Por Candela Palacios (Equipo de CS)
El domingo 19 de noviembre, en un contexto de alta inflación y creciente violencia política, Javier Milei, economista liberal de 55 años, se impuso en la segunda vuelta electoral sobre el candidato oficialista, Sergio Massa, por más de 11 puntos porcentuales, o casi tres millones de votos. Su campaña se vio marcada por la excentricidad, las contradicciones y la violencia discursiva. Entre sus propuestas originales (muchas de las cuales atenuó o modificó a lo largo de su campaña) se incluyen una reducción sustantiva del Estado, la eliminación de ministerios, el cierre del banco central, la dolarización de la economía, y la privatización de la salud y la educación. También ha propuesto privatizar empresas públicas, los medios de comunicación pública, y la principal agencia de ciencia, el CONICET.
El voto masivo a esta propuesta liberal extrema, aun a solo un poco más de 20 años de la crisis más grave sufrida en el país a manos de otro gobierno liberal, se explica por el cansancio ante una nueva crisis económica y una alta inflación. A estos motivos materiales, se suma una larga campaña mediática contra el actual gobierno kirchnerista-peronista, que lleva a buena parte de la población a concluir que cualquier alternativa, aún la más radical, es mejor que la propuesta del gobierno saliente. Sin embargo, una porción de los votantes de Milei lo sigue con convicción, y dada la violencia e intolerancia de las declaraciones del futuro presidente y de otros miembros de su partido, La Libertad Avanza, este es tal vez el aspecto más preocupante del actual contexto.
Más allá de sus propuestas económicas, Milei y su partido se posicionan ideológicamente en contra de todo lo que consideren “de izquierda”. Uno de los puntos más graves en este posicionamiento es el negacionismo ante la última dictadura militar sufrida por el país, entre 1976 y 1983. Este gobierno de facto arremetió contra propuestas políticas que consideraba subversivas, en su mayoría de tendencia de izquierda, cobrándose más de 30000 víctimas en un plan probadamente sistemático de secuestros, torturas, asesinatos, y apropiación de bebés. Si bien en los discursos que denuncian los crímenes de la dictadura no se las suele mencionar, entre las víctimas se cuentan numerosas personas Indígenas.
Milei, repitiendo discursos de los represores y genocidas enjuiciados por estos actos de terrorismo de Estado, asegura que durante esos años se vivió una guerra civil en la cual “se cometieron excesos”, y cuestiona el número de víctimas, aun cuando existen informes militares estadounidenses que confirman un numero cercano a 22000 victimas varios años antes del fin de la dictadura. La portavoz más fuerte de esta postura en el nuevo gobierno es la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, una abogada conservadora proveniente de una familia militar estrechamente vinculada con los responsables de la dictadura. Villarruel propone revisar las políticas de Derechos Humanos y de Memoria del país, y según Milei, será la responsable de las áreas de Defensa, Seguridad e Inteligencia, donde se incluyen las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los militares no son el único grupo social en la mira de Villarruel.
En 2022, durante su periodo como diputada nacional y con el apoyo de Milei en el mismo rol, Villarruel presentó un proyecto de ley que proponía derogar la ley 26160, de relevamiento territorial de comunidades Indígenas. Esta ley de emergencia sancionada en 2006 suspende la ejecución de sentencias cuyo objeto sea el desalojo a las comunidades de las tierras que ocupan, y ordena al INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a hacer un relevamiento nacional de las comunidades y sus territorios, generando documentación para fundamentar una futura Ley de Propiedad Comunitaria de la Tierra. La propuesta de derogación de esta ley se fundamenta desestimando que exista una situación de emergencia, quitando legitimidad a los reclamos territoriales de los Pueblos Indígenas y acusándolos de terroristas, criminales y violadores de la ley de propiedad privada.
