Los pueblos san y khoikhoi de Namibia, Botsuana y Sudáfrica tienen un legado de vida en estrecha armonía con la naturaleza. A pesar de una historia de control medioambiental discriminatorio y de exclusión de sus tierras, las comunidades Indígenas de todo el sur de África son campeonas de la vida salvaje. En el sur de África, donde coexisten comunidades marginadas y empobrecidas con algunas de las especies más emblemáticas y peligrosas del mundo, la gobernanza Indígena ofrece una nueva vía para la conservación.
La filosofía de la Gestión Comunitaria de los Recursos Naturales (GCRN) fue pionera en el África meridional poscolonial durante los años ochenta y noventa. Esta reforma basada en los derechos pretendía descentralizar la autoridad y fomentar procesos de toma de decisiones compartidos. Aunque la GCRN no es un sistema perfecto, es un intento de apoyar a los Pueblos Indígenas con posibles efectos descolonizadores para la administración de las tierras comunales. Dado que las zonas protegidas a menudo no apoyan la biodiversidad y perpetúan la exclusión de los Pueblos Indígenas, la gobernanza de las tierras consuetudinarias es fundamental para unos modelos de conservación eficaces y socialmente justos.
Namibia, en la época posterior al apartheid, es un buen ejemplo de ello, ya que ha desarrollado un exitoso sistema de gestión comunitaria de los recursos naturales con 86 zonas de conservación comunales registradas que cubren aproximadamente el 20% de la superficie del país y dan sustento a más de 230.000 habitantes de zonas rurales. Hoy en día, el programa de conservación de Namibia está reconocido como un modelo mundial líder en la recuperación de poblaciones de fauna salvaje, la mejora de los medios de subsistencia y la creación de instituciones democráticas poderosas mediante la concesión de derechos de uso de la tierra y la fauna salvaje directamente a las comunidades a través de la legislación nacional. Iniciativas como las cuotas locales de caza permiten el acceso a los recursos de la fauna salvaje, mientras que los programas de guardas de caza comunitarios apoyan el liderazgo en la gestión y una cultura de protección de la fauna salvaje, además de proporcionar una importante fuente de empleo. Promover la igualdad de género es también una prioridad de la gobernanza.
El uso sostenible de la fauna salvaje ha sido un catalizador para el desarrollo de las zonas de conservación de Namibia en las últimas tres décadas, al igual que lo han sido programas similares en Botsuana, Zambia y Zimbabue. Los avances se han logrado garantizando los derechos de los Pueblos Indígenas, apoyando los valores tradicionales de la caza y asegurando el acceso a la carne de caza. Además, la aplicación del turismo cinegético proporciona ingresos que facilitan nuevos sistemas de gestión financiera y una mayor responsabilidad de las nuevas instituciones comunales.
El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay (maya kaqchikel), explicó detalladamente el concepto y los beneficios de la gestión comunitaria de los recursos naturales en su Informe sobre el turismo y los derechos de los Pueblos Indígenas: "En África meridional, los Pueblos Indígenas han formado organizaciones comunitarias para dedicarse a la gestión comunitaria de los recursos naturales de la fauna y flora silvestres y otros recursos de sus tierras comunales con el fin de generar ingresos procedentes del turismo. Los ingresos de las expediciones de caza se distribuyen a la comunidad en general y, en algunos países, se comparten con el gobierno. Los beneficios económicos adoptan la forma de dinero en efectivo distribuido a los hogares o inversiones en proyectos comunitarios de mayor envergadura (por ejemplo, escuelas, clínicas médicas, electricidad, agua).
Las organizaciones comunitarias ofrecen oportunidades de empleo, contratando personal administrativo y guardas, exploradores y guardabosques comunitarios para realizar patrullas contra la caza furtiva, ayudar a reducir los conflictos entre personas y animales salvajes y educar a los miembros de la comunidad sobre la importancia de la conservación. Los acuerdos suscritos con el sector privado suelen incluir cláusulas de empleo y formación locales".
The Kyaramacan Association within Namibia’s Bwabwata National Park, made up of about 6,000 Indigenous Khwe people and other park residents, is an example of the economic development generated from sustainable hunting tourism. These benefits were recognized in a 2013 report by then-UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, James Anaya (Apache and Purépecha), to the UN Human Rights Council. The Kyaramacan Association has since built a Traditional Knowledge center to educate visitors and strengthen San culture. None of this support would be possible without the economic benefits from hunting tourism that are now under serious threat.
The international hunting industry is not without its own colonial legacies, like many photo-tourism experiences and western conservation practices. The unfair eviction of Maasai people from the Loliondo area of northern Tanzania
for use by foreign royal elites, for example, must not be condoned. However, in many areas of southern Africa, hunting tourism is a sustainable business model done in joint partnership with communities. The proceeds contribute to building schools, clinics, bursaries, and water boreholes, among other infrastructure and social services, while also increasing household income. Action is also being taken to improve local participation in the industry, from quota setting and marketing to innovative shared business ownership models.
Indigenous Peoples, local communities, and the Community Leaders Network of southern Africa are calling for greater inclusion in wildlife policy making, transparent consultation by domestic and foreign governments, and legitimate engagement in conservation practice. This was a major topic of discussion at the recent Africa Protected Areas Congress held in Rwanda in 2022, which resulted in the Kigali Call to Action to “[support] the livelihoods of local communities through sustainable use and employment, especially through tourism.”
Miembros de la comunidad khwe (san) en el Museo Viviente Khwe, en el norte de Namibia.
