El 9 de febrero de 2020, un intruso le disparó a Mainor Ortiz Delgado, un miembro del clan Indígena Bribri Tubolwak, en su granja el Río Azul de Salitre en el suroeste de Costa Rica. Este acto es parte de una ola continuada de violencia impulsada por el fracaso del gobierno de Costa Rica en implementar los derechos territoriales Indígenas y imponer sanciones a los colonos no Indígenas que ocupan tierras Indígenas. El acto ocurrió menos que un año después del asesinato de otro defensor de los derechos Indígenas, Sergio Rojas, en marzo de 2019, cuyo asesinato no ha sido resuelto.
“¿Qué hizo Mainor para provocar este ataque? Nada. Él solo trabajaba en su finca, acompañado por su hermano, su pareja, y sus tres hijos menores de edad,” dijo la organización indígena Ditso Iriria Ajkonuk Wakpa en un comunicado de prensa. “Mientras trabajaba, sin provocación, un no Indígena pasó en motocicleta y le disparó.”
Ditso identificó el agresor como Eliodoro Figueroa Uva, quien no es Bribri. Figueroa Uva fue detenido por las autoridades, pero fue liberado dentro de 24 horas, y se le ordenó dejar de intimidar a Ortiz y su familia y quedarse al menos a 100 metros de él, según relata Vanessa Jimenez, una abogada de del Forest Peoples Programme, que aboga por los Pueblos Indígenas en Costa Rica.
Las organizaciones Indígenas rechazan la decisión de liberar a Figueroa Uva. Ellos consideran que la decisión es insuficiente y negligente porque Mainor Ortiz y su familia tienen que pasar la tierra supuestamente usurpada por Figueroa Uva, y porque este incidente no es la primera vez que Ortiz Delgado y su familia han sido victimizados por colonos no Indígenas.
“Este ataque ocurrió mientras los Bribri intentan defender sus territorios. Más del 50% de su tierra ancestral está ocupada ilegalmente por colonos no Indígenas que regularmente son hostiles a los Bribri. Ha habido miles de casos documentados de violencia y amenazas contra los Bribri y sus vecinos Indígenas, los Brörán de Térraba, los cuales continúan en impunidad,” menciona el Programa Forest Peoples en un comunicado de prensa. “A pesar de la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de tomar medidas cautelares en 2015 y pedir al gobierno costarricense que protegiera a los Bribri y los Brörán, el gobierno no ha implementado suficientes medidas”.
Aunque un ley de 1977 reserva tierras por los pueblos Indígenas, gran parte de las tierras están ocupadas por colonos no Indígenas. Algunos de ellos no han sido compensados por el Estado, mientras que otros han ocupado la tierra sin más que una escritura de venta para respaldar sus reclamos.
Según Ditso, el agresor en el incidente reciente pertenece a una familia que ha reclamado la tierra y lleva un certificado que lo identifica como Indígena de una organización que un tribunal ha dictaminado ilegítimo.
En 2013, 10 colonos atacaron a Ortiz Delgado con un machete en su oreja izquierda, lo cual le dejó laceraciones profundas, lo torturaron con un hierro de marcar y le dispararon en el muslo izquierdo. Un tribunal costarricense dijo que no existían pruebas suficientes para “individualizar al culpable” a pesar de que Ortiz Delgado podía identificarlos.
En 2016, agresores desconocidos dispararon a la casa de Ortiz Delgado. Él recibió llamadas amenazantes diciendo que “Sé quién eres, en cualquier momento vamos a matarte con balas. Deja de actuar como un hombre.” Ortiz Delgado dio los números de teléfono de las personas que llamaban a las autoridades, quien no tomaron ninguna acción.
“Ellos quieren matar a mi hijo y el gobierno sabe de la situación precaria, pero no hace nada significante o efectivo para protegerlo. Tengo miedo de que termine como Sergio,” dijo la madre de Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales. Se refería al asesinato del defensor de la tierra Bribri, Sergio Rojas Ortiz, asesinado el 18 de marzo de 2019.
En 2010, Rojas Ortiz comenzó una campaña para recuperar tierras ancestrales que pertenecía a los Bribri en la región suroeste de Telire. El asesinato de Rojas ocurrió a pesar del hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al Estado costarricense a tomar medidas cautelares para proteger su comunidad Indígena.
“La vida de Mainor Delgado es una historia que es un símbolo de la situación trágica de los Bribri, y otros pueblos en Costa Rica a consecuencia de las acciones del gobierno,” dijo Ditso. “El gobierno tiene que hacer cuatro cosas: 1. castigar a las personas que nos atacan y detener la impunidad, 2. proteger a nuestros defensores de derechos humanos en una manera efectiva, 3. no abandonarnos en los tribunales, sino implementar sus deberes y obligaciones sin demora, y (iv) desalojar con prioridad a los ocupantes ilegales, ahora y no después de muchos años,” dijo Lesner Figuero Lázaro, un Bribri del clan Tuadiwak y el coordinador del consejo.
Cultural Survival une al Consejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de la territoria Bribri en exigir al gobierno costarricense a cumplir su obligación de proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en Costa Rica. Reiteramos nuestras llamadas a Costa Rica para investigar y llevar la justicia a todos los actos de violencia contra los defensores de derechos humanos, de conformidad con el derecho nacional e internacional, y tomar medida inmediatas para alejar a los colonos no Indígenas de la tierra de los Indígenas.
