Por Diana Pastor (Maya K'iche') Equipo de CS
Por siglos, los Pueblos Indígenas que viven en el norte de Argentina en la provincia de Jujuy, han mantenido su cultura y sus formas de vida de forma diferente a la gente de otras partes de este país. En Jujuy existen más de 400 comunidades Indígenas que incluye a los Kolla en su mayoría, pero también Guaraníes y Oclollas quienes viven reconocidos en la Constitución de Argentina, en donde se declara que los Pueblos Indígenas “ya existían antes de que existiera el Estado argentino”. Argentina firmó el convenio 169 en el año 2000, a través de una ley nacional (24071); en el artículo 75 inciso 17 se ampara la existencia de dichos pueblos.
A pesar de estos logros para su reconocimiento, ellos han tenido que enfrentar en los últimos 5 o 6 años ilegalidades en las leyes que protegen a los Pueblos Indígenas por parte del Estado. Se han impulsado obras o proyectos que afectan a los Pueblos Indígenas, por ejemplo un proyecto que instaló fibra óptica en la comunidad de Angosto el Perchel en Jujuy, llegó sin realizar consulta. Se intentó hacer la obra, pero la gente se opuso y tanto la empresa como la comunidad se denunciaron mutuamente. El asunto terminó en un juicio.
“Pedimos que se cumplieran las leyes nacionales e internacionales que existen (para proteger a los Pueblos Indígenas). Exigimos que se cumpliera la consulta por parte del gobierno y la empresa que estaba realizando trabajos, y una jueza dictaminó que se realizara y que se reunieran con nosotros”, menciona Raúl Samaja (Kolla), vicepresidente de la comunidad Angosto el Perchel. La comunidad consideró que un juicio era necesario para cumplir la ley. “Cualquier empresa que quiera instalar un proyecto debe hacer consulta, si no lo hacen es una violación de convenios internacionales y leyes nacionales” dice Raúl.
Un tiempo después, la empresa se presentó junto a funcionarios de Jujuy en la comunidad para hacer la consulta, y la comunidad otorgó el consentimiento para la obra, de acuerdo a los estándares del Convenio 169. “Este año estamos en revisión de un informe final”. Cuando no se realiza una consulta apropiada, se daña a la comunidad gravemente. Raúl menciona que para él existen 4 tipos de consulta, la consulta, la consulta ambiental, la Consulta Libre Previa e Informada y la consulta al Convenio 169.
Sin embargo no todas las comunidades en Jujuy han tenido la misma suerte, pues se ha engañado a algunas comunidades; en un día se han hecho actas y se da aval para un proyecto, pero no de acuerdo al Convenio 169, especialmente se omite el aspecto de “buena fe”. “Las empresas no pueden mentirle a las comunidades, tampoco el Estado. Los abogados tienen claro qué tipo de consulta debe hacer, el cual no debe ser un acuerdo de partes” menciona Raúl. “En algunos casos las empresas o el gobierno se aprovechan de que hay personas que no pueden leer o entender términos técnicos de los papeles que les ponen en la mesa, aunque los abogados tengan la obligación de hacer cumplir la Constitución argentina y otras leyes”, agrega.
Otro caso ocurrió en la comunidad de Salinas Guayatoc en el 2019, en donde estuvieron involucradas varias mujeres de la comunidad. Anteriormente, se habían instalado dos empresas de litio en la zona de Salinas Grande, en donde hay alrededor de 25 a 30 comunidades Indígenas. Las mujeres les dijeron a la empresa que se retiraran porque no habían obtenido permiso para trabajar en su comunidad. Les dieron un día para irse, y las empresas se fueron.
Más tarde salió a luz que el gobierno de la provincia del Jujuy había estado promoviendo y convocando a empresas extractivistas a que llegaran a las comunidades a extraer litio, sin importar lo que pase con quienes viven ahí. Las comunidades de Salinas Grande invitaron al gobernador de Jujuy para que dialogara con ellos, pero nunca fué, sólo envió a funcionarios de menor rango. Entonces se hizo público un comunicado en donde la comunidad decía que no permitiría el ingreso de una empresa.
