Alejandro.

En 2018, Cultural Survival documentó violencia de Estado sistémica y discriminación en contra de defensores de derechos humanos y tierras Mapuche en un informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través del Examen Periódico Universal, que por resultado, obligó a Chile “asegurar conciliación entre el gobierno y los grupos Indígenas para tratar la violencia en aumento en la región de Araucanía”. El ataque a Alejandro y su comunidad representa el fracaso del gobierno chileno de garantizar la seguridad de los Pueblos Indígenas pese a aceptar recomendaciones claras.

Guatemala

Dominga Ramos (K’iche’)

Dominga Ramos, defensora K’iche Maya de derechos humanos Indígenas, fue asesinada a disparos por un sujeto sin identificar la tarde del 5 de marzo de 2020, en frente de su nuera y nietos. Dominga era miembro del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), un movimiento político comunitario liderado por Indígenas que lucha por los derechos Indígenas y campesinos en Guatemala. Las metas principales de este movimiento incluyen la mejora de las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones rurales y pobres, la lucha contra compañías que explotan energía y la defensa política. Domiga era particularmente conocida como activista a favor de la nacionalización de la industria de energía eléctrica debido a los “excesivos y arbitrarios recargos impuestos por la compañía eléctrica ENERGUATE”. También es recordada como madre, abuela y esposa.

Dominga es el miembro de CODECA seleccionado como blanco más recientemente por sus actividades políticas; 10 miembros de CODECA fueron asesinados en 2019, y 7 durante un periodo de cuatro semanas en 2018. No hemos logrado encontrar más información sobre la investigación a su caso.

 

Domingo Choc (Q'eqchi) 

Domingo Choc Che, guía espiritual Maya Q’eqchi’, científico, y maestro de medicina tradicional, fue brutalmente asesinado el 9 de junio de 2020 en un violento ataque contra sus prácticas culturales. “Tata” (abuelo o anciano) Domingo era conocido a nivel nacional e internacional por su trabajo. Además de ser Ajq’ij (guía espiritual) era Aj ilonel, especialista en medicina Maya. “Un Aj ilonel es la persona, dentro del modelo de medicina maya, que tiene un don, que le permite ser quien resguarda la salud de las personas y de la familia. Es quien tiene el conocimiento de las plantas, de los ciclos lunares y conoce la época de identificación, recolección y preparado de plantas medicinales. Su función y rol comunitario es resguardar a la comunidad, es un personaje de respeto que si se requiere su consejo lo puede facilitar ya sea a personas o a las familias”, explica Carlos Morán Ical, Poqomchi’, investigador, psicólogo y Ajq’ij.

Tata Domingo contribuía con unos colegas en un proyecto que documenta las plantas medicinales tradicionales del departamento guatemalteco de Petén. El proyecto es una colaboración entre varias universidades, incluyendo la Universidad de Londres, la Universidad de Zurich y la Universidad del Valle de Guatemala. Desde que era niño, Domingo tuvo una relación con el conocimiento etnobotánico Maya ancestral, llevando “el legado de sus abuelos paternos”, explica Héctor Quib, un colega de la Asociación de guías espirituales. Después de que un grupo de residentes de Chimay, San Luis, Petén, Guatemala acusó a Domingo de “brujería”, así como de ser responsable de la muerte de un poblador local, cuatro individuos empaparon a Domingo con gasolina y le prendieron fuego. El caso irá a juicio el 29 de abril de 2021. La persona que filmó el video que acusa a Domingo de practicar brujería fue liberada, mientras que otras tres personas implicadas en este asesinato serán juzgadas; otras tres están bajo investigación. Lee aquí la historia de Cultural Survival en homenaje a su vida y en exigencia de justicia por su asesinato.
 

Alberto Cucul Choc (Q’eqchi)

El defensor ambiental Alberto Cucul Choc fue asesinado a disparos el 8 de junio de 2002, en camino a su trabajo como guardabosques del Parque Nacional Laguna Lachua de Guatemala. Se trata de un trabajo riesgoso en la región, pues Laguna Lachua así como otros parques nacionales, están bajo riesgo constante de saqueos a sus recursos naturales por parte de compañías mineras. En la región operan también traficantes de drogas que amenazan a quienes interfieren en su camino. Alberto, Q’eqchi’ Maya, de la comunidad de Pie del Cerro en Cobán, Alta Verapaz, había trabajado como guardabosques del mencionado parque nacional por 13 años.

