Después de casi una década de resistencia, se ha declarado una cautelosa victoria para una comunidad maya en Santa Cruz Barillas, Guatemala, en su lucha contra una empresa hidroeléctrica española que intenta instalar una represa en su río sagrado.
En diciembre de 2016, Hidro Santa Cruz, filial de empresas españolas de infraestructura y propiedad de los hermanos Luis y David Valdivia, anunció que retiraría su proyecto en Huehuetenango, Guatemala, luego de años de resistencia consistente y poderosa de las comunidades Q'anjob'al que impidió la construcción de las presas.
La empresa anunció la cancelación del proyecto en un comunicado de prensa, diciendo que ya no consideraba viable el proyecto: "Por varias razones, [el proyecto] no ha ganado la aceptación de una parte significativa de los habitantes del territorio en el que se planificó instalarlo. La decisión fue adoptada meses antes, después de un cuidadoso análisis que consideró el impacto social fundamental, así como las peticiones recibidas de diferentes organizaciones no gubernamentales. Esto ha sido oficialmente comunicado al Estado de Guatemala”.
El comunicado no menciona que los patrocinadores financieros de la compañía sacaron su inversión de varios millones de dólares, en Hidro Santa Cruz, en noviembre de 2015, luego de que se presentaran denuncias ante el Banco Mundial. En julio de 2015, representantes de la comunidad de Santa Cruz Barillas, Guatemala, presentaron una denuncia oficial en relación con la propuesta de una presa hidroeléctrica en el río Q'am B'alam, en un pequeño pueblo del departamento de Huehuetenango.
Cecilia Mérida, compañera de un defensor del medio ambiente detenido, acusado falsamente y encarcelado en Guatemala, testificó en el Banco Mundial en Washington, DC. Ella habló de los daños causados por el financiamiento del proyecto y las estrategias de criminalización empleadas por el gobierno guatemalteco y por Hidro Santa Cruz, en un intento por silenciar la oposición local. Dio testimonio de primera mano sobre los impactos en las familias y las comunidades, cuando los líderes son detenidos ilegalmente y encarcelados durante meses o incluso años.
Desde 2009, Hidro Santa Cruz ha estado planeando una serie de presas en el río Q'am B'alam que rodea la ciudad de Santa Cruz Barillas. El río y sus tres cascadas son considerados sagrados por la comunidad Q'anjob'al, cuyos antepasados llamaron al río "tigre amarillo" en idioma Q'anjob'al después de que se dijo que este animal bebía de sus aguas. El proyecto debía ser instalado en un área utilizada por la comunidad para fines ceremoniales, recreativos y agrícolas, y en un ecosistema de máxima prioridad para la conservación, según la Comisión Internacional de Biología Tropical y Recursos Naturales.
La comunidad ha realizado dos referendos y en ambas veces se votó inequívocamente para rechazar la explotación de los recursos naturales por parte de las corporaciones transnacionales. Sin embargo, el gobierno aprobó la Presa de Cambalam I, sin el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad y, sin ninguna evaluación legítima de impacto social o ambiental.
Decenas de organizadores y líderes comunitarios han sido detenidos y arrestados arbitrariamente después de hablar en contra de la represa, entre ellos el compañero de Mérida, Rubén Herrera. Algunos fueron encarcelados por más de dos años. Todos fueron puestos en libertad debido a la falta de evidencia de haber cometido un crimen. Dos hombres han sido asesinados; uno de ellos, Andrés Francisco Miguel, fue fusilado por los guardias de seguridad de la compañía en 2012 y otro, el maestro Daniel Pedro Mateo, fue secuestrado mientras se dirigía a una reunión comunitaria de capacitación de defensores ambientales en 2013. Su cuerpo fue posteriormente encontrado con signos de tortura.
Siguiendo el dinero
El Banco Mundial sigue siendo un importante ente financiero de empresas de extracción de recursos de todo el mundo, prestando cientos de millones de dólares cada año a empresas que trabajan en la parte del sur y, que no pueden garantizar que estas inversiones no contribuirán a violaciones de derechos humanos. El proyecto Hidro Santa Cruz, propuesto por la empresa española Ecoener/Hidralia Energía, a través de su filial Hidro Santa Cruz, fue financiado por la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), financiada por la Corporación Financiera Internacional (CFI). La CFI, parte del Grupo del Banco Mundial, se comprometió a invertir $ 10 millones en capital y $ 20 millones en préstamos a Hidro Santa Cruz a través de la CIFI, con un préstamo adicional de $ 48.5 millones.