“Para extraer el litio, utilizan cantidades inmensas de agua dulce. El agua que la comunidad tiene es poca, entonces ¿de dónde sacan el agua estas empresas? ¡La sacan de los depósitos! Luego el agua contaminada…no sabemos a dónde va, no sabemos cuál será el futuro de las plantas y de los animales” dice Raúl. Hemos denunciado esta situación incluso ante el Congreso en Buenos Aires pero no ha habido respuesta. También se ha denunciado lo que está ocurriendo con la ley 6066, en donde se le quitó territorio a Jujuy, en la Quiaca vieja, pero tampoco hay respuesta; ahí el gobierno hizo la ley sin tampoco consultar a la comunidad.
Estela Bejarano, vicepresidenta de la Comunidad Angosto el Perchel, menciona que en los conflictos en Salinas Grande y en otras comunidades de la provincia de Jujuy la resistencia la han constituído las mujeres, quienes han recibido mucha agresión de parte de la policía y otras instituciones estatales. Ella menciona: “Los cuerpos los han puesto las mujeres y con eso no quiero hacer de menos la presencia de los hombres. Se ha golpeado y detenido a las mujeres en varias ocasiones, por defender su territorio, su familia, su comunidad”.
En el área del volcán, donde hay mayoría de mujeres en el territorio, llegó un terrateniente que ingresó a sus tierras y mató a sus animales. La policía no hizo nada y le dio la razón al terrateniente, aún cuando las mujeres tenían evidencia de lo que él había hecho. Ellas están siendo amenazadas de muerte, corriendo peligro por su vida porque cuando van por el camino, salen a atacarlas. Cabe mencionar que en Angosto el Perchel la gente vive de la agricultura y parcialmente del ganado bovino y ovino. En Salinas Grande la gente vive de sus llamas y sus ovejas.
En el pasado, los Pueblos Indigenas fueron atacados y vulnerados y hoy en Jujuy continúa esta situación; las mujeres no están siendo escuchadas, aún cuando existen leyes para ampararlas. Las mujeres se unieron a un movimiento mayor de mujeres para luchar contra la ley 5915, para defender el recurso natural que es el agua de las empresas que van a cambiar la vida de las comunidades y futuras generaciones.
Los objetivos de desarrollo sostenible piden en el punto 5 de los ODS, que se cumpla la igualdad de las mujeres. En Jujuy, esto no parece ser así. Estela dice: “Nos gustaría que los centros de salud y los móviles de salud aparecieran tán rápido como los agentes estatales”, (cuando hay resistencia). “Las mujeres en Jujuy giran su vida en torno a la pachamama, con la madre tierra. Las situaciones que las mujeres viven con respecto a los diferentes abusos, crean desarmonía y tensión; no vivimos seguras ni en paz”.
El ejercicio de los derechos Indígenas no es respetado por las instituciones estatales, como ya se ha mencionado anteriormente. “Por eso es necesario autoeducarse” dice Estela “autoeducarnos desde el conocimiento de los mayores a los jóvenes y niños, sino de la colaboración de profesionales Indígenas que están en la zona urbana y que pueden formarnos para apoyarnos en el conocimiento de los derechos Indígenas y derechos generales”.
Estela y otras personas de la comunidad trabajan en conjunto con abogados para educar y formar a las comunidades sobre la interculturalidad desde la comunidad, lo cual es el primer paso para la autogestión y autogobierno. Sin embargo, ha sido difícil llegar a las escuelas; incluso cuando se ha capacitado a docentes del área primaria y secundaria, la réplica de la capacitación sobre la interculturalidad no se ha puesto en práctica.
Por eso, se siguen haciendo esfuerzos para lograr un diálogo bidireccional dentro de la educación intercultural. Éste diálogo supone igualdad dentro de la comunicación, supone que se respete a las autoridades de las comunidades como se hace con las autoridades gubernamentales mediante un diálogo simétrico. Además significa inclusión en el tema de salud intercultural y el respeto al conocimiento de los mayores.
La educación intercultural es también el conocimiento de los recursos naturales, la cual va de la mano con la educación ambiental. Los Pueblos Indígenas han vivido y mantienen la naturaleza. Con la pandemia, y el futuro post pandemia, hay una carrera para saber quién consigue más recursos a costa del desconocimiento de las comunidades Indígenas que cuidaron a la naturaleza.
Raúl cree que el sistema educativo en la provincia de Jujuy apunta a que el alumno Indígena no se siente identificado con su comunidad, “siente vergüenza hasta de su madre y sus prácticas culturales”. Es un proceso de invisibilidad que realiza el Estado mediante la educación. Sin embargo, y por supuesto, la autoidentificación Indígena es clave para la supervivencia de los Pueblos Indígenas de Argentina.
Top photo: Esther Pérez
