Por Allen Perez
En horas de la noche del día 18 de marzo de 2019, el dirigente Indígena nacional, Sergio Rojas Ortiz, fue asesinado víctima múltiples disparos, hecho ocurrido en su casa ubicada en Salitre de Buenos Aires (en la localidad de Yeri), provincia de Puntarenas, al Pacífico sur del país.
Rojas era un miembro del clan Uniwak, del Pueblo Bribri, una de las 8 etnias Indígenas reconocidas en Costa Rica, y uno de los dirigentes Indígenas más importantes y conocidos. Fue miembro de la Coordinación del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y del Consejo de Autoridades Propias Defensoras de la Madre Tierra, como de la Asociación de Desarrollo del Pueblo de Salitre.
No se han establecido las causas y la autoría del asesinato, pero no deja de ser un motivo de grave consternación que el hecho ocurriera el mismo día en que acompañó a personas de su propia comunidad a una diligencia urgente ante el Ministerio Público, con el propósito de denunciar una secuela de amenazas gravísimas proferidas en contra del Pueblo Indígena de Salitre en un contexto espinoso por la disputa de tierras en territorio Indígena.
Las Naciones Unidas, a través de sus expertos en Derechos Humanos, han tomado nota de esta grave tragedia. El Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; la Sra. Victoria Tauli Corpuz, Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, le manifestaron al gobierno de Costa Rica lo siguiente: "Exigimos a las autoridades costarricenses que identifiquen a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y los lleven ante la justicia, de acuerdo con la ley", dijeron los expertos.” La ONU seguirá de cerca con el gobierno costarricense las averiguaciones de este que les ha merecido la más enérgica condena.
No en vano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conforme a la resolución No. 16 del 2015, resolvió otorgar medidas cautelares de protección para los pueblos de Teribe y Bribi de Salitre, medida que incluía a Sergio Rojas, para que el Estado costarricense pudiera garantizar la integridad física de estas comunidades en riesgo.
Cultural Survival ya había advertido en un informe reciente ante la ONU (tercer ciclo del Examen Periódico Universal del Estado de Costa Rica de octubre del 2018) que “La colonización no Indígena de los territorios Indígenas es un grave asunto todavía no resuelto en Costa Rica. Dicha colonización se agrava cuando la misma se hace a través de métodos violentos. Y dicha violencia es todavía más preocupante cuando el Estado costarricense exhibe una ausencia de claridad jurídica, política y administrativa para proceder al desalojo legal de los factores no Indígenas en los territorios Indígenas.”
Lo cierto es que Sergio Rojas fue asesinado a mansalva y en la intimidad de su hogar, a altas horas de la noche, y que estos hechos han creado un ambiente de zozobra, incertidumbre y de vulnerabilidad en los Pueblos Indígenas como nunca antes.
El asesinato de un o una dirigente Indígena es una tragedia de la mayor proporción social; es un evento terrible en la lucha de los Pueblos Indígenas por la autonomía y sus derechos humanos. La resolución aludida de la CIDH dice: “es necesario que la Policía mantenga presencia en el Territorio Indígena Salitre, mientras el Gobierno asume la recuperación de tierras indígenas por las vías legales, mediante la instalación de puestos de control solicitados y con patrullajes por parte de personal policial ajeno al cantón de Buenos Aires, se sugiere personal de la GAO”.
La CIDH ha recibido no pocas denuncias de parte de miembros de la comunidad de Salitre, señalando al Estado costarricense de incumplir, o, de no cumplir con eficiencia, con los parámetros de protección ordenados por la Comisión. También es cierto que la CIDH deberá evaluar una declaración pública de Dualok Rojas Ortiz, hermano de la víctima, en el sentido de que Sergio tenía año y medio de no tener protección judicial, lo que significaría un incumplimiento grave por parte del Estado. Por su lado, el Presidente de la República de Costa Rica condenó el asesinato y lo consideró como “un día trágico para el Pueblo Bribri, nuestros Pueblos Indígenas y todo Costa Rica”. Al efecto, Costa Rica ha conformado una “unidad especial” para esclarecer los hechos y dar con los responsables intelectuales y materiales. Antonia Urrejola, Relatora de la CIDH sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dijo: “Este crimen debe ser investigado de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, y se debe sancionar a los responsables intelectuales y materiales. En particular, el Estado debe incorporar un enfoque diferenciado étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de estos crímenes”.
Lo que es un hecho es que los Pueblos Indígenas de Costa Rica no han podido gozar de una ley de autonomía que les haya permitido, entre otros aspectos, marcar definitivamente la territorialidad sobre la que ejercerían el control político, administrativo y cultural en dichos dominios. En este sentido la CIDH ha dicho refiriéndose al asesinato de Rojas: “atendiendo el contexto en que ocurrieron los hechos, la CIDH destaca la importancia del territorio para la supervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas, y reitera lo establecido por la Corte Interamericana, en el sentido que la falta de identificación, delimitación y demarcación efectiva por parte de los Estados respecto de las tierras indígenas puede crear un clima de incertidumbre permanente, afectando en consecuencia la paz social del colectivo.” Se concluye que es urgente esclarecer el homicidio del líder Sergio Rojas Ortiz, como censurar el entrabamiento de décadas que sufre el proyecto de ley sobre la autonomía Indígena en manos de un parlamento negligente. Al respecto Cultural Survival dijo el año pasado: “(...) han pasado 25 años sin que la demanda fundamental de autonomía de los Pueblos Indígenas haya sido atendida por la Asamblea Legislativa. Que el Congreso no haya votado el proyecto Ley de Autonomía Indígena, expediente 14.352, constituye la más grave violación a los derechos humanos hecha a los Pueblos Indígenas.”
