Cliver Ccahuanihancco (quechua, equipo de CS)
La Central Única de Rondas Campesinas (CUNARC) es el nivel superior en términos institucionales indígenas que agrupa y representa a las rondas campesinas en sus diversos niveles (locales, distritales, provinciales, regionales y nacionales) en el Perú. La Central busca fortalecer la institucionalidad de las rondas campesinas, promoviendo su reconocimiento y la integración de sus prácticas en el sistema legal y político peruano. De esta forma, la CUNARC coordina y organiza a las rondas en sus distintos niveles para promover la colaboración y coordinación entre ellas para la defensa de sus derechos e intereses como comunidades originarias.
El origen de las rondas campesinas se remonta a principios del siglo XX, aunque su desarrollo más significativo ocurrió a partir de la década de 1970. Sus raíces se encuentran en las prácticas tradicionales de administración de justicia comunitaria en las regiones rurales del Perú, pero desde 2003 tiene reconocimiento formal y oficial dentro del estado. Esto sucedió con la creación de la Ley N° 27908, que les reconoce personalidad jurídica a las rondas campesinas como formas autónomas y democráticas de organización comunal. La ley señala que pueden establecer interlocución con el Estado apoyando el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas, colaborando en la solución de conflictos y realizando funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución peruana y a la Ley, así como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial.
Entre las principales acciones y finalidades locales como rondas campesinas, y nacionales como CUNARC, defienden y trabajan en la protección del ambiente, realizando una lucha frontal contra extractivismo en sus territorios y la corrupción e injusticia social del Perú, ocupando siempre el frente de defensa más fuerte y de primera línea en los conflictos sociales.
En ese marco, el 18 y 19 de octubre de 2024 se desarrolló en la provincia de Huancabamba, en el departamento de Piura, el Encuentro Nacional de Rondas Campesinas, con la autodeterminación de los pueblos frente a la minería como tema central. La agenda del evento enfatizó la reflexión de la identidad indígena originaria, poniendo en contexto afirmativo las estadísticas identitarias a nivel nacional, indicando que son 9 de 33 millones de personas establecidas en 55 pueblos originarios o naciones, comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas. "Somos el 26 % de la población nacional, somos mayoría, pero siempre minorizados por estas autoridades corruptas e incompetentes", indicaron a viva voz los ronderos durante el evento.
También se compartieron casos de lucha desde varias regiones del Perú. Entre los más significativos, se encuentran el proyecto Río Blanco, cuyo objetivo es una abundante reserva de cobre y molibdeno en una zona de páramo clave para la regulación hídrica de las comunidades locales que la habitan. Su exploración y tentativa de explotación, gestionadas por la empresa británica Monterrico Metals (ahora adquirida por la empresa china Zijin Mining Group) podría significar no sólo la eliminación del ecosistema local sino también el daño a toda la región que de por sí hoy carece de agua, de acuerdo con la información brindada por los ronderos.
Otro caso compartido fue el del proyecto minero Conga, impulsado por Yanacocha, una empresa conjunta entre la estadounidense Newmont Mining y la peruana Buenaventura en la región de Cajamarca. La geografía de esta región alberga lagunas naturales que son fuentes importantes de agua para las comunidades y la biodiversidad local. Conga fue diseñado como una extensión de la mina de oro y cobre de Yanacocha, una de las más grandes de América Latina. Sin embargo, gracias a la lucha y resistencia de las comunidades, el proyecto Conga sigue suspendido y la empresa no ha anunciado planes de reactivarlo.
Por otro lado, está el caso del proyecto Tía María para extracción de cobre, liderado por la empresa Southern Copper Corporation (subsidiaria de Grupo México) y que se localiza en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa. Desde su anuncio en 2009, el proyecto ha generado una fuerte oposición por parte de las comunidades debido a preocupaciones ambientales y sociales. En 2011, las personas Indígenas afectadas realizaron protestas masivas, bloqueos y paros indefinidos en rechazo al proyecto, lo que ha derivado en violentos enfrentamientos con la policía, dejando varios muertos y decenas de heridos. Aunque el proyecto sigue técnicamente en pie, su ejecución está suspendida debido a la persistente oposición social y a la falta de condiciones para llevarlo a cabo sin conflicto.
Comunidades afectadas durante la marcha previa al encuentro.
Finalmente, se encuentra el caso minero de las Bambas, un megayacimiento de cobre que se localiza entre las provincias de Cotabambas y Grau en Apurímac. Este proyecto extractivo es operado por MMG Limited, una empresa con participación de capital chino. Desde el comienzo, el proyecto fue una fuente de conflictos debido a su impacto ambiental, social y económico en las comunidades locales, ya que se planeaba una línea férrea para transportar el mineral. En 2014, se modificó la ruta de transporte para utilizar caminos rurales, lo cual generó graves problemas de polvo y contaminación en las comunidades aledañas y ha sido un punto clave de descontento. Las protestas y bloqueos obligaron a la empresa a suspender temporalmente sus operaciones en varias ocasiones, sin embargo hoy se ha reactivado la intención de continuar con la explotación conjuntamente con el gobierno, por lo que la población está reestructurando su resistencia nuevamente.
El encuentro cumplió con las expectativas proyectadas desde la CUNARC para con sus bases ronderiles. Al final del evento se elaboró una notificación pública al Estado y empresas mineras como muestra de la posición y acuerdo de las comunidades contra la minería. Entre estas, se señalaron:
REAFIRMAR su identidad y derechos como pueblos indígenas u originarios, y ratificar las decisiones que han tomado, dentro de su autodeterminación, sobre su propio modelo de desarrollo o buen vivir, basado en la agricultura, ganadería, turismo y otros, en protección de la Pachamama, aguas y bosques, y en claro rechazo a la minería.
RATIFICAR sus derechos colectivos, a la autodeterminación; la propiedad y control de sus territorios; la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado.
PROHIBIR toda actividad minera (de gran, mediana y pequeña minería, y minería artesanal, minería informal e ilegal), en sus territorios, porque afecta y contamina sus fuentes de agua y viola sus decisiones colectivas, autodeterminación, propiedad territorial, autonomía, agua, vida y demás derechos.
PROHIBIR todo tipo de oficinas, campamentos, infraestructura, maquinarias y equipos, y cualquier forma de presencia de operadores de las empresas mineras dentro de su ámbito territorial, las cuales serán cerradas y expulsadas, en aplicación de su propio derecho.
PROHIBIR cualquier forma de discriminación, estigmatización, represión o criminalización por la defensa de sus derechos colectivos, y responsabilizamos a las empresas mineras y al Estado por cualquier hecho que nos pueda ocurrir.
DECLARAR NULAS DE PLENO DERECHO todas las concesiones mineras en sus territorios, porque ninguna ha contado con consulta ni consentimiento previo, libre e informado, y que no lo otorgaran jamás.
REQUERIR a los organismos internacionales de Derechos Humanos que supervigilen al Estado y que le insten a respetar nuestros derechos y acatar nuestras decisiones.
SOLICITAR a las organizaciones indígenas, sociales, académicas, políticas y eclesiales; así como a la cooperación internacional, que se solidaricen con nuestros pueblos y respalden nuestros casos, para lograr la efectividad de nuestros derechos.
¡POR EL RESPETO DE LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS! ¡NULIDAD DE CONCESIONES INCONSULTAS SUPERPUESTAS A NUESTROS TERRITORIOS!
Miembros de las comunidades junto a Cliver Ccahuanihancco, miembro del equipo de CS.
Foto de portada: Comunidades reunidas durante el encuentro.