 

 

 

Medardo Alonzo Lucero (Ch'orti') 

Medardo Alonzo Lucero fue asesinado el 15 de junio de 2020 en Olopa, municipio del departamento de Chiquimula. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia al día siguiente. Medardo era un defensor de la tierra, los recursos naturales y los derechos Indígenas de Maya Ch'orti '. Según las autoridades de la comunidad, participó activamente en el esfuerzo pacífico organizado contra la minería en la región de Olopa, que condujo a su asesinato. Según PDH Guatemala, “la autoridad Indígena de la comunidad informó que la muerte está vinculada a la defensa del territorio y la lucha contra la minería”.

La comunidad indígena Ch'orti ' ha liderado varias manifestaciones pacíficas para detener las operaciones mineras, ya que la licencia de la empresa minera Cantera Los Manantiales fue otorgada antes de que la comunidad indígena tuviera la oportunidad de implementar su derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado. En febrero de 2019 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales envió un informe indicando que la empresa no cumplía con los requisitos ambientales mínimos, lo que llevó al Concejo Ch’orti ’de Olopa a presentar un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. La empresa respondió criminalizando y difamando a la población ch’orti ’.

El hermano de Medardo, líder de la comunidad ch'orti ', ha luchado para buscar justicia por el asesinato, por lo cual ha recibido amenazas de muerte de personas vinculadas a la empresa minera. Ha habido muchas otras amenazas, ataques y hostigamientos contra los defensores de la tierra que trabajan para detener las operaciones mineras en Olopa. El asesinato de Medardo fue el segundo asesinato de un defensor de la tierra en Olopa en la historia reciente; El activista ambiental de Ch’orti ’Elizandro Pérez, que había liderado la resistencia contra la empresa minera, fue asesinado en 2018.

Lee el artículo completo de Cultural Survival sobre Medardo y la lucha de su comunidad aquí.

Carlos Mucu Pop (Q'eqchi')

Carlos Mucu Pop era un líder Q’eqchi’ en la comunidad Santa Rosa, Sayaxché, en el departamento de Petén. Fue asesinado el 16 de agosto de 2020. Carlos luchó por defender los derechos de su comunidad y había sido candidato a la alcaldía de Sayaxché.

Carlos era también miembro de la Asociación Comunitaria Multisectorial del Monitoreo Comunitario en Salud y Apoyo a Migrantes, una organización basada en Guatemala que trabaja con otros grupos monitoreando violaciones de derechos humanos de migrantes en las fronteras mexicanas y guatemaltecas. La ruta a través de Petén es una de las rutas migratorias más usadas en América Central. Recientemente, las familias de esas regiones han acogido migrantes, dado información sobre otras rutas y ofrecido medicinas y un lugar para reunir fuerzas para el resto del viaje a México o Estados Unidos.

En agosto de 2020, la Unidad para la Protección de los Derechos Humanos de Guatemala y el Observatorio para la Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos se refirieron al asesinato de Carlos en una condena por la falta de avance de Guatemala en la orden de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligaba a Guatemala a desarrollar políticas para la protección de defensores de derechos humanos.

 Honduras

Vicente Saavedra (Tolupán)

Vicente Saavedra era un líder Tolupán. Su cuerpo fue descubierto el 10 de enero de 2020, varios días después de su desaparición. Había sido disparado varias veces. Vicente era delegado en la iglesia católica local y era conocido por ser una persona pacífica en su comunidad que no iniciaba pleitos con nadie. Su comunidad ha sido blanco de extrema violencia debido a la defensa de sus territorios, con al menos 70 incidentes desde 2019. El motivo de su asesinato aún no ha sido determinado y no se ha localizado información sobre investigaciones.

 

 

 

Antonio Bernárdez (Garífuna)

Antonio Bernárdez fue encontrado asesinado el 21 de junio de 2020 después de estar desaparecido por seis días. Antonio, 71, era un líder Garífuna de la comunidad Punta Piedra en Honduras. Durante décadas existe una violencia continua, relacionada con apropiaciones de terrenos, contra los líderes Garífuna por parte de invasores de tierras en la región. El área de Punta Piedra fue invadida en 1992 por un grupo de granjeros y rancheros no Indígenas impulsados por el General Castro Kabus. Desde ese entonces, ha estado bajo tensiones como resultado de los conflictos entre los Garífuna y los invasores. La comunidad Garífuna ha estado pidiendo que los invasores sean reubicados desde inicios de los años 90. El caso ha sido presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2003, la cual emitió un fallo a favor de los Garífuna en 2015. Sin embargo, el gobierno de Honduras se ha rehusado a aceptar esto y cumplir con esta resolución. Su pariente, el defensor Felix Ordoñez Suazo, fue asesinado en 2007. Apenas unas semanas después del asesinato de Antonio, cuatro hombres garífunas fueron secuestrados por hombres armados con uniformes policiales, lo que provocó protestas en la comunidad Garífuna.

