A continuación, extractos de entrevistas de Radio de Derechos Indígenas realizadas con líderes indígenas sobre sus reflexiones sobre los logros y desafíos de la Declaración.
Victoria Tauli-Corpuz (Igorot)
Reportera Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
En cuanto a los marcos jurídicos, tras la aprobación de la Declaración en 2007, algunos gobiernos han adoptado leyes nacionales que están reflejadas en la Declaración. Hay algunos países en América Latina que lo han llevado a cabo, también en África. Pero no basta con adoptar un marco legal. Lo más importante es cómo este marco debe reconocer que los derechos legales de los Pueblos Indígenas, realmente se estén implementando sobre el terreno. En muchos países, las tierras que tradicionalmente han poseído los Pueblos Aborígenes, muchas de ellas, están siendo expropiadas para otras actividades económicas: la minería, el establecimiento de grandes plantaciones mono-agrícolas o áreas de conservación. Sigue existiendo una situación en la que no se respetan el derecho a la tierra y el territorio, y no se respeta el derecho a la autodeterminación. La criminalización es ahora un gran problema, ya que muchos Pueblos Indígenas que se resisten al desplazamiento de sus tierras son criminalizados con acusaciones falsas presentadas contra ellos y se ven obligados a dedicar mucho tiempo a su defensa en los juzgados, en lugar de fortalecer los movimientos o sus propias comunidades.
Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Canadá fueron los cuatro países que no votaron a favor de la Declaración durante su adopción. En ese momento yo era el presidente del Foro Permanente cuando finalmente les hicimos adoptar y respaldar la Declaración en el 2009. Hasta cierto punto ese tipo de reconocimiento y adhesión al estándar internacional es algo bueno, porque los cuatro países que no votaron por él vinieron al grupo. En algunos de estos países, como Australia, incluso antes de la Declaración, existían algunas leyes que reconocen algunos aspectos sobre las tierras de los Pueblos Indígenas. En Australia, tienen la Ley de Títulos Nativos, que les da a los aborígenes australianos la posibilidad de reclamar sus tierras. En los Estados Unidos, se establecieron reservas en las que ubican a los Pueblos Indígenas.
El avance más significativo es el fortalecimiento de los movimientos de los Pueblos Indígenas, que ha sido apoyado por este proceso de contar con una norma internacional que regula sus derechos. Y gracias a estos movimientos, fueron capaces de aumentar su capacidad para reclamar sus tierras y recursos, y que el gobierno ofreciera recursos de cara a revitalizar las lenguas indígenas, concediendo un status indígena en las universidades. Nos encontramos con que hay mucho más crecimiento intelectual relacionado con estos Pueblos.
Los Pueblos Indígenas están tomando las riendas de su destino y están fortaleciendo sus propias comunidades, pero todavía hay un largo camino por recorrer en cuanto a cómo lograr que sus derechos sean efectivamente implementados. Un ejemplo es Filipinas: en mi país pues incluso antes de que se aprobara la Declaración, ya habíamos presionado al gobierno y aprobado la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, que permite la titulación de tierras y dominios ancestrales. Desde la adopción de la Declaración ha habido un aumento en el número de tierras que se están devolviendo a estos Pueblos y ya tenemos los títulos de esas tierras.
Es necesario realizar un esfuerzo serio para abordar los principales obstáculos a la débil aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas. Uno de los obstáculos es que los derechos de los Pueblos Indígenas están siempre en el nivel más bajo en la jerarquía de las leyes. Las leyes que más fácilmente se implementan apoyan los derechos de los inversionistas y corporaciones. Los derechos de los Pueblos Aborígenes deben ser consultados cada vez que proyectos o medidas les afecten directamente, y su consentimiento debe obtenerse cuando dichas actividades afectan a sus comunidades. Es necesario abordar esta cuestión en la mayoría de los países. Sigue sucediendo las mismas cosas cuando el gobierno determina que su prioridad es el desarrollo nacional, extraer minerales, talar el bosque, explotar las tierras de los Pueblos mencionados para convertirlas en plantaciones; estas son las prioridades del gobierno y nunca preguntan a los Pueblos Indígenas por sus puntos de vista o nunca piden su participación cuando se toman tales decisiones. La consulta, el diálogo, el Consentimiento Libre, Previo e Informado, y su participación efectiva en la toma de decisiones deben estar realmente en sus manos.
En segundo lugar, las injusticias históricas que han estado sufriendo los Pueblos Indígenas deben ser reparadas. En mi papel de ponente, he visto muchas decisiones favorables de los tribunales que les son favorables, pero éstas no se aplican eficazmente. En principio, ¿se puede en todos los gobiernos en los que se han ganado tales casos, hacer cumplir e implementar esas decisiones favorables para que los que han presentado esas causas, finalmente puedan tener justicia? En tercer lugar, ya es hora de que los gobiernos reconozcan las contribuciones de los Pueblos Indígenas para hacer de este mundo un lugar más seguro y sostenible. Los datos muestran que los bosques y ecosistemas mejor conservados se encuentran en los territorios Indígenas, lo que significa que estos Pueblos han estado manejando prácticas sostenibles de gestión y desarrollo ambiental. Por lo tanto, deben participar en la toma de decisiones y seguir implementando estos métodos tradicionales, y por ello, deben ser recompensados.