Al ser una ley de emergencia, tiene una duración de cuatro años, tras los cuales debe ser prorrogada. Las primeras tres prórrogas se dieron por ley, y la cuarta y última mediante un decreto presidencial del año 2021. Debido a una falta de voluntad política y un bajo financiamiento del INAI, el relevamiento aún está lejos de ser terminado. La próxima prórroga debería darse en el año 2025, dentro del mandato de Milei. No es difícil imaginar que esta nueva prórroga encuentre obstáculos para realizarse, pero el relevamiento corre peligro además por el propósito del futuro presidente de achicar el gasto público desfinanciando y eliminando todo organismo estatal que considere superfluo, dentro de los cuales probablemente podamos contar al INAI. Si esta ley se deroga, se abre la posibilidad de desalojar a las comunidades Indígenas de todo el territorio nacional a través de procesos judiciales y administrativos, y esto sin tener en cuenta el creciente riesgo de desalojos ilegales, a los cuales ya se enfrentan muchas comunidades Indígenas de todo el continente, habilitadas por la desprotección y la indiferencia estatal.
A este contexto de vulnerabilidad es importante sumar otros hechos actuales que atentan contra los derechos de los Pueblos Indígenas de Argentina. Desde mediados de este año, las comunidades Indígenas de la provincia de Jujuy se enfrentan a la vulneración de sus derechos a través de la reforma de la constitución provincial que facilita el acceso de las empresas mineras al litio en sus territorios, a la vez que criminaliza la protesta. El Tercer Malón de la Paz, movilización Indígena que se trasladó desde Jujuy a Buenos Aires para exigir la nulidad de la reforma, transita su cuarto mes de acampe en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales de la Nación, esperando una respuesta del Estado y la Justicia. Una reforma constitucional de similares características se está llevando adelante en la provincia de La Rioja, donde también hay interés en expandir la explotación de litio. De más está decir que ambas reformas se llevaron adelante sin respetar el derecho de los Pueblos Indígenas a una consulta para dar su Consentimiento Libre, Previo e Informado, derecho ratificado en el país por la Ley nacional 24.071 del año 1992.
Aprovechando que los ojos del país se encontraban puestos en las elecciones presidenciales, durante las ultimas semanas la Legislatura de la Provincia de Rio Negro, territorio ancestral Mapuche-Tehuelche, aprobó una reforma de la ley provincial de tierras, que afecta a casi cinco millones de hectareas de tierras fiscales en territorio Indígena, tambien ignorando el derecho a la consulta y los reclamos de los Pueblos Indígenas de la región. Esta modificación también favorece la instalación de explotaciones petrolíferas y mineras, en detrimento de las comunidades, y se suma a una serie de reformas legislativas provinciales que dejan desprotegidas a las personas Indígenas y al ambiente.
Es claro que para el nuevo gobierno nacional y para muchos de los gobiernos provinciales, los Pueblos Indígenas y sus derechos no sólo no son una prioridad, sino que son un escollo frente a posibilidades extractivistas que prometen falsamente una salida de la crisis económica. Ante una mirada que prioriza el lucro por sobre todo otro objetivo, la perspectiva del Sumak kawsay o Buen Vivir de los Pueblos Indígenas, que implica mayor igualdad, mejores condiciones de vida y el cuidado del territorio y sus recursos, es dejada completamente de lado.
Más allá de las reformas legislativas o administrativas que afectan a las comunidades, hay preocupación frente a la creciente represión a las protestas de los Pueblos Indígenas, y frente al aumento de discursos que legitiman la violencia estatal y civil contra cualquier manifestación política contraria al signo del gobierno entrante. Es fundamental que los gobiernos busquen garantizar la democracia, los derechos humanos, y los derechos de los Pueblos Indígenas, donde se incluye el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado y a la Autodeterminación. Ninguna democracia ni progreso socioeconómico reales son posibles sin el respeto a los derechos de toda la población de una nación.
A cuarenta años de la recuperación de la democracia, esperamos que el nuevo gobierno y el pueblo de Argentina puedan construir proyectos de país desde un diálogo no violento y desde el respeto a los derechos conquistados por la lucha popular, de la cual son una parte integral los Pueblos Indígenas preexistentes al Estado nacional.
Foto superior: Javier Milei en el programa “La Noche de Mirtha” el 3 de diciembre de 2022, tomada del Flickr de Ilan Berkenwald.
