“El ejercicio de la libre determinación es una tarea necesaria y previa a la consulta porque hemos visto que muchos ejercicios de consulta empiezan como reacción de algo, reacción a alguien que quiere poner un proyecto o una mina o un tren, lo que sea. Entonces, parte de la comunidad se activa, pero como la comunidad no está cohesionada como pueblo, entonces ahí empiezan los conflictos internos que, muchas veces, estamos luchando contra la amenaza y al mismo tiempo, tratando de juntarnos. Grabadora como lucha doble o múltiple. Entonces, el ejercicio de la libre determinación es una tarea necesaria y previa a la consulta, cada pueblo elige también cada ejercicio de autonomía”. - Yazmín Novelo (Maya), Coordinator, U Péekbal Waye
Del 2 al 4 de diciembre de 2022, Cultural Survival convocó a un encuentro con defensores y defensoras Indígenas del territorio y de los bienes comunes de la Península de Yucatán y Chiapas. Muchxs de los 38 representantes de organizaciones, comunidades, asambleas y consejos Indígenas de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Morelos y Michoacán, que nos acompañaron en el encuentro pertenecían a organizaciones con las que ya colaboramos a través de nuestro Programa de Medios Comunitarios Indígenas y del Fondo Guardianes de la Tierra. También asistieron al encuentro defensores del medioambiente que se enfrentan al megaproyecto Tren Maya, a alguna de las 257 megagranjas porcícolas que hay en Yucatán o a monocultivos agroindustriales.
“Actualmente, nuestra zona poniente está sufriendo lamentablemente un acoso de empresas extranjeras. Acoso en la compra de tierras muy lamentable para nosotros porque nosotros como productores de miel -la zona poniente de Kinchil es una zona que produce cerca de 5 mil toneladas al año de miel-, cosa de que si siguen las deforestaciones, que si sigue la contaminación, creo que va a llegar un tiempo que desafortunadamente esa actividad puede desaparecer”, lamentaba José Luis Tzuc Canté, de la organización Consejo Maya del Poniente para la Defensa del Agua en Yucatán Chik'in-já (agua del poniente en lengua maya) .
Cultural Survival convocó a este encuentro para dialogar, analizar e intercambiar experiencias sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), un principio fundamental para la libre determinación de los Pueblos Indígenas. En virtud de este derecho, los Pueblos Indígenas pueden determinar libremente su estatus político y como desean que sea su desarrollo cultural, social y económico. Sobre la autodeterminación indígena, Yazmín Novelo (Maya), de la organización U Péekbal Waye, compartió una reflexión de las compañeras de Cherán, Michoacán, también presentes en el encuentro. "Y ellas decían que también la libre determinación, cada pueblo libremente determina cómo quiere vivirla, cómo quiere vivir su autonomía. Entonces, ellas decían 'algunos es total, algunos dicen: no queremos tener nada que ver con partidos, con sistemas de economía. Pero otro dicen no, pues a nosotros nos es útil que alguien administre, pero en cuestiones de seguridad, ahí sí, nosotros necesitamos'. Entonces, cada pueblo, según su contexto, según sus necesidades, decide cómo quiere vivir esta autonomía".
El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) es también una herramienta de las comunidades Indígenas para defender sus derechos colectivos, incluyendo sus derechos humanos, ambientales, a la tierra y a su cultura. A través de consultas realizadas realmente conforme a estándares internacionales, los Pueblos Indígenas pueden dar o negar su aprobación a cualquier proyecto que les afecte de la manera que sea. Pueden también negociar los términos y perspectivas con las que se diseñan, implementan, supervisan y evalúan los proyectos en cuestión. Además, incluso si el consentimiento hubiera sido otorgado, los pueblos pueden retirarlo en cualquier momento.
Con respecto de esta situación, Jorge Pech, integrante del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, reflexionó sobre la experiencia de su comunidad:
“Actualmente, estamos enfrentando un proceso de despojo y destrucción de nuestro territorio debido al tema agroindustrial que se tiene implementado en el municipio de Hopelchén. Se está sembrando todo el tema de transgénicos, el tema de granos como un modelo de desarrollo, pero este modelo de desarrollo es lo que está causando es la contaminación del agua y la muerte de las abejas. También estamos enfrentando la devastación de nuestros recursos, de nuestras comunidades. Actualmente estamos organizados, estamos organizadas trabajando de la mano de juventudes niñas, niños, abuelas y abuelos para darle ese sentido de identidad nuevamente al territorio. Buscamos realmente que las niñas y los niños se sientan identificados con este territorio ancestral que nos heredaron para poder continuar defendiéndose desde la esperanza, desde los sueños, desde algo más positivo”.
“No ha sido fácil nuestro proceso, hemos enfrentado distintos temas en el ejercicio de nuestra libre determinación como es el tema de la consulta, una consulta fallida que tuvimos del 2015 al 2017. Realmente se violentaron nuestros derechos y decidimos que estos temas de consultas amañadas, temas de consulta que ya vienen con un protocolo establecido, no pueden ser consideradas consultas. Deben ser construidas desde la comunidad, deben ser construidas previo a un megaproyecto, previo a un proceso que va a implicar ser implementado en esos territorios.
