Foto por Organización Nacional Indígena de Colombia
Por Katia Yoza
Las organizaciones Indígenas de Colombia a nivel local y nacional exigen al gobierno de Iván Duque que cese la violencia contra el pueblo colombiano. El 4 de mayo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) que aglutina a los Pueblos Indígenas del país, tildó la violenta represión del gobierno como “terrorismo de Estado” por los ataques armados en contra de la población civil. La ONIC condenó, además del gobierno de Duque, la complicidad del Ministro de Defensa Diego Molano y de Eduardo Zapateiro, jefe de las fuerzas armadas. La ONIC compara las muertes de civiles con una barbarie propia de una dictadura militar disfrazada de democracia, no solo por los asesinatos y desapariciones forzadas, sino también por las violaciones sexuales a mujeres y un saldo de gran cantidad de heridos.
Los Pueblos Indígenas han demostrado su apoyo al paro nacional y la lucha de jóvenes, trabajadores, campesinos, transportistas y estudiantes, entre otros, desde sus inicios el 28 de abril. Además, los Pueblos Indígenas han unido al paro nacional su movilización denominada como la Minga Hacia Afuera, que se desarrolla en el suroccidente del país. La ONIC exige al gobierno que ordene el cese del tratamiento de guerra dado a la protesta social retirando de las calles al Ejército Nacional y al ESMAD (escuadrón móvil antidisturbios), ya criticado por su uso de armas contra ciudadanos.
Las protestas masivas surgieron como respuesta de rechazo por parte del pueblo colombiano hacia la propuesta del ejecutivo de una reforma tributaria llamada “Ley de Solidaridad Sostenible”. Este proyecto de reforma, que fue anulado por Duque debido a las protestas, pretendía cubrir el déficit presupuestal nacional subiendo los impuestos como el IVA (impuesto del valor agregado), que afecta a productos de consumo básico (como los servicios públicos de agua, electricidad y gas), lo cual iba a afectar sobre todo a la clase media y baja, las más perjudicadas ya por la pandemia. Las protestas están ocurriendo precisamente en medio de la tercera ola de COVID-19, mientras se registra la mayor cantidad de casos de contagios de toda la pandemia. Una pancarta en las protestas afirma: “Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el gobierno es más peligroso que el virus". Las protestas recogen el descontento social existente previo a la pandemia hacia el modelo capitalista neoliberal y corrupción del gobierno de Duque, descontento que ha crecido por la exacerbación en los últimos meses de la situación de pobreza y desempleo de millones de colombianos debido a la mala gestión de la emergencia sanitaria. Según la Dirección Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), una cuarta parte de los hogares pasó de tener tres comidas al día a solo dos y, según el diario La República, el desempleo toca en marzo de 2021 al 14,2% de la población.
A pesar de que la reforma tributaria ha sido cancelada, las intensas protestas en Colombia siguen constantes. El Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) resalta el giro de las protestas al pasar de ser una reacción hacia la reforma tributaria a ser una respuesta colectiva, pues reúne Pueblos Indígenas, afrodescendientes, campesinos, trabajadores, mujeres, grupos LGTBI+, sindicatos, estudiantes, profesores y trabajadores del sector salud, en contra de los grandes niveles de desigualdad y violencia estructural al sistema. En Caldas, el CRIDEC reunió el 28 de abril a 6000 Indígenas de diferentes Pueblos para exigir la aplicación del Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas sobre sus derechos colectivos y territoriales, la elaboración de políticas de salud que cubran las necesidades de la población y la implementación del proceso de paz, teniendo en cuenta que los territorios Indígenas han sido los más amenazados por la reconfiguración del conflicto armado.
En este contexto, el pueblo Embera Chami de Caldas hace un llamado a la paz y bienestar social frente a la violencia sistémica que atenta contra sus territorios y autoridades ancestrales. Una ola de violencia extrema ha atentado especialmente contra los derechos humanos y derechos colectivos de autodeterminación de los Pueblos Indígenas, pese a la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, siendo el pueblo Nasa del Cauca uno de los más afectados, a lo que el Concejo Regional Indígena de Cauca (CRIC) califica como genocidio. Los ataques violentos y letales han aumentado desde la firma de los Acuerdos de ´Paz y desde la toma de mando del Presidente Duque en 2018, año en el que hubo un aumento exponencial de 43.7% respecto al año anterior de esta violencia, con 634 ataques violentos o letales. 43% de los defensores de Derechos Humanos asesinados ese año pertenecían a un Pueblo Indígena o eran afrodescendientes. El informe de 2019 de Cultural Survival resaltó que esta violencia es sistémica y que buscan “intimidar comunidades [Indígenas y afrodescendientes]...por sus esfuerzos para reclamar sus territorios”. Asimismo, con el gobierno de Duque se ha exacerbado la deforestación; apropiación de tierras; industrias extractivas como la minería y petróleo; tala; agroindustria; el cultivo de drogas ilícitas; colonización de sus territorios y violencia contra líderes Indígenas, lo cual denuncian los Pueblos Indígenas en sus protestas. Como resultado del informe, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas emitió una fuerte amonestación de lo que llamaron “asesinatos selectivos de miembros de comunidades afrodescendientes y de Pueblos Indígenas”. Cultural Survival ha documentado 11 individuos Indígenas asesinados en 2020, así como 2 masacres que se llevaron las vidas de otras 9 personas. Solamente entre enero y junio de 2020, 121 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en Colombia.
Hasta el 10 de mayo se reportan 321 desaparecidos y 47 muertos por las protestas. Cultural Survival se solidariza con el pueblo colombiano ante la exigencia por el cese de la violencia durante las protestas en Cali y por los actos violentos cometidos constantemente en los territorios Indígenas. Nos sumamos a la petición de justicia ante los asesinatos ocurridos durante las protestas y también al interior del territorio Colombiano a defensores de los derechos humanos.
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