La Asociación Kyaramacan del Parque Nacional Bwabwata de Namibia, formada por unos 6.000 Indígenas khwe y otros residentes del parque, es un ejemplo del desarrollo económico generado por el turismo cinegético sostenible. Estos beneficios fueron reconocidos en un informe de 2013 del entonces Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya (apache y purépecha), al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde entonces, la Asociación Kyaramacan ha construido un centro de Conocimientos Tradicionales para educar a los visitantes y fortalecer la cultura san. Ninguna de estas ayudas sería posible sin los beneficios económicos del turismo cinegético que ahora se ven seriamente amenazados.
La industria internacional de la caza no está exenta de sus propios legados coloniales, como muchas experiencias de turismo fotográfico y prácticas de conservación occidentales. El injusto desalojo del pueblo Masaai de la zona de Loliondo, en el norte de Tanzania, para uso de las élites reales extranjeras, por ejemplo, no debe tolerarse. Sin embargo, en muchas zonas del sur de África, el turismo de caza es un modelo de negocio sostenible que se realiza en colaboración con las comunidades. Los ingresos contribuyen a la construcción de escuelas, clínicas, becas y pozos de agua, entre otras infraestructuras y servicios sociales, al tiempo que aumentan los ingresos familiares. También se están tomando medidas para mejorar la participación local en el sector, desde la fijación de cuotas y la comercialización hasta modelos innovadores de propiedad compartida de las empresas.
Los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y la Red de Líderes Comunitarios del sur de África reclaman una mayor inclusión en la formulación de políticas sobre la vida silvestre, consultas transparentes por parte de los gobiernos nacionales y extranjeros, y una participación legítima en la práctica de la conservación. Este fue uno de los principales temas de debate en el reciente Congreso de Áreas Protegidas de África celebrado en Ruanda en 2022, que dio lugar al Llamamiento a la Acción de Kigali para "[apoyar] los medios de subsistencia de las comunidades locales mediante el uso sostenible y el empleo, especialmente a través del turismo".
El papel de los Pueblos Indígenas en la custodia de la tierra está reconocido por acuerdos medioambientales multilaterales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entre otros organismos influyentes. Sin embargo, a pesar de este creciente apoyo y reconocimiento mundial a los Pueblos Indígenas, el ecocolonialismo sigue activo en muchos aspectos de la conservación, alentado por una ideología occidentalizada de la vida salvaje que deshumaniza a los Black Africans. Esta ignorancia descarada se manifiesta con frecuencia en los debates políticos y en los relatos de los medios de comunicación, sobre todo en relación con la política comercial de especies silvestres.
Las comunidades Indígenas de África están preocupadas por la proliferación de prohibiciones a la importación de fauna silvestre capturada legalmente, dirigidas a especies africanas emblemáticas como elefantes y leones. Estas propuestas legislativas o normas administrativas suelen utilizar mensajes neocoloniales, carecen de credibilidad científica, desprecian la soberanía nacional en la gestión de la fauna salvaje y privan a la población local de los beneficios reales del turismo cinegético. Las restricciones al comercio de especies silvestres impulsadas por una opinión pública mal informada en el norte global amenazan los éxitos de conservación de los programas de CBNRM en el sur de África.
El derecho al desarrollo y a beneficiarse del uso sostenible de la vida silvestre está siendo defendido por los Pueblos Indígenas como una cuestión de derechos de los Pueblos Indígenas. En una reciente reunión del grupo de trabajo de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, celebrada en Cuzco (Perú), se pusieron de relieve los retos que plantea la participación significativa de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en la normativa internacional. La Red de Líderes Comunitarios del sur de África participó activamente en este ámbito, estableciendo contactos con representantes del pueblo maorí de Nueva Zelanda, interesados en comerciar con especímenes ceremoniales de hueso de cachalote trabajado.
Necesitamos establecer más vínculos con los Pueblos Indígenas de todo el mundo para formar una voz colectiva y una posición de liderazgo elevada en los debates políticos internacionales. El año pasado, una delegación del sur de África asistió al 23º Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas. Este grupo volverá a estar presente en Nueva York en 2024 para solidarizarse con otros Pueblos Indígenas de todo el mundo.
Queda mucho trabajo por hacer para crear economías de vida silvestre más sólidas e igualitarias, que vayan más allá de los magros esquemas de distribución de beneficios hacia un cambio transformador de justicia social y ambiental que incorpore mejor los sistemas de Conocimiento Indígena en la administración de la tierra. Pedimos respeto mutuo entre los valores divergentes de uso de la vida silvestre y solicitamos el apoyo de la comunidad internacional para defender la autodeterminación de los Pueblos Indígenas a través del uso sostenible de la vida silvestre basado en la comunidad. La conservación basada en la comunidad también debe evolucionar para incluir la búsqueda de una tenencia de la tierra más absoluta y para obtener beneficios adicionales de desarrollo sostenible del turismo.
La caza que apoya los programas comunitarios de gestión de los recursos naturales sigue desempeñando un papel vital en el movimiento de apoyo a las comunidades Indígenas en la gestión de sus tierras y recursos y en la protección de la biodiversidad.
-- Lesle Jansen (khoikhoi) es responsable de los derechos de los pueblos Indígenas y las comunidades locales a los recursos en Jamma International, una organización sin ánimo de lucro que apoya el trabajo de conservación significativo para el bienestar del planeta y su gente, centrándose en los derechos de los Pueblos Indígenas a la gestión comunitaria de los recursos naturales en el sur de África. Joe Goergen es especialista en política internacional y asuntos públicos de Jamma International.
Foto superior: Miembros de la comunidad khwe (san) construyen con materiales tradicionales y transmiten los conocimientos Indígenas a la siguiente generación.