Carolina Valentín Dolmo (Garífuna)

OFRANEH, la Organización Fraternal Negra Hondureña, informó que el 24 de noviembre fue encontrado el cuerpo de Carolina Valentín Dolmo, de 32 años, en el río Danto. OFRANEH solicitó una autopsia urgente para clarificar la causa de su muerte. Además, esta organización resaltó el contexto de su muerte dentro de una serie de ataques violentos contra la comunidad Garífuna. Carolina era la hija de un director de la estación de radio comunitaria Garífuna, Radio Comunitaria Wagia. El blog de noticias Garífuna Wa-Dani informó que su caso es el crimen violento número 18 contra pobladores Garífuna en Honduras durante 2020.

Organizaciones internacionales de derechos humanos han recurrido a oficiales hondureños para investigar su muerte, aunque el padre de la víctima denunció el 24 de enero de 2021 que el caso de su hija permanecía sin ser investigado o resuelto.

Félix Vásquez (Lenca)

Félix Vásquez era un activista ambiental Lenca y defensor de tierras. El 27 de diciembre de 2020, Felix, de 70 años, fue asesinado en frente de su familia por hombres enmascarados con armas de fuego y machetes. Junto con otros líderes comunales, había sido blanco de intimidaciones tras tensiones sobre disputas de tierras con una granja local. Félix había informado de amenazas de muerte relacionadas con su trabajo, y que había sido seguido en las semanas previas a su asesinato. Desde 2017, Félix había entablado demandas con las autoridades nacionales respecto a persecuciones policiales como consecuencia de su trabajo ambiental.

Félix había defendido los derechos territoriales Indígenas desde los años 80 y era conocido en Honduras por su oposición a proyectos extractivos como minas, campos eólicos y represas. Luchó también por los derechos de las comunidades a los títulos de sus tierras ancestrales y por los derechos de los trabajadores rurales. Félix había anunciado recientemente su plan de postular al Congreso como parte del partido progresista LIBRE en las elecciones de 2021. Asimismo, estaba preocupado por las ocupaciones de terratenientes en reservas naturales como la cuenca hidrográfica El Jilguero, que afectaría negativamente a más de 300 familias Indígenas.

Félix era Indígena Lenca al igual que Berta Cáceres, líder ambiental asesinada en 2016 y cuya muerte fue altamente difundida. Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para activistas ambientales, con el más alto número de ambientalistas asesinados per cápita. El golpe militar de 2009 resultó en la instalación de un nuevo gobierno bajo el cual cientos de defensores ambientalistas han sido desaparecidos, asesinados o criminalizados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras condenó el asesinato y dijo que lo investigaría. La comisión había solicitado medidas de protección para Vásquez en enero de 2020, pero nunca se llevaron a cabo. Yuri Mora, portavoz de la Fiscalía de Honduras, dijo que la oficina de etnias y patrimonio cultural investigaba el asesinato de Vásquez y que los investigadores habían realizado allanamientos y estaban a punto de llamar a la gente para que hiciera declaraciones.

José Adán Medina (Tolupán)

El 7 diciembre José Adán Medina fue encontrado muerto a balazos en la comunidad de El Volcán, Honduras. Medina era líder de la tribu La Candelaria de la comunidad Indígena Tolupán y figura destacada en las disputas con los madereros y terratenientes en las áreas montañosas de Francisco Morazan y Yoro. El líder de la organización Indígena Yoro Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY) dijo a Reuters que Medina había informado de amenazas contra él ala fiscalía luego de disputas con madereros y terratenientes locales. “(Medina) fue asesinado por luchar en defensa de las tierras de la tribu La Candelaria donde terratenientes y madereros han ocupado nuestras tierras. Fue asesinado a balazos por al menos cuatro hombres cuando regresaba de trabajar su tierra, cultivando maíz y frijoles, dijo Noe Rodríguez a Reuters”. FETRIXY hizo un llamamiento a justicia por su caso en su página de Facebook.