CAO, la Asesora de Cumplimiento /Ombudsman, es el grupo encargado de investigar la queja de la comunidad. Como mecanismo de recurso independiente para las ramas de préstamo del sector privado del Grupo del Banco Mundial, la misión de la CAO es abordar las quejas de las personas afectadas por estos proyectos y, mejorar la responsabilidad social y ambiental tanto del Banco Mundial como de sus instituciones de crédito del sector privado. Las conclusiones de la CAO coincidieron en que las acusaciones en la denuncia de la comunidad eran graves y de naturaleza sustancial. La CAO está investigando si la CFI realizó su debida diligencia en la revisión de las Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social realizadas por Hidro Santa Cruz. Los resultados de esa investigación se esperan para junio de 2017.
Toda la evidencia apunta al hecho de que la CFI nunca debió haber invertido en Hidro Santa Cruz. El proyecto violó los derechos de los Pueblos Indígenas al ignorar el referéndum comunitario de 2009, haciendo caso omiso al derecho de la comunidad al Consentimiento Libre, Previo e Informado; y haciéndose de la vista gorda ante el uso de violencia, fuerza excesiva, intimidación, violación y encarcelamiento, métodos para promover sus intereses comerciales. Las autoridades tradicionales de los pueblos mayas en Huehuetenango, conocidos como Payxail Yajaw Konob', emitieron una declaración sobre el anuncio de la terminación de Hidro Santa Cruz en Guatemala. En lugar de celebrar el anuncio de la salida de la empresa, los líderes que están muy familiarizados con las estrategias engañosas de las empresas extranjeras, se preocupan de que, en la licencia para el proyecto pueda haber cambiado de manos, permitiendo que otra empresa futura avance. Asimismo, señalan que Hidro Santa Cruz es una de las varias filiales de Ecoener e Hidralia Energia.
De hecho, como el proyecto Hidro Santa Cruz en Barillas se ha calmado en los últimos años, la comunidad vecina de San Mateo Ixtatan se ha enfrentado a una agresión creciente del proyecto hidroeléctrico Promoción y Desarrollos Hídricos (PDH), que también tiene vínculos con los hermanos Valdivia: Hidralia Energía, Empresa matriz de Hidro Santa Cruz, quien adjudicó un contrato para diseñar la serie de dos presas en 2011.
A medida que la comunidad se ha organizado en oposición al proyecto, se han utilizado contra ellos los mismos patrones de malestar comunitario y de violencia represiva. El 17 de enero de 2017, Sebastián Alonzo Juan, de 72 años, fue asesinado durante una manifestación en la comunidad Maya Chuj de Yich K'isis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, cuando la Policía Nacional y la seguridad privada armada abrieron fuego contra manifestantes, fuera de las instalaciones del proyecto PDH, durante un encuentro entre miembros de la comunidad a favor y en contra de la presa. Él fue la tercera persona asesinada como resultado del conflicto relacionado con los planes de esa presa, en una comunidad de apenas 39,000 habitantes.
El proyecto PDH también ha recibido financiamiento de bancos internacionales de desarrollo, específicamente de la Corporación Interamericana de Inversiones (ICC), una sucursal del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha financiado más de $ 13 millones para el proyecto en San Mateo Ixtatán. En Huehuetenango hay otras 13 licencias en diferentes etapas de desarrollo para proyectos hidroeléctricos. En los Estados Unidos, la batalla contra oleoductos y gasoductos se ha caracterizado como una lucha contra una medusa, un monstruo con muchas cabezas; es el mismo monstruo, dicen los activistas, con diferentes nombres en diferentes lugares. Mientras tanto, Guatemala lucha contra un monstruo similar en su conglomerado de proyectos hidroeléctricos.
Menos de una semana después de que el gobierno ancestral publicara una declaración pública advirtiendo que la lucha contra Hidro Santa Cruz no había terminado, lanzaron otra declaración tras la muerte del anciano Maya Chuj. "Exigimos, una vez más, la cancelación inmediata de todas las licencias autorizadas en el territorio Q'anjob'al y la inmediata remoción de toda la industria extractiva y las fuerzas de seguridad. Nuestros pueblos han habitado este territorio durante miles de años”.
Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC)
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Artículo 32) establece:
- Los Pueblos Indígenas tienen el derecho de determinar y desarrollar prioridades y estrategias para el desarrollo o uso de sus tierras o territorios y otros recursos.
- Los Estados consultarán y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados, a través de sus propias instituciones representativas, a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de la aprobación de cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y, otros recursos, desarrollo, utilización o explotación de recursos minerales, acuáticos u otros.
