Mostramos nuestra más absoluta preocupación ante las graves violaciones de derechos a la comunidad quechua de Totoral Chico del Ayllu Acre Antequera, Oruro, Bolivia, incluyendo la organización de una falsa consulta el día 23 de octubre de 2024.
Esta “consulta” pretende legitimar la actividad de la empresa minera La Salvada Sociedad Colectiva, propiedad del Sindicato de trabajadores mineros de Avicaya, quienes llevan operando ilegalmente en el territorio desde 2013 sin obtener consentimiento por parte de las comunidades quechuas y aymaras que lo habitan.
A raíz de la explotación minera, estas empresas han ocasionado desastres ambientales que aceleran la desaparición y contaminación de las escasas fuentes de agua y de los suelos, incluyendo el desmonte del cerro sagrado Orqu Chualla, y afectando gravemente los medios de vida y subsistencia de las comunidades. Ante la defensa de su territorio, las autoridades Indígenas Originarias, junto con otras personas de la comunidad, han sufrido criminalización y ataques, incluyendo el desplazamiento forzado de mujeres y niñas.
Respaldamos firmemente la decisión de la comunidad de rechazar la consulta por claro incumplimiento de los estándares mínimos internacionales del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado recogidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros instrumentos y sentencias nacionales e internacionales.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ya expresó su preocupación específica ante las alegaciones de la violación al derecho constitucional de consulta previa en el Ayllu Acre Antequera en 2023.
La “consulta” planteada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) viola principios básicos del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado como el hecho de que sea previa (la empresa lleva décadas operando), que la información sea transmitida en el idioma de la comunidad y utilizando sus procesos de toma de decisión y a través de las propias instituciones de autogobierno, entre otros requerimientos. La comunidad no ha recibido un estudio de impacto ambiental y tampoco otras fuentes de información sobre los posibles impactos del proyecto.
Mientras tanto, el Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia se adelanta teniendo reuniones y firmando acuerdos con los sindicatos mineros Avicaya y Totoral, quienes operan en la zona, para continuar con la explotación de minerales sin ni siquiera haberse llevado a cabo la reunión deliberativa con las comunidades, lo cual demuestra que esta consulta representa un mero trámite y no tiene la intención real de obtener el consentimiento de los pueblos que habitan estas tierras de buena fe y respetando estándares internacionales.
En este contexto, exhortamos al gobierno de Bolivia y a las empresas que operan en la zona a atenerse a la voluntad de rechazo a esta consulta ilegítima por parte de la comunidad, respetando los derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo el derecho real al Consentimiento Libre, Previo e Informado.
Qhana Pukara Kurmi
Cultural Survival
Earthworks