El 10 de febrero de 2021, oficiales hondureños emitieron un comunicado de prensa según el cual se llevó a cabo una redada y se capturaron a tres hombres presuntamente responsables por este acto de violencia. El comunicado de prensa, desde el Ministerio Público, descartó motivos políticos respecto a Medina, su tiroteo sería en represalia a haber denunciado a los sospechosos por robo algunos días antes.

México

Antonio Montes (Rarámuri)

Antonio Montes Enríquez, de 43 años, era un líder comunitario y activista Rarámuri en Bosques de San Elías Repechique, Chihuahua. Fue asesinado el 6 de junio de 2020. Se emitió una orden de arresto ya que el ataque fue visto por múltiples testigos. Su muerte ha estado vinculada a su lucha contra la construcción de un aeropuerto en tierras rarámuri y en defensa de su territorio.

La comunidad de Antonio está compuesta por alrededor de 130 familias Rarámuri que viven en un área que comprende poco menos de 30,000 acres. Días antes de su muerte, Antonio había planeado una protesta en el aeropuerto de Barrancas del Cobre, donde planeaba denunciar el mal uso de un fondo fiduciario creado en 2016. Este fideicomiso, que ofreció 65 millones de pesos a la comunidad rarámuri, se conformó para compensar por la destrucción de la tierra Rarámuri utilizada para la creación del aeropuerto. Sin embargo, el comité técnico del fideicomiso utilizó lagunas legales para garantizar que la comunidad rarámuri no pudiera acceder al fideicomiso durante años. El dinero del fideicomiso estaba destinado a ser utilizado en beneficio de la comunidad, incluidos proyectos de preservación cultural y ambiental. Además de su activismo relacionado con el fideicomiso, Antonio también se opuso a la tala ilegal alentada por el crimen organizado en la región.

El 8 de febrero de 2021, la emisora de radio La Ranchera de Cuauhtémoc informó en su página de Facebook que el presunto asesino de Antonio había sido puesto bajo custodia policial.

Óscar Eyraud Adams y Daniel Sotelo (Kumiai)

Óscar Eyraud Adams fue asesinado el 24 de septiembre de 2020 en Tecate, Baja California. Como activista de los derechos por el agua, Óscar protestó durante meses en contra de la privatización del agua en el área a manos de compañías transnacionales. En el mes previo a su muerte, Óscar había denunciado públicamente la existencia de corrupción en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de México por negar el derecho de los Kumiai a cavar pozos para irrigar cultivos mientras emitía concesiones a compañías privadas de cerveza y vino incluyendo Heineken, que produce una cerveza popular llamada Tecate, como el pueblo en donde Óscar fue asesinado, así como LA Cetto.

En un video publicado por Grupo Reforma el 31 de agosto, se muestra a Óscar parado frente a tierras áridas en donde árboles frutales solían crecer, y diciendo: “Todo esto desapareció por falta de agua, porque no tenemos la suficiente agua. No tenemos un permiso para extracción de agua y quisiéramos que Blanca Jiménez, la titular de la CONAGUA, nos considerara antes que a las grandes empresas consumidoras de agua”. Heineken tiene más de 12 pozos y el acuífero está sobreexplotado.

Según un comunicado de prensa del Congreso Nacional Indígena del Noroeste, Óscar se encontraba trabajando por la autodeterminación de la comunidad Kumai y su derecho a usar concesiones de agua. Óscar “estaba comisionado por su comunidad Kumiai Juntas de Nejí para investigar sobre el derecho a la libre determinación y la autonomía. Ante la amenaza que viven por la falta de agua, indagó sobre los tratados internacionales que les respaldaran”, informó Pie de Pagina.

También se oponía vehementemente a la administración de Trump por el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, por lo que abogada para llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 27 de septiembre de 2020, solo unos días después del asesinato de Óscar, su cuñado de 32 años, Daniel Sotelo, fue asesinado a disparos por un grupo armado en la tienda familiar en Tecate. Aunque fue llevado al hospital, murió en asistencia de emergencia. Al igual que Óscar, Daniel pertenecía al pueblo Indígena Kumiai. Las muertes de ambos hombres se suman a la lista de defensores ambientales Indígenas que han sido atacados o criminalizados por su labor de defensa en Baja California, como la conocida activista Kumiai Aurora Meza, que fue injustamente presa en 2014 luego de falsas acusaciones por un ranchero local. Frente a las violentas represiones, el pueblo Kumiai continúa buscando la justa autodeterminación.