“Creo que las comunidades originarias siempre hemos tenido nuestros sistemas normativos propios, solo que no los conocemos como tal con esas definiciones occidentales; tenemos nuestras propias asambleas, nuestras formas de decidir qué queremos y cómo lo queremos. Sin embargo, los distintos sistemas gubernamentales asistencialistas han venido fraccionando estos conocimientos, estas formas de organizarnos como comunidades y ahora es el momento de ir mirando atrás y de irnos deteniendo. Ver cómo estos procesos nos han venido afectando como comunidades, como familia. Y buscar nuevamente esta libre determinación, esta autonomía, el poder decidir de qué forma queremos implementar nuestras autoridades, cómo son los comisariados, cómo son los consejos comunitarios. Y qué es lo que queremos y qué no queremos en nuestras comunidades, siempre tiene que partir desde la comunidad. Ahora más que nunca estamos enfrentando distintas situaciones en nuestros pueblos y es el momento de decidir nosotras y nosotros qué queremos y cómo queremos vivir realmente”.
Como han experimentado y documentado varios asistentes al encuentro, los proyectos “de desarrollo” han significado casos reiterados de despojo de sus tierras y aguas comunales. Por ejemplo, la construcción del Tren Maya ha requerido el desmonte de parte importante de la selva yucateca y la cesión de territorios de comunidades Indígenas, realizada usualmente a través de la manipulación, la coerción y el engaño. Además, la destrucción socio-ambiental no se limita solo al tren, también impactan de manera negativa las granjas con decenas de miles de cerdos, que tienen enormes consecuencias en términos de contaminación del aire y del agua en un contexto geológico y subacuático de grandes conexiones naturales, incluyendo el río subterráneo más largo del mundo, a través de la península.
Por estas razones, es necesario situar este conjunto de proyectos económicos que tienen grandes afectaciones socio-ambientales en el contexto de marginación y opresión históricas a las que se han enfrentado los Pueblos Indígenas. Solo así es posible conocer y entender la historia de colonialismo interno que ha formado parte de las intenciones y cultura de las élites que han constituido y administrado el Estado-Nación mexicano.
Comprender la negación de derechos que padecen las comunidades Indígenas permite también entender que el CLPI, para ser completo, legítimo y efectivo solo puede ser resultado de un proceso de construcción de conciencia colectiva al interior de las comunidades en defensa del bien común. Frente al corporativismo, el autoritarismo y la corrupción que impera en los distintos niveles de gobierno en México, las iniciativas promovidas y dirigidas desde las instituciones gubernamentales significan manipulación, condicionamiento y muchas veces intimidación. A esto se suman también los reiterados atropellos legales y prácticos de empresas, funcionarios e instituciones, lo cual en sí mismo ya constituye la violación y negación a la libre autodeterminación de los Pueblos Indígenas.
Esta es probablemente la contradicción central de los procesos de Consentimiento Libre, Previo e Informado. Por un lado, es el Estado quien debe garantizar que se respete ese derecho y que se lleve a cabo con las medidas necesarias para que las comunidades y pueblos Indígenas, conozcan y discutan colectivamente los proyectos que podrían afectar sus modos de vida y sus culturas. Sin embargo, la experiencia muestra también que las consultas encabezadas y controladas por el gobierno son sistemáticamente realizadas con premura, no son culturalmente adecuadas (no se toman en cuenta, por ejemplo, las lenguas Indígenas de los territorios en cuestión), se llevan a cabo sin discusiones al interior de las comunidades y sin participación de todas las personas que las integran, excluyendo centralmente a las mujeres, a las personas mayores, a las y los jóvenes y a niñas y niños, durante todo el proceso.
Así pues, mientras que el Estado está obligado a garantizar procesos realmente democráticos y colectivos de consulta, la reflexión colectiva en el encuentro que realizamos en Mérida, Yucatán, en diciembre de 2022, dejó clara la centralidad de la organización y la construcción de redes comunitarias, así como del fortalecimiento de los procesos de defensa de los bienes comunes y colectivos. De este modo, las comunidades y los Pueblos Indígenas estarán en mejores condiciones para dirigir sus propios procesos de consulta y construcción de consentimiento, pudiendo rechazar efectivamente cualquier proyecto que afecte sus territorios, sus derechos, sus modos de vida y su cultura.
Las experiencias compartidas por compañeras y compañeros en cuyos territorios ha sido más contundente el rechazo y la resistencia, no solo a proyectos destructivos, sino también a la violencia paramilitar, estatal o del crimen organizado, muestran que la resistencia efectiva ha sido posible solo gracias a que esas comunidades han propiciado y construido procesos colectivos más profundos de cohesión y autogestión. Esto nos ha permitido situar el derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado como parte de un sistema integral de derechos para que la autodeterminación, autonomía y autogobierno de las comunidades Indígenas sea efectiva según sus propios procesos, intereses y decisiones. El Estado, por su parte, está obligado a respetar esos procesos y esas decisiones colectivas en cualquier circunstancia y de manera rigurosa.
Finalente, este encuentro para la reflexión colectiva y el intercambio de experiencias con organizaciones y comunidades Indígenas del sureste de México sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado también tenía entre sus objetivos ser un espacio de aprendizaje y autorreconocimiento. En este sentido, un compañero del Consejo Maya del Poniente Chik'in-já dijo: “estamos en pie de lucha para defender nuestra zona”. En el taller de Cultural Survival, agregó, “hemos aprendido mucho sobre la autodeterminación de los pueblos originarios y gracias a eso, igual nos hemos empoderado. Empoderado de que podemos seguir luchando porque tenemos leyes, que muchas veces no las conocemos y acá reflexionando en este taller, se aprende mucho, se convive con otros compañeros y otros colectivos que igual tienen su lucha y es muy importante conocer los temas sobre la autodeterminación”.
Todas las fotos por Marco Lara.
