En el desierto de Atacama, al norte de Chile, las montañas se tiñen de morado al atardecer y cuando oscurece, se puede seguir el camino de una estrella fugaz a lo largo de todo el arco del cielo nocturno. Los manantiales de agua caliente y fría están salpicados de flamingos, y el escueto paisaje lunar lleva el nombre acertado de Valle de la Luna. Es el desierto más árido del mundo y la tierra ancestral del Pueblo Indígena Lickan Antay. Además de la belleza del paisaje, el salar de la región ha sido considerado el depósito salino más grande del país, el cual contiene las mayores reservas de litio del mundo.
Se considera que el desierto alberga el 2% del agua chilena que aún fluye libremente. A pesar de que cada año recibe un promedio de 15 mm de lluvia, esta cantidad de agua drásticamente limitada se encuentra bajo amenaza desde varias direcciones. La agricultura no sustentable y las plantaciones de árboles están secando el desierto cuando se cultivan plantas que no están adaptadas a las condiciones de sequía y beben más de lo que el desierto puede soportar. Mientras tanto, el desierto lleva mucho tiempo siendo asolado por la minería de cobre, y en años recientes, la sombra de una nueva amenaza se avecina sobre el paisaje rocoso: la minería de litio.
Actualmente, Chile es considerado el primer productor mundial de cobre y el segundo de litio, minerales que se consideran fundamentales para la transición hacia el uso de energías renovables y menos contribuyentes al cambio climático. No obstante, al ser estos minerales utilizados para la producción de la electromovilidad y dispositivos electrónicos, la demanda de su extracción en territorios de Pueblos Indígenas, como ocurre en este caso, ha aumentado y por ende, atenta contra sus derechos y daña al medio ambiente por la manera de extraer los metales que drena los escasos recursos hídricos y daña los humedales.
Foto por A. Duarte.
Karen Luza, activista del Pueblo Lickanantay, quien fue entrevistada por el equipo de Cultural Survival, relata que anteriormente, cuando las empresas mineras no se habían apoderado del territorio ni de los recursos naturales, los habitantes de territorios circundantes se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Sin embargo, la situación dio un giro cuando, alrededor de los años sesenta, comenzaron a instalarse las empresas mineras como CODELCO y SQM para la extracción de minerales. Por ende, el uso de grandes cantidades de agua que se necesitan para estos procesos, mediante el saqueo del agua subterránea de los salares y de las vertientes de los ríos han provocado su sequía. Esto ocasionó que las personas comenzaran a emigrar a la ciudad para tener una “mejor” vida. Desde entonces, las grandes empresas mineras acechan el territorio y amenazan a los Pueblos Indígenas que permanecen en la región, ya que sus propias leyes están en su contra al no otorgarles el derecho al agua.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se promulgó la constitución de 1980, en la cual se estableció que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. En palabras de Rodrigo Mundaca, vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, “significa que el robo está institucionalizado”, siendo así que Chile es el país que paga las tarifas más altas para consumir agua potable en América Latina porque en su mayoría, le pertenece legalmente a las grandes empresas nacionales y transnacionales de los sectores minero, hidroeléctrico, forestal, agrícola e industrial en su mayoría.
Gracias a lo que se llamó “el despertar de Chile” en 2019 por una ola de protestas contra el modelo que generaba cada vez más desigualdad, un año después se celebró un plebiscito en el que la mayoría de la población votó por derogar la Constitución de corte neoliberal. Posteriormente, el 4 de septiembre del 2022 se realizó una votación para aprobar o rechazar la nueva constitución en la que se consideró el derecho humano al agua como uno de los puntos más importantes mediante la regulación de las aguas nacionales. Al aprobar esta propuesta el Estado se habría comprometido a promover y proteger la gestión comunitaria del agua potable y saneamiento, principalmente en áreas y territorios rurales y extremos, además de gestionar un uso razonable de las aguas mediante la Agencia Nacional del Agua de carácter autónomo e incomerciable, asegurando un sistema de gobernanza de las aguas de carácter participativo y descentralizado a través del manejo integrado de cuencas.
Desafortunadamente la mayoría de los electores votó en contra del nuevo texto y por lo tanto, la esperanza para reformar el derecho al agua se ha visto frustrada por activistas y defensores como Karen Luza, pues en sus propias palabras “ la constitución siempre ha protegido a las empresas antes que a la ciudadanía”. Además, desde su perspectiva, los políticos de derecha llevaron a cabo una fuerte campaña de miedo hacia la población con el fin de que votaran en contra de la nueva constitución. Consecuentemente, la mayoría de la población votó de manera desinformada y con una interpretación errónea de la constitución propuesta, por miedo a perder sus casas y trabajos, y, en el caso de los grandes empresarios, por temor a perder sus privilegios.
El enojo y frustración de Karen Luza, así como de otros activistas y miembros de comunidades Indígenas, persiste, pues como comenta, el país tiene un enorme retraso de desarrollo al regirse por una constitución instaurada en el periodo de la dictadura que pregona el neoliberalismo, el consumismo y el poder de las élites, los enemigos del sentido comunitario y el respeto al medio ambiente. También menciona el doble discurso peligroso que existe en el país en el que “todos se identifican como Indígenas y sienten orgullo, pero al mismo tiempo no quieren perder los privilegios que les dan las mineras”. Por ello, lanza un poderoso mensaje a la humanidad que provoca reflexiones sobre nuestras propias formas y estilos de vida: “Somos humanos y estamos inmersos en esta naturaleza. Perdimos la conciencia de ser parte de ella. El mundo se acaba. No sé si vas a poder comer tus celulares a futuro. Hay que cuidar la tierra, el agua y la vida”.
Ciertamente, el agua tiene otro significado para los Pueblos Indígenas de Chile, pues es una parte fundamental de sus formas de vida, rituales espirituales y de su esencia. “Si el río se va, se va la vida entera”, y “si el río muere, muere también la cultura” expresa Karen en la segunda entrega de la trilogía documental titulada “Secas – Defensoras de las aguas”, en la que se muestra la aguda crisis hídrica que sufren distintas localidades y pueblos a lo largo del país como consecuencia de los impactos del extractivismo y la agroindustria en el desierto y sus graves secuelas en las cuencas de ríos y lagos. Por lo tanto, resulta imprescindible repensar la relación que tenemos los seres humanos con el agua para darle un mejor uso, así como aprender de diversos Pueblos Indígenas que respetan los recursos naturales como parte de la vida de cada persona, y como lo más valioso del planeta fuera de una mirada dedicada a la producción masiva y el consumismo.
La defensa del derecho al agua continúa y continuará hasta que existan regulaciones jurídicas sobre la gestión del agua mediante la concientización de las personas y una visibilización cada vez mayor sobre esta crisis, ya que como se menciona en el cortometraje SECOS, “cuando se le roba el agua a comunidades particularmente pobres, destruyen el tejido social, hipotecan la vida de las personas y provocan una migración feroz desde el campo hacia la ciudad”. Así, la impotencia por la pérdida de una nueva posibilidad de cambiar la situación del agua en el país ha intensificado la llama que ha permanecido encendida entre personas Indígenas activistas para buscar justicia y no pararán hasta obtenerla.
Finalmente, es necesario llevar a foros y paneles internacionales la discusión sobre la energía verde al cuestionar si realmente es una solución a la contaminación y al aceleramiento del cambio climático. Es imprescindible concientizar a los líderes y empresarios de todo el mundo sobre la premisa de que los minerales de transición son tan destructivos como la minería tradicional si los derechos de los Pueblos Indígenas no son respetados, en este caso, el derecho al agua.
Fotos por Manuela Marquinolla.