Testigos del asesinato de Óscar informaron que los perpetradores fueron un grupo de cinco hombres armados con equipo táctico. La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos ha dicho que el asesinato tenía la intención de silenciar su trabajo como defensor indígena y defensor de la democratización del agua, acusando a la Comisión Nacional del Agua y a la Cervecería Heineken del crimen. La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos pidió al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, que no deje el caso sin resolver. No hemos localizado más información sobre el avance del caso.

Juan Aquino González (Nahua)

Juan Aquino González, activista ambiental Nahua y miembro de la comunidad Papalutla, fue asesinado en la entrada de su comunidad el 28 de octubre de 2020 mientras estaba en una camioneta cerca de la entrada de su comunidad. Hasta la fecha, no se ha esclarecido la responsabilidad de este asesinato. Juan había administrado un parque ecoturístico -gestionado por Indígenas- y otras áreas de conservación según grupos ambientalistas. La Reserva Ecológica del Cerro de Tecaballo de Guacamayas y Murciélagos, y la Reserva Ecológica de Cazadores son reservas ecológicas que protegen la fauna de la región, incluyendo pájaros, murciélagos, liebres y jabalíes. Juan era uno de los fundadores de estas reservas. Asimismo, era también representante del Sector Indígena del Consejo Consultivo Núcleo Guerrero, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). No hemos logrado encontrar más información sobre avances en justicia sobre su caso.

María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño (Nahua)

El 19 de diciembre de 2020 fueron asesinados María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, cuatro miembros Nahuas del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ). Cipog-EZ está compuesto por 22 comunidades que han estado activas en la defensa de sus tierras contra el crimen organizado en la región. Hace aproximadamente un año, el Cipog-EZ había cavado trincheras en el perímetro de su territorio para defenderse y defender su tierra de los ataques armados de los carteles del narcotráfico. La tierra tiene una gran demanda por parte de grupos del crimen organizado como Los Ardillos porque podría usarse para rutas de drogas y armas, así como para la siembra de adormidera. Los asesinatos de María, Amalia, José y Miguel pueden haber sido una respuesta a que Cipog-EZ removió las cercas instaladas por Los Ardillos. La Fiscalía General de México ha identificado a los hermanos Celso y Jorge Iván Ortega Jiménez, junto con otro hermano que trabaja para el Partido de la Revolución Democrática, como los líderes de Los Ardillos. La comunidad tiene actualmente un caso pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En octubre de 2020, Cipog-EZ se reunió con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de México, Alejandro Encinas, para informarle de su situación con el cartel. Sin embargo, no se tomó ninguna medida antes de que ocurrieran los asesinatos a mediados de diciembre.

En la declaración de Cipog-EZ sobre estos cuatro asesinatos, las comunidades escribieron, “COVID-19 es la menor de nuestras preocupaciones; nos están matando así, como animales, sin que nadie escuche, sin que nadie haga nada… ninguna lucha por la verdadera libertad y justicia ha sido fácil”. Las comunidades de Cipog-EZ se reunieron el 27 de diciembre con los representantes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República para exigir justicia. En total, 28 miembros de la comunidad indígena han sido asesinados en los últimos 2 años y varios otros están desaparecidos o heridos. La culpa de esta violencia y masacre, dicen las comunidades, recae en el cartel de Los Ardillos. Sin embargo, muchos familiares no han informado de los asesinatos por temor a las repercusiones mortales de Los Ardillos. Cipog-EZ exigió que intervenga el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por falta de acción proveniente de entidades y organizaciones gubernamentales previamente contactadas. Hasta la fecha, el caso aún no ha sido procesado en los tribunales.

Perú

Arbildo Meléndez Grandes (Kakataibo)

El 12 de abril de 2020 fue asesinado Arbildo Meléndez Grandes, líder de la comunidad Indígena Unipacuyacu, perteneciente al Pueblo Indígena amazónico Kakataibo, en la región Huánuco, distrito Codo de Pozuzo, provincia Puerto Inca. Arbildo venía fomentando, en un largo proceso, la titulación de su comunidad, reconocida por el Estado en 1995. El líder denunciaba a los invasores de tierras ante organismos internacionales y en 2018 denunció la tala ilegal en su territorio ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Ucayali. Según el pronunciamiento de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), el asesinato se enmarca dentro del riesgo constante de la penetración de industrias ilícitas en la zona. Este asesinato se une al de Justo Gonzáles Sangama - abuelo político de Arbildo y líder de la comunidad en ese momento - que quedó sin investigación ni sanciones desde 2017 hasta hoy.

Redy Rabel Abel Ibarra Córdova, quien acompañaba a Arbildo en labores de caza el día de su muerte, confesó haber provocado su muerte al confundirlo con un animal. Sin embargo, la necropsia mostró que había sido disparado desde demasiado cerca como para ser un accidente de caza. Ibarra fue liberado por no considerar que hubiera peligro de fuga y, desde entonces, Zulema Guevara Sandoval, la viuda de Arbildo, ha recibido amenazas de muerte que la han forzado a mudarse. En palabras de Zulema, “A él lo asesinó una mafia de narcotráfico que opera en Puerto Inca, porque se oponía a que sigan invadiendo las tierras de Unipacuyacu”. Ella, los pobladores de Unipacuyacu y la ORAU siguen exigiendo la debida investigación y sanción a los responsables.

Según un informe de diciembre de 2020, el asesino confeso no estaba preso ni condenado. La fiscal Verónica Julca afirmó que el tribunal emitió una libertad restringida para Ibarra por falta de pruebas para un cargo de homicidio premeditado.

Gonzalo Pío Flores (Asháninka)

Gonzalo Pío Flores, líder de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai del Pueblo Amazónico Asháninka, fue asesinado el 17 de mayo de 2020 en Santa Rosa de Cahingari, en la región de Junín. Abogó por la legitimidad y titulación de su comunidad, y también por la protección de las tierras de su pueblo de las empresas madereras ilegales en la zona. Los testigos acusan a los hermanos Bruce, Rosa Linda, y Erika Ernesto Paredes, como también otras dos personas, de asesinar a Gonzalo y de herir gravemente a la esposa de Gonzalo, Maribel Casancho Flores, quien caminaba con él en ese momento y también es líder Indígena local. Maribel ha tenido que refugiarse fuera de su comunidad con sus hijos debido a las amenazas de muerte que recibió. Se desconoce el paradero actual de los atacantes y, para septiembre de 2020, la investigación de la fiscal Martha Baldeón Berrocal estaba estancada. El Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos es una organización conjunta con la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos, y trabajó para crear conciencia y abogar por una intervención rápida tras las muertes.

Los defensores de los derechos Indígenas de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai han recibido durante mucho tiempo amenazas de muerte y han sido atacados por enfrentamientos que desafían las industrias ilegales en la Amazonía. En 2013, Mauro Pío Peña, padre de Gonzalo, también líder de la comunidad, también fue asesinado mientras defendía los derechos de su comunidad a la tierra, delito que aún no ha sido sancionado. La continua demora en recibir los derechos de propiedad de la tierra y la legitimidad del Estado para las comunidades del Gran Pajonal en la región amazónica pone en peligro aún más a los líderes indígenas y los deja susceptibles a ataques y delitos selectivos de madereros ilegales y narcotraficantes.

Al 21 de enero de 2021, no ha habido avances en la justicia por el asesinato de Gonzalo y el asalto de Maribel, pero ha habido participación en las redes sociales para crear conciencia y llamar a los asesinos ante la justicia. El 6 de octubre de 2020 se realizó una audiencia virtual con varios representantes de grupos y organizaciones Indígenas, entre ellos Maribel Casancho Flores, quien denunció frente a la Comisión de Derechos Humanos que el estado peruano no está ofreciendo protección real: “Es mentira que tengo protección. La tendré en papeles, porque en la práctica no lo tengo. Me siguen, me toman fotos. Qué va a ser de mí saliendo de esta audiencia?”.

Agradecimientos 

Este artículo representa meses de investigación por un grupo de colaboradores. Además de los miembros del staff de Cultural Survival, este trabajo fue investigado y escrito por pasantes de Cultural Survival, incluyendo a Katia Yoza, Somaya Jimenez-Haham y Marjorie Talavera. Los casos fueron investigados en colaboración con el Human Rights Investigations Lab del RCA de la Universidad de California, Santa Cruz. Agradecemos también y expresamos nuestra solidaridad con los miembros de las comunidades de cada individuo, quienes han ayudado a sacar a la luz estos casos y perseverar en la búsqueda de justicia